CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ESA ÍNDOLE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL, SINO SÓLO A LAS DETERMINACIONES DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD SEÑALE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E IMPONGA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, TRANSGREDE LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SÓLO ES COMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, CENTRAL O PARAESTATAL, Y LOS PARTICULARES, PERO NO LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE ÉSTOS Y LOS PODERES LEGISLATIVO O JUDICIAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DE QUE EMITE SUS DETERMINACIONES DOTADO DE PLENA AUTONOMÍA Y JURISDICCIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2006. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de agosto de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Luis Mancillas Ramírez, Ricardo Treviño García, Catarino García Herrera y Carlos Francisco Cisneros Ramos, quienes se ostentaron con el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el primero, y consejeros de dicho consejo, los tres últimos, promovieron controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en la que solicitaron la invalidez del acto que más adelante se señala y emitido por el órgano que a continuación se menciona:
"Órgano demandado. H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, con domicilio en la calle Corpus Christi 2312, Col. Lomas de San Francisco en Monterrey N.L. ..."
"Acto cuya invalidez se demanda: La resolución invasora de esferas de acción de fecha 28 de abril de 2006 notificada por oficios 1572/06 dirigida a los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura y 1573/06 dirigido al presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra del auto de fecha 10 de noviembre del 2005 por el cual se admitió a trámite la demanda presentada por el servidor público Omar Garza Hernández quien por juicio contencioso administrativo combate la resolución dictada en el procedimiento administrativo disciplinario 16/2005 instruido en contra del referido Omar Garza Hernández archivista del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León con residencia en Cadereyta Jiménez N.L., y por cuya resolución se declaró la existencia de responsabilidad administrativa y se impuso una sanción consistente en apercibimiento público remitiendo copia de la resolución a la Contraloría Interna del Gobierno y al coordinador de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado. La demanda dio origen al expediente administrativo 593/05 y contra cuyo acto admisorio se interpuso el recurso de revisión para agotar la vía legalmente prevista para la resolución del conflicto y satisfacer el principio derivado del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sic) y ahora, dicha resolución invasora de esferas de acción fue notificada por los oficios indicados el día 12 de mayo de 2006, dando lugar a la presente controversia constitucional, que se demanda para evitar esa invasión de competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al artículo 116, fracción III, para el Poder Judicial y 116, fracción V, para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya que al sostener la competencia la Sala Superior de lo Contencioso Administrativo, como órgano del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y actuando como órgano originario, con autonomía no respeta la diversa competencia del Poder Judicial, al cual pertenece el Consejo de la Judicatura ..."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
a) En el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León se formó el expediente administrativo 16/2005, instruido de oficio en contra de Omar Garza Hernández, archivista del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar, del Quinto Distrito Judicial, con residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León; y una vez observadas las formalidades esenciales del procedimiento, el seis de septiembre de dos mil cinco, se dictó resolución en la cual se determinó declarar la existencia de responsabilidad administrativa e imponer a dicho trabajador una sanción de apercibimiento público; asimismo, se remitió copia certificada de la resolución, a la Contraloría Interna del Gobierno y al Coordinador de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, para los efectos legales correspondientes.
b) Contra dicha resolución, el servidor público Omar Garza Hernández, presentó demanda en juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde el Magistrado de la Segunda Sala Ordinaria, dictó auto en el que admitió la demanda, corrió traslado y emplazó a los demandados, ordenando formar el expediente 593/2005.
c) Contra el auto admisorio el poder actor interpuso recurso de revisión y expresó agravios, remitiéndose el expediente a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde seguidos los trámites de ley se dictó resolución el veintiocho de abril de dos mil seis, declarando infundados los agravios hechos valer, confirmando el auto admisorio de la demanda en el juicio contencioso administrativo. Dicha resolución fue notificada mediante oficios 1572/06 y 1573/06, recibidos en el Consejo de la Judicatura Local, el doce de mayo de dos mil seis.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
1. Que la resolución impugnada invade la esfera de acción del Consejo de la Judicatura, toda vez que viola lo dispuesto por los artículos 1o., 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén los derechos que le corresponden a los gobernados, mismos que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que establece la propia Constitución; y que los Estados en su régimen interior tienen una forma de gobierno republicana, democrática, representativa, ejerciendo el pueblo su soberanía, por conducto de los órganos de poder establecidos en la Constitución Federal y en la respectiva Constitución Política de Nuevo León.
Que de acuerdo con la denominación del órgano, los actos son formalmente ejecutivos, si los realizan los que dependan del Poder Ejecutivo; formalmente legislativos si son realizados por el Congreso, una u otra de las Cámaras o la Comisión Permanente, o formalmente judiciales, si los realizan los órganos del Poder Judicial.
De lo anterior se deduce que siendo el Consejo de la Judicatura un órgano del Poder Judicial, sus actos desde el punto de vista formal son formalmente judiciales y, desde el punto de vista material, se deben considerar los efectos jurídicos que producen los actos que se realizan; si el acto es generador de situaciones jurídicas generales, tendrá el carácter de materialmente legislativo; si crea situaciones jurídicas particulares sin que exista un conflicto previo entre partes, se está ante un acto materialmente administrativo y cuando el órgano crea una situación jurídica particular existiendo previamente un conflicto entre partes, y la intervención de un tercero imparcial, se está frente al acto materialmente jurisdiccional.
Que del artículo 2o. de la Ley de Justicia Administrativa se desprende que dicho órgano pertenece al Poder Ejecutivo del Estado y que si bien las funciones materialmente jurisdiccionales son las principales, también desarrolla funciones formal y materialmente administrativas, así como formalmente administrativas y materialmente legislativas.
Que el Consejo de la Judicatura, como órgano de administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial, todos los actos que realice son formalmente judiciales y al sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, su labor es formalmente judicial y materialmente administrativa.
Aduce que es indebida e ilegal la consideración que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el sentido de que el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa, al establecer que el tribunal será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones dictados, ordenados, ejecutados o que se pretendan ejecutar por autoridades administrativas, fiscales, o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad. Dicho precepto no hace distinción alguna entre autoridades formalmente administrativas y las materialmente administrativas.
Ello, toda vez que no hay autoridades materialmente administrativas, las autoridades u órganos de poder llevan la denominación del poder al que pertenecen; Ejecutivo, Legislativo o Judicial, uno u otros realizan desde el punto de vista material, atendiendo a las situaciones jurídicas que den origen, actos materialmente legislativos, materialmente administrativos y materialmente jurisdiccionales.
Que además de la lectura de las catorce fracciones del artículo 17 de la Ley de Justicia, puede válidamente concluirse que la competencia del tribunal es para conocer de actos formal y materialmente administrativos.
Así, dicho tribunal no tiene competencia para conocer de actos formalmente legislativos, ni formalmente judiciales, aun cuando tengan el carácter de materialmente administrativos.
Que invade la esfera de acción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al sostener que el servidor público judicial tiene interés jurídico para acudir en demanda ante ese tribunal, no obstante que de la propia tesis que transcribe a fojas seis y siete de la resolución combatida se desprende que el interés jurídico que tiene un servidor público judicial, como en el presente caso, es la de presentar demanda de amparo para impugnar la resolución que recaiga en el procedimiento administrativo disciplinario, si no está previsto un medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al determinar que es competencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer del recurso de inconformidad que proceda en contra de las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura, según reforma contenida en el decreto publicado el veintiuno de junio de dos mil cuatro y que siendo una ley posterior y especial para los servidores públicos judiciales, debe tener aplicación sobre los artículos 30 de la Ley de Justicia Administrativa, publicada en el Periódico Oficial del veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, y 109 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, publicado en el Periódico Oficial el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, que alude al servidor público afectado por una resolución, quien podrá interponer el recurso de revocación a que hace alusión a foja once de la resolución invasora de acción la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Que la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura, para sancionar con apercibimiento público a Omar Garza Hernández, tiene el carácter de acto formalmente judicial, por haber sido realizado por un órgano del Poder Judicial, empero, desde el punto de vista material, tiene la naturaleza de un acto materialmente administrativo, contra el cual no procede el juicio de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es procedente el recurso de inconformidad ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
2. Que se surte una causal de invalidez en contra de la resolución combatida, que a foja dieciséis señala que: "... si bien es cierto que el Consejo de la Judicatura del Estado, tiene vida jurídica dentro del Poder Judicial Estatal, también lo es que su función no es jurisdiccional, sino que su función medular lo es, el hacerse cargo de la administración, vigilancia y disciplina de los funcionarios integrantes del Poder Judicial, ello según se establece en la fracción II del artículo 91 de la ley orgánica ...". Que dicho reconocimiento conlleva a determinar que el Consejo de la Judicatura es un órgano formalmente judicial y que al resolver el expediente administrativo formado con motivo de una queja en contra de un servidor público judicial o de oficio, realiza un acto materialmente administrativo, pero esa resolución encuadra en el supuesto del artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa que establece que el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es improcedente "contra actos legislativos del Congreso, sentencias o resoluciones del Poder Judicial, ..."
En la especie la contienda surgida con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el auto admisorio del juicio de nulidad propuesto por el archivista Omar Garza Hernández, no era para determinar si el acto o resolución impugnada en el juicio principal era materialmente jurisdiccional o no, se controvirtió la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de una resolución del Consejo de la Judicatura como órgano del Poder Judicial.
Señala el actor que es procedente la controversia constitucional para que, a través de ella, esta Suprema Corte de Justicia dirima el conflicto entre el Poder Ejecutivo, a través del contencioso administrativo y el Poder Judicial cuya esfera es invadida al arrogarse el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una atribución que ni la Constitución Federal, ni la Constitución Local, ni la Ley de Justicia Administrativa le conceden, atentando contra la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado y los principios de distribución de competencias y división de poderes que se desprenden de los artículos 40, 41, 105, fracción I, 116, párrafo primero y fracciones III y V, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 27, 30, 46, 63, 81, 82, 85, 94, 95, 97 y relativos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
De igual forma señala que es inexacta la aplicación de las tesis visibles a fojas dieciocho y diecinueve de la resolución impugnada, la primera porque no fija la competencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la segunda por haber sido superada, pues se ha determinado que en virtud de que el Consejo de la Judicatura no es tribunal de legalidad, proceden los recursos ordinarios para impugnar sus decisiones, en el caso de Nuevo León, el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado faculta al Tribunal Superior de Justicia para conocer y resolver el recurso de inconformidad en contra de las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura, debiendo tener aplicación la tesis que aparece con el rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. AL ANALIZAR CAUSAS DE RESPONSABILIDAD NO ES TRIBUNAL DE LEGALIDAD."
3. Que la resolución impugnada viola lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo". Dicho precepto, en su fracción V establece que: "V. Las Constituciones y las leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares ...", de lo que se desprende que la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo se encuentra delimitada a conocer de las controversias entre la administración pública estatal. La cual comprende la administración central, entidades y organismos del sector paraestatal, como lo dispone el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.
Señala que cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conociere y resolviere de actos, aun cuando materialmente administrativos, pero realizados por un órgano legislativo carece de jurisdicción y el juicio contencioso administrativo correspondiente que ante él se siguiera es improcedente, se apoya en la tesis: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE CONFIRMAN SANCIONES IMPUESTAS A UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS."
Agregando que de acuerdo con el principio de especialidad la resolución que impone sanciones a un servidor público judicial como en el caso, admite el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y da competencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Que resulta inaplicable el artículo 109 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, toda vez que de dicho precepto se desprende que la procedencia del recurso de revocación o del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es exclusivamente en relación a las resoluciones o actos que emitan las autoridades administrativas imponiendo sanción a un servidor público de la administración pública centralizada o descentralizada del Estado, pero no a un servidor público, ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial.
Por las mismas razones, resulta inexactamente aplicable la fracción VI del artículo 17 de la ley de justicia, en el que la resolutora se apoya para declarar infundado el agravio que se hizo valer y aducir que su competencia deviene de tal fundamento, ya que en su primer párrafo alude a actos o resoluciones dictados por autoridades administrativas y en la fracción citada, "que determinen responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Estado o de los Municipios ...", que sin duda alguna implica que tanto formal como materialmente el acto sea de naturaleza administrativa mientras que el emitido por el Consejo de la Judicatura, desde el punto de vista formal, orgánico y subjetivo, tiene el carácter de judicial por estar encuadrado dicho órgano dentro de la organización del Poder Judicial del Estado.
Por último, señala que al citar el artículo 30 de la Constitución Política de Nuevo León, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través de la Sala Superior, no distingue entre el Gobierno del Estado, con lo que es la administración pública, por lo que transgrede lo previsto por los artículos 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar el principio de supremacía constitucional que señala.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 105, fracción I, 116, párrafo primero, fracciones III y V, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil seis, el presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 58/2006, y por razón de turno designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de seis de junio de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por presentado haciendo valer la presente controversia constitucional únicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y no así a los tres consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
En el mismo acuerdo reconoció el carácter de demandado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por conducto de la Sala Superior, y ordenó emplazarlo para que formulara su respectiva contestación; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, por conducto de su presidenta, en su respectiva contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:
1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, en relación con el 1o. y el 10, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal administrativo, aun cuando se aleguen cuestiones constitucionales, ya que se ejercerían sobre el órgano jurisdiccional facultades de control jurisdiccional y se haría de esa vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural.
Que la controversia constitucional está reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios y no para someter al control constitucional mecanismos de carácter jurisdiccional.
2. Que además, la materia planteada por la demandante en sus conceptos de invalidez involucra el examen de cuestiones de legalidad impropias de una demanda de controversia constitucional. Apoya lo anterior en las tesis cuyos rubros son: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR CONFLICTOS REFERENTES A LA COMPETENCIA LEGAL O JURISDICCIONAL DE UN TRIBUNAL." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO."
3. Que no existe violación por parte del órgano demandado a lo dispuesto por los artículos 1o., 40 y 41 de la Constitución Federal, ya que entre las garantías consagradas en ese ordenamiento se encuentra la contenida en el artículo 17, que establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia.
Que correlativa al derecho de los individuos a tener acceso a la justicia, existe la obligación del Estado de instituir la administración de justicia como servicio público, de ahí que se justifique la creación e institucionalización de los tribunales y demás organismos de administración e impartición de justicia, tales como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Que por lo que hace a la función jurisdiccional, en materia de justicia administrativa local, la Constitución Federal previene en su artículo 116, fracción V, la posibilidad de que a través de las Constituciones y leyes de los Estados se instituyan Tribunales de lo Contencioso-Administrativo (órganos formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales), dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tiene a su cargo la administración de la justicia especializada en materia administrativa para dirimir las controversias que se susciten entre la "administración pública estatal y los particulares".
Que es inexacto que con el precepto constitucional 116, fracción V, el legislador únicamente haya buscado garantizar la administración e impartición en materia de justicia administrativa, respecto de los órganos formalmente administrativos (los pertenecientes al Poder Ejecutivo). Que atendiendo al propósito del legislador, la expresión "administración pública estatal" a que se refiere el artículo en cuestión, no puede ser interpretada restrictiva y letrísticamente, sino que la acepción "estatal" debe entenderse en función de la totalidad de los órganos que componen el Estado, en tanto su actuación tenga un contenido administrativo.
Que por "administración pública estatal" no debe entenderse que están comprendidos exclusivamente los órganos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, sino en general los comprendidos dentro del ámbito de la entidad federativa, dentro de los que se incluyen las autoridades pertenecientes al Poder Judicial cuando éstas emitan actos de naturaleza o contenido administrativo.
Que de lo anterior se evidencia que es inexacto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León se haya extralimitado en sus funciones de impartición de justicia administrativa, al tomar conocimiento de la controversia suscitada entre el servidor público, en su carácter de gobernado, y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, respecto de la resolución que determinó al primero de éstos la existencia de responsabilidad administrativa y la imposición de una sanción de esta naturaleza en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.
Que de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Nuevo León existe la posibilidad de que las resoluciones que las autoridades emitan en materia de responsabilidad administrativa en los términos de esa ley, puedan impugnarse vía recurso de revocación o por la vía jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Que ningún mecanismo constitucional establecido para velar por la legalidad de los actos de naturaleza administrativa de cualquier autoridad puede estimarse atentatorio a la esfera competencial de cualquier órgano del Estado, primero por el rango constitucional de la institución de defensa del orden jurídico y segundo por su finalidad de restituir al gobernado en el goce de sus derechos violados por un acto administrativo de autoridad.
4. Que no existe violación al artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, que dispone que el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo será improcedente, entre otros casos, contra sentencias o resoluciones del Poder Judicial, ya que dicho precepto no debe interpretarse de manera aislada y literal, sino que debe realizarse una interpretación sistemática de las normas de ese ordenamiento así como de las del orden constitucional.
Que lo anterior es así en mérito a que si bien el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León es un órgano formalmente jurisdiccional, al formar parte de la estructura del Poder Judicial de ese Estado, la resolución emitida con motivo del procedimiento de responsabilidad seguido a Omar Garza Hernández es un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento sí le compete al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad federativa.
Que en efecto, lo expuesto se corrobora en el artículo 17 de la mencionada ley, que al determinar la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo únicamente se refiere a actos o resoluciones dictados, ordenados, ejecutados o que se pretendan ejecutar, por autoridades administrativas, sin hacer distingo entre la naturaleza formal y material de dichos actos.
Que el referido artículo 17, en su fracción XIV, establece que serán competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo "Los demás que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición de otras leyes se consideren como competencia del tribunal ...", de lo que se desprende que dicho órgano es competente para conocer de la legalidad de actos que por su propia naturaleza o por disposición de otras leyes, se consideren como competencia de este tribunal, es decir, resulta competente para conocer de actos materialmente administrativos, pues la propia naturaleza del acto así lo exige, debido a la especialización en materia administrativa del tribunal.
5. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, fracción XLV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1o., 2o. y 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León es un órgano constitucionalmente autónomo; dicha autonomía evita que pueda ser considerado como un órgano jurisdiccional vinculado orgánicamente al Poder Ejecutivo o a cualquier otro de los poderes tradicionales del Estado, lo cual impide el surgimiento de la pretendida invasión de esferas.
Cita la tesis de rubro: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO ES INCOMPETENTE PARA CONOCER EN ESA VÍA, DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, QUE SANCIONA A FUNCIONARIOS JUDICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)." y "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, SU FUNCIÓN ES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO."
SÉPTIMO. El procurador general de la República al emitir su opinión, en síntesis, manifestó:
1. Que se actualiza la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal.
2. Que toda vez que el promovente acreditó su personalidad, tiene legitimación procesal activa en este asunto.
3. Que fue oportuna la presentación del escrito de demanda de controversia constitucional.
4. Que es infundada la causa de improcedencia hecha valer por el órgano demandado, toda vez que si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que las controversias constitucionales no son la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que no todas las resoluciones que emita un órgano jurisdiccional son, por ese solo hecho, inatacables a través de la controversia constitucional.
5. Respecto de los conceptos de invalidez aducidos por el órgano actor señaló:
a) Que en su demanda el actor señaló como preceptos violados en su contra los numerales 1o., 43, 105, fracción I y 124 de la Constitución Federal; sin embargo, no realizó argumentación alguna sobre ellos. No obstante ello, del análisis realizado se advierte que no se actualiza vulneración alguna a dichos artículos, ya que ni siqui
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20456-61cbdb6c/consejo-de-la-judicatura-del-estado-de-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO LEGISLATIVO 373, DE 11 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECHAZÓ LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL T (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO LEGISLATIVO 372, DE 11 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECHAZÓ LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL T (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CUESTIONAR EN ELLA LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISIONADOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES POR (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. CARECE DE ÉSTA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.- (64)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. CARECE DE ÉSTA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (74)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. CARECE DE ÉSTA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (P./J. 45/97)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis