CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN LOS JUICIOS DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. NO SE ACTUALIZA POR FALTA DE PROMOCIÓN DE LAS PARTES, CUANDO HABIENDO CONCLUIDO LA FASE INSTRUCTIVA DEL PROCEDIMIENTO, SÓLO ESTÉ PENDIENTE EL DICTADO DEL LAUDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ELBA SÁNCHEZ POZOS Y GABRIELA GUADALUPE HUÍZAR FLORES Y LOS MAGISTRADOS ARTURO CEDILLO OROZCO Y MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. PONENTE: MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. DISIDENTE: GABRIEL MONTES ALCARAZ. PONENTE: MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
TERCERO.-Existencia de la contradicción de tesis. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que una contradicción de tesis, debe estimarse existente cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adopten en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias. Estos razonamientos se sustentan en los siguientes criterios:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(5)
Para poder determinar si existen criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, es necesario establecer los elementos fácticos y jurídicos que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron en sus sentencias.
I. Juicio de amparo directo 1298/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
1. El tercero llamado a juicio en el juicio laboral **********, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la ********** y la **********, promovieron juicio de amparo directo, de los que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, los registró con los números 945/2014, 882/2014 y 981/2014, y fueron resueltos en sesión de siete de octubre de dos mil quince, en los dos señalados en último lugar, se declaró el sobreseimiento en el juicio, y en el amparo directo 945/2014, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.
2. Los efectos de la concesión del juicio de amparo 945/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, fueron:
"... se impone conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el tribunal responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado.-2. Ordene la reposición del procedimiento con el fin de estudiar si operó o no la caducidad del proceso a la luz de lo previsto en el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin perjuicio de que provea lo necesario para estar en condiciones de resolver este tema con todos los elementos a su alcance, y hecho que sea lo anterior dicte la resolución que en derecho corresponda.-3. Solamente para el caso de que el tribunal responsable considere que no operó la caducidad del proceso, entonces deberá ordenar que, de estar en posibilidad de dictar un nuevo laudo, previamente a decretar la conclusión del procedimiento, se conceda a las partes un término de tres días a fin de que se formulen los alegatos que estimen pertinentes; y hecho lo anterior, actúe en consecuencia."
3. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el laudo dictado el siete de enero de dos mil catorce, y dictó uno nuevo el veintiocho de octubre de dos mil quince, en donde determinó que operó la caducidad del proceso.
4. Inconforme con ese laudo, la parte actora en el juicio laboral, promovió juicio de amparo directo, por estimarlo violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Correspondió conocer de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que le asignó el número de expediente 1298/2015, lo admitió y dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
6. En su oportunidad, se turnaron los autos a la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, y posteriormente fue returnado el expediente al Magistrado Francisco Javier Rodríguez Huezo, por haber sido readscrito a ese Tribunal Colegiado de Circuito.
7. En el juicio de amparo directo 1298/2015, se consideraron inexistentes las causas de improcedencia hechas valer por el tercero interesado, consistentes en que el juicio de amparo resultaba improcedente, porque se promovió en contra de una sentencia que fue materia de cumplimiento de una diversa sentencia de amparo.
8. Al analizar los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, al declarar fundado el concepto de violación en que se alegó que el tribunal responsable indebidamente decretó la caducidad en el juicio, de conformidad con el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En el estudio de ese concepto de violación, se sostuvo:
"CUARTO.-Al entrar al análisis de los motivos de disenso hechos valer, resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque para ello se supla la deficiencia de la queja en lo necesario, el concepto de violación en que se alega que el tribunal responsable, indebidamente decretó la caducidad en el juicio, de conformidad con el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
"En efecto, la autoridad responsable, decretó la caducidad en base a las siguientes consideraciones jurídicas:
"‘Entonces y en ese orden de ideas, los que hoy resolvemos y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que hoy nos ocupa, y tomando en consideración que se declaró cerrado el periodo de instrucción (sic) fue el 14 de septiembre del año 2012 (dos mil doce), al 7 de enero del año 2014, es claro que en ese orden de ideas, en términos del numeral 138 de la ley de la materia y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los que hoy resolvemos, consideramos que resulta procedente la caducidad prevista por el numeral 138 de la ley de la materia, por tanto, el efecto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que hoy nos ocupa, es dar por terminado el juicio ...’ (folio 538)
"Ahora bien, como se aduce en los motivos de desacuerdo, incorrectamente el tribunal responsable decretó la caducidad.
"Así es, en principio, se estima necesario tener presente el contenido del artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece:
"‘Artículo 138. La caducidad en el proceso se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada, o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada.’
"Según se observa, la disposición transcrita, dispone que el juicio laboral no debe permanecer detenido indefinidamente en lo que corresponde al arbitraje, por lo que corresponde a las partes instar al tribunal para que concluyan todas y cada una de las etapas del juicio, esto es, las relativas a la audiencia de conciliación, de demanda y contestación, de ofrecimiento y admisión de pruebas; de lo contrario, regiría la presunción de su abandono que sanciona la caducidad, pues se acumularían juicios inactivos en su fase instructiva, con la correspondiente afectación al orden social, a la administración de justicia y la seguridad jurídica.
"Empero, como se adelantó, incorrectamente el tribunal responsable consideró que entre el catorce de septiembre de dos mil doce -fecha en que se declaró cerrada la instrucción- y el siete de enero de dos mil catorce -fecha en que se dictó el laudo- transcurrieron más de seis meses de inactividad procesal, sin que ninguna de las partes haya impulsado el procedimiento, y por ello operó la caducidad; ello es así toda vez que la carga de impulso procesal cesa en definitiva hasta que en el juicio sólo esté pendiente de dictarse el laudo, ya que integrado el expediente, únicamente restaría dictar el fallo definitivo a la controversia planteada, por lo que en esa etapa no puede operar la caducidad.
"Dicha determinación se hace al tener presente que al fallar la contradicción de tesis 224/2012, en sesión correspondiente al quince de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ocupó de analizar la caducidad prevista por el invocado dispositivo legal 138 de la legislación burocrática del Estado de Jalisco, y concluyó que dicha figura jurídica no opera cuando se encuentra pendiente el dictado del laudo, pues a diferencia de la etapa de instrucción, se hace innecesario presentar promoción alguna tendente a interrumpir la caducidad, puesto que la emisión del laudo es una obligación de la autoridad responsable.
"En efecto, no obstante que al fallar dicha contradicción de tesis 224/2012, el Máximo Tribunal del País, declaró inexistente la misma; lo cierto es que de la ejecutoria correspondiente, se observa que emitió consideraciones relativas al tópico que nos ocupa; pues indicó:
"‘El estudio de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, permite concluir que no existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que el criterio de cada órgano jurisdiccional derivó del análisis de elementos fácticos distintos, lo que representa un factor fundamental que imposibilita unificar un criterio que resuelva simétricamente la problemática a la que se enfrentaron los citados Tribunales Colegiados; veamos por qué:
"‘En el juicio laboral que analizó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento de pruebas, reservándose a acordar la admisión de las pruebas. De tal forma, que la inactividad procesal estuvo motivada por la falta de acuerdo que resolviera sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas que las partes habían propuesto en la etapa respectiva.
"‘Posterior a la fecha de esa audiencia (tres de septiembre de dos mil diez), el actor presentó un escrito designando domicilio para oír y recibir notificaciones (diecinueve de enero de dos mil once); y luego, promovió incidente de falta de personalidad (veinticuatro de mayo de dos mil once).
"‘Mientras tanto, en el juicio laboral que estudió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón desahogó todas las etapas del procedimiento y dictó un acuerdo donde se citaba a las partes para el dictado del laudo; de ahí que la aparente inactividad procesal se generó una vez cerrada la instrucción del juicio (veinticuatro de octubre de dos mil uno).
"‘Posteriormente, el actor presentó promoción designando domicilio (veintiocho de febrero de dos mil dos); y luego solicitó el dictado del laudo (diecinueve de julio de dos mil dos).
"‘Ahora, si bien el punto de discordancia entre los Tribunales Colegiados contendientes, surgió porque existe discrepancia en cuanto determinar si el escrito de una de las partes mediante el cual designa domicilio para oír y recibir notificaciones interrumpe o no el plazo de caducidad, a que se refiere el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo cierto es que, esta Segunda Sala no puede desatender que la inactividad procesal se generó en dos etapas del procedimiento disímiles y esto imposibilita unificar los criterios en oposición, pues la legislación del Estado de Jalisco, que necesariamente tendría que estudiarse para resolver la problemática anunciada, contiene una norma jurídica que define la obligación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dictar laudo una vez que se haya cerrado la instrucción, lo que distingue los efectos del tratamiento de la caducidad en otras etapas del juicio.
"‘En efecto, el artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente en el momento en que se resolvieron los juicios laborales, dispone:
"‘«Artículo 135. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de pruebas. Los servidores públicos autorizados de las entidades públicas, pondrán a disposición del tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieran o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles.»
"‘Como puede advertirse, la anterior norma obliga al Tribunal de Arbitraje y Escalafón a dictar laudo en un plazo de veintidós días, una vez que se concluya la instrucción de juicio; lo que significa que en esta etapa del procedimiento se hace innecesario presentar promoción alguna tendente a interrumpir la caducidad prevista en el artículo 138 de la misma ley burocrática estatal, el cual enseguida se reproduce:
"‘«Artículo 138. La caducidad en el proceso se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada, o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada.»
"‘Al respecto, esta Segunda Sala ya se pronunció en un caso similar, al resolver la contradicción de tesis 210/2010, de donde surgió la jurisprudencia siguiente:
"‘«Registro digital: 163407
"‘«Novena Época
"‘«Segunda Sala
"‘«Jurisprudencia
"‘«Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘«Tomo XXXII, diciembre de 2010
"‘«Materia laboral
"‘«Tesis 2a./J. 127/2010
"‘«Página 197
"‘«CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE EL LAUDO.-De la interpretación sistemática de los artículos 84, 87, 89, 90, 95 y 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se advierte la imposibilidad jurídica para el tribunal de decretar la caducidad de la acción y de la demanda por falta de promoción de las partes, cuando habiendo concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas y, en su caso, formulados los alegatos de las partes, sólo esté pendiente de dictar el laudo, porque el último de los preceptos condiciona este supuesto a que sea necesaria promoción de parte interesada, dado que el plazo de 180 días referido para dictar el laudo, conforme al artículo 95 de la citada ley, se contabiliza a partir de la celebración de la citada audiencia sin necesidad de solicitud de parte, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el mencionado artículo 97 para decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal.»
"‘La jurisprudencia anterior motivaría a seguir el mismo criterio, por tratarse de elementos normativos similares; por tanto, no puede proponerse una solución que unifique los criterios, porque dicha llegaría a adoptarse, en cuanto a decidir si la promoción que designa domicilio para oír y recibir notificaciones interrumpe la caducidad, no serviría para resolver los dos escenarios que se presentaron ante los Tribunales Colegiados, porque en uno de ellos no se requeriría esa exigencia.
"‘Lo anterior, pone en evidencia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de manera innecesaria analizó si la promoción mediante la cual se designa domicilio para oír y recibir notificaciones interrumpía la caducidad, pues en la etapa en que se originó la aparente inactividad procesal, no se exigía promoción alguna.
"‘En suma, como el criterio de cada uno de los Tribunales Colegiados, derivó del análisis de elementos fácticos distintos, lo que representa un factor fundamental que imposibilita unificar un criterio que resuelva simétricamente la problemática a la que se enfrentaron; es inconcuso que no existe la contradicción de tesis denunciada ...’
"Las consideraciones trasuntas, ponen de manifiesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que la caducidad, prevista por el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no opera cuando únicamente se encuentra pendiente la emisión del laudo, por parte del tribunal responsable.
"Luego, si en el caso concreto el tribunal responsable sostuvo que en el juicio burocrático de origen operó la caducidad de la instancia, en términos de dicho dispositivo legal 138, dado que transcurrieron más de seis meses desde que se cerró la instrucción (catorce de septiembre de dos mil doce), hasta que se emitió el laudo aquí impugnado (siete de enero de dos mil catorce); entonces, es evidente que su decisión resulta ilegal, puesto que en esa etapa del procedimiento ya no opera dicha figura jurídica.
"Sin que se soslaye la jurisprudencia 2a./J. 156/2012 (10a.), de rubro: ‘CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’
"Puesto que este Tribunal Colegiado considera que dicha jurisprudencia no resulta aplicable al supuesto específico que nos ocupa, dado que el análisis efectuado en la misma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se generó en la etapa de instrucción del juicio burocrático, específicamente en la admisión de pruebas, mientras que en el presente caso se consideró que operó la caducidad en diversa fase del procedimiento, esto es, una vez cerrada la instrucción, donde -como ya se dijo- no opera dicha figura jurídica.
"Por esta razón, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución que decretó la caducidad de la instancia en el juicio laboral primigenio, en razón de que tal determinación resulta ilegal y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, dicte el laudo correspondiente."
II. Juicio de amparo directo 263/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
1. La parte trabajadora demandó de su patronal, la **********, el cumplimiento de diversas prestaciones, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
2. Concluida la tramitación del juicio laboral, el tribunal responsable dictó laudo el veinticinco de febrero de dos mil quince, en el que condenó a la parte demandada al cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
3. En contra de esa determinación, la parte demandada por conducto de su titular, promovió juicio de amparo directo, que por razón de turnó le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lo registró con el número 802/2015, y lo remitió al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para que en auxilio de las labores de ese Tribunal Colegiado de Circuito, dictara la sentencia correspondiente.
4. El Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, radicó la demanda con el número de expediente 946/2015, y el veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos:
"Consiguientemente, evidenciado que el laudo reclamado violó en perjuicio de la institución patronal quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en su favor por los artículos 14 y 16 constitucionales, procede otorgar el amparo para los siguientes efectos:
"1. Para que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado.
"2. Para que analice los periodos en que alega la patronal hoy quejosa, existió inactividad procesal (comprendidos entre el 7 de noviembre de 2013 y el 16 de mayo de 2014 al 24 de febrero de 2015) y determine si operó o no la caducidad de la instancia en el juicio laboral de origen, conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y dicte la determinación que en derecho corresponda ..."
5. En cumplimiento al fallo protector, el tribunal responsable, dejó insubsistente el laudo combatido y el quince de febrero de dos mil quince, aprobó un nuevo laudo en el que decretó la caducidad del proceso.
6. En contra de ese laudo, la parte actora en el juicio laboral a través de su apoderado, promovió juicio de amparo directo, que por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lo registró con el número 263/2016 y lo admitió a trámite; asimismo, admitió el amparo adhesivo promovido por la tercero interesada, dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no realizó manifestaciones y turnó el expediente al Magistrado Arturo Cedillo Orozco, para la elaboración del proyecto de sentencia.
7. El juicio de amparo directo 263/2016, se relacionó con el diverso 276/2016, promovido en favor de la **********. En sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, negó el amparo a la quejosa adherente y concedió el amparo al quejoso principal para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente la resolución que decretó la caducidad de la instancia en el juicio laboral primigenio, en razón de que tal determinación resultaba ilegal, y en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, dictara el laudo correspondiente.
En esas consideraciones, se sostuvo:
"CUARTO.-Resulta oportuno señalar que el juicio de amparo es promovido por la parte trabajadora y, por ende, es susceptible de suplir la deficiencia de la queja a su favor en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues ello rige aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios en la demanda de amparo, directo o indirecto, o en el recurso correspondiente.
"En cuanto a este punto es apl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27534-079a357a/caducidad-de-la-instancia-en-los-juicios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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