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CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES UNA AUTORIDAD FORMALMENTE JUDICIAL AUN CUANDO SE TRATE DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL Y EJERZA FUNCIONES DE ESA ÍNDOLE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO, EN VIRTUD DE QUE EMITE SUS DETERMINACIONES DOTADO DE PLENA AUTONOMÍA Y JURISDICCIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL, SINO SÓLO A LAS DETERMINACIONES DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD SEÑALE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E IMPONGA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, TRANSGREDE LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SÓLO ES COMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, CENTRAL O PARAESTATAL, Y LOS PARTICULARES, PERO NO LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE ÉSTOS Y LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2006. · Registro digital (IUS): 20700
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 2163.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2006. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de noviembre de dos mil siete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Luis Mancillas Ramírez, Ricardo Treviño García, Catarino García Herrera y Carlos Francisco Cisneros Ramos, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, el primero; y consejeros los tres últimos, promovieron controversia constitucional, en la que señalaron como órgano demandado y actos impugnados los siguientes:

"Órgano demandado: Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, con domicilio en la calle Corpus Christi 2312, colonia Lomas de San Francisco en Monterrey, Nuevo León, y cuya legitimación pasiva, como órgano formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos para resolver los conflictos entre la administración pública centralizada y descentralizada de Nuevo León y los particulares, así como entre la administración pública centralizada y paramunicipal de los Municipios del Estado de Nuevo León y los particulares, de acuerdo con lo que establecen los artículos 40, 41, 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 27, 30, 74, fracción XLV, de la Constitución Política de Nuevo León; 1o., 2o., 5o., 17, 19, 20, fracción I, 89, 90 y relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León."

"Acto cuya invalidez se demanda: La resolución invasora de esferas de acción, dictada el día doce de mayo de dos mil seis, notificada por oficio 1756/06 dirigido al Consejo de la Judicatura, resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra del auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil cinco, por el cual se admitió a trámite la demanda presentada por el servidor público licenciado José Luis Hernández Mata, quien por juicio contencioso administrativo combate la resolución dictada en el procedimiento administrativo disciplinario 50/2004, instruido en contra del referido licenciado José Luis Hernández Mata, en su calidad de Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Galeana, Nuevo León, y por cuya resolución se declaró procedente el procedimiento de responsabilidad administrativa, estimando no aplicar sanción toda vez que desde el día quince de mayo de dos mil cinco, el servidor público judicial terminó su relación laboral mediante renuncia. La demanda dio origen al expediente administrativo 603/2005 y contra cuyo auto admisorio se interpuso el recurso de revisión para agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto y satisfacer el principio derivado del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora, dicha resolución invasora de esferas de acción fue notificada por los oficios indicados el día diecisiete de mayo del dos mil seis, dando lugar a la presente controversia constitucional, que se demanda para evitar esa invasión de competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al artículo 116, fracción III, para el Poder Judicial y 116, fracción V, para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya que al sostener la competencia la Sala Superior de lo Contencioso Administrativo, como órgano del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y actuando como órgano originario, con autonomía, no respeta la diversa competencia del Poder Judicial, al cual pertenece el Consejo de la Judicatura. La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de la Judicatura, son órganos originarios, sin subordinación jerárquica, atendiendo a lo dispuesto por la tesis que aparece bajo el rubro ‘ESTADO MEXICANO ÓRDENES JURÍDICOS QUE LOS INTEGRAN’, dictada en la controversia constitucional 14/2001, promovida por el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y resuelta el siete de julio de dos mil cinco, por unanimidad de votos. Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, ponente Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas y aprobada como tesis jurisprudencial número 136/2005, el 11 de octubre de ese año. Así mismo, se reclaman dentro de esta controversia constitucional las consecuencias de facto y de jure que tanto directa como indirectamente se desprendan de la resolución impugnada."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como preceptos violados los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 105, fracción I, 116, párrafo primero, fracciones III y V, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como conceptos de invalidez, los promoventes argumentaron, en esencia, los siguientes:

1. "La resolución impugnada invade la esfera de acción del Consejo de la Judicatura y viola lo dispuesto por los artículos 1o., 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... al sostener que el servidor público judicial tiene interés jurídico para acudir en demanda ante ese tribunal ... La invasión de esferas, es evidente porque se incurre en un desconocimiento de las reglas de aplicación e interpretación de las normas. En el caso el procedimiento se sigue de acuerdo con las reglas establecidas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios ... y el Consejo de la Judicatura es el competente para incoar el procedimiento administrativo e imponer la sanción respectiva."

2. "La resolución dictada por el Consejo de la Judicatura para declarar procedente el procedimiento administrativo de responsabilidad, ... tiene el carácter de acto formalmente judicial, por haber sido realizado por un órgano del Poder Judicial, empero, desde el punto de vista material tiene la naturaleza de un acto materialmente administrativo contra el cual no procede el juicio de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que contra las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura, es procedente el recurso de inconformidad como expresamente lo dispone el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ... o, en su caso, el juicio de amparo indirecto que debe tramitarse ante un Juzgado de Distrito. ... En consecuencia este concepto de invalidez debe ser declarado fundado para que la resolución de fecha doce de mayo de dos mil seis, dictada en el recurso de revisión dentro del juicio de anulación seguido por José Luis Hernández Mata, en contra del Consejo de la Judicatura, sea declarada inválida por la invasión de la esfera de un órgano del Poder Ejecutivo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la competencia del Poder Judicial."

3. "Igualmente se surte una causal de invalidez en contra de la resolución combatida, pues ... el Consejo de la Judicatura es un órgano formalmente judicial y al resolver el expediente administrativo formado con motivo de una queja en contra de un servidor público judicial o de oficio, realiza un acto materialmente administrativo, pero esa resolución no encuadra en el supuesto del artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa que establece que el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es improcedente ‘contra actos legislativos del Congreso, sentencias o resoluciones del Poder Judicial, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales y agrarias’, máxime cuando el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... limita la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer y dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares y la administración pública del Estado ... y en ella no encuadra ninguna autoridad ‘materialmente administrativa’, ni mucho menos el Consejo de la Judicatura que pertenece al Poder Judicial, cuya esfera de acción deriva de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

4. "Al hablar de sentencias o resoluciones del Poder Judicial, el legislador no hace distinción alguna entre las emitidas por uno u otro de los órganos señalados en las fracciones de la I a la X del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, ni las dictadas por el Consejo de la Judicatura aludido en el párrafo siguiente de la última fracción de las citadas."

5. "En la especie la contienda surgida con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el auto admisorio del juicio de nulidad propuesto por el Juez José Luis Hernández Mata, no era para determinar si el acto o resolución impugnada en el juicio principal era materialmente jurisdiccional o no. Eso no se discutió, se controvirtió la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de una resolución del Consejo de la Judicatura como órgano del Poder Judicial. En esa tesitura, es indudable, que es procedente la controversia constitucional para que, a través de ella la Suprema Corte de Justicia dirima el conflicto entre el Poder Ejecutivo, a través del Contencioso Administrativo y el Poder Judicial."

6. "La jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra delimitada ... porque solamente deberá conocer de las controversias entre la administración pública estatal y los particulares. ... Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conociere y resolviere de actos, aun cuando materialmente administrativos, pero realizados por un órgano legislativo (Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Comisión Permanente, en la Federación; Congreso del Estado, Legislatura, Diputación Permanente, en los Estados) o llevado a cabo por uno de los órganos del Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia; Juzgados, Consejo de la Judicatura) carece de jurisdicción y el juicio contencioso administrativo correspondiente que ante él se siguiera es improcedente y de conocerlo y resolver sería atentar contra la norma constitucional e invadir atribuciones que corresponde a órganos de otro poder. ... De esa manera, de acuerdo con el principio de especialidad la resolución que impone sanciones a un servidor público judicial como en el caso lo fue la dictada el seis de septiembre de dos mil cinco en contra del licenciado José Luis Hernández Mata, declarando la existencia de responsabilidad administrativa ... el Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de jurisdicción, y al actuar y sostener su competencia, invade la esfera de acción del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en especial del Consejo de la Judicatura."

7. "Resulta inaplicable el artículo 109 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que establece; ‘El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a la presente ley, podrá interponer el recurso de revocación establecido en este título o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo’ y la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ... solamente tiene competencia para conocer de resoluciones o actos formal y materialmente administrativos."

TERCERO. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil seis, el presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 57/2006 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Mediante diverso proveído de dos de junio de dos mil seis, el Ministro instructor tuvo por presentado únicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, con la personalidad que ostenta y no así a los consejeros de la Judicatura Estatal, toda vez que la representación del tribunal y del propio consejo, corresponde sólo al primero de los nombrados; estimó pertinente llamar a juicio, al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León; y, reconoció el carácter de demandado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la propia entidad, al atribuírsele los actos reclamados en este asunto. Asimismo, dio vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su interés conviniera y ordenó formar el cuaderno incidental.

Inconforme con dicho proveído, mediante oficio recibido el diecinueve de junio de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, promovió recurso de reclamación en su contra, el cual fue admitido por auto del día veinte de ese mes y año, con el número de registro 187/2006-PL. Previos los trámites legales correspondientes, el dieciocho de agosto del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución, en el sentido de declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto.

CUARTO. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juana María Treviño Torres, en su carácter de presidenta de la Sala Superior y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, contestó la demanda en los siguientes términos:

I. "No existe violación por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, a lo dispuesto por los artículos 1o., 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las garantías consagradas en nuestra Constitución, se encuentra la denominada ‘derecho a la justicia’, contenida en el artículo 17 de la Ley Suprema ... Así, el derecho del individuo de acceso a la jurisdicción se traduce correlativamente en la obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como servicio público ... en armonía con los artículos 40, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha definido un sistema integral de administración e impartición de justicia en cada uno de los niveles de gobierno, cuyos principios rectores se encuentran ... en la propia Constitución Federal ... entre otros casos, se faculta al Congreso de la Unión, a efecto de que expida las leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones (artículo 73, fracción XXIX de la Constitución Federal)."

II. "Es inexacto que únicamente se haya buscado garantizar la administración e impartición en materia de justicia administrativa, respecto de los órganos formalmente administrativos ... pues, en todo caso, dada la génesis de dicho precepto constitucional, la expresión ‘administración pública estatal’ no puede ser interpretada restrictiva y letrísticamente (sic) como lo pretende la demandante, sino que en el particular, la acepción de ‘Estatal’, debe entenderse en función de la totalidad de los órganos que componen el Estado, en tanto su actuación tenga un contenido administrativo, en el caso concreto, el Gobierno Estatal o Local, y excepcionalmente el Municipal, pues es así y sólo así, como se permite la salvaguarda de los derechos constitucionales y legales de los gobernados."

III. "Por esta misma razón, resulta inexacto que ... el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, se haya extralimitado en sus funciones de impartición de justicia administrativa, al tomar conocimiento de la controversia suscitada entre un servidor público, en su carácter de gobernado, y el Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado, respecto de la resolución que determinó al primero de éstos, la existencia de responsabilidad administrativa y la imposición de una sanción de esta naturaleza en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León."

IV. "No se pretende reducir la presente controversia al examen de una mera cuestión de legalidad, sin embargo, siguiendo los planteamientos del órgano actor en la presente controversia, conviene señalar que la función jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se ha venido consolidando y ampliando a casi todas las controversias que el quehacer administrativo suscita, incluyéndose la posibilidad de que las resoluciones que las autoridades emitan en materia de responsabilidad administrativa, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Nuevo León, puedan impugnarse vía recurso de revocación o por la vía jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, acorde a lo dispuesto en el artículo 109 de dicho cuerpo legal."

V. "Es necesario destacar que ningún mecanismo constitucional establecido para velar por la legalidad de los actos de naturaleza administrativa de cualquier autoridad puede estimarse atentatorio a la esfera competencial de cualquier órgano del Estado, en primer lugar, por el rango constitucional de la institución de defensa del orden jurídico y en segundo sitio, por su finalidad de restituir al gobernado en el goce de sus derechos violados por un acto administrativo de autoridad."

VI. "Debo insistir en que no deseo reducir la presente controversia constitucional al examen de una mera cuestión de legalidad, empero siguiendo con la tónica impuesta por el órgano actor en la presente controversia manifiesto que no existe violación a lo dispuesto por el artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León ... Es importante señalar lo expuesto en el diverso artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León ... se advierte que el legislador local al referirse al ámbito competencial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, no hizo distingo alguno entre la naturaleza formal y material de los actos susceptibles de impugnación a través del juicio contencioso administrativo."

VII. "Lo anterior se torna aún más evidente si se considera el propio artículo 17, fracción XIV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León ... de lo cual se desprende claramente que este tribunal es competente para conocer ... de actos materialmente administrativos."

QUINTO. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Natividad González Parás, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, contestó la demanda argumentando carecer de legitimación pasiva, porque el acto cuya invalidez se solicita en la presente controversia, le es atribuible a una autoridad distinta, dotada de plena autonomía para pronunciar sus fallos, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

SEXTO. Por oficio número PGR/556/2006, presentado el veintitrés de agosto de dos mil seis, el procurador general de la República emitió su opinión y, en síntesis, manifestó lo siguiente:

A. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal.

B. Fue oportuna la presentación del escrito de demanda de controversia constitucional.

C. El promovente de la controversia acreditó su personalidad con la constancia de presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, para el periodo comprendido del primero de agosto de dos mil cinco, al treinta y uno de julio de dos mil siete, por lo que tiene legitimación procesal activa en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad federativa.

D. El Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León carece de legitimación pasiva, ya que no emitió el acto cuya invalidez se solicita, motivo por el cual debe sobreseerse la controversia en relación con dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución General de la República.

E. Es infundada la causa de improcedencia aducida por la presidenta de la Sala Superior y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, toda vez que si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que las controversias constitucionales no son la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho criterio no es aplicable al caso, dado que la resolución cuya invalidez se solicita, no tiene tal carácter.

F. En cuanto al fondo, los conceptos de invalidez son fundados en parte e infundados en otra, por lo siguiente:

• En su demanda, el actor señaló como preceptos violados los artículos 1o., 43, 105, fracción I y 124 de la Constitución Federal; sin embargo, no realizó argumentación alguna sobre ellos. Además, del análisis del fondo de la cuestión planteada se advierte que no se actualiza vulneración alguna a dichos artículos, ya que ni siquiera guardan relación con el presente asunto.

• Son fundados los diversos argumentos en los que el órgano actor sostiene que la competencia de los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, a que alude el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, se acota a dirimir los conflictos suscitados entre unidades u órganos de carácter administrativo que integran al Poder Ejecutivo Local y los particulares, pues los conflictos surgidos entre éstos y los Poderes Legislativo y Judicial o alguno de sus órganos, o bien, entre particulares y organismos autónomos, no pueden ser resueltos por los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, dado que no existe ninguna prevención constitucional en ese sentido.

• Lo anterior se deriva del análisis sistemático de los artículos: 116, fracción V, de la Constitución Federal; 87 de la Constitución; del 1o. al 5o., y 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y 3o., 63, 64, 69, 79, 105 a 110 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los tres últimos ordenamientos del Estado de Nuevo León.

SÉPTIMO. El veintitrés de agosto de dos mil seis tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO. Previo dictamen del Ministro ponente y la emisión de los acuerdos presidenciales correspondientes, el asunto quedó radicado en la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

En sesión de fecha diez de noviembre de dos mil seis, los Ministros de la Segunda Sala acordaron remitir el presente asunto al Tribunal Pleno, para su resolución.

NOVENO. En sesión de veintiuno de agosto de dos mil siete se dio cuenta con el proyecto de resolución y este Tribunal Pleno determinó, por mayoría de diez votos (en contra el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz), que el Gobernador del Estado de Nuevo León tiene legitimación pasiva; y, por unanimidad de once votos, que es procedente la controversia constitucional.

Asimismo este Tribunal Pleno acordó, por unanimidad de once votos, que volvieran los autos al Ministro instructor para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, en el que se tomaran en cuenta los puntos acordados en dicha sesión.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos poderes del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. En principio, debe determinarse si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, para lo cual debe precisarse que en ella se solicita la invalidez de una resolución dictada por el órgano demandado.

Ahora bien, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Como puede advertirse, el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de actos, carácter que tiene la resolución impugnada en el presente asunto, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

El artículo 40 de la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León prevé:

"Artículo 40. Todas las notificaciones surtirán efectos a partir del día hábil siguiente al en que sean practicadas."

Ahora bien, la actora fue notificada de la resolución combatida el diecisiete de mayo de dos mil seis, surtiendo sus efectos dicha notificación al día siguiente, es decir, el dieciocho de ese mes y año, por lo que el plazo para promover la presente controversia constitucional inició el diecinueve de mayo de dos mil seis y feneció el veintinueve de junio siguiente, debiéndose descontar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, por ser sábados y domingos. Lo anterior, según lo establecen los numerales 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 105, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Entonces, si el escrito de demanda de controversia constitucional fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de mayo de dos mil seis, tal como se desprende del sello de recepción que aparece a fojas 17 vuelta de autos, se concluye que su presentación resulta oportuna.

Procede ahora analizar la legitimación de las partes.

TERCERO. En primer término, se estudia la legitimación de la parte actora, por ser de orden público y estudio preferente.

Jorge Luis Mancillas Ramírez promueve la presente controversia constitucional en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia prevén:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

En el primero de los preceptos transcritos se dispone que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional; el cual deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el segundo, se prevén dos medios para tener por reconocida la representación de quienes promueven a nombre de las partes, bajo los siguientes lineamientos:

1. Representación consignada en ley:

• El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios;

• Dichos funcionarios deben tener facultades de representación;

• Estas facultades deben estar contenidas en la ley que rija su funcionamiento.

2. Presunción de la representación:

• En todo caso existe la presunción de que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo; y,

• Esta presunción opera salvo prueba en contrario, ante la falta de disposición expresa de la ley.

De lo expuesto se desprende, atento al texto de la norma y al orden de los supuestos que prevé, que el órgano jurisdiccional debe analizar, en primer lugar, si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley; y de no ser así, pod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20700-95750b4f/consejo-de-la-judicatura-del-estado-de-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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