RETROACTIVIDAD. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, AL PREVER QUE LA JURISPRUDENCIA NO PUEDE APLICARSE RETROACTIVAMENTE EN PERJUICIO DE “PERSONA ALGUNA”, AL EMITIRSE LA RESOLUCIÓN EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL LABORAL, DEBE APLICARSE LA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA UNA DEMANDA LABORAL CONTRA UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y NO LA POSTERIOR QUE LA SUSTITUYE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA, ALEJANDRO SOSA ORTIZ, ARTURO GARCÍA TORRES, ENRIQUE MUNGUÍA PADILLA Y RAÚL VALERIO RAMÍREZ, CON EL VOTO CONCURRENTE DEL CUARTO DE LOS NOMBRADOS. PONENTE: ALEJANDRO SOSA ORTIZ. SECRETARIO: CARLOS DÍAZ CRUZ.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno Especializado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito correspondiente a la sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho.
Vistos para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2017, del índice del Pleno en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, denunciada por el Magistrado José Luis Guzmán Barrera, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por estimar que existe divergencia entre el criterio pronunciado por el Tribunal Colegiado de su adscripción y el sustentado por los miembros del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito y sede; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia.
I. Mediante oficio sin número de tres de octubre de dos mil diecisiete, el Magistrado José Luis Guzmán Barrera, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, denunció ante el Pleno Especializado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, la contradicción de criterios con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito y sede, en torno a determinar lo siguiente:
“... el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito sostiene, esencialmente, que en los conflictos laborales en que se demande a un organismo descentralizado, atendiendo a la fecha en que se ejerció la acción, el conflicto competencial que al respecto surja, debe resolverse conforme a la jurisprudencia vigente en ese momento, a efecto de no contravenir el principio de irretroactividad establecido en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito considera que no es así, pues debe aplicarse la jurisprudencia surgida con posterioridad en donde queda establecido el abandono de la jurisprudencia vigente en aquel momento en que se ejerció la acción laboral correspondiente, sin que por ese hecho se afecte aquel principio de irretroactividad de la jurisprudencia...”
SEGUNDO.—Trámite.
1. El tres de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en el Pleno del Segundo Circuito el escrito referido en el apartado que antecede, al cual recayó el acuerdo de nueve siguiente, mediante el cual se ordenó formar la contradicción de tesis bajo el número 1/2017.
2. Al estimar que probablemente existía la contradicción denunciada, entre los criterios sustentados en el conflicto competencial CC. 56/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y los conflictos competenciales CC 59/2017, CC 60/2017, 64/2017, 67/2017, 69/2017 y 73/2017, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito, resultaban, aparentemente, contrarios y que el denunciante se encontraba legitimado para ello, se admitió a trámite y se solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito remitiera copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial primeramente mencionado, así como un disco compacto con el archivo de mérito.
3. Por oficio 8129 de diez de octubre de dos mil diecisiete, recibido en el Pleno del Segundo Circuito el once del mismo mes y año, la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remitió el testimonio y disco compacto solicitados, lo que fue acordado en proveído de dieciocho siguiente, en el que se tuvieron por recibidas las constancias y, por rendido el informe en el sentido que el criterio pronunciado por esa autoridad de amparo se encontraba vigente.
4. Asimismo, en dicho acuerdo, el presidente del Pleno del Segundo Circuito, tuvo por recibido el oficio 2371/2017, signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con el que informó que el criterio sustentado en los CC 59/2017, CC 60/2017, 64/2017, 67/2017, 69/2017 y 73/2017, se encuentra aún vigente.
5. En auto de treinta de octubre dos mil catorce, el presidente del Pleno del Segundo Circuito, tuvo por recibido el oficio CCST-X-406-10-2017, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual informó que de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolverse en ese Alto Tribunal, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema de irretroactividad de la jurisprudencia en el supuesto que se trata en la presente contradicción.
Asimismo, en dicho acuerdo, proveyó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se turnaron los autos al Magistrado Alejandro Sosa Ortiz, para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente y en su momento diera cuenta al Pleno de este Circuito con el mismo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
I. El Pleno Especializado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios en posible contradicción provienen de asuntos resueltos por dos Tribunales Colegiados de la misma materia pertenecientes a este Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimidad para denunciar la contradicción de criterios.
I. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se formuló por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia Toluca, Estado de México, es decir, por uno de los órganos jurisdiccionales que emitieron criterios en posible controversia.
TERCERO.—El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 56/2016, suscitado entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, se apoyó en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
"V. Este Tribunal Colegiado estima que debe declararse de conformidad con los criterios vigentes a la fecha de la presentación de la demanda laboral, la competencia para conocer del juicio promovido por **********, en favor de la Junta Especial Número Cinco de la local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con residencia en esta ciudad.
"Con la finalidad de exponer las razones que robustecen tal afirmación, es necesario hacer hincapié en que la demanda laboral de origen fue presentada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis ‘16 feb 29’, en contra del organismo público descentralizado Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de **********, Estado de México, como se advierte del sello puesto en la parte superior de la primera hoja de la demanda:
"(Se suprime imagen por contener datos sensibles)
"La declinación de competencia obedeció a que, a decir de la Junta, la autoridad competente lo era el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en atención a lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, constitucional (transcrito por la Junta en la resolución incidental de competencia); asimismo, dicha autoridad apoyó su determinación en la entonces tesis aislada 2a. XXXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.180/2012 (10a.) (*)].’; criterio que, cabe indicar, conformó jurisprudencia por reiteración a partir del once de noviembre de dos mil dieciséis, bajo el número 2a./J. 130/2016 (10a.).
"Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, sobre la base de que la competencia correspondía a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dado que la demandada es un organismo público de carácter local, cuyas relaciones entre éste y sus trabajadores están sujetas al régimen legal del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, ya que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo.
"Derivado de lo anterior, el indicado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determinó no asumir la competencia que le fue declinada, invocando al respecto el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto competencial número 191/98, suscitado entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el entonces Tribunal de Arbitraje del Estado de México.
"Con la finalidad de exponer las razones que robustecen la determinación que aquí se hace, es necesario hacer hincapié en que la demanda laboral de origen fue instaurada en contra del organismo descentralizado denominado Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de **********, Estado de México, pues así lo dispone el artículo, 1 de la ley de su creación, mediante Decreto Número 10 de la Legislatura Local, publicado el 16 de julio de 1985, que a la letra dice:
"‘Artículo 1. Se crean los organismos públicos descentralizados de asistencia social y protección de la infancia y adolescencia, de carácter municipal, denominados «Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia» de los Municipios de: ... **********...’
"En ese tenor, se tiene que conforme a la ley que crea al Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social y Protección de la Infancia y Adolescencia, denominado Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de **********, es un organismo público descentralizado cuyos objetivos, conforme al numeral 3 de la legislación citada, es brindar asistencia social, protección de niñas, niños, adolescentes y beneficio colectivo.
"En tales condiciones, debe declararse de conformidad con los criterios vigentes a la fecha de la presentación de la demanda laboral, la competencia para conocer del juicio de origen, en favor de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con residencia en esta ciudad tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el apartado A del artículo 123 constitucional, el cual establece:
"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"‘A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo ...’
"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia, que la competencia para conocer de los conflictos entre los organismos públicos descentralizados con sus trabajadores se surte a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya que el citado apartado A del artículo 123 constitucional, es el que rige sus relaciones laborales, con independencia de lo que sobre el particular establezca cada constitución local de las entidades federativas y sus ordenamientos secundarios, o los decretos de creación de dichos organismos; pues conforme a dicho criterio los Poderes Legislativos de cada entidad federativa están facultados únicamente para expedir leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que su diverso numeral 116, fracción VI, los autoriza a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores.
"La jurisprudencia mencionada fue aprobada por la Segunda Sala con el número 2a./J. 180/2012 (10a.), en sesión privada celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil doce, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, del tenor siguiente:
"‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.—De los artículos 73, fracción X, 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, y apartado B (en su encabezado), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las relaciones laborales de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados de la República con sus trabajadores deben regularse a través de las leyes en materia laboral que se expidan dentro de su ámbito competencial las cuales están sujetas a las bases establecidas por el apartado B del aludido artículo 123; en tanto que las relaciones laborales de los organismos descentralizados con sus trabajadores deben regirse por el apartado A del referido precepto y por la Ley Federal del Trabajo, en razón de que dichos organismos tienen personalidad jurídica propia, es decir, están descentralizados, y es ese carácter distintivo el que define un tratamiento diferente para esos efectos por mandato constitucional, aunque se ubiquen dentro de la administración pública paraestatal encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, no se trate propiamente de empresas o no persigan fines lucrativos e independientemente de lo que establezcan al respecto otros ordenamientos secundarios. En consecuencia, los conflictos laborales entre dichos organismos y sus trabajadores son competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a la normativa que rige sus relaciones laborales.’
"Por consiguiente, dado que existe jurisprudencia temática que definió dicho aspecto (en la fecha en la que se presentó la demanda laboral de origen –29 de febrero de 2016–), y la aplicación de la misma es obligatoria, como prevé el precepto 217 de la Ley de Amparo en vigor, debe concluirse que la competencia para conocer del conflicto laboral entre el organismo descentralizado enjuiciado y la trabajadora, corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje contendiente, precisamente de acuerdo con lo sustentado por la jurisprudencia de mérito.
"Se considera necesario precisar que este Tribunal Colegiado no desconoce la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el once de noviembre de dos mil dieciséis, de aplicación obligatoria a partir del catorce del citado mes y año, cuyos título, subtítulo y texto son del siguiente tenor:
"‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia indicada, así como todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los «Estados y sus trabajadores» se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto «Estado» como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.’
"Conforme a dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, abandonó la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.), citada en párrafos anteriores, en la que se establece que los conflictos laborales entre los organismos descentralizados y sus trabajadores son competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a la normativa que rige sus relaciones laborales.
"En efecto, en una nueva reflexión, la mencionada Sala del Alto Tribunal establece que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los ‘Estados y sus trabajadores’ se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto ‘Estado’ como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad; y que por ello, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.
"Sin embargo, se estima que en el caso a estudio no es dable la aplicación del citado criterio, pues hacerlo sería en contra de lo dispuesto por el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente.
"En efecto, el mencionado artículo 217 establece:
"‘... La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna ...’
"Conforme al principio de irretroactividad que tutela el precepto legal antes transcrito, la jurisprudencia produce un efecto retroactivo cuando, al inicio de un juicio o procedimiento, existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la promoción, trámite, desarrollo y resolución del asunto y, antes del pronunciamiento de la resolución correspondiente, se emite un diverso criterio que supera, modifica o abandona esa jurisprudencia primigenia, impactando de manera directa, con la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, la seguridad jurídica de los justiciables.
"Ahora bien, en la especie, la demanda laboral de origen fue presentada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, según se advierte del sello correspondiente, previamente digitalizado.
"Ciertamente, la demanda se presentó cuando se encontraba en vigor la jurisprudencia 2a./J.180/2012 (10a.), de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’; por tanto, dicho criterio es el que resulta aplicable; no obstante que haya sido abandonado por la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de aplicación obligatoria a partir del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].’; porque de aplicarse esta última, se estaría dando efecto retroactivo y se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica de las partes.
"Tampoco es óbice a lo anterior, la tesis aislada 2a. XXXIII/2016 (10a.), de título, subtítulo y texto similares a la jurisprudencia transcrita con antelación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el mes de junio de 2016, que invocó la Junta al declarar competente el incidente de competencia planteado, en virtud de que, como ya se tiene dicho, la demanda laboral se presentó el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, esto es, anterior a la fecha en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) y, por ende, al aplicarse en el presente asunto, como ya se dijo, es darle efectos retroactivos.
"Cabe invocar como apoyo y en lo conducente, la jurisprudencia II.1o.T. J/1 (10a.), de este órgano colegiado, visible en la página 1642, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:
"‘IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RESOLVER LO HACE CON BASE EN UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE LE ERA OBLIGATORIO Y, POSTERIORMENTE, ÉSTE SE MODIFICA O SUSTITUYE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN AMPARO DIRECTO, NO PUEDE APLICAR RETROACTIVAMENTE EL NUEVO CRITERIO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.». Dicha hipótesis no puede interpretarse de la misma forma que el principio de irretroactividad de las leyes, porque ello se traduciría en que ninguna jurisprudencia pudiera aplicarse a situaciones de hecho anteriores a su creación, lo que reñiría con su naturaleza que es el interpretar o suplir la laguna de la ley a partir del examen de constitucionalidad de un caso concreto pretérito, y cuya finalidad es que se observe tanto para los supuestos de hecho ocurridos antes como después de su surgimiento. Luego, la prohibición de que la jurisprudencia no se aplique en perjuicio de persona alguna, debe entenderse, tratándose del juicio de amparo directo, dirigida a los Tribunales Colegiados de Circuito que, al resolver los juicios de amparo, se les presenta la siguiente problemática: La autoridad responsable ha resuelto conforme a una jurisprudencia, que al momento de fallar le resultaba obligatoria a ella y al Tribunal Colegiado de Circuito que eventualmente conocería del amparo directo; empero, en el posterior momento en que el segundo tiene que resolver, dicha jurisprudencia fue modificada o sustituida, y conforme a ella, el acto reclamado sería inconstitucional, a pesar de que la norma interpretada por ambas jurisprudencias siguiere siendo la misma. Se presenta así lo que pudiéramos denominar un conflicto de jurisprudencias en el tiempo y surge la interrogante de ¿cuál de ellas habrá de aplicar el Tribunal Colegiado para resolver el juicio de amparo? En observancia al precepto citado, tendrá que aplicar el primer criterio jurisprudencial, porque si al momento en que la autoridad responsable lo aplicó, era obligatorio tanto para ella como para dicho Tribunal Colegiado, las partes adquirieron la certeza jurídica de que, ordinariamente, no había posibilidad de que la constitucionalidad de ese fallo, al menos en esa época, pudiere ser examinada sino a la luz de ese primer criterio. Por consiguiente, aplicar el segundo criterio jurisprudencial atenta contra esa certeza e infringiría la garantía de seguridad jurídica, que es lo que la prohibición citada busca evitar. Por el contrario, si al decidir la responsable: 1) no existe criterio jurisprudencial alguno que la constriña a resolver en determinado sentido; o, 2) existiendo, no obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que eventualmente habrá de fallar el amparo directo, sino que la jurisprudencia que sí obliga a éste surge hasta que debe resolver; entonces al aplicarlo no desacata la prohibición de no aplicar la jurisprudencia retroactiva en perjuicio de persona alguna.’
"Las consideraciones expuestas llevan a este órgano colegiado a determinar que la competencia se surte a favor de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con residencia en esta ciudad ..."
CUARTO.—Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, al resolver los diversos conflictos competenciales, todos ellos por mayoría de votos, CC. 59/2017, CC. 60/2017, 64/2017, 67/2017, 69/2017 y 73/2017, suscitados entre diversas Juntas Locales del Valle de Toluca, con residencia en esta ciudad y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia también en esta ciudad, resolvió:
a) En el conflicto competencial 59/2017, apoyó en lo que interesa, en las siguientes consideraciones:
"... SEGUNDO.—Este Tribunal Colegiado de Circuito estima necesario mencionar, a fin de resolver el conflicto competencial de que se trata, que en las jurisprudencias 2a./J. 130/2016 (10a.) y 2a./J. 131/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó los criterios sustentados en diversas tesis de jurisprudencia, relativas a que la competencia para resolver los conflictos entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
"La Segunda Sala del Alto Tribunal Nacional se apartó del criterio general sostenido anteriormente, pues consideró que las entidades federativas están facultadas constitucionalmente para regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, incluso de manera mixta, sin estar obligadas a sujetarse a uno de ellos en especial, por lo que si el legislador secundario dispone normativamente que los vínculos entre los organismos descentralizados y sus trabajadores deben regirse por el apartado B del precepto constitucional mencionado y, en consecuencia, por la legislación burocrática local, ello no es transgresor de la Carta Magna.
"Sustenta lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 130/2016 (10a.) y 2a./J. 131/2016 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Libro 36, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de noviembre de dos mil dieciséis, materia constitucional y laboral, Décima Época, que respectivamente establecen:
"‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los «Estados y sus trabajadores» se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto «Estado» como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28114-bc56a15f/retroactividad-el-ultimo-parrafo-del-articulo-217-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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