JURISPRUDENCIA 2a./J. 52/2014 (10a.). SU APLICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PENDIENTES DE RESOLVER EN CUALQUIER SEDE NO CONSTITUYE, PER SE, UNA APLICACIÓN RETROACTIVA PROSCRITA POR EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO. JURISPRUDENCIA 2a./J. 52/2014 (10a.). SU APLICACIÓN EN UN JUICIO LABORAL INSTAURADO O RESUELTO ANTES DE QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE DE APLICACIÓN OBLIGATORIA, NO IMPLICA TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO. JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA.
JURISPRUDENCIA 2a./J. 52/2014 (10a.). SU APLICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PENDIENTES DE RESOLVER EN CUALQUIER SEDE NO CONSTITUYE, PER SE, UNA APLICACIÓN RETROACTIVA PROSCRITA POR EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO.
JURISPRUDENCIA 2a./J. 52/2014 (10a.). SU APLICACIÓN EN UN JUICIO LABORAL INSTAURADO O RESUELTO ANTES DE QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE DE APLICACIÓN OBLIGATORIA, NO IMPLICA TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO.
JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS TORRES LAGUNAS Y GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ, CON EJERCICIO DE VOTO DE CALIDAD DEL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE. DISIDENTES: ALFREDO GÓMEZ MOLINA Y ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN. PONENTE: JOSÉ LUIS TORRES LAGUNAS. SECRETARIA: ANGÉLICA LUCIO ROSALES.
7. PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este propio Cuarto Circuito.
8. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Carta Magna, señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron, podrán denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del precepto 226, del propio ordenamiento legal, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
9. En el caso, el Magistrado Luis Alfonso Hernández Núñez, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, fue quien denunció la posible contradicción de tesis que derivan del juicio de amparo directo **********, resuelto en ese órgano colegiado, y del juicio de amparo directo **********, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito. Por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima, puesto que así lo prevén los artículos 107, fracción XIII, constitucional, y 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
10. TERCERO.-Criterios contendientes en la posible contradicción de tesis. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario conocer los argumentos y consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
11. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión plenaria de uno de junio de dos mil quince, consideró lo siguiente:
"OCTAVO. En una parte son infundados los conceptos de violación y, en otra fundados. ... En cambio, es fundado el tercer concepto de violación en el que el apoderado de la quejosa, se inconforma con la decisión de la Junta de absolver al instituto del pago de la diferencia por el concepto de prima de antigüedad, por no incluir en el salario con el cual se cubrió la misma, los conceptos 32 y 33, relativos a estímulos por asistencia y puntualidad. En esencia, refiere que la Junta conculcó en su perjuicio el contenido de la tesis de jurisprudencia: ‘SEGURO SOCIAL, LOS CONCEPTOS 32 Y 33 CONSISTENTES EN ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE ESE ORGANISMO, DEBEN CONSIDERARSE COMO PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN POR JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS, PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.’, al no considerar que la prima de antigüedad se le debió de haber liquidado con la integración al salario, de los conceptos 32 y 33 consistentes en estímulos de asistencia y puntualidad, pues en el recibo de liquidación, se advierte que no integraron el salario con el cual se cubrió dicha prestación.
"Es fundado, porque del laudo impugnado se advierte que la Junta al resolver si los estímulos de asistencia y puntualidad integran el salario para efectos de cubrir la prima de antigüedad, estableció que la actora no cumplió con su carga probatoria de demostrar que percibió los mismos en un mínimo de dieciocho quincenas durante su último año de labores, apoyando su decisión en la jurisprudencia 2a./J. 52/2014 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.’
"Determinación que se considera ilegal, porque la citada jurisprudencia que invocó como apoyo, era inaplicable, toda vez que dicho criterio es de observancia obligatoria a partir del lunes dos de junio del dos mil catorce, por lo que surgió en forma posterior al inicio del juicio de origen, diez de septiembre de dos mil trece, de ahí que es injustificado que la Junta pidiera a la actora que colmara exigencias que establece la nueva jurisprudencia, que no estaba vigente cuando inició su juicio laboral.
"En efecto, dicha jurisprudencia se publicó el viernes treinta de mayo de dos mil catorce, a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes dos de junio de dos mil catorce, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013; por tanto, en la especie no cobraba aplicación.
"Ello es así, toda vez que conforme al artículo 217, último párrafo, de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; en el presente caso, se estima que si bien a la fecha en que se pronunció el laudo, veintiocho de octubre de dos mil catorce, ya tenía el carácter de obligatoria, no debió aplicarse al resolver la contienda, porque cuando dio inicio el juicio, diez de septiembre de dos mil trece, todavía no entraba en vigor la aludida jurisprudencia (dos de junio de dos mil catorce).
"Entonces, para resolver lo relativo a si la actora percibía los conceptos de asistencia y puntualidad, la Junta debió observar lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2009, que sustenta el criterio de que dichos estímulos regulados en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, integran el salario para efectos del pago de la prima de antigüedad, con motivo de la jubilación por años de servicio, cesantía en edad avanzada o vejez, establecida en la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo que rige en la citada institución, la cual no exige que se demuestre que se percibieron en dieciocho quincenas, del último año de labores.
"Jurisprudencia que textualmente dice:
"‘SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.-Los estímulos de asistencia y puntualidad regulados en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, integran el salario para efectos del pago de la prima de antigüedad con motivo de la jubilación por años de servicio, cesantía en edad avanzada o vejez, establecida en la cláusula 59 Bis del contrato colectivo de trabajo que rige en la citada institución, al prever que corresponde al importe de 12 días de salario por cada año efectivo laborado, el cual debe entenderse en términos de las cláusulas 1 y 93 del indicado contrato, como el ingreso total obtenido por el trabajador como retribución por sus servicios y se integra con los pagos hechos en efectivo por sueldo, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación entregada a cambio de su trabajo en los términos del contrato, lo cual encuentra justificación, además, en la jurisprudencia 2a./J. 63/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «SEGURO SOCIAL EL PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE ESE ORGANISMO, DEBE CONSIDERARSE COMO PARTE INTEGRADORA DEL SALARIO.», la cual contiene precisamente la interpretación de la integración del salario de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.’(1)
"Entonces, si bien es cierto que en la jurisprudencia 2a./J. 52/2014 (10a.), que sustituyó a la 103/2009 mencionada previamente, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) publicada a las 10:40 horas, del treinta de mayo del dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, dicho órgano determinó que deben considerarse los conceptos de asistencia y puntualidad, como integrantes del salario para cubrir la prima de antigüedad, sólo si se percibieron con regularidad, esto es, que se hayan percibido cuando menos en 18 de las 24 quincenas de que se compone el último año de servicios previo a su jubilación; también es verdad, que dicho criterio resulta inaplicable al caso concreto en virtud de que, como se mencionó, su aplicación obligatoria surgió en forma posterior al inicio del juicio de origen; de ahí que la Junta debió resolver la controversia respectiva, conforme a la jurisprudencia que se encontraba vigente, cuando hizo valer su acción, esto es, al tenor de lo que establecía a la jurisprudencia sustituida, que no exigía mayores requisitos para la integración de los conceptos aludidos al salario con el cual se calcula la prima de antigüedad, que el probar que fueron percibidos, pues se contravendría la finalidad de su existencia que es la de otorgar seguridad jurídica a las partes.
"Sirven como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 62/2014 (10a.)(3) y tesis 2a. LXV/2012 (10a.)(4) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos, subtítulos y textos siguientes:
"‘MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: «AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).». El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, de rubro: «JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.», estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta. Ahora, esta determinación tratándose de procedimientos de modificación de jurisprudencia en los que se resuelve abandonar una anterior, no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se hubiese hecho de una jurisprudencia superada bajo ese mecanismo, cuando se refiera a la procedencia de algún medio de impugnación, ya que si el interesado se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para adoptar una vía legal de defensa, la interrupción de la jurisprudencia modificada no debe privarlo de la posibilidad de continuar con una instancia ya iniciada, porque uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica y sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa a los intereses de quien, constreñido por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo que aquélla le ordenaba. Consecuentemente, al pretender aplicar la jurisprudencia 2a./J. 199/2004 modificada que define nuevas condiciones para la procedencia del juicio de amparo directo promovido en un procedimiento contencioso administrativo, debe primero analizarse si el interesado aplicó en su favor la jurisprudencia anterior, y si lo hizo válidamente durante su vigencia; esto es, antes de la publicación de la jurisprudencia modificada. De reunirse ambos hechos, el juzgador debe continuar con la secuela legal iniciada para no privar al promovente de la oportunidad de ser oído tan sólo por el cambio de criterios.’
"‘JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: «ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.». ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000 (*), estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco constitucional anterior al 3 de abril de 2013, por lo que no es aplicable al caso concreto. Así, en observancia al artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo en vigor, al prever que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, se concluye que la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.) resulta aplicable a partir del 11 de diciembre de 2013, fecha en que terminó la distribución del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de noviembre de 2013, medio de difusión de la tesis aludida, lo que implica que dicho criterio jurisprudencial cobra vigencia respecto de actuaciones procesales o intermedias, sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas a partir de la fecha referida, y no respecto de las acontecidas con anterioridad, pues de lo contrario se daría una aplicación retroactiva al criterio mencionado. Por otra parte, la observancia del requisito aludido en las actuaciones mencionadas debe verificarse, de oficio, por el órgano jurisdiccional, por constituir una exigencia de rango constitucional y, en su caso, de advertir que no se cumple, deberá ordenar reponer el procedimiento respecto de las actuaciones procesales, a fin de que se subsane esa violación formal, en la inteligencia de que, realizado lo anterior, tanto la actuación convalidada como las que le siguieron surtirán todos sus efectos legales y, tratándose de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, bastará con que se emita uno nuevo subsanando la violación formal apuntada, sin afectar las demás actuaciones previas.’
"Asimismo, resultan aplicables las tesis II.1o.T. J/1 (10a.)5 y (III Región)3o.5 A (10a.),6 emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, cuyos criterios se comparten, de títulos, subtítulos y textos siguientes:
"‘IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RESOLVER LO HACE CON BASE EN UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE LE ERA OBLIGATORIO Y, POSTERIORMENTE, ÉSTE SE MODIFICA O SUSTITUYE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN AMPARO DIRECTO, NO PUEDE APLICAR RETROACTIVAMENTE EL NUEVO CRITERIO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-El último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.». Dicha hipótesis no puede interpretarse de la misma forma que el principio de irretroactividad de las leyes, porque ello se traduciría en que ninguna jurisprudencia pudiera aplicarse a situaciones de hecho anteriores a su creación, lo que reñiría con su naturaleza que es el interpretar o suplir la laguna de la ley a partir del examen de constitucionalidad de un caso concreto pretérito, y cuya finalidad es que se observe tanto para los supuestos de hecho surgidos antes como después de su surgimiento. Luego, la prohibición de que la jurisprudencia no se aplique en perjuicio de persona alguna, debe entenderse, tratándose del juicio de amparo directo, dirigida a los Tribunales Colegiados de Circuito que, al resolver los juicios de amparo, se les presenta la siguiente problemática: La autoridad responsable ha resuelto conforme a una jurisprudencia, que al momento de fallar le resultaba obligatoria a ella y al Tribunal Colegiado de Circuito que eventualmente conocería del amparo directo; empero, en el posterior momento en que el segundo tiene que resolver, dicha jurisprudencia fue modificada o sustituida, y conforme a ella, el acto reclamado sería inconstitucional, a pesar de que la norma interpretada por ambas jurisprudencias siguiere siendo la misma. Se presenta así lo que pudiéramos denominar un conflicto de jurisprudencias en el tiempo y surge la interrogante de ¿cuál de ellas habrá de aplicar el Tribunal Colegiado para resolver el juicio de amparo? En observancia al precepto citado, tendrá que aplicar el primer criterio jurisprudencial, porque si al momento en que la autoridad responsable lo aplicó, era obligatorio tanto para ella como para dicho Tribunal Colegiado, las partes adquirieron la certeza jurídica de que, ordinariamente, no había posibilidad de que la constitucionalidad de ese fallo, al menos en esa época, pudiere ser examinada sino a la luz de ese primer criterio. Por consiguiente, aplicar el segundo criterio jurisprudencial atenta contra esa certeza e infringiría la garantía de seguridad jurídica, que es lo que la prohibición citada busca evitar. Por el contrario, si al decidir la responsable: 1) no existe criterio jurisprudencial alguno que la constriña a resolver en determinado sentido; o, 2) existiendo, no obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que eventualmente habrá de fallar el amparo directo, sino que la jurisprudencia que sí obliga a éste surge hasta que debe resolver; entonces al aplicarlo no desacata la prohibición de no aplicar la jurisprudencia retroactiva en perjuicio de persona alguna.’
"‘IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. CÓMO DEBE ENTENDERSE.-El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, de rubro: «JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.», determinó que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta, y la Segunda Sala del propio Alto Tribunal, en la tesis aislada 2a. LXV/2012 (10a.), de rubro: «MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: <AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).>», señaló que el procedimiento de modificación de jurisprudencia (actualmente sustitución), en el que se resuelve abandonar una anterior, no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se hubiese hecho de la superada bajo ese mecanismo, cuando se refiera a la procedencia de algún medio de impugnación, ya que si el interesado se acogió a un criterio que, en su momento le resultaba obligatorio, para adoptar una vía legal de defensa, la interrupción de la jurisprudencia modificada no debe privarlo de la posibilidad de continuar con una instancia ya iniciada, porque uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica, y sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa a los intereses de quien, constreñido por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo que aquélla le ordenaba. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el artículo 217 citado, establece la prohibición de privar de efectos a un acto realizado conforme a un criterio jurisprudencial modificado o sustituido con posterioridad, pero no implica que la aplicación de uno específico sólo tenga cabida en actos llevados a cabo con posterioridad a su emisión, pues, en este caso, cobra aplicación la jurisprudencia mencionada en primer término. Además, en una integración anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la jurisprudencia es la interpretación de la ley, y que debe darse a conocer para que sea observada por las autoridades judiciales, las cuales no se encuentran obligadas a aplicar jurisprudencia en desuso por encima de las consideraciones de tiempo en la materialización de los actos, sobre todo si el artículo que se interpreta no ha sufrido modificación alguna, según se advierte, en lo que interesa, de la tesis publicada en la página 47, Volumen 1, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el rubro: «JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. OBLIGATORIEDAD DE APLICAR LA ACTUAL.»’..."
12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince, consideró lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer.
"...
"En el ‘segundo’ de los conceptos de violación, la referida apoderada jurídica del organismo demandado, plantea que se infringieron en perjuicio de su representado los ya mencionados artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en relación con el 841 de la Ley Federal del Trabajo, al condenarse de manera indebida a su representado a la integración de los conceptos 32 y 33 Estímulos de Puntualidad y Asistencia al salario para el pago de la prima de antigüedad establecida en la cláusula 59 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo, que se le otorgó a la actora por la jubilación de años de servicio.
"Explica que los estímulos de puntualidad y asistencia constituyen una prestación extralegal, por lo que para reclamarlos el trabajador debe acreditar haberlos percibido en términos de lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social; es decir, demostrar que lo percibió por lo menos en dieciocho de las veinticuatro quincenas del último año, ya que es un reconocimiento a su esfuerzo por asistir puntualmente a su centro de trabajo de manera habitual.
"Continúa diciendo que dicho año debe ser laborado en forma ininterrumpida, antes de que se le finiquite la relación laboral, por lo que la responsable debió arrojarle la carga de la prueba para que la actora exhibiera los tarjetones de pago del último año laborado y que de los mismos se desprenda que en forma continua percibió dichos conceptos, lo cual la Junta condenó sin estudiar las cargas probatorias; que lo anterior encuentra apoyo ‘en la sustitución de jurisprudencia 16/2013’ que transcribe.
"Refiere que la Junta condenó al instituto al pago de los conceptos 32 y 33, con fundamento de que los mismos son integrantes del salario para efectos del pago de la prima de antigüedad, tomando en cuenta la jurisprudencia ‘SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE ESE ORGANISMO, DEBEN CONSIDERARSE COMO PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO PARA EFECTO DEL PAGO DE LA ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN POR JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS, PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.’; empero, que la Junta hace un mal razonamiento respecto a la integración del salario de los conceptos 32 y 33, pues tiene la obligación de estudiar la procedencia de las acciones de oficio, y de ser acciones notoriamente improcedentes, absolver a la demandada, con apoyo en la jurisprudencia ‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’; esto es, debió de haber estudiado cada uno de los recibos de salario por un periodo de un año anterior a la fecha en que a la actora se le otorgó la jubilación, para constar que efectivamente dichos conceptos los percibía de manera constante y continua, al constituir prestaciones de carácter extralegal, cuya comprobación corresponde a quien las reclama.
"En apoyo a lo anterior cita las tesis de los rubros: ‘ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL AL SER PRESTACIONES DE CARÁCTER EXTRALEGAL PARA QUE PUEDAN FORMAR PARTE DEL SALARIO CORRESPONDE A AQUÉLLOS ACREDITAR QUE LOS PERCIBIERON O QUE SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS CONTRACTUALES PARA SU OTORGAMIENTO.’
"Asiste razón al quejoso.
"Para así establecerlo, conviene precisar que la Junta en el laudo decidió que era procedente la acción de nulidad parcial del convenio finiquito por años de servicio, porque la prima de antigüedad no se pagó con el salario integrado con los estímulos de asistencia y puntualidad, esencialmente porque la demandada en su contestación no rechazaba la existencia de los conceptos reclamados, por lo que se tenían por admitidos de conformidad al artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, determinándose la improcedencia de la excepción de cosa juzgada, y que de los conceptos reclamados no se advertía que hubieran sido integrados al salario que se utilizó para la liquidación de la prima de antigüedad, por lo que en tal virtud y con fundamento en lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 103/2009 del rubro: ‘SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.’, esa Junta determinaba la nulidad parcial del referido convenio, así como también al pago de las diferencias en el finiquito específicamente en el rubro de prima de antigüedad, derivado de la procedente integración de los conceptos 32 y 33 (puntualidad y asistencia).
"Asimismo consideró que procediendo a su cuantificación, al estar acreditado plenamente la existencia de dichas prestaciones, a la parte demandada le correspondería la carga probatoria de conformidad al artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a las cantidades que percibía de cada una de ellas; y que de las pruebas ofrecidas por la referida demandada, se desprendía la exhibición de diversos recibos de nómina, como trabajador activo, en la que se desunía que en el concepto 32 aparecía la cantidad quincenal de ********** pesos con ********** centavos, y en el concepto 33 la cantidad quincenal de ********** pesos con ********** centavos, que sumados daban la cantidad total quincenal de ********** pesos con ********** centavos, y posteriormente divididos entre quince días, que comprendía la quincena, daba la cantidad diaria de ********** pesos con ********** centavos, que multiplicados por los trescientos treinta y ocho días, que le correspondieron por prima de antigüedad, tal y como se desprendía del convenio de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, daba la cantidad total de ********** pesos con ********** centavos que debería pagar la demandada a favor de la actora.
"También, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 148/2011 (9a.), estableció que la autoridad laboral en todos los casos, en que se someta a su jurisdicción una controversia laboral, tienen la obligación de examinar la acción ejercida, sin importar su naturaleza legal o extralegal, como lo ordenan los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; además, porque tratándose de ese tipo de prestaciones (extralegal), el trabajador tiene la carga de demostrar el derecho a recibir el beneficio invocado, para lo cual deberá justificar que se encuentra en el supuesto previsto en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo en que sustente su exigencia y, con mayor razón, porque éstas son de interpretación estricta.
"La jurisprudencia de previo come
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26310-35417502/jurisprudencia-2a-j-52-2014-10a-su-aplicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. CÓMO DEBE ENTENDERSE. ((III Región)3o.5 A (10a.))
- JURISPRUDENCIA. PARA DETERMINAR SI LA OBSERVADA EN LA SOLUCIÓN DE UN CASO CONCRETO, SE APLICÓ RETROACTIVAMENTE EN PERJUICIO DE ALGUNA PERSONA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO ((IV Región)2o.5 K (10a.))
- JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA POSTERIOR A LA (I.3o.C.54 K (10a.))
- RETROACTIVIDAD DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL. REFORMAS LEGALES SUPERVENIENTES EN EL PROCEDIMIENTO. ES CORRECTA LA APLICACION DE ESTAS CUANDO SE PRODUCE EN BENEFICIO DEL INTERESADO Y S (IX.2o. J/13)
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