EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO (QUIEN EMITIÓ VOTO DE CALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41-BIS 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN), FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. DISIDENTES: JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, JAIME RUIZ RUBIO E INOSENCIO DEL PRADO MORALES, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos de este Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad de Mexicali.
TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."
Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 485/2017 (fojas 10 a 35), en lo que interesa (fojas 33 y 34) destacó:
"Cabe señalar que no pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: ‘AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO.’; sin embargo, atendiendo a las particularidades del tema, la misma no se estima aplicable al caso para sobreseer en el juicio.
"Ello, en la medida que la razón por la que el Alto Tribunal estableció que no procedía reconocer a las citadas autoridades el carácter de responsables, se sustenta, entre otras, en la existencia de un procedimiento para ejecutar los laudos, así como la imposición de multas, empero, en la especie se tiene que, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.),(2) donde se abordó el mismo tema aludido por el Máximo Tribunal, el Pleno de este Circuito analizó el contenido del artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, estableciendo dicho Pleno que de tal numeral deriva que la norma legal sitúa a la autoridad en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo, precisamente, a su naturaleza de órgano de poder, ni siquiera a la multa."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 48/2018 (fojas 37 a 46), en lo que interesa:
• Consideró innecesario el análisis de los agravios, porque advirtió de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista por la correlación de los artículos 61, fracción XXIII, y 5o. fracción II, ambos de la Ley de Amparo.
• Aludió que el recurrente, Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, no tenía el carácter de autoridad responsable, sino de un particular, en una auténtica relación de coordinación, porque el acto que se le reclamó tuvo su origen en un juicio laboral burocrático del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California.
• Lo que apoyó en la circunstancia de que sobre ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2017, determinó que los Ayuntamientos, al incumplir con un laudo dictado en un juicio laboral burocrático en el cual fueron parte demandada, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. Resolución de la que surgió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2018,(3) cuyos título, subtítulo y textos se transcriben:
"AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO.—De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales."
• Arguyó que de la citada tesis jurisprudencial, así como de la ejecutoria que le dio origen, se desprende que los Ayuntamientos, al ser parte en un juicio laboral burocrático, se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, el cual se extiende al ámbito de ejecución de los laudos. De tal manera que, si los actos que se reclamaron al entonces recurrente, derivaron del proceso de ejecución de un laudo, era inconcuso que sus omisiones no se podían considerar como actos de autoridad, ya que, como lo determinó la superioridad, en esos casos los Ayuntamientos tienen el carácter de patrón, que figuraron como demandados en un juicio en el cual se encuentran en un plano de coordinación.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:
a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,
b) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(5)
Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis denunciada, puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes sobre un el mismo punto de derecho, consistente en si la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a), es aplicable en los amparos indirectos en los que se reclama la abstención de dar cumplimiento a un laudo en el que la parte condenada es un Ayuntamiento del Estado de Baja California, y se le señala como autoridad responsable.
Lo anterior es así, toda vez que del análisis integral de las resoluciones contendientes, se advierte que en ambos recursos de revisión se impugnó la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó el incumplimiento a un laudo condenatorio dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, contra un Ayuntamiento del Estado de Baja California y señaló a este último como autoridad responsable.
En los dos asuntos se hizo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del acto reclamado al Ayuntamiento señalado como autoridad responsable, y los Tribunales Colegiados se pronunciaron expresamente respecto a si era o no aplicable la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), esto es, al reclamarse la abstención de dar cumplimiento a un laudo en el que la parte condenada es un Ayuntamiento del Estado de Baja California al que se le señaló como autoridad responsable.
Se constata lo anterior, ya que mientras el Primer Colegiado de Circuito determinó que no era aplicable la citada tesis, y decidió confirmar la sentencia recurrida (que en el caso negó la protección constitucional solicitada); el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que sí era aplicable, y revocó la resolución impugnada (que concedió el amparo), para decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado al Ayuntamiento señalado como autoridad responsable.
QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno del Decimoquinto Circuito que se desarrolla a continuación:
El punto jurídico a dilucidar, como se anticipó, es el relativo a determinar si la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), es aplicable a la legislación del Estado de Baja California.
Para dilucidar lo anterior, se parte de la premisa de que el tema contenido en la 2a./J. 34/2018 (10a.),(6) es similar al que fue abordado por este Pleno de Circuito, al emitir la diversa jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.).(7) Para mejor comprensión, se trascribe el contenido de ambas tesis:
"AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales."
"MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en favor de Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, en sus respectivos ámbitos de competencia, en el sentido de que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables, y como consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas las resoluciones por ejecución forzada, no significa que puedan incumplir un laudo o una sentencia contra de su patrimonio en un juicio en el que figuraron como demandados, sino que parte de la base de que la acatarán voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, pues el propio numeral señala que para cumplir los fallos condenatorios, éstos deberán incorporarse en el presupuesto de egresos correspondiente. Por tanto, la omisión de ese cumplimiento voluntario constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que se surten las condiciones establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar al ente municipal como autoridad, en virtud de que: a) Se colocó en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano de la administración pública municipal, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Esa prerrogativa deriva de la ley, pues responde al cumplimiento voluntario del órgano municipal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular, porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó el laudo o sentencia en su favor; y, d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión, ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que manda el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
La simple lectura de las tesis reproducidas torna evidente que contienen criterios discrepantes, ya que la primera, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye de manera genérica que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin.
Importa destacar, que la Segunda Sala del Máximo Tribunal acotó que no era óbice a lo anterior, el hecho de que no se previera el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales.
Mientras, en la diversa tesis PC.XV. J/21 A (10a.), este Pleno del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, de manera particular, interpretó que la omisión de cumplir voluntariamente un laudo condenatorio que pueda afectar el patrimonio de los Municipios y/o Ayuntamientos del Estado de Baja California y sus dependencias en un juicio en el que figuraron como demandados, constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Conclusión a la que se arribó bajo la consideración de que la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en favor de los citados organismos, en el sentido de que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables, y como consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas las resoluciones por ejecución forzada, no significa que puedan incumplir un laudo o una sentencia contra su patrimonio en un juicio en el que figuraron como demandados, sino que parte de la base de que la acatarán voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, pues el propio numeral señala que para cumplir los fallos condenatorios, éstos deberán incorporarse en el presupuesto de egresos correspondiente.
Un punto medular para resolver la presente contradicción de tesis, es la circunstancia de que tanto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como este Pleno del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, llegaron a sus respectivas conclusiones mediante una interpretación de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.).
Otro punto importante, es que fue mediante el análisis de la legislación laboral burocrática del Estado de Jalisco, que la citada Segunda Sala concluyó que el criterio que debía prevaler, era en el mismo sentido del que orientan las jurisprudencias 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.).
Por su parte, este Pleno de Circuito, al analizar la legislación del Estado de Baja California, particularmente lo previsto en el primer párrafo del artículo 85 de la Constitución Local –que se calificó como una excepción al principio de igualdad a favor de los Ayuntamientos, al otorgarles el beneficio de no ser sujetos a medidas de apremio, ni a mandamientos de ejecución, ni a ejecución forzada–, consideró que el criterio orientador a seguir, por analogía, es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011.
Bajo ese contexto, por razón de método debe, en primer término, precisarse que las tres jurisprudencias citadas permanecen vigentes, de tal manera que no puede decirse que la 2a./J. 34/2018 (10a.), resuelva el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis, en la medida que deriva de una interpretación armónica de todas ellas –2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.)–, esto es, no el caso que se haya superado o abandonado alguno de esos criterios.
Diversa cuestión a considerar es que al resolver la contradicción de tesis 363/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la citada jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), de manera temática, puesto que así se advierte de su redacción genérica, además de que así se dispuso en la parte final de la resolución al expresar:
"Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia se formula bajo una redacción temática, es decir, de modo que resulte aplicable no solamente a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco en donde se originó la presente denuncia de contradicción de tesis, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas."
Bajo ese contexto, la materia de la presente contradicción consiste en determinar, si "el tema interpretado", al resolver la contradicción de tesis 363/2017, está presente en las disposiciones correlativas del Estado de Baja California.
Ello, bajo el tamiz de que sólo después de ese análisis puede determinarse, si la jurisprudencia es aplicable –ya sea temáticamente o por analogía–, como lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, o no lo es, como lo concluyó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
Así lo es, puesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableció que el criterio era aplicable para todos los casos en que se reclamara en un amparo indirecto a un Ayuntamiento la inejecución de un laudo en el que figuran como parte demandada, ya que es patente que precisó que ello era únicamente "cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo" a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin.
Lo que se corrobora por la circunstancia de que explicó que ello acontece cuando en la legislación estatal se desarrollan los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, esto es –aclaró–, cuando se establezcan mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, y sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública.
Además, es evidente que no analizó si la legislación de Baja California es similar a la del Estado de Jalisco, puesto que no se pronunció respecto a si en esta entidad el legislador estableció mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, ni consideró la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), así como la resolución de la que derivó, de tal suerte que no se puede considerar agotado el punto jurídico controvertido inherente, a si el tema interpretado está presente en las disposiciones de esta localidad.
Especial relevancia adquiere el hecho de que, precisamente, respecto a si en la legislación local existen mecanismos para garantizar la plena ejecución de los laudos cuando en ellos se condena a un Municipio y/o Ayuntamiento del Estado de Baja California y sus dependencias, al haber figurado como parte demandada en el juicio laboral burocrático, se pronunció este Pleno de Circuito, al resolver la contradicción de tesis 23/2016, en sesión de quince de noviembre de dos mil dieciséis, decisión de la que derivó la precitada jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.).
No obstante, por razón de jerarquía, conforme lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en atención a que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para los Plenos de Circuito, así como para el resto de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, como son los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, etcétera, debe determinarse, si el criterio de este Pleno de Circuito fue superado por la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), o permanece vigente.
Para tal efecto, es pertinente reproducir las consideraciones que sustenta la jurisprudencia la 2a./J. 34/2018 (10a.):
"Ahora bien, toda vez que en los casos resueltos por los tribunales contendientes la autoridad responsable aplicó la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para hacer cumplir el laudo condenatorio en particular a través de sus artículos del 140 al 143, es necesario hacer referencia a ellos y transcribir su contenido:
"‘Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
"‘Capítulo IV
"‘Del procedimiento de ejecución
"‘Artículo 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al tribunal de arbitraje y escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.’
"‘Artículo 141. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes.’
"‘Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal de arbitraje y escalafón, despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiéndola (sic) de que, de no cumplir con dicha resolución, se procederá al uso de los medios de apremio.’
"‘Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara.
"‘Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento.
"‘La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión.
"‘Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan.
"‘Los Magistrados del tribunal de arbitraje y escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros Poderes, niveles de Gobierno o Municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente.’
"Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos.
"También se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo.
"Es decir, la legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor.
"No pasa inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales contendientes en el sentido de que al no estar establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de los Ayuntamientos constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"En relación con lo anterior, esta Segunda Sala considera que si bien es cierto que la legislación estatal en comentario no contempla como medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o laudos condenatorios, tambié
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28147-6d1732d7/ejecucion-de-laudos-en-los-juicios-laborales-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS DISCREPANTES NO EMANEN DEL TRIBUNAL (1a. XVIII/2015 (10a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE SU DENUNCIA CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA PROVIENEN, UNO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y OTR (1a. LXXXVI/2003 )
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