JUECES Y SECRETARIOS DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. SU REMOCIÓN NO PUEDE REALIZARSE CONFORME A LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 392/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia laboral, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado Adrián Avendaño Constantino, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, Veracruz que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al dictar sentencia en el amparo directo **********, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, sostuvo esencialmente las siguientes consideraciones:
• El tribunal responsable tuvo por acreditado el carácter de trabajador de confianza del actor, de acuerdo con las funciones que venía desempeñando como secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con fundamento en los artículos 7, fracciones II y III, de la Ley Estatal del Servicio Civil; 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la cláusula tercera de las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Veracruz, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, en el tomo CLXVIII, de treinta y uno de marzo de dos mil tres, en el número 64; y en la manifestación del quejoso de haber sido contratado como trabajador de confianza; razonamientos por los cuales absolvió a la parte patronal de reinstalar al actor. Lo anterior motivó que la responsable no analizara los argumentos que hizo valer el actor, vinculados con la nulidad del oficio **********, por el que se dio por terminada la relación de trabajo.
• El tribunal responsable de manera legal determinó que era trabajador de confianza, pues de acuerdo a lo previsto por los artículos 72 y 73(1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado desempeñó, entre otras funciones, las de dirección, inspección, vigilancia, manejo de valores, planeación y supervisión, que lo ubican en el artículo 7, fracción III,(2) de la Ley Estatal del Servicio Civil.
• Destaca que se actualizó además la hipótesis contenida en la fracción VI(3) del precepto citado en último término, conforme al cual son trabajadores de confianza en los Poderes Legislativo y Judicial, quienes desempeñen las categorías y cargos que con esa clasificación se consigne en el catálogo de empleos respectivo y, en el caso, la cláusula tercera de las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado, dispone expresamente que el secretario de Acuerdos tiene la indicada calidad y, por lo mismo, no estaba sujeto a la aplicación de la ley burocrática local, en cuanto a la estabilidad en el empleo, en términos de la fracción I de su artículo 11.
• Al actor no le asiste el derecho para demandar su reinstalación como tampoco su indemnización constitucional, ni los salarios caídos, habida cuenta que en la Ley Estatal del Servicio Civil no existe disposición que establezca mayores derechos a aquellos de que disfrutan las personas que desempeñan cargos de confianza al servicio del Estado, sino que únicamente pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social, conclusión que es congruente con las jurisprudencias 2a./J. 204/2007 y 2a./J. 205/2007,(4) sustentadas por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, de los siguientes rubros:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL."
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
• Del análisis del artículo 123 constitucional en su apartado B, fracción XIV, se desprende que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, así como que las personas que desempeñen éstos disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
• El derecho a la estabilidad en el empleo y la facultad para demandar el pago de los salarios caídos, resulta inaplicable a los trabajadores de confianza, ya que única y exclusivamente son destinatarios de las medidas de protección al salario y de seguridad social, en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional.
• No desconoce que el oficio ********** de uno de septiembre de dos mil ocho, mediante el cual se dio por terminada su relación de trabajo, fue signado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, quien de conformidad con el artículo 105, fracción II,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tiene la representación legal del aludido órgano administrativo, que decide sobre la remoción de los servidores públicos que lo integran, en términos del numeral 104, fracción VI,(6) del mencionado ordenamiento jurídico. Por ende, no se advierte irregularidad alguna derivada de que el referido funcionario judicial le comunicara al trabajador la terminación del vínculo laboral.
• Igualmente, es infundado que en el caso resulte inaplicable la Ley Estatal del Servicio Civil, pues si bien es cierto que en su artículo 11, fracción I, prevé que: "... quedan excluidos de su aplicación los trabajadores ... de confianza.", no puede perderse de vista que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución General de la República, consigna lo siguiente:
"Artículo 116. ... Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas ... VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias."
Disposición constitucional de la que se colige que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales son reguladas por la ley de la materia (burocrática local) expedida por el Congreso del Estado con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley Fundamental; y con esa base se expidió la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que regula todo lo atinente al vínculo que existe entre las instituciones públicas y sus trabajadores.
Entidades públicas en las que está incluido el Poder Judicial del Estado, tal como lo reconoció el propio legislador ordinario al disponer en el artículo 1o., primer párrafo, del citado cuerpo normativo que: " La presente ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los municipios, así como los organismos descentralizados del Estado o municipales y las empresas de participación estatal o municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará entidades públicas, y los trabajadores a su servicio."
Lo que pone de relieve que la Ley Estatal del Servicio Civil sí es aplicable a los trabajadores de confianza de las entidades públicas, y que la exclusión a que alude la tantas veces citada fracción I de su artículo 11, debe entenderse en el sentido de que no son destinatarios del derecho a la estabilidad en el empleo establecido en ese ordenamiento.
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en lo conducente dijo:
• En principio debe establecerse, si la situación relativa a si los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado de Baja California pueden ser removidos libremente por los funcionarios del Consejo de la Judicatura del Estado, se encuentra regulada por dos ordenamientos legales.
• El artículo 168, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que establece que son atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado, autorizar el nombramiento de los empleados de la administración de justicia y acordar la designación de dos consejeros de la Judicatura para integrar la Comisión de Administración del Tribunal de Justicia Electoral.
• El artículo 168, fracción XV, de la misma establece que son atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado el nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes y formular denuncia o querella en los casos en que proceda.
• El artículo 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en el párrafo tercero de su fracción I, dispone que: "Los funcionarios de las dependencias y de las instituciones públicas nombrarán y removerán libremente a los trabajadores de confianza."
• La situación relativa a si los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado de Baja California pueden ser removidos libremente por los funcionarios del Consejo de la Judicatura del Estado, efectivamente se encuentra regulado por los dos ordenamientos legales, esto es, por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, teniendo esta última el carácter de norma general, pues del contenido de su artículo 1, se advierte que expresamente dispone que: La presente ley es de observancia general para las actividades, funcionarios y trabajadores integrantes de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Baja California; sin embargo, frente a ésta, también se encuentra la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que de manera específica determina que los funcionarios del Poder Judicial del Estado, se rigen por lo dispuesto en esa ley y, por ende, tiene el carácter de ley especial para todo lo concerniente a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de Baja California, así como para los empleados del Consejo de la Judicatura del Estado, pues así se refiere en el artículo 1, que dice: corresponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de Baja California, dentro de los términos que establecen la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado, la facultad de aplicar las leyes en los asuntos civiles, penales y familiares, que sean de su conocimiento, así como los casos en que las demás leyes les conceda jurisdicción.
• Atento a lo anterior, fue ilegal que la responsable estableciera que resultaba inoperante la aplicación de una ley de naturaleza administrativa, pues por una parte, en esa ley administrativa se contienen las facultades y obligaciones tanto del Consejo de la Judicatura del Estado, como del director del Instituto de la Judicatura del Estado, de tal manera que aun cuando desde el punto de vista formal la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California es una ley administrativa, debe entenderse que las normas de carácter estrictamente laboral que en ella se contienen deben ser consideradas materialmente, como normas específicas de carácter laboral.
• La ley orgánica en los artículos 13 al 16 regula los perfiles que se requieren para desempeñar un cargo o empleo en el Poder Judicial del Estado, el derecho a la jubilación y retiro del personal judicial y administrativo; en los artículos 104 a 110 establece el derecho de los servidores del Poder Judicial al otorgamiento y disfrute de licencias para separarse de sus labores; en los artículos 111 al 114, el derecho a disfrutar periodos vacacionales a los trabajadores al servicio del Poder Judicial; disposiciones todas ellas que en su conjunto reflejan que la Ley Orgánica del Poder Judicial debe considerarse desde el punto de vista material, como una ley especial en que se contienen los derechos y obligaciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como del Consejo de la Judicatura.
• En las dos leyes se regula la situación relativa a la remoción de los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, sólo que la Ley del Servicio Civil lo hace de manera general refiriéndose a la totalidad de los empleados de confianza, los cuales dispone, pueden ser removidos libremente; en cambio, la ley orgánica en forma específica, supedita la facultad del Consejo de la Judicatura del Estado, de remover a los titulares de los órganos auxiliares a que exista causa justificada para hacerlo, esto es, no deja al arbitrio, capricho o a la circunstancia del cambio de sus integrantes, el prescindir de los servicios de esos empleados, sino que en cumplimiento a las garantías de audiencia y legalidad los sujeta a que den a conocer al trabajador las causas por las que decidieron removerlo del cargo, fundando y motivando su decisión, norma especial que debe aplicarse preferentemente sobre la general, que en el caso, lo es la Ley del Servicio Civil, además, por ser la que más favorece a la parte trabajadora, máxime si el nombramiento le fue conferido con apoyo a las facultades que se le otorgan para ello al Consejo de la Judicatura del Estado, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, por ende, para removerlo del cargo debe atenderse a esa ley especial de donde emanó su nombramiento, y con base en ello concluir que la separación de su cargo fue injustificada.
• El escrito en que se le comunica la remoción del cargo, no hace de su conocimiento las causas que motivaron su separación, sino que se limitaron a comunicarle que con fundamento en las facultades que le confería el artículo 51, fracción I, de la Ley del Servicio Civil, quedaba separado del cargo, legislación que no es aplicable al caso por existir una norma especial que establece un mecanismo diverso al utilizado por la demandada en el que la sujeta a observar las garantías de audiencia y legalidad.
QUINTO. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en el amparo en revisión **********, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente:
• Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad del quejoso tendientes a combatir que el acto reclamado es violatorio de garantías, porque se contravienen los principios de exacta aplicación de la ley y de especialidad de la norma, ya que al sancionarlo con la terminación de la relación laboral, no puede invocarse una disposición legal que no sea la aplicable en el caso, como lo es la Ley Estatal del Servicio Civil, por derivar de actos materialmente administrativos que se rigieron en su momento por dichos dispositivos y que el acta de visita como causa generadora del procedimiento ilegal, resulta insuficiente.
• Tomando en consideración que el acto reclamado versa sobre la terminación de la relación laboral impuesta a un trabajador de confianza del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en su calidad de Juez de primera instancia, debe determinarse la legislación aplicable en el caso concreto, pues el quejoso se duele precisamente de la inexacta aplicación de la ley, aduciendo que la que debió aplicarse fue la Ley Orgánica del Poder Judicial citado y no como se aplicó por parte de las autoridades, la Ley del Servicio Civil del Estado de Veracruz.
• De los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se faculta a los Poderes Revisores de las Constituciones Locales para determinar el carácter de servidores públicos, así como la responsabilidad en que incurran quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en los Estados o Municipios, así como los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en su desempeño por los que se aplicarán sanciones administrativas.
• De los artículos 55, 56, 62, 76 y 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se desprende que el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz:
- Es el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Estatal, con excepción del Tribunal Superior de Justicia.
- Entre sus facultades se encuentran: nombrar y remover, con excepción de los Magistrados, a los Jueces, defensores de oficio y demás servidores públicos del Poder Judicial; conceder licencias y resolver sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la ley.
- La legislación (Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz) determinará las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades encargadas de aplicarlas.
- Lineamientos que tanto para el Poder Judicial como para el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, se encuentran contenidos en la Ley Orgánica correspondiente en sus artículos 1, 2, 38, 40, 43, 44, 100, 104, 105 y 110.
• En relación con lo anteriormente mencionado se advierte lo siguiente:
- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que el Poder Judicial Estatal se deposita en los Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje, así como en los Juzgados de Primera Instancia, Menores, Municipales, de Comunidad y en la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores.
- El presidente del Tribunal Superior tiene la función de representar al Consejo de la Judicatura.
• Del capítulo denominado "De las responsabilidades" de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, en los artículos 133 y 136 a 143, se destaca que el Consejo de la Judicatura es un órgano autónomo que con excepción del Tribunal Superior de Justicia, es el encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con facultades para investigar y determinar la responsabilidad y sanciones de los servidores públicos que con motivo de las irregularidades que se detecten, hagan de su conocimiento.
• Y respecto de los servidores públicos del Poder Judicial, destaca lo siguiente:
- Serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impongan la citada ley orgánica y las demás leyes del Estado, conforme a los supuestos y consecuencias previstos en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
- Tratándose de responsabilidad administrativa, se prevén las hipótesis en que los Magistrados, Jueces, secretarios y empleados del Poder Judicial incurrirán en ella, además de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado.
- Se establece el procedimiento que ha de seguirse con motivo de la comisión de faltas imputables a los servidores públicos del Poder Judicial.
- Además de las causas de responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los Magistrados y Jueces, los secretarios y empleados del Poder Judicial a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, particularmente en los artículos 136 y 137 de la ley orgánica en cita se agregan las hipótesis que se establecen en los citados numerales.
• Las atribuciones referidas al Consejo de la Judicatura se complementan con las disposiciones de su reglamento interior.
• Por otra parte, los preceptos 1, 2, 4, 5, 6, 7, fracciones II, III y VI, 11, fracción I y 29, fracción II, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, en el oficio impugnado, sirvieron de sustento a la autoridad responsable presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para dar por terminada la relación laboral por pérdida de la confianza al quejoso, como trabajador de confianza y en su carácter de Juez de primera instancia.
• Conforme a la cláusula tercera, fracción I, inciso 1, de las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Veracruz, los Jueces son trabajadores de confianza.
• De los artículos 15, 16 y 37 a 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, se advierte la clasificación de los trabajadores en las categorías de confianza y de base (artículos 4 y 5), siendo de confianza los que consigne el catálogo de empleos respectivo (artículo 7); que quedan excluidos de la aplicación de dicha ley (artículo 11) y que el nombramiento deberá ser expedido por el titular o responsable de la entidad pública o por el funcionario facultado para tal efecto (artículo 16).
• El capítulo II de la Ley Estatal del Servicio Civil establece las obligaciones de los trabajadores, las causas de la terminación de los efectos del nombramiento, además, el funcionario facultado por el titular de la entidad pública para levantar el acta circunstanciada correspondiente y la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para entre otras cosas, conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores;
• De todo lo anterior, es de tomarse en consideración que las personas que prestan sus servicios para los poderes estatales, tienen una doble personalidad o situación jurídica; es decir, la de servidores públicos y la de (trabajadores) empleados de base o de confianza.
• En el primer caso, tratándose de la personalidad de servidores públicos, éstos pueden incurrir en responsabilidades administrativas y ser sancionados por el Consejo de la Judicatura, con base en lo dispuesto en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 de la Constitución Local y 137 a 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; siendo esta relación de supra a subordinación, en que el Poder Judicial actúa como gobernante, de manera unilateral, en que las sanciones que impone al servidor público no requieren la intervención de un tribunal, porque se derivan de la fuerza pública que tiene el Estado, que constituye una potestad administrativa.
• En el segundo caso, tratándose de los trabajadores de confianza, el Poder Judicial del Estado puede aplicar sanciones tales como dar por terminada la relación laboral y en ese contexto ese vínculo laboral es una relación jurídica de coordinación entre partes iguales, que permiten la intervención de un tribunal ordinario competente (Tribunal de Conciliación y Arbitraje), para dirimir la controversia generada con la terminación de la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4, 5, 37 y 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
• En el caso del quejoso, como Juez de primera instancia, se actualiza la dualidad de trabajador de confianza-servidor público referidas, pero la sola circunstancia de ser catalogado como trabajador de confianza no es preponderante ni suficiente para que se soslaye el carácter de servidor público con que cuenta y que como tal, su actuar se rige y vigila al tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura y disposiciones aplicables; máxime si la terminación de la relación laboral que se le comunicó y que ahora se reclama, deriva de un acta de visita judicial cuyo procedimiento se encuentra regulado en los citados ordenamientos.
• Las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados, hacen referencia a un acta circunstanciada y a que no existe un instructivo de responsabilidad y que por ello, pretenda ubicar la aplicación del fundamento de la terminación de la relación laboral, en las hipótesis de la Ley del Servicio Civil Estatal y Condiciones Generales de Trabajo transcritas, lo cual es inexacto.
• Haciendo una confrontación de las disposiciones similares y/o divergentes preceptuadas en las diversas leyes, de manera preponderante la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, con la Ley Estatal del Servicio Civil del mismo Estado, se obtiene en lo conducente lo siguiente:
- En cuanto a su observancia: La ley orgánica establece que es general para los Poderes del Estado, mientras que la Ley Estatal del Servicio Civil dispone que es de orden público, de observancia general y tiene por objeto reglamentar las normas constitucionales relativas al Poder Judicial del Estado.
- En cuanto a los nombramientos: La ley orgánica establece que respecto a los Jueces de primera instancia y menores, serán expedidos por el Consejo de la Judicatura; mientras que la Ley Estatal del Servicio Civil, que serán expedidos por el titular o responsable de la entidad pública o por el funcionario facultado para tal efecto.
- Respecto a la terminación de los efectos del nombramiento y/o cese y procedimiento a seguir: La ley orgánica establece que es competencia del Consejo de la Judicatura: nombrar, remover y resolver sobre la adscripción y renuncia de los servidores públicos del Poder Judicial, así como cambiar de adscripción; resolver previa garantía de audiencia, fundando y motivando su resolución sobre las quejas administrativas y sobre los instructivos de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, mediante los procedimientos establecidos en la ley, reglamentos y acuerdos que el propio consejo dicte en materia disciplinaria, con excepción de los Magistrados de los tribunales y del personal del Tribunal Superior de Justicia; controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de los órganos y servidores públicos del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia y practicar visitas a los juzgados y a la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores, así como realizar investigaciones sobre casos concretos; mientras que la Ley Estatal del Servicio Civil, dispone que el titular o responsable de la entidad pública podrá decretar el cese en cualesquiera de los casos establecidos en el artículo 37, previa acta circunstanciada en la que se asentarán con precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado en su caso y la de los testigos que propongan las partes (artículos 38 y 39).
• Lo que hace patente que en general, en el texto de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz no se hace referencia expresa alguna procedimental respecto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
• La ley orgánica, a la luz de los preceptos constitucionales federal y local transcritos, respectivamente, en los artículos 133, 136 y 137, dispone que los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones que dicha ley impone y de las demás leyes del Estado, conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y tratándose de Magistrados, Jueces, secretarios y empleados del Poder Judicial en los supuestos que se mencionan, e incurrirán en responsabilidad administrativa además de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo que implica la estrecha relación que rige en ambos ordenamientos sobre la materia y su prevalencia respecto de la Ley Estatal del Servicio Civil, ésta como ley general y aquéllas (ley orgánica y reglamento interior) como leyes especiales.
• Del marco normativo constitucional y legal anteriormente considerado se concluye, en lo que interesa, lo siguiente:
- La Constitución Estatal, a la luz de la Constitución Federal, establece que el Poder Judicial Estatal se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en los Juzgados que señale la ley orgánica.
- En su capítulo IV denominado "Del Poder Judicial" se hace referencia al Consejo de la Judicatura, como un "órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia".
- Si bien hace referencia a la responsabilidad en que incurrirán los servidores públicos por faltas o delitos en el desempeño de sus funciones, indicando las sanciones administrativas que se aplicarán, deja a las leyes secundarias la determinación de las obligaciones de los servidores públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades encargadas de aplicarlas, pero no por ello, deberá aplicarse al libre arbitrio del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23306-80a936af/jueces-y-secretarios-de-acuerdos-en-funciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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