EJECUCIÓN DE LAUDO. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ SOLICITADA POR EL INTERESADO ES INNECESARIO SU IMPULSO EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ASÍ COMO EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 28 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO (QUIEN EJERCIÓ SU VOTO DE CALIDAD) Y JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. DISIDENTES: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO Y FERNANDO COTERO BERNAL. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como al artículo primero transitorio del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y su anexo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el catorce y veintiuno de junio de dos mil trece.
SEGUNDO.-La denuncia versa sobre una posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito. Esto es, se trata de una posible contradicción suscitada entre Tribunales Colegiados de este circuito, por lo que su resolución corresponde a este Pleno de Circuito, conformado por los presidentes de los Tribunales Colegiados de este Tercer Circuito.
TERCERO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, si tomamos en cuenta que fue interpuesta por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción. Por tanto, se actualizó formalmente el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
CUARTO.-El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, de conformidad con lo siguiente:
En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.
De diversos criterios sentados por el Alto Tribunal se derivan las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
• No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento las jurisprudencias: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)
• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
• Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
• Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
• Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
QUINTO.-Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
1. En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 87/2013, analizó un asunto con las características siguientes:
En la demanda de amparo, ********** reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la falta de proveído al escrito presentado ante la responsable el veintiuno de septiembre de dos mil doce (omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, requerimiento de pago y, en su caso, embargo), así como el cumplimiento de los plazos y términos, con base en los artículos 17 constitucional, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 945 al 950 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.
El referido Tribunal Colegiado dictó la sentencia correspondiente, en sesión de veinte de junio de dos mil trece, que a la letra dice:
"QUINTO.-Los agravios son fundados pero inoperantes por inatendibles. Son fundados los motivos de inconformidad en los que, en esencia, se cuestiona la omisión de analizar los actos subsecuentes al dictado del proveído, cuya omisión se reclamó y su notificación, consistentes en la ejecución forzosa del laudo, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales; pues la sentencia de amparo debió ocuparse de ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo abrogada. Empero, aun cuando se aprecia que se omitió resolver sobre la concesión del amparo respecto de dichos actos, tales argumentos devienen inatendibles por inoperantes, habida cuenta que el juicio de amparo es improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, pues se trata de actos futuros e inciertos, pues no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución del laudo, en los términos que indican los artículos 142 y 143, relacionados con el 141, ambos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como aplicados supletoriamente, en términos del numeral 10 de dicha ley, los diversos numerales 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Es así, dado que sobre dicho tema ya se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, de la que derivaron las jurisprudencias identificadas con las claves 2a./J. 15/2011 y 2a./J. 16/2011, respectivamente, publicadas en las páginas 2771 y 2772 del Libro III, Tomo 4, correspondiente a diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, similarmente, dicen: ‘EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.’ [se transcribe texto] y ‘PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.’ [se transcribe texto].-Pues precisamente la inoperancia de los motivos de inconformidad deriva de que esas jurisprudencias resultan aplicables en lo conducente y de manera supletoria, a lo establecido en los numerales 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de observancia obligatoria, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo abrogada, para resolver sobre los alcances del fallo protector con relación a los actos relativos a la fase de ejecución del laudo. Habida cuenta que con la aplicación de las jurisprudencias transcritas, queda definido en forma integral lo relativo a la procedencia del juicio de amparo, respecto de los actos destacados consistentes en la ejecución del laudo, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales. En lo conducente, cobra aplicación, por las razones que le informan, la tesis XVII.1o.5 K, que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 724 del Tomo XII, correspondiente a septiembre de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA.’ [transcribe texto]. Sin que pase inadvertido que, en apoyo a lo esgrimido en los agravios, entre otras, se invocan las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con las claves 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007, que derivaron de la contradicción de tesis 216/2006-SS, tituladas: ‘AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.’ y ‘SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.’, toda vez que son inaplicables a la etapa de ejecución del laudo. Ello, en razón de que del estudio del texto de esos criterios se pone de manifiesto que están relacionados con un supuesto jurídico diferente al que ahora se analiza, pues se establecieron al dilucidar lo relacionado con la prosecución del juicio laboral hasta su resolución; en tanto que los autos relacionados se ubican en la fase de ejecución del laudo; etapa en la que también debe respetarse el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, pues ello está supeditado a que se gestione lo conducente, en términos de lo dispuesto en el numeral 142 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En efecto, conforme lo dispone el numeral 142 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo; por ende, aun cuando el artículo 141 de dicho ordenamiento legal prevé que el presidente del tribunal correspondiente debe dictar las medidas necesarias para tramitarlo, es inconcuso que no es una fase en que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, dado que es necesaria la intervención del accionante, entre otros, para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial; máxime que dentro de ella se generarán los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, por señalar algunos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. En ese contexto, queda en claro que, al reclamarse de forma genérica la omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, es improcedente el juicio de amparo, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada. Por consiguiente, conforme lo dispone la fracción IV del numeral 74 de dicho ordenamiento legal, procede sobreseer respecto de esos actos futuros y jurídicamente inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta; dado que se puso en relieve que la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante conforme lo prevé el artículo 142 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor. En tanto que, con relación al acto u omisión en concreto consistente en la falta de acuerdo y su notificación a las partes, los alcances de la concesión de la protección federal deben constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa, en lo que trasciende, a la notificación del proveído respectivo; sin que se abarquen futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del accionante, es factible que no llegaran a materializarse. Conviene destacar que sobre los aspectos relacionados con las jurisprudencias identificadas con las claves 2a./J. 15/2011 y 2a./J. 16/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, publicadas en las páginas 2771 y 2772 del Libro III, Tomo 4, correspondiente a diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: ‘EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.’ y ‘PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.’, así como respecto de la supletoriedad del procedimiento de ejecución del laudo, previsto en la Ley Federal del Trabajo a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación a determinar que es necesaria la intervención del ejecutante, como lo dispone el numeral 142 de la ley mencionada en segundo orden; existen criterios que pudieran ser contradictorios con el que aquí se sostiene, que fueron sustentados al resolverse los amparos en revisión: 242/2012, relativo al cuaderno auxiliar 673/2012; 248/2012, relativo al cuaderno auxiliar 779/2012; 293/2012, relativo al cuaderno auxiliar 893/2012; y, 341/2012, relativo al cuaderno auxiliar 1012/2012, todos del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, respectivamente, en sesiones de cuatro y veintidós de octubre, y ocho de noviembre, todos de dos mil doce, y once de enero de dos mil trece; así como por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el diverso amparo en revisión 54/2012; quienes, similarmente, emitieron las tesis cuyos datos de publicación, contenido y precedente enseguida se insertan: ‘Décima Época. Registro: 2003117. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, materia laboral, tesis III.3o. (III Región) 11 L (10a.), página 2057.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE JALISCO. SU INICIO Y PROSECUCIÓN DEBEN AJUSTARSE A LO PREVISTO POR LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHA ENTIDAD, SIN QUE AL RESPECTO PROCEDA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ [se reproducen texto y precedentes]. ‘Décima Época. Registro: 2002786. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, materia laboral, tesis III.3o.T.13 L (10a.), página 1358.-‘EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE JALISCO. UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, ES INNECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA LA PROSECUCIÓN DE SUS DIVERSAS ETAPAS HASTA SU CONCLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ [texto transcrito y precedente]. Por esas razones, se considera procedente denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis, conforme a lo previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo abrogada. ..."
A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, en los juicios de amparos en revisión 242/2012, relativo al cuaderno auxiliar 673/2012; 248/2012, cuaderno auxiliar 779/2012; 293/2012, cuaderno auxiliar 893/2012, y 341/2012, relativo al cuaderno auxiliar 1012/2012, presentó los siguientes antecedentes:
El amparo en revisión 242/2012, cuaderno auxiliar 673/2012, presentó los siguientes antecedentes:
En la demanda de amparo la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra el proveído emitido por la autoridad responsable en los autos del juicio laboral **********, en el que determinó que es improcedente decretar el embargo de bienes de la entidad demandada (Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalisco), así como, se dé cumplimiento a los plazos y términos previstos en los artículos 17 constitucional, 10, 142 y 143 de la ley burocrática estatal y 685, 771, 838 y del 945 al 950 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria.
En la ejecutoria relativa se sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-Estudio. Los agravios propuestos son, en una parte inoperantes y, en otra, fundados. En principio, este Tribunal Colegiado estima que deben desestimarse los argumentos en los cuales la parte recurrente alega que las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito, al sobreseer el primer acto reclamado en el juicio de amparo, es violatorio de garantías. Es así, porque los Jueces de Distrito, al tener como encargo el control constitucional, no pueden cometer violaciones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados al dictar una sentencia en el amparo indirecto ante ellos interpuesto, ya que esa violación sólo podría generarse, en su caso, cuando una autoridad emite un acto, orden o resolución que se considera como inconstitucional a través del juicio de amparo; si en la especie, el juzgador federal no está actuando, para los efectos del juicio, con el carácter de autoridad, como lo es en los procesos federales, sino como órgano jurisdiccional resolutor de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados, no incurre en transgresión de garantías individuales; y en lo único en que puede incurrir el órgano jurisdiccional federal sería, en todo caso, en cometer una infracción por inobservancia a la Ley de Amparo. A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 2/97 [transcritos rubro, texto y datos de localización]. Indicó que históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Asimismo, indicó que las garantías son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de México, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Además, señaló que los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. También estableció que aun cuando en contra de las decisiones de los Jueces de Amparo procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso, de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Que, por tanto, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales, al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera, se trataría extralógicamente al juzgador del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Al respecto, se comparte el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la jurisprudencia XIX.2o. J/3, registro 202834, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 250, materia común, de rubro y texto siguientes: ‘JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE LOS.’ [transcrito texto]. Igualmente, se comparte la jurisprudencia X.1o. J/4, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, registro 204732, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 396, materia común, que dice: ‘SENTENCIAS DE LOS JUECES DE DISTRITO. NO SON CONCULCATORIAS DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.’ [texto transcrito]. En cambio, es fundado el argumento en el que la parte recurrente aduce que le causa agravios el sobreseimiento decretado por la Jueza de Amparo auxiliar, en torno al primer acto reclamado, aunque para arribar a esa determinación se supla la queja deficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo y en atención a la jurisprudencia 2a./J. 39/95, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página trescientos treinta y tres, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, materia laboral, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: [transcribe rubro y texto]. Como punto de partida, resulta conveniente precisar que el Juez Federal, al emitir la resolución sujeta a revisión, estimó, por una parte, sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de once de enero de dos mil doce, en el cual, la responsable consideró improcedente decretar el embargo de bienes de la entidad demandada, ya que, a su parecer, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el dispositivo legal 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo y, por otro lado, negó la protección constitucional solicitada en relación al acto combatido relativo a que la autoridad responsable ha estado incumpliendo con los términos y plazos establecidos en los preceptos legales 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 945 a 965 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la legislación burocrática estatal. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, en que el Juez de Distrito basó toralmente la resolución sujeta a revisión, dispone lo siguiente: [transcrito]. De la interpretación, a contrario sensu, del precepto legal transcrito, se obtiene que el juicio de garantías biinstancial será improcedente, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución, cuando éste no sea la última resolución dictada en el periodo de ejecución. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’, estableció que la ‘última resolución’ debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por otro lado, cabe señalar que en torno al tema de la procedencia del juicio amparo indirecto en contra del auto que niega el embargo con motivo del incumplimiento de una sentencia (laudo), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Cuarto, todos del Décimo Segundo Circuito, en sesión de veintidós de junio de dos mil once, estableció lo siguiente: [transcribe ejecutoria]. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.), registro 160866, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, página 810, materias común, que dice: ‘EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR.’ [transcribe texto]. De la transcripción y cita de la jurisprudencia que anteceden, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; asimismo, indicó que en el caso del auto en virtud del cual el Juez natural niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, éste puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminado a obtener dicha ejecución, sino, por el contrario, tiene como propósito impedir su cumplimiento; también señaló que la declaratoria del Juez natural que niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, exige su control constitucional a través del juicio de amparo indirecto, por tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio que obstaculiza la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada. Luego, si el juzgador de amparo, en relación con el acto reclamado, relativo al auto de once de enero de dos mil doce, estimó sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción III, del mismo cuerpo normativo, al sostener que los mismos disponen que la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución, tienen como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente; además, porque de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última resolución que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; agregando que del análisis efectuado a las constancias relativas al expediente **********, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se advertía que la autoridad responsable se encontraba en vías de hacer cumplir el laudo de uno de junio de dos mil once, sin que a la fecha se hubiera dictado resolución alguna en la que se aprobara o reconociera el cumplimiento total del referido laudo o se declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; además, señaló la Jueza de garantías, que advertía que con posterioridad al dictado del acuerdo reclamado, el tribunal responsable continuó realizando gestiones para obtener el cumplimiento del laudo en cita, sin que obrara constancia de que se hubiera dictado la última resolución del procedimiento de ejecución materia del juicio de amparo y en apoyo citó los criterios de los rubros: ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ y ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.’. Es incuestionable que su actuación es contraria a derecho, ya que si bien es cierto que el acto reclamado se dictó en el periodo de ejecución y no se trata de la ‘última resolución’ en la fase ejecutiva del juicio, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, también es verdad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25955-fd7cca65/ejecucion-de-laudo-conforme-a-la-ley-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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