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Modo: Corpus Pro

AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 363/2017. · Registro digital (IUS): 27737
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-04-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Pág. 450.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 363/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 31 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no se está ante un asunto que requiera la intervención del Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-Criterios contendientes. Se estima conveniente transcribir la parte considerativa que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de la contradicción de tesis.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de once de septiembre de dos mil diecisiete, en la parte que interesa, consideró:

"CUARTO.-Los agravios son ineficaces.

"...

"Este tribunal considera que no asiste razón a la inconforme.

"En principio, el análisis a realizar de acuerdo con los agravios formulados y lo sustentado en la resolución recurrida, consiste en establecer si la negativa reclamada al Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, responsable para dar cumplimiento a un laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, liquidado mediante interlocutoria posterior y que derivó de una controversia de carácter laboral, debe considerarse o no un acto de autoridad para los efectos del amparo.

"...

"De la ejecutoria transcrita, se observa que las normas estudiadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron las correspondientes a los Estados de Quintana Roo y Yucatán, cuyos textos -según la ejecutoria transcrita- no prevén el auxilio de las autoridades civiles y militares para la ejecución de los laudos, contra lo indicado por el inconforme.

"Ello, no obstante que en la propia ejecutoria se citó en apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de rubro: ‘LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.’, donde sí se examinó la legislación federal que, entre otras medidas, se consideró que prevé la fuerza pública.

"Ahora bien, la regulación similar para la entidad donde se actúa, se encuentra contenida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en particular a través de sus artículos del 140 al 143, que prevén:

"...

"Como se ve, los artículos del 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos.

"La legislación jalisciense al igual que la legislación burocrática federal y estatales de Quintana Roo y Yucatán, citadas en la ejecutoria referida, contienen normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo.

"En adición a lo anterior, la legislación de Jalisco prevé otras medidas coercitivas para hacer cumplir los laudos en materia burocrática que las estudiadas en la ejecutoria en mención.

"...

"De tal forma, la legislación del Estado de Jalisco, de manera similar a los ordenamientos estudiados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa.

"Por ello, es evidente que, como sostuvo el Alto Tribunal para otras legislaciones, el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite.

"Así, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor.

"En conclusión, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.

"En esos términos, la circunstancia de que no esté previsto el embargo sobre los bienes de las entidades públicas demandadas o de forma expresa el auxilio de la policía civil o militar, no es indicativo para establecer que las normas que regulan la ejecución de los laudos en Jalisco, impide considerar que actúan en una relación de supra a subordinación la quejosa y la autoridad demandada en el procedimiento laboral burocrático, lo cual encuentra apoyo, como se vio, en la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de título y subtítulo: ‘AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’, que como se vio, tiene aplicación en la especie. ..."

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el recurso de queja **********, en sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, sostuvo:

"SEGUNDO.

"...

"Al respecto, es innegable, en principio, que la quejosa señaló como acto reclamado en el juicio de amparo, que el Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco, ha mostrado una conducta contumaz y ha omitido dar cumplimiento integral al laudo dictado en su contra en el juicio de origen; luego, que esa omisión se da dentro del juicio natural y, por ende, es un acto que se atribuye a una de las partes. Se trataría de un ‘no hacer’ del Ayuntamiento, por responsabilidad de quien fuere el directamente obligado, en relación al laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; en ese sentido, el ‘no hacer’ que se reclama, no sería acto de autoridad porque el único que puede actuar como ente dotado de fuerza pública es el tribunal laboral, no el Ayuntamiento o su presidente, en lo individual, quienes están sujetos al imperio y jurisdicción del Tribunal de Arbitraje.

"Dicho de otro modo, por regla general, si el acto reclamado consiste en que el órgano gubernamental que contendió en el procedimiento como parte formal ha omitido cumplir, en ejecución, con la condena que le fue impuesta éste no tiene la calidad de autoridad en el juicio de amparo, pues tal actitud omisiva, deriva de su participación en el procedimiento en un plano de igualdad, en el que no está dotado de aptitud impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada.

"Empero, cabe decir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Décimo Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó que de no darse el cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo precisamente a su naturaleza de órgano de poder, esto es, la situación de poder de la entidad del Estado no deriva de un acuerdo de voluntades en tal sentido, sino de lo dispuesto en una norma legal que parte de un cumplimiento voluntario a las resoluciones judiciales que hace innecesario e inconducente el ejercicio del poder coactivo.

"De manera que la omisión de cumplir con la condena establecida en el laudo, constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, ya que el ente estatal, tiene el carácter de autoridad, por las razones siguientes:

"a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa;

"b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal;

"c) El uso indebido de ese beneficio, implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y,

"d) La actitud contumaz de la autoridad, coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En consecuencia, el incumplimiento al laudo condenatorio por parte de las dependencias de la administración pública podría considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo deriva de una resolución dictada en un juicio en el que intervino en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, lo cierto es que no será materia del juicio de amparo ninguna cuestión que fue materia de la litis en el juicio de origen, en el que las partes, en una relación de coordinación, sujetaron su controversia al imperio del órgano jurisdiccional, ni la eventual transgresión a los derechos fundamentales que en la resolución del conflicto pudieran estimarse transgredidos, sino exclusivamente el incumplimiento y desacato de la condena impuesta en el fallo.

"Así se llegó a sostener en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’ (se transcribe)

"...

"Así es, los artículos 140 al 143, todos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecen:

"...

"De los preceptos legales enunciados se advierte que:

"...

"En efecto, la legislación burocrática del Estado de Jalisco, precisa el procedimiento que deberán seguir los tribunales de trabajo respectivos, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales; en éste sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas, la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo y la obligación de dictar auto de ejecución y de requerir a la demandada el cumplimiento del laudo, incluso, como medida de apremio, la suspensión del cargo de la autoridad condenada, pero no así el embargo.

"Además, el contenido de los anteriores preceptos transcritos, implica que los bienes que integran el patrimonio de los Municipios en el Estado de Jalisco sean inembargables y que, por tanto, no pueda emplearse esa vía de apremio ni dictarse mandamiento de ejecución, mucho menos hacerse efectivas por ejecución forzada, las resoluciones dictadas en contra del patrimonio municipal, por lo que, en todo caso, los Ayuntamientos deberán adoptar las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer sus obligaciones y en tratándose de sentencias que se dicten contra el Ayuntamiento, éstas deberán ser incorporadas en el presupuesto de egresos correspondiente, a efecto de ser cumplidas.

"Así, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, la omisión de cumplir voluntariamente con el laudo ejecutoriado, sí constituiría un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, al surtirse las condiciones para considerar al ente de gobierno como autoridad, insístase, con base en que:

"...

"En ese sentido, se estima, en oposición a lo razonado por el Juez de Distrito, que en la especie, el Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco, sí tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que lo que se le reclamó fue la omisión de cumplir el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático de origen, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

"...

"Del análisis de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 425/2013 y la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), que han quedado reproducidas con antelación, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada los órganos de gobierno o dependencias públicas del Estado de Veracruz, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que la legislación de tal entidad federativa distingue que el patrimonio estatal se compone por bienes del dominio público y bienes del dominio privado, de modo que está proscrito que se realice ejecución sobre los primeros y permitido sobre los segundos, por lo que existe la posibilidad que sea seguido el procedimiento específico para darle ejecución al laudo, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona.

"Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco, tal acatamiento forzoso, mediante el embargo de bienes privados o propios del citado ente municipal no tiene sustento o está permitido, conforme a la legislación estatal, debido a que la legislación burocrática del Estado de Jalisco, precisa el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la entidad, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. En éste, como ya se dijo, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas, la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo y la obligación de dictar auto de ejecución y de requerir a la demandada el cumplimiento del laudo, incluso, como medida de apremio, la suspensión del cargo de la autoridad condenada, pero no el pretendido embargo.

"...

"Así pues, los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos; sin que el silencio del legislador, al no prever dentro de un procedimiento alguna institución, implique llegar al extremo de que, a través de la interpretación, se puedan crear instituciones jurídicas no previstas en las leyes, o que a partir de ello, bajo una interpretación sistemática, se pueda recurrir a otras legislaciones que puedan prever esa posibilidad. ...

"...

"En el caso concreto, si bien en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto en la legislación de Jalisco, sobresale la facultad que se otorga al tribunal burocrático de trabajo para imponer multas, la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo y la obligación de dictar auto de ejecución y de requerir a la demandada el cumplimiento del laudo, incluso, la posibilidad de ordenar la suspensión de la autoridad; no obstante, no se reguló el embargo como medida de apremio para la ejecución forzosa de las determinaciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

"Ahora, el hecho de que el legislador estatal no haya establecido el ‘embargo’, como un mecanismo para ejecutar un laudo emitido en un procedimiento laboral burocrático, no significa que con ese silencio haya restringido su ejecución y, como consecuencia de ello, tratando de garantizar la tutela judicial efectiva en el artículo 17 constitucional, deba sustituir la función legislativa.

"Lo anterior, pues para ello el legislador del Estado de Jalisco, dotó de diversas facultades al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para la ejecución de sus determinaciones, destacando de ambas la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, pudiendo dictar todas las medidas necesarias que sean procedentes; incluso, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite.

"...

"Lo anterior es así, pues aun cuando de conformidad con lo normado en los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el citado tribunal está facultado para dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes y puede despachar auto con efectos de mandamiento en forma y ordenar requerir a la dependencia demandada por el cumplimiento del laudo dentro de los treinta días siguientes al de su notificación; así como también imponer sanciones económicas y en caso de reiterada negativa al cumplimiento puede resolver sobre la suspensión en el cargo de los funcionarios que debieron dar cumplimiento al laudo; sin embargo, esos medios legales son ineficaces para vencer la contumacia en el cumplimiento de los laudos.

"Lo anterior es así, porque aun cuando el tribunal burocrático puede despachar auto con efectos de mandamiento en forma y ordenar requerir a la dependencia demandada por el cumplimiento del laudo dentro de los treinta días siguientes al de su notificación, dicha medida carece de eficacia pues, como se dejó establecido con anterioridad, el embargo de bienes privados o propios del Ayuntamiento demandado no tiene sustento jurídico al no estar permitido por el legislador estatal.

"Luego, respecto de la facultad que tiene el tribunal de arbitraje y escalafón de imponer multas para lograr el cumplimiento de los laudos, en términos de lo normado por el artículo 143 de la ley burocrática laboral, dicha medida también resulta ineficaz, por la precisa razón de que en casos como en el presente, en que el laudo debe ser cumplido por el Ayuntamiento demandado, la multa impuesta deberá ser cubierta por la dependencia o entidad pública que haya sido condenada, de lo cual se colige que la erogación pecuniaria correspondiente al cumplimiento de la sanción deberá sufragarse con cargo al erario público o a la Hacienda Municipal, de ahí que, en realidad, no se sanciona en lo personal al funcionario o funcionarios del Ayuntamiento demandado que incurran en incumplimiento del laudo, sino a la dependencia pública para la cual prestan sus servicios.

"Y por cuanto atañe a la suspensión en el cargo sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron dar cumplimiento al laudo, debe decirse que resulta de igual manera ineficaz dicha medida, porque el tribunal se encuentra limitado para la eficaz aplicación de la sanción correspondiente, cuenta habida que de conformidad con los enunciados normativos que derivan del artículo 143 in fine, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando ‘se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente’; lo anterior patentiza la imposibilidad legal de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por sí, haga efectiva la medida de apremio de que se trata, en aras de lograr el cumplimiento de los laudos.

"Por todo lo antes considerado, se concluye, en oposición a lo razonado en el auto recurrido, que al Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco, sí le es atribuible el carácter de autoridad para efectos del amparo y, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los artículos 1o., fracción (sic) y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, con base en la cual se desechó de plano la demanda de amparo. ..."

CUARTO.-Como cuestión previa debe establecerse si en el caso, efectivamente, existe o no la contradicción de tesis denunciada.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226 de la Ley de Amparo, ha establecido que para la existencia de materia sobre la cual debe hacerse un pronunciamiento, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis ha de prevalecer con carácter de jurisprudencia en un caso determinado de contradicción, debe existir oposición de criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales respecto de una misma situación jurídica.

Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 72/2010, de datos de publicación y rubro, siguientes:

"Novena Época

"Registro: 164120

"Pleno

"Jurisprudencia

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXII, agosto de 2010

"Materia común

"Tesis P./J. 72/2010

"Página 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, consideraron en sus resoluciones respectivas.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja **********.

Antecedentes:

1. **********, promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de dar cumplimiento a un laudo condenatorio.

2. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo por improcedente, pues consideró que la autoridad que se señalaba como responsable carecía de imperio, en virtud de que el incumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en los autos del juicio laboral **********, y que se atribuía al Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, derivaba de un expediente en el que la responsable figuraba como parte demandada, motivo por el cual el incumplimiento de la resolución dictada en el juicio no constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

3. En contra del auto que desechó su demanda de amparo, la quejosa interpuso recurso de queja.

4. Al resolver el recurso de queja, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento sostuvo que el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo:

• Refirió que la legislación jalisciense, contiene normas jurídicas a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y, la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo, y que además prevé otras medidas coercitivas para hacer cumplir los laudos en materia burocrática.

• Que lo anterior es así, porque no sólo prevé la imposición de sanciones pecuniarias, sino diversas, como cuando con una multa no se obtiene el cumplimiento, consistentes en: a) La suspensión en el cargo por un plazo de quince días; b) Repetir la suspensión contra los responsables; c) Ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; y, d) La responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos.

• Estimó que, al contener la legislación del Estado de Jalisco, una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa, era evidente que como lo ha sostenido el Alto Tribunal para otras legislaciones, el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite.

• Que, por lo anterior, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor, y la circunstancia de que no esté previsto el embargo sobre los bienes de las entidades públicas demandadas o de forma expresa el auxilio de la policía civil o militar, no es indicativo para establecer que las normas que regulan la ejecución de los laudos en Jalisco, impide considerar que actúan en una relación de supra a subordinación, la quejosa y la autoridad demandada en el procedimiento laboral burocrático.

• Concluyó, que el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que los artículos del 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos.

• En esos términos, la circunstancia de que no esté previsto el embargo sobre los bienes de las entidades públicas demandadas o de forma expresa el auxilio de la policía civil o militar, no es indicativo para establecer que las normas que regulan la ejecución de los laudos en Jalisco, impiden considerar que actúan en una relación de supra a subordinación la quejosa y la autoridad demandada en el procedimiento laboral burocrático.

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el recurso de queja **********.

Antecedentes:

1. **********, promovió demanda de amparo indirecto, en la que reclamó la negativa del Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco, de dar cumplimiento al laudo condenatorio.

2. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo por improcedente, al considerar que la omisión reclamada no proviene de autoridad para los efectos del amparo.

3. En contra del auto que desechó su demanda de amparo, la quejosa interpuso recurso de queja.

4. Al resolver el recurso de queja, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento estimó que, en oposición a lo razonado por el Juez de Distrito, el Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco, sí tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

El Tribunal Colegiado de Circuito, sostuvo:

• Que si el acto reclamado consiste en que el órgano gubernamental que contendió en el procedimiento como parte formal ha omitido cumplir en ejecución, con la condena que le fue impuesta, éste no tiene la calidad de autoridad en el juicio de amparo, pues tal actitud omisiva deriva de su participación en el procedimiento en un plano de igualdad, en el que no está dotado de aptitud impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada.

• Refirió, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, estableci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27737-fdb5de4f/ayuntamientos-el-incumplimiento-a-un-laudo-pronunciado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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