COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO, INOSENCIO DEL PRADO MORALES Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. PONENTE: ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. SECRETARIA: ISAURA JUDITH MORENO PÉREZ.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.—El Pleno de este Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis que se sustenta por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, debe estimarse que proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé que podrán denunciar las contradicciones de tesis que se sustenten entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
En efecto, la denuncia de contradicción fue formulada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, Francisco Javier García Contreras, titular del órgano judicial en donde se radicaron los juicios de amparo 282/2017, 384/2017 y 664/2017, de los cuales derivaron los conflictos competenciales 11/2017 y 15/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado, así como el diverso 12/2017 del Cuarto Tribunal Colegiado, ambos de este Circuito, que contienden en la presente contradicción de tesis.
TERCERO.—A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios en este caso denunciada, debe precisarse que la denuncia de contradicción se presenta preliminarmente, en relación con determinar a qué Juzgado de Distrito compete conocer de una demanda de amparo indirecto en la que se señala como acto reclamado al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la omisión de proveer la solicitud de dictar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al laudo (inejecución de un laudo); y, a un Ayuntamiento del Estado de Baja California, con sede fuera de la circunscripción territorial de donde se presentó la demanda de amparo, la omisión de cumplir con el laudo correspondiente; con sustento en la cual se admitió la presente contradicción.
No obstante, la probable divergencia de criterios precisada en la denuncia relativa no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Magistrados integrantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, que dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."(1)
Sentado lo anterior, deviene indispensable reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
1. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 11/2017 y 15/2017, precisó, previo a las consideraciones que darían sustento a su decisión, los razonamientos expuestos por cada uno de los Juzgados de Distrito en conflicto, encaminados a sostener su incompetencia para conocer de las demandas de amparo promovidas por ********** y ***********, respectivamente; en cuanto al primero de los asuntos mencionados, el conflicto se suscitó entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada.
En relación con el diverso conflicto 15/2017, el mismo aconteció entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana.
Al respecto, señaló el tribunal en síntesis que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en ambos casos, sostuvo carecer de competencia para conocer de los asuntos propuestos por *********** y ***********, quienes reclamaron del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la omisión de proveer la solicitud de dictar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al laudo (inejecución de un laudo); y, de los Ayuntamientos de Ensenada y de Playas de Rosarito, respectivamente, la omisión de cumplir con el laudo correspondiente, con motivo de que, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, por lo que, al tratarse de un acto negativo con efectos positivos y, por ende, la ejecución del laudo necesariamente se emitiría en la localidad en que resida el Ayuntamiento señalado como responsable, resultaba legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer y decidir el juicio de amparo.
Por su parte, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, al cual correspondió conocer de la demanda por razón de turno, determinó no aceptar la competencia declinada, al no compartir las consideraciones del Juzgado oficiante, en razón de que los actos reclamados, expuso, no son de naturaleza negativa, pues se traducen en la actitud omisiva o contumaz de las autoridades responsables de acordar diversas promociones y, medularmente, lograr el cumplimiento del laudo, por lo que no requieren ejecución y, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no requiere ejecución, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de ahí que resultaba legalmente incompetente, por cuestión de territorio, para conocer y decidir el juicio de amparo.
Por otro lado, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al que correspondió conocer de la demanda por razón de turno, determinó no aceptar la competencia declinada, al no compartir las consideraciones del Juzgado oficiante, al sostener que los actos reclamados no tienen ejecución material, sino que se trata de actos omisivos (sic) el artículo 37 de la Ley de Amparo instituye que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no se ejecuta ni requiere ejecución material, por tanto, resultaba legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer y decidir el juicio de amparo.
Ante tales manifestaciones, el Tercer Tribunal Colegiado de este Décimo Quinto Circuito, concluyó que, en esos dos casos, el órgano competente para resolver las demandas de amparo, promovidas por *********** y ***********, era el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, respectivamente a los conflictos competenciales 11/2017 y 15/2017, en ese orden.
Lo anterior fue sustentado al acotar que el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Luego, se precisó que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, era legalmente competente para conocer y resolver sobre las demandas de amparo indirecto promovidas en ambos casos, ya que en los respectivos juicios de amparo, correspondientes a las demandas promovidas por *********** y ***********, los quejosos reclamaban la omisión de proveer la solicitud de dictar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al laudo (inejecución de un laudo); y, de los Ayuntamientos del Estado de Baja California, de Ensenada y de Playas de Rosarito, respectivamente, la omisión de cumplir con el laudo correspondiente.
Por lo anterior, el citado Tribunal Colegiado sostuvo que los actos reclamados carecían de ejecución material, ya que la omisión atribuida a las autoridades responsables era meramente una abstención, en tanto que sus efectos no trascendían al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanecía ese estado de inejecución.
Por ende, concluyó que, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debía aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, tal como acertadamente lo sostuvieron la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y el secretario encargado del despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada; es decir, que era competente el Juez en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda.
Sostuvo lo anterior, con base en el criterio jurisprudencial 1a./J. 17/2014 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
2. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2017 de su índice, relativo a la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, estableció, en primer término, los razonamientos vertidos por los Juzgados Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y lo expuesto por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, al negar la competencia declinada a su favor.
Ante ello, al resolver el mencionado conflicto competencial, expuso que los motivos por los cuales se declaró legalmente incompetente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, obedecieron a que, a consideración de ese órgano, carecía de competencia para conocer del asunto propuesto por ***********, quien reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la omisión de proveer la solicitud de dictar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al laudo (inejecución de un laudo); y, del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la omisión de cumplir con el laudo correspondiente, con motivo de que, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución material, por lo que, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos, de ahí, que resultaba legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer y decidir el juicio de amparo.
En dicho asunto, el Tribunal Colegiado señaló que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, con sede en Tijuana, al recibir la demanda de amparo, determinó no aceptar la competencia declinada, al considerar que la naturaleza material de los actos omisivos reclamados carecían de ejecución y, que ésa, el Juez declinante la hacía derivar de casos hipotéticos, como lo era que, en su caso, el Ayuntamiento cumpliera con el pago de las prestaciones a que fue condenado en el juicio laboral, siendo que el resultado que se llegara a dictar para efectos de la condena, frente a los actos reclamados, constituían actos distintos, de los que no podía derivar la competencia para resolver el asunto, por lo que se surtía la hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el acto reclamado no tiene ejecución material, por lo que la competencia correspondía al Juez en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda, de ahí que resultaba legalmente incompetente, por cuestión de territorio, para conocer y decidir el juicio de amparo.
Ahora, precisadas las posturas que tomaron cada uno de los Juzgados de Distrito en conflicto de competencia, en el asunto que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, a saber, el conflicto competencial 12/2017; se estimó competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
La conclusión anterior tuvo sustento al precisar, en esencia, que el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
Luego, sostuvo que el reclamo de la solicitante de protección constitucional consistía, en principio, en una omisión, pues aludió a un "no hacer" por parte de cada una de las autoridades señaladas como responsables, en relación con su petición para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio burocrático de origen (Tribunal de Arbitraje), a las medidas necesarias para lograr dicha ejecución (presidente del citado tribunal) y a la obligación a que fue condenada en el propio procedimiento (Ayuntamiento de Tijuana), en la medida que, a pesar de que presentó una promoción en ese sentido, que existía obligación para lograr el cumplimiento del laudo, y que se emitió un fallo condenatorio, aún no lograba el cumplimiento de la sentencia favorable a su pretensión, por motivos imputables a las citadas autoridades responsables.
Asimismo, precisó que el reclamo de la parte quejosa no se trataba de actos "declarativos", es decir, que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versaba en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de efectuar, ello, de acuerdo a lo manifestado por la agraviada.
Entonces, sustentó que, de conformidad a la forma en que se plantearon los actos reclamados en la demanda de amparo, podía aseverarse que éstos tienen la naturaleza jurídica de actos negativos con efectos positivos, pues debía puntualizarse que no siempre los actos de carácter negativo carecen de ejecución material, ya que, si bien la quejosa reclamó la omisión por parte de las autoridades responsables en proveer su petición, dictar las medidas para el cumplimiento del laudo y satisfacer la condena impuesta, lo cual, en apariencia, son actos puramente de carácter negativo; lo cierto era que tal "no hacer" tenía efectos positivos, toda vez que, mientras las autoridades continuaran con la abstención reclamada, ineludiblemente provocaban que siguiera ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la quejosa en su derecho de acceso a la justicia, pues la agraviada no veía satisfecha su pretensión ya contenida en un fallo favorable, en tanto las autoridades no hicieran lo que las leyes y el propio fallo les ordenaban.
Agregó que, en otras palabras, dicha afectación de derechos que ya figuraban en el patrimonio jurídico de la quejosa –porque existía una sentencia de condena–, tenía directa, estrecha y materialmente relación con las omisiones señaladas; de ahí que los actos negativos en comento poseían efectos positivos, porque las omisiones aludidas permitían que se continuara ejecutando la afectación en la esfera jurídica de la agraviada, como lo era la insatisfacción de sus pretensiones derivada de un juicio laboral fallado, habida cuenta que las autoridades responsables no realizaban las acciones necesarias para ello. Lo que apoyó en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 205, Tomo LIII, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: "ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS."
En ese orden de ideas, agregó que, al establecerse que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, esto implicaba que se reconociera que tal acto conlleva un principio de ejecución, ya que, de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tienen las omisiones apuntadas.
A mayor abundamiento, sostuvo que la regla de competencia aplicable era aquella que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; toda vez que los actos reclamados conllevaban un principio de ejecución, siendo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda era aquel en donde se estuviera ejecutando la afectación a los derechos de la quejosa con motivo de las omisiones impugnadas, lo cual acontecía en el lugar en donde se encontraba la demandada en el juicio laboral, y donde se efectuaría la eventual ejecución del laudo.
Sustentó lo anterior, con base en la tesis I.1o.P.35 P (10a.), de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO."
Ante tales consideraciones, el Cuarto Tribunal Colegiado resolvió que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por ***********, se surtía a favor del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
Precisado lo anterior, atentas las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, es evidente que sí existe la contradicción de tesis denunciada, y el punto de derecho materia de la presente contradicción consiste en determinar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del juicio de amparo contra la omisión de dictar las medidas pertinentes, para lograr el cumplimiento del laudo y la omisión del tercero interesado de cumplir con el mismo.
CUARTO.—Deberá prevalecer el criterio que al efecto fije este Pleno del Decimoquinto Circuito, el cual, en esencia, es acorde con las consideraciones emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito.
A efecto de resolver el problema sometido a estudio, se debe analizar, en un primer orden, si el acto reclamado requiere o no de ejecución material.
Como preámbulo, es menester establecer que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."
Del precepto legal en cita, se obtienen las reglas para fijar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito respecto de un juicio de amparo indirecto, a saber:
a) Es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Conforme a esta prescripción legal, es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador;
b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, es decir, aquel que previno en el conocimiento del juicio de amparo; y,
c) Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Luego, es necesario precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la omisión de hacer cumplir el laudo en un juicio laboral y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatar la condena decretada en dicho laudo, carecen de ejecución material.
Por ende, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que, en ese caso, es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Se estima lo anterior, ya que se atribuye a las autoridades responsables (a la autoridad jurisdiccional y a la parte patronal en el juicio laboral) la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, los que constituyen actos que no requieren de ejecución material, ya que la omisión atribuida a las autoridades responsables, es meramente una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución.
Lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve a que mientras las autoridades continúen con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia, lo que es una cuestión que atañe a si la omisión reclamada encuentra justificación en el marco legal, constitucional y convencional, lo que no puede ser considerado como si se tratare de una ejecución material del acto en sí.
Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención.
Es así, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es la omisión –un no actuar– de éstas, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables.
En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo."(2)
Razones las anteriores, que conllevan a este Pleno del Decimoquinto Circuito a considerar que los actos reclamados en los juicios de amparo, de los que se originaron los conflictos competenciales materia de esta contradicción, consisten en actos carentes de ejecución material; para lo cual resultan observables las normas contenidas en el último párrafo del artículo 37(3) de la Ley de Amparo.
Finalmente, es necesario precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226, último párrafo, de la Ley de Amparo, la resolución que aquí se emite no tendrá efectos en las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se dictaron las sentencias que sustentaron los criterios en contradicción.
QUINTO.—En tal virtud, debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno del Decimoquinto Circuito y, por ende, con fundamento en el artículo 218 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto:
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, cuando se reclama a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral) la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, éstos constituyen actos que no requieren de ejecución material, ya que la omisión atribuida a las autoridades responsables, es meramente una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución. Lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve a que mientras las autoridades continúen con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia, lo que es una cuestión que atañe a si la omisión reclamada encuentra justificación en el marco legal, constitucional y convencional, lo que no puede ser considerado como si se tratare de una ejecución material del acto en sí. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención. Es así, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es la omisión, un no actuar de éstas y, un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO.—Sí existe la contradicción entre las tesis sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado, co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28042-0979e3d0/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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