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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NO ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OFICIOSAMENTE EL ANÁLISIS DE DICHA FIGURA PROCESAL, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, PUES ESTÁ CONDICIONADO A QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS, Y LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. · Registro digital (IUS): 27727
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-04-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIST
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Pág. 965.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, MARCOS GARCÍA JOSÉ Y ÓSCAR NARANJO AHUMADA. AUSENTE: TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. DISIDENTES: JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA Y ELÍAS H. BANDA AGUILAR. PONENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. SECRETARIO: RICARDO MANUEL GÓMEZ NÚÑEZ.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 5/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficialía Común de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), al resolver el amparo directo 423/2016 (expediente electrónico) de su índice, relativo al amparo directo 283/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo directo 1/2016.

SEGUNDO.-En acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tuvo por recibido el legajo de copias certificadas relativo a la ejecutoria dictada en el amparo directo 1/2016, del índice del tribunal denunciante; admitió a trámite la denuncia relativa; ordenó formar y registrar el expediente con el número de contradicción 5/2017; solicitó al presidente del ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia autorizada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 283/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (cuaderno auxiliar 423/2016, de su índice), así como para que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

Asimismo, ordenó comunicar la admisión de la posible contradicción de tesis a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitándole informe al referido Pleno si existe alguna contradicción de tesis que se encuentre radicada ante el Máximo Tribunal del País, que guarde relación con la temática relativa a la contradicción de criterios que nos ocupa.

TERCERO.-En proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a la secretaria de Acuerdos del ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, allegando copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 283/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente electrónico 423/2016, de su índice).

Mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicando al Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito que le fue informado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de la consulta realizada al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, no se advirtió la existencia de alguna que guarde relación con la temática planteada en ésta.

En proveídos de tres de mayo y veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se solicitó al Sexto Tribunal Colegiado que informara si el criterio sostenido en el amparo directo 423/2016-A, de su índice -283/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, se encuentra vigente.

Por acuerdo de tres de agosto siguiente, se tuvo a los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, manifestando que el criterio sustentado continúa vigente, y se ordenó turnar el asunto al Magistrado Tomás Gómez Verónica, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo; y,

CUARTO.-En sesión plenaria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, por mayoría de votos, se rechazó el proyecto presentado por el Magistrado Tomás Gómez Verónica, por lo que se ordenó el returno del asunto al Magistrado René Olvera Gamboa, para que formulara el correspondiente proyecto de resolución, conforme a lo discutido en la sesión y aprobado por la mayoría.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano que sustentó uno de los posibles criterios en contraposición.

TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), al resolver, en sesión de tres de agosto de dos mil dieciséis, el amparo directo expediente electrónico 423/2016-A, determinó lo siguiente:

"... en el segundo concepto de violación (fojas nueve a dieciocho del amparo directo), el quejoso alega que la sentencia controvertida, lo deja en estado de indefensión, pues con ella se viola en su perjuicio lo dispuesto por el principio general del derecho denominado non reformatio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, es decir, no agravar la situación jurídica del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso del adversario; por tanto, afirma que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo no estaba facultado para ir más allá de lo reclamado por el único recurrente, es decir, el actor, pues las autoridades demandadas acudieron al juicio natural y tuvieron la oportunidad de inconformarse en tiempo y forma sin haberlo hecho, haciendo valer la caducidad de la instancia, pues sólo en ese supuesto, la responsable hubiere estado legitimada para analizar y resolver como lo hizo.-Las anteriores manifestaciones son fundadas, en razón de que, tal como lo refiere el quejoso, el estudio que realice el Tribunal de lo Administrativo del Estado, con relación a la caducidad de la instancia, se encuentra limitado por el principio non reformatio in peius.-A efecto de corroborar el aserto anterior, es necesario transcribir lo dispuesto por el artículo 29 Bis del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,(1) el cual prevé la figura jurídica de la caducidad, mismo que es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 29 Bis. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las normas siguientes: I. La caducidad de la instancia es de orden público y opera por el solo transcurso del tiempo antes señalado; II. La caducidad extingue el proceso y deja sin efecto los actos procesales, pero no la acción, ni el derecho sustantivo alegado, salvo que por el transcurso del tiempo éstos ya se encuentren extinguidos; en consecuencia se podrá iniciar un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la parte final de la fracción V de este artículo; III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio, restablece las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda y deja sin efecto los embargos preventivos y medidas cautelares decretados. Se exceptúan de la ineficacia susodicha las resoluciones firmes que existan dictadas sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere; IV. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas. Así lo declarará el tribunal de apelación; V. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de noventa días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin promoción tendiente a la prosecución del procedimiento incidental, la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal cuando haya quedado en suspenso ésta por la admisión de aquél, en caso contrario afectará también ésta, siempre y cuando haya transcurrido el lapso de tiempo señalado en el párrafo primero de este artículo; VI. Para los efectos previstos por el artículo que regula la interrupción de la prescripción, se equipara a la desestimación de la demanda la declaración de caducidad del proceso; VII. No tiene lugar la declaración de caducidad: a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero si en los juicios con ellos relacionados que se tramiten acumulada o independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se motiven; b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; c) En los juicios de alimentos y en los de divorcio; d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz; y VIII. El término de caducidad se interrumpirá por la sola presentación por cualquiera de las partes, de promoción que tienda a dar continuidad al juicio; IX. Contra la resolución que declare la caducidad procede el recurso de apelación con efectos suspensivos, y la que la niegue no admite recurso; X. Las costas serán a cargo del actor; pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y además en aquellos en que opusiere reconvención, compensación, nulidad y, en general, las excepciones que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.’

"De la anterior transcripción se evidencia, en lo que al caso interesa, que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento; asimismo, se desprende que la caducidad de la instancia es de orden público y opera por el solo transcurso del tiempo antes señalado; extingue el proceso y deja sin efecto los actos procesales, pero no la acción, ni el derecho sustantivo alegado; que la caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y restablece las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda; y, en la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas.-Respecto del recurso de apelación, debe decirse que el mismo se encuentra previsto en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual dice:

"‘Artículo 96. Las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por las partes a través del recurso de apelación, el cual tendrá por objeto modificar o revocar la sentencia impugnada. La sentencia que se dicte al resolver el recurso de apelación tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.-Procede el recurso de apelación: I. Cuando el asunto al que corresponde la sentencia impugnada sea de una cuantía determinada o determinable que exceda de setecientos días de salario mínimo general vigente en el Municipio de Guadalajara; II. Cuando el asunto sea de cuantía indeterminable; III. Cuando la controversia que motivó el juicio sea entre entidades públicas; y IV. Contra las sentencias definitivas en materia de afirmativa ficta.’

"Ahora bien, respecto de las reglas que deben seguirse en el recurso de apelación, las mismas se encuentran previstas en los artículos 430, 443 y 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 de esa ley, los cuales textualmente señalan:

"‘Artículo 430. La autoridad judicial al conocer y resolver los recursos, salvo los casos que la ley permita el estudio o revisión oficiosa, y además de las establecidas en este código, observará las siguientes reglas: I. Examinará y decidirá en forma conjunta o separada, todos los agravios alegados contra la resolución o acto procesal recurrido, exceptuándose el caso en que uno sólo resulte preponderante; II. En vista de los agravios expresados, sólo tomará en consideración, las acciones, excepciones, pruebas y cuestiones debatidas en forma previa y oportuna; III. Resolverá con plenitud de jurisdicción las cuestiones omitidas en la resolución o acto impugnado, reclamadas en los agravios, corrigiéndolas por sí mismo; IV. Los recursos de la misma naturaleza interpuestos contra una misma resolución por personas distintas, deberán estudiarse y decidirse en un mismo fallo. ...’.-‘Artículo 443. El tribunal de apelación está impedido para estudiar y resolver cuestiones de fondo que no llegaron a ser planteadas en la litis de primera instancia.’.-‘Artículo 444. Si el tribunal de alzada, a través de los agravios expresados, advierte que se violaron las reglas esenciales del procedimiento en el juicio donde emane la resolución apelada, o que el Juez de primer grado incurrió en alguna omisión que pudiere dejar sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, siempre que no se trate de actos consentidos, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes interesada que tenga derecho a intervenir en el juicio o procedimiento, por no estar practicado el emplazamiento o llamamiento correspondiente conforme a ésta ley.’

"De la lectura de las disposiciones transcritas, se advierten las reglas, bajo las cuales, el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco resolverá el recurso de apelación, donde la litis consiste en determinar si ese fallo definitivo está o no apegado a derecho; de manera que la causa de pedir se integra con la pretensión del recurrente consistente en la declaración judicial de la ilegalidad de la sentencia apelada para que en su caso se confirme, modifique o se revoque.-En efecto, contrario a lo que sucede en primera instancia, donde el órgano jurisdiccional debe dilucidar si existe o no algún derecho subjetivo del actor; en la segunda instancia originada por la interposición del recurso de apelación, el tribunal de alzada debe resolver, si la sentencia recurrida fue dictada o no apegada a derecho, porque la litis versa, sobre los agravios tendentes a demostrar jurídicamente la ilegalidad del fallo recurrido, salvo los casos en que la propia ley permita el estudio oficioso, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.-Ahora, considerando que la sentencia de primer grado tiene la presunción de haberse dictado conforme a derecho, resulta esencial que el apelante combata dicha presunción mediante la correcta argumentación jurídica planteada en sus agravios, demostrando la ilegalidad cuya declaración pretende mediante su recurso para que el tribunal de alzada modifique o revoque el fallo apelado.-Es decir, dicho tribunal debe emitir pronunciamiento respecto de los aspectos litigiosos contenidos en los agravios, por lo que si el tribunal de alzada considera que los argumentos planteados son fundados y suficientes para revocar el fallo apelado, se avocará a dictar nueva resolución, al no existir reenvío, sustituyéndose en la jurisdicción del Juez de primera instancia y resolverá la litis del juicio de origen, porque, al quedar sin efectos la sentencia primigenia, la litis de segunda instancia se transforma y el tribunal de alzada resuelve como juzgador natural.-Dicho lo anterior, se estima que una vez abierta la segunda instancia por cualquiera de las partes, el tribunal no puede válidamente analizar la caducidad de la instancia, en perjuicio de alguna de las partes, si la contendiente no formuló agravio en ese sentido, toda vez que, el artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere a las notas distintivas de la caducidad, no refiere que dicha figura pueda ser analizada de oficio por parte del tribunal, aunado a que, como se vio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 430 del cuerpo de leyes en consulta, prevé que, salvo los casos que la propia ley señale que se permite un estudio oficioso, en los recursos se examinará y decidirá respecto de los agravios alegados contra la resolución recurrida, donde sólo tomará en consideración, las acciones, excepciones, pruebas y cuestiones debatidas en forma previa y oportuna.-En consecuencia de lo antes dicho, tal como lo afirmó el quejoso, esta situación se encuentra limitada por el principio de non reformatio in peius; que es una locución latina, que puede traducirse en español como ‘reformar en peor’ o ‘reformar en perjuicio’, utilizada en el ámbito del derecho procesal; tal expresión se utiliza cuando, tras el recurso de apelación, el tribunal de alzada resuelve el asunto empeorando los términos en que fue dictada la sentencia de primer grado para el apelante.-Luego, este principio jurídico procesal prohíbe al juzgador superior o revisor agravar la situación jurídica del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte, con fundamento en los principios procesales de instancia procesal y el de agravio, circunstancia que se actualiza en la hipótesis, pues en el caso, el actor obtuvo sentencia condenatoria parcial y las autoridades demandadas no interpusieron el recurso de apelación.-Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 23/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y seis del Libro XX, Tomo 1, correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia civil, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. SU ESTUDIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, ESTÁ LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. Acorde con el citado precepto, el tribunal de alzada debe examinar de oficio los elementos de la acción, con la salvedad de que, ya sea de oficio o porque exista agravio del apelante, el estudio del tribunal ad quem estará limitado por el principio «non reformatio in peius».’

"Este Tribunal Colegiado no soslaya el contenido de la jurisprudencia número 1a./J. 13/2013 (10a.), emitida también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS.’, toda vez que, una vez analizado el mencionado criterio, se advierte que se refiere únicamente a que los presupuestos procesales pueden ser analizados de manera oficiosa por el tribunal revisor, sin la limitación que prevé el principio referido; sin embargo, debe decirse que la figura de la caducidad se diferencia de los presupuestos procesales.-A efecto de corroborar lo anterior, deben tenerse en cuenta los argumentos que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la figura jurídica de la caducidad, al resolver la contradicción de tesis 19/2007-PS, de la cual derivó la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 153/2007, publicada en la página cinco del Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia civil, de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ NO LA HAYA DECLARADO DE OFICIO NI LA PARTE INTERESADA LO HUBIERE SOLICITADO.’, esos argumentos son textualmente los siguientes:

"‘... La sanción que se impone a las partes por no activar o impulsar el procedimiento, se constituye a través de la figura de la caducidad de la instancia, institución procesal que, como ya se dijo en líneas precedentes, se origina por la inactividad de los sujetos procesales y del propio órgano jurisdiccional en el plazo señalado por la ley y que tiene como finalidad la extinción de la relación procesal sin pronunciamiento sobre el aspecto de fondo.-En consecuencia, la razón de ser de la institución de la caducidad se apoya principalmente en dos motivos distintos; el primero es de orden subjetivo y se traduce en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de las mismas en continuar y culminar con el mismo; y el segundo, de orden objetivo, que descansa en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo que traería una falta de seguridad jurídica: este criterio objetivo tiene también su fundamento en el interés del propio Estado de liberar a sus propios órganos de la necesidad de impulsar procesos y emitir la resolución correspondiente sustituyendo las cargas y obligaciones procesales de las partes, cuando éstas evidentemente abandonan su causa; además de que se trata de garantizar una administración de justicia pronta y expedita.’

"De lo anterior se advierte que el Alto Tribunal sostuvo que la caducidad es una sanción, la cual no constituye una condición para el nacimiento o subsistencia de la acción, ya que la ausencia de uno de los presupuestos procesales implica la imposibilidad de resolver el fondo de la cuestión debatida y conduce necesariamente a la improcedencia de la acción; por tanto, la caducidad de la instancia no tiene las características de los presupuestos procesales y, por ende, su tratamiento no debe ser igual al que se otorga a éstos, pues de este modo la caducidad de la instancia es una forma excepcional de extinción de la relación jurídico-procesal, es decir, constituye una modalidad de terminación del procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales, por medio de la cual cesa la obligación de éstos para resolver la contienda a través del pronunciamiento de una sentencia; de manera que no se trata de un presupuesto procesal.-En consecuencia, la razón de ser de la institución de la caducidad se apoya en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de las mismas en continuar y culminar con el mismo; por lo que es claro que al titular del derecho le corresponde defenderlo o demostrar su posible contradicción legal, dado que sólo es él quien puede ejercerlo, cuyo estudio está limitado por el principio non reformatio in peius.-Aunado a todo lo anterior, es dable decir que, por cuanto a que la segunda instancia, la cual, como ya se vio, se inicia únicamente a propuesta de las partes, el estudio del asunto queda circunscrito a los agravios expresados por el recurrente, de modo que es válido entender que, en su caso, el tribunal de alzada únicamente estará facultado para decretar la caducidad de la segunda instancia motu proprio, cuando alguna de las partes abandone la continuación del recurso tramitado ante él, durante el plazo previsto por la ley, teniendo la obligación de declarar firme la resolución materia de aquél, pero no ocuparse de modo oficioso de la perención respecto de una fase del juicio llevada o tramitada ante un órgano distinto.-Ahora bien, al resultar fundado el concepto de violación a estudio, existe un impedimento técnico para analizar el primer concepto de violación esgrimido por el quejoso, en donde reclamó la inconstitucionalidad del artículo 87, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que, al determinase que fue ilegal que la responsable analizara de oficio la caducidad de instancia, no podrá citarlo en la nueva ejecutoria, pues la concesión del amparo redunda en la inaplicación de ese precepto.-De igual manera, en razón de que el concepto de violación analizado es mayor a los diversos que formuló en el sentido de que ilegalmente se le estaba aplicando una jurisprudencia en forma retroactiva, así como que en la resolución impugnada, la responsable debió justificar su cambio de criterio, existe impedimento jurídico para estudiar el resto de los motivos de inconformidad hechos valer en el escrito de demanda, toda vez que, aun de resultar fundados los mismos, no se traería mayor beneficio al quejoso, pues como se dijo, fue ilegal que el tribunal de lo administrativo decretará la caducidad de la instancia.-En consecuencia de todo lo anterior, lo procedente en el caso, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje sin efectos la sentencia reclamada de tres de diciembre de dos mil quince; y, 2. Emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, prescindiendo de declarar la caducidad de la instancia a falta expresa de agravio de la recurrente.-Respecto del pedimento número **********, que formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal auxiliado, en el que solicitó se negara el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, debe decirse que no es de accederse a su petición por las razones expresadas en las consideraciones que se esgrimieron en esta sentencia.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto que reclamó del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, consistente en la sentencia definitiva dictada el tres de diciembre de dos mil quince, en los autos del expediente pleno **********, de conformidad con los razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución."

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos el amparo directo 1/2016, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"... a través de los conceptos de violación identificados como primero y segundo se argumenta medularmente que el acto reclamado transgrede los principios de congruencia y non reformatio in peius, respectivamente; a su vez, para dar sustento a los anteriores argumentos, se citan diversos criterios que hablan sobre la materia de la apelación y del mencionado principio non reformatio in peius.-Es ineficaz el planteamiento.-Ante todo, debe decirse que la caducidad de la instancia constituye una forma excepcional de extinción de la relación jurídico procesal sometida a la consideración y resolución de la autoridad jurisdiccional; de manera tal que no se trata de un presupuesto procesal o de una excepción de carácter superveniente, mucho menos de un elemento de la acción.-Para llegar a esta conclusión es necesario atender a que el procedimiento judicial normalmente llega a su fin mediante el pronunciamiento de una sentencia, considerada como el acto que resuelve definitivamente sobre las pretensiones de las partes, una vez cumplidos los trámites de ley.-A su vez, también puede concluir de manera excepcional a virtud de la conciliación, de la transacción, por caducidad de la instancia, desistimiento o renuncia, allanamiento, confusión de derechos o por el sometimiento de la resolución del conflicto a juicio arbitral.-Así pues, la caducidad de la instancia constituye una modalidad de terminación del procedimiento puesto a la consideración de los órganos jurisdiccionales, por medio de la cual cesa la obligación de éstos para resolver la contienda a través del pronunciamiento de una sentencia.-Por tanto, si la caducidad de la instancia es una forma de extinción de la relación jurídico procesal, es inconcuso que su actualización impide el nacimiento de la obligación a cargo del juzgador de pronunciar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27727-ea81e160/caducidad-de-la-instancia-el-pleno-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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