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TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE LES DENOMINA TRABAJADORES "DE CONFIANZA".

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2017. · Registro digital (IUS): 27933
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-07-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCI
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Pág. 1223.

TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE LES DENOMINA TRABAJADORES "DE CONFIANZA".

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, INOSENCIO DEL PRADO MORALES Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. DISIDENTE: FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO. PONENTE: ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. SECRETARIO: LEONEL FERNANDO LLANES ANGULO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—El Pleno de este Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formula el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Baja California, parte quejosa en el juicio de amparo directo laboral 436/2014, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

TERCERO.—A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios en este caso denunciada, debe precisarse que la denuncia de contradicción se presenta en relación con el aspecto siguiente:

Determinar si el artículo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California otorga estabilidad en el empleo a los titulares de sus órganos auxiliares.

No obstante, la probable divergencia de criterios precisada en la denuncia relativa, no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Magistrados integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO.—La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."(1)

Bajo tal marco de referencia, resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

1. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo laboral 84/2013 (cuaderno auxiliar 211/2013), no se ocupó de examinar el laudo reclamado y los conceptos de violación propuestos por la quejosa, ya que advirtió la existencia de una violación formal.

Advirtió que el acto reclamado carecía de la firma del representante de las instituciones descentralizadas de Baja California, sin que se advirtiera la razón por la que se hubiese negado a firmar, ni que el secretario del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, le haya requerido para tal efecto, o en su caso, le haya indicado las responsabilidades en que incurriría en caso de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artículo 845 y 846 de la Ley Federal del Trabajo.

Señaló que los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, están constreñidos a firmar las resoluciones que emiten esos órganos jurisdiccionales, pues de lo contrario tales resoluciones carecen de validez.

En apoyo de sus consideraciones, citó las jurisprudencias «4a./J. 50/93 y 2a./J. 147/2007» de los rubros siguientes: "LAUDO. LA FALTA DE LA FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO." y "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO ... O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA."

2. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo en materia laboral 502/2015, consideró que del contenido de los artículos 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, se deriva que los titulares de los órganos auxiliares del citado poder público, pueden ser removidos libremente por el Consejo de la Judicatura de la propia entidad federativa; sin embargo, la norma aplicable es la citada en segundo término, por ser ley especial.

Señaló que la ley orgánica en cita, en su título undécimo, capítulo tercero, contiene las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, entre las que se destacan las relativas a los nombramientos de los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes.

Sostuvo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California debe considerarse materialmente una ley especial que contiene derechos y obligaciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como del Consejo de la Judicatura, por lo cual, si tanto en ésta, como en la Ley del Servicio Civil, se regula el aspecto relativo a la remoción de los titulares de su órganos auxiliares, la citada en segundo término lo hace de manera general, refiriéndose a la totalidad de los empleados de confianza, los cuales pueden ser removidos libremente; en cambio, el artículo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California establece que la remoción de los citados funcionarios, debe ser por causa justificada y ordenada por el Consejo de la Judicatura.

Agregó, no deja a capricho de sus nuevos integrantes el prescindir de dichos empleados, sino que en cumplimiento a las garantías de audiencia y legalidad, los sujeta a que den a conocer al trabajador las causas por las cuales decidieron removerlo del cargo, fundado y motivando su decisión, norma especial que debe aplicarse preferentemente sobre la Ley del Servicio Civil, por ser la que más favorece a la parte trabajadora, cuenta habida que su nombramiento se emitió con base en las facultades que se le otorga al Consejo de la Judicatura en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, por ende, para removerlo del cargo debe atenderse a esa ley especial, de donde emanó su nombramiento, y que se citó al momento de removerlo.

En otro aspecto, consideró que tal acotación al Consejo de la Judicatura, confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado de Baja California, el derecho de estabilidad en el empleo concebido como la prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta la terminación natural de la relación laboral, salvo que exista causa justificada para ello, por tanto, si el patrón equiparado considera que el trabajador incurrió en alguna causa de rescisión de la relación laboral, deberá llevar a cabo el procedimiento administrativo relativo para su remoción, haciéndole saber los motivos y fundamentos que consideró para arribar a dicha determinación.

Concluyó que, no obstante que el quejoso desempeñaba las funciones de jefe de departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, a pesar de ser empleado de confianza, sí tenía estabilidad en el empleo, el tribunal responsable debió estudiar si las causas aducidas por la patronal estaban justificadas y probadas, con base en el artículo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa.

3. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo en materia laboral 436/2014, promovido por la parte demandada en el juicio natural, consideró que ante el hecho incontrovertido y demostrado que el actor era un empleado de confianza, el tribunal responsable, al emitir el laudo reclamado condenando al patrón equiparado, a la reinstalación del entonces tercero interesado, infringió su esfera jurídica, pues el trabajador sólo goza de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el empleo.

Señaló que, adverso a lo resuelto por la autoridad responsable, para remover al trabajador era innecesaria la tramitación del procedimiento administrativo que prevé el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en virtud de que el mismo sólo se inicia cuando se pretenda imponer cualquiera de las sanciones administrativas en el numeral 132 de la propia ley, pero no cuando se deba remover a los titulares de los órganos auxiliares de dicho Poder Judicial, en razón de que el precepto 168 del propio ordenamiento legal, que hace alusión a las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado, no establece que deba seguirse un procedimiento previo para remover a los referidos titulares.

Agregó, que la remoción del entonces tercero interesado obedeció a la determinación impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en uso de sus facultades soberanas, al no haber realizado el actor las funciones que tenía encomendadas como contralor del Poder Judicial.

Asimismo, que en el supuesto de que fuera ajustada a derecho la determinación del tribunal responsable de que debió instaurarse un procedimiento previo a la remoción del actor, lo cierto es que es un hecho incontrovertido que era trabajador de confianza y, por ello, carecía de acción para demandar su reinstalación, pues por disposición constitucional, sólo goza de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el empleo.

Concluyó, resultó contra derecho que el tribunal de arbitraje responsable condenara al entonces quejoso al reinstalar al actor en el puesto de contralor del Poder Judicial del Estado de Baja California, pues evidente (sic) que por la naturaleza de la categoría de trabajador de confianza que tenía el demandante al momento de ser removido o separado de su encargo, no era dable analizar la existencia de un despido injustificado o no, dado que el trabajador, en el caso, por la calidad antes apuntada no goza del derecho a la estabilidad en el empleo.

En apoyo de sus consideraciones, citó las jurisprudencias de los rubros siguientes:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO)."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES." y

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA."

CUARTO.—Debe declararse inexistente la contradicción de tesis denunciada, únicamente por lo que hace al criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, respecto de los otros órganos contendientes, por los motivos que a continuación se exponen:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico; por ende, para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia:

a) Examinen cuestiones jurídicas sustancialmente similares en un determinado aspecto principal, independientemente de las diferencias existentes en cada caso.

b) Lleguen a conclusiones discrepantes o contrarias sobre un mismo punto de derecho, por lo que toca a ese aspecto principal.

Consecuentemente, existe contradicción de criterios cuando se actualicen esas dos hipótesis. Sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean.

En efecto, la naturaleza de la contradicción de tesis no corresponde a una instancia puesta en manos de los legitimados a denunciarla para que, a través de ella, se canalicen sus pretensiones personales, sino que se erige como un procedimiento abstracto que tiende a lograr el perfeccionamiento de los criterios judiciales generales, la afinación de sus contenidos y el establecimiento de reglas de seguridad jurídica que permitan la predicción de los fallos, esto es, con la contradicción de tesis se busca la uniformidad de los parámetros de decisión jurisdiccional en beneficio de la impartición de justicia; evitándose de ese modo la continuación del estado de incertidumbre, ocasionado por la existencia de dos o más criterios de resolución judicial aplicables a un mismo problema.

Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(2) de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente, únicamente por cuanto hace al criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, puesto «que» se limitó a conceder la protección federal por una violación procesal que ameritó la reposición del procedimiento; es decir, no entró al estudio del tema de controversia en esta contradicción de tesis.

Ello es así, porque se considera que, en el presente caso, no existe la contradicción de tesis denunciada respecto de la postura del aludido órgano colegiado, al no actualizarse el requisito señalado en el inciso b), ya que los tribunales contendientes no llegaron a conclusiones discrepantes o contrarias sobre un mismo punto de derecho, al examinar cuestiones jurídicas sustancialmente similares en un determinado aspecto principal.

En efecto, como se precisó, el punto jurídico divergente en la presente contradicción de tesis consiste en determinar, si el artículo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, otorga estabilidad en el empleo a los titulares de sus órganos auxiliares.

Sin embargo, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo laboral 84/2013 (cuaderno auxiliar 211/2013), advirtió que el acto reclamado carecía de la firma del representante de las instituciones descentralizadas de Baja California, sin que se advirtiera la razón por la que se hubiese negado a firmar, ni que el secretario del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, le haya requerido para tal efecto, o en su caso, le haya indicado las responsabilidades en que incurriría en caso de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 845 y 846 de la Ley Federal del Trabajo.

Señaló que los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, están constreñidos a firmar las resoluciones que emiten esos órganos jurisdiccionales, pues de lo contrario, tales resoluciones carecen de validez.

Lo cual no pugna con los criterios de los otros dos órganos contendientes, en tanto que sostuvieron:

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo en materia laboral 502/2015, consideró que del contenido de los artículos 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, se deriva que los titulares de los órganos auxiliares del citado poder público, pueden ser removidos libremente por el Consejo de la Judicatura de la propia entidad federativa; sin embargo, la norma aplicable es la citada en segundo término, por ser ley especial.

Señaló que la ley orgánica en cita, en su título undécimo, capítulo tercero, contiene las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, entre las que se destacan las relativas a los nombramientos de los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes.

Sostuvo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California debe considerarse materialmente una ley especial que contiene derechos y obligaciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como del Consejo de la Judicatura, por lo cual, si tanto en ésta, como en la Ley del Servicio Civil, se regula el aspecto relativo a la remoción de los titulares de su órganos auxiliares, la citada en segundo término lo hace de manera general, refiriéndose a la totalidad de los empleados de confianza, los cuales pueden ser removidos libremente; en cambio el artículo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California establece que la remoción de los citados funcionarios debe ser por causa justificada y ordenada por el Consejo de la Judicatura.

Agregó, no deja a capricho de sus nuevos integrantes el prescindir de dichos empleados, sino que en cumplimiento a las garantías de audiencia y legalidad, los sujeta a que den a conocer al trabajador las causas por las cuales decidieron removerlo del cargo, fundado y motivando su decisión, norma especial que debe aplicarse preferentemente sobre la Ley del Servicio Civil, por ser la que más favorece a la parte trabajadora, cuenta habida que su nombramiento se emitió con base en las facultades que se le otorga al Consejo de la Judicatura en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, por ende, para removerlo del cargo debe atenderse a esa ley especial, de donde emanó su nombramiento, y que se citó al momento de removerlo.

En otro aspecto, consideró que tal acotación al Consejo de la Judicatura, confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado de Baja California, el derecho de estabilidad en el empleo concebido como la prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta la terminación natural de la relación laboral, salvo que exista causa justificada para ello, por tanto, si el patrón equiparado considera que el trabajador incurrió en alguna causa de rescisión de la relación laboral, deberá llevar a cabo el procedimiento administrativo relativo para su remoción, haciéndole saber los motivos y fundamentos que consideró para arribar a dicha determinación.

Concluyó que, no obstante que el quejoso desempeñaba las funciones de jefe de departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, a pesar de ser empleado de confianza, sí tenía estabilidad en el empleo, el tribunal responsable debió estudiar si las causas aducidas por la patronal estaban justificadas y probadas, con base en el artículo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo en materia laboral 436/2014, promovido por la parte demandada en el juicio natural, consideró que ante el hecho incontrovertido y demostrado que el actor era un empleado de confianza, el tribunal responsable, al emitir el laudo reclamado condenando al patrón equiparado, a la reinstalación del entonces tercero interesado, infringió su esfera jurídica, pues el trabajador sólo goza de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el empleo.

Señaló que, adverso a lo resuelto por la autoridad responsable, para remover al trabajador era innecesaria la tramitación del procedimiento administrativo que prevé el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en virtud de que el mismo sólo se inicia cuando se pretenda imponer cualquiera de las sanciones administrativas en el numeral 132 de la propia ley, pero no cuando se deba remover a los titulares de los órganos auxiliares de dicho Poder Judicial, en razón de que el precepto 168 del propio ordenamiento legal, que hace alusión a las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado, no establece que deba seguirse un procedimiento previo para remover a los referidos titulares.

Agregó, que la remoción del entonces tercero interesado obedeció a la determinación impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en uso de sus facultades soberanas, al no haber realizado el actor las funciones que tenía encomendadas como contralor del Poder Judicial.

Asimismo, que en el supuesto de que fuera ajustada a derecho la determinación del tribunal responsable de que debió instaurarse un procedimiento previo a la remoción del actor, lo cierto es que es un hecho incontrovertido que era trabajador de confianza y, por ello, carecía de acción para demandar su reinstalación, pues por disposición constitucional, sólo goza de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el empleo.

Concluyó, resultó contra derecho que el tribunal de arbitraje responsable condenara al entonces quejoso al (sic) reinstalar al actor en el puesto de contralor del Poder Judicial del Estado de Baja California, pues evidente que (sic) por la naturaleza de la categoría de trabajador de confianza que tenía el demandante al momento de ser removido o separado de su encargo, no era dable analizar la existencia de un despido injustificado o no, dado que el trabajador, en el caso, por la calidad antes apuntada no goza del derecho a la estabilidad en el empleo.

De lo anterior, se sigue que, por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Cole

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27933-fc2ffd61/titulares-de-los-organos-auxiliares-del-poder-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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