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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA QUE SE PLANTEA ARGUMENTANDO IMPROCEDENCIA DE LA VÍA LABORAL, ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 426/2011. · Registro digital (IUS): 23439
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pág. 1443.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 426/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados mixtos de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Poder Judicial del Estado de Baja California, parte quejosa en los amparos en revisión 276/2011 y 526/2010 de los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, Cuarto y Primero, respectivamente, por conducto de su apoderado **********, carácter que le fue debidamente reconocido; motivo por el cual cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción, con fundamento en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

Se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la siguiente tesis:

"Núm. registro: 167546

"Tesis aislada

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIX, abril de 2009

"Tesis: 2a. XXIX/2009

"Página: 727

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 276/2011 en sesión de nueve de junio de dos mil once, en la parte que interesa determinó:

"CONSIDERANDO ... QUINTO. ... es infundado lo alegado por el recurrente en el sentido de que la autoridad laboral responsable sí es competente para conocer de la demanda laboral planteada, en virtud de que sostiene que él no impugnó en el juicio laboral el procedimiento administrativo de responsabilidad incoado en su contra por el Poder Judicial del Estado de Baja California que culminó con la sanción administrativa de inhabilitación hasta por 12 meses para ocupar un puesto público; y que por el contrario su acción laboral la sustentó en lo previsto por el artículo 95, inciso C, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, el cual, refiere que prescribe en un mes la facultad de los funcionarios para suspender, dar por terminada la relación laboral o disciplinar a sus trabajadores, contando el término desde que sean conocidas las causas justificadas, independientemente de las investigaciones que se realicen con posterioridad y que por ello, insiste en que, el tribunal laboral burocrático responsable sí tiene competencia para conocer de la demanda laboral en los términos que fueron planteados; sin embargo, contrario a lo alegado por el recurrente, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al considerar que la autoridad laboral responsable no era la idónea para conocer de la sanción administrativa que le fue impuesta a la parte actora, a lo que la autoridad responsable indebidamente determinó que era una cuestión de fondo analizar si el actor tenía derecho a la prestación que pretendió o no, pero que, esa cuestión no era la que se pretendía dilucidar en dicho incidente, sin considerar el hecho que de analizar lo propuesto por el incidentista, no tocaría lo relativo al fondo del asunto, como tampoco si le asiste o no la razón al actor en cuanto a lo que reclamó. En ese mismo sentido, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sustentar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/99, en la cual se estableció que es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión constituye una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón-Estado que suspende o despide a un trabajador, es decir, estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón-Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo. Lo que acontece en el caso en estudio, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad laboral responsable en ocasión de su informe con justificación a fojas 141 a 147, del expediente del juicio de amparo, se advierte que obra agregada la resolución administrativa definitiva de fecha nueve de noviembre de dos mil nueve, dictada por el contralor general del Poder Judicial del Estado, en los autos del procedimiento administrativo de responsabilidad PAR. Contr. 13/09, en la cual se determinó imponer al aquí tercero perjudicado ********** una sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el periodo de doce meses, con fundamento en los artículo 132, fracción VI, 138 y 141, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California; por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la prescripción a la facultad de los funcionarios para suspender, dar por terminada la relación laboral o disciplinar a sus trabajadores, contando el término desde que sean conocidas las causas justificadas, independientemente de las investigaciones que se realicen con posterioridad, si la suspensión constituye una sanción administrativa, en la especie inhabilitación del cargo público, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto laboral sino administrativo; tan es así, que el tribunal del trabajo responsable no podría decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material; tal y como lo consideró el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, la que de ninguna manera causa perjuicios al aquí tercero perjudicado recurrente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 14/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, Materia Administrativa-Laboral, página 257, con registro número 194475, del rubro y texto siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Por otra parte, resulta infundado lo argumentado por el tercero perjudicado recurrente, ya que en la sentencia que se revisa se observa que se invocaron los preceptos legales por los que se consideró que las hipótesis legales eran acordes con el asunto; también se advierte que en la sentencia se analizó el acto reclamado en su totalidad, apreciándose tal como apareció demostrado ante la autoridad laboral responsable; de ahí que no se advierta violación alguna a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado del agravio expresado por el tercero perjudicado recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión, sin que exista en el caso deficiencia de la queja que suplir de oficio, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 526/2010 en sesión de veinticinco de agosto de dos mil once, en la parte que interesa determinó:

"CONSIDERANDO ... SEXTO. Por cuestión de técnica jurídica, este Tribunal analizará primeramente los agravios que hace valer la parte quejosa Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura Federal. En esencia aducen las recurrentes, que el a quo indebidamente declaró que la controversia de origen era competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, pues no fue con esa finalidad con la que se solicitó la protección constitucional en contra de la resolución en la que el Tribunal de Arbitraje del Estado declaró infundado el incidente de competencia que le fue propuesto. Tales motivos de inconformidad resultan ineficaces. Cierto, si bien asiste razón a la quejosa cuando señala que no solicitó la protección constitucional en los términos en los que le fue concedida, también lo es que en sus conceptos de violación y en los agravios hechos valer ante este tribunal, el recurrente confunde la naturaleza del juicio de amparo, tratando de identificarlo como una instancia ordinaria, mediante la cual los particulares pueden intentar que se dirima una controversia -como en el caso, entre patrón y trabajador-. Lo anterior es así, debido a que la demandada en el juicio de origen, estima que la vía laboral intentada por la actora no es la idónea para dirimir la procedencia de las prestaciones que le fueron reclamadas por la parte actora, y por ello, mediante incidente de incompetencia, solicitó que el Tribunal de Arbitraje declinara el conocimiento del asunto, debido a que a su consideración, el competente resulta ser un Juez de Distrito -mediante el juicio constitucional-. Sin embargo, se insiste, la parte quejosa confunde en su propuesta de incompetencia -que planteó ante la autoridad responsable- la naturaleza jurídica del juicio de amparo, pues expresa y erróneamente lo aprecia como una instancia ordinaria a través de la cual la parte actora puede hacer valer sus pretensiones; no obstante, del contenido de los numerales 103 y 107 constitucionales, se advierte que la figura del juicio de amparo se manifiesta como un proceso judicial extraordinario, constitucional y legalmente reglamentado, que se sigue por la vía de acción, y cuyo objeto es que el Poder Judicial de la Federación o los órganos auxiliares de éste, vigilen las actividades de las autoridades, a fin de asegurar por parte de éstas, y en beneficio de quien solicita la protección constitucional, directamente el respeto a la Constitución e indirectamente a las leyes ordinarias, en casos que la propia Constitución y su ley reglamentaria prevén. En teoría, el juicio de amparo es la institución jurídica mediante la cual una persona denominada ‘quejoso’ solicita a un órgano jurisdiccional federal el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de un acto o una ley (acto reclamado), emitido por una autoridad denominada ‘responsable’ y que el citado quejoso considere viola sus garantías individuales o el régimen de distribución competencial, lo cual le causa agravio, para que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos. Así, el presente asunto no se ubica en los mencionados supuestos, debido a la naturaleza del reclamo de la parte actora en el juicio laboral de origen, que se constituyó en diversas prestaciones derivadas de la relación de trabajo que sostuvo con la actora, como lo fue su desempeño como secretaria actuaria en la ciudad de Tijuana, Baja California, al servicio del Poder Judicial del Estado; es decir, la parte actora no ejerció acción en contra de la parte demandada en su calidad de autoridad, de lo que se sigue que tales planteamientos propiamente no debaten una cuestión de competencia jurisdiccional, sino que en todo caso, se vinculan a la procedencia del juicio de origen. Como conclusión, para la procedencia del juicio de amparo, se requiere, de manera necesaria, que se promueva en contra de un acto de autoridad, que será analizado de acuerdo a la Norma Fundamental, a fin de preservar las garantías individuales del gobernado. De ahí que, si bien el a quo determinó que la competencia del asunto de origen recaía en una autoridad distinta a la señalada por la parte quejosa, ello no le causa agravio alguno, debido a que su petición resulta notoriamente improcedente, por lo expuesto en el párrafo precedente. Por otra parte, este tribunal procede a analizar los agravios de la tercero perjudicada **********, en contra de la sentencia sometida a revisión. En esencia, son fundados los agravios citados, analizados en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el numeral 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la sentencia sometida a revisión, el a quo auxiliar concedió la protección constitucional a la parte quejosa, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, debido a que estimó que la competencia del asunto derivó de la destitución que como sanción le fue impuesta a la parte actora en un procedimiento administrativo; que para conocer de las prestaciones derivadas de tal sanción de naturaleza administrativa, es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en virtud de que la citada determinación de separación por responsabilidad es de naturaleza administrativa. Para tal efecto, el a quo aplicó la jurisprudencia 2a./J. 14/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos cincuenta y siete, materias administrativa y laboral, cuyos rubro y texto, son: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Con base en dicha jurisprudencia, el Juez de Distrito Auxiliar determinó que el competente para dirimir el conflicto por virtud del cual la parte actora demandó su reinstalación y el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación de trabajo que tuvo con la demandada, lo era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; sin embargo, aun cuando es cierto que la competencia resulta un aspecto trascendente al momento en que habrá de fallarse un asunto, pues el órgano judicial, administrativo o del trabajo de que se trate, debe encontrarse investido de facultades para la solución del conflicto sometido a su jurisdicción, pues de lo contrario, todo lo actuado y resuelto será nulo; también lo es, que el a quo no observó que el promovente del incidente de origen, en sus consideraciones no planteó cuestiones relativas a la competencia, sino dirigidas a demostrar la improcedencia de la acción pues alega que quien debe dirimir la controversia es un Juez de Distrito (argumento que, como se dijo en la presente ejecutoria, resulta ineficaz), debido a que la vía laboral resulta improcedente, pues la separación de la actora de su cargo de secretaria actuaria, se debió a la sanción con que culminó un procedimiento administrativo disciplinario; por ello, contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, este tribunal considera que tales argumentos no son susceptibles de analizarse en un incidente de competencia, debido a que, se insiste, no se plantea una cuestión competencial propiamente, sino tendientes a demostrar la improcedencia de la acción. En consecuencia, este tribunal estima que no existe justificación jurídica para realizar pronunciamiento alguno sobre la competencia o no del Tribunal de Arbitraje del Estado en el asunto de origen, debido a que la promoción del incidente respectivo no se sustentó efectivamente en la falta de competencia legal de la autoridad responsable para resolver el asunto, sino, se insiste, en cuestiones relativas a la improcedencia de la acción, lo cual únicamente puede ser analizado en el laudo correspondiente. Debido a lo razonado, este órgano colegiado concluye que el a quo debió declarar ineficaces los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en contra del acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y negar el amparo y protección de la Justicia Federal. ..."

QUINTO. En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos en un tema similar sea discordante esencialmente.

Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior, de acuerdo a las tesis de rubros siguientes:

"Registro: 164120

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

"Registro: 166996

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.

I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión 276/2011

Antecedentes

a) Ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, un servidor público demandó del Poder Judicial del Estado de Baja California, Consejo de la Judicatura del Estado y Contraloría del Poder Judicial estatal, la reinstalación en su cargo de coordinador de almacén (auxiliar administrativo) y el pago de salarios caídos, por despido injustificado, con motivo de la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el periodo de doce meses, que le fue impuesta como sanción por el contralor del Poder Judicial del Estado.

b) La parte demandada, Poder Judicial del Estado, planteó incidente de incompetencia señalando que la sanción de que fue objeto el actor emanó del procedimiento administrativo disciplinario PAR-Contr. 13/09, instaurado por la Contraloría del Poder Judicial de Baja California, que concluyó con una resolución administrativa que decretó la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el periodo de doce meses.

c) El tribunal responsable emitió resolución interlocutoria en la que declaró improcedente el incidente de competencia.

d) Contra esa resolución, el Poder Judicial del Estado promovió juicio de amparo indirecto.

En el juicio de amparo indirecto

• El Juez de Distrito concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, y dictara otra en la que estimara que la naturaleza de la acción ejercida es administrativa, por resultar de la aplicación de una sanción administrativa.

• Inconforme, el tercero perjudicado interpuso recurso de revisión.

En la revisión

• Que la autoridad responsable (Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California) no es la idónea para conocer de la sanción administrativa que le fue impuesta a la parte actora; porque en la jurisprudencia 2a./J. 14/99, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la vía laboral es improcedente para demandar la reinstalación o indemnización por despido o suspensión injustificados, cuando constituye una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en ese supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo.

• Que en los autos del juicio laboral aparece la resolución administrativa dictada por el contralor general del Poder Judicial del Estado en el procedimiento administrativo de responsabilidad PAR- Contr. 13/09, mediante la cual impuso como sanción la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el periodo de doce meses.

• Aunque a través de la acción laboral se demande la prescripción de la facultad para suspender, dar por terminada la relación laboral o disciplinar a los trabajadores, por el hecho de que el plazo inicia desde que son conocidas las causas justificadas, independientemente de las investigaciones que se realicen, si la suspensión constituye una sanción administrativa (inhabilitación del cargo público), la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto laboral sino administrativo; motivo por el cual el tribunal del trabajo no podía decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin analizar la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material.

II. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión 526/2010

Antecedentes

a) Ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California una servidora pública demandó del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura todos del Estado de Baja California, la reinstalación, indemnización constitucional, salarios caídos y demás prestaciones laborales, por haber sido destituida del cargo de secretaria actuaria que desempeñaba en el Juzgado Segundo de lo Penal de Tijuana, Baja California, como sanción que le fue impuesta en la resolución dictada en el procedimiento disciplinario 14/2009.

b) La parte demandada, Poder Judicial del Estado de Baja California, planteó incidente de incompetencia solicitando al Tribunal de Arbitraje que declinara el conocimiento del asunto, porque la sanción de que la actora fue objeto emana de un procedimiento administrativo disciplinario.

c) El tribunal responsable emitió resolución interlocutoria en la que declara improcedente el incidente de competencia.

d) El Poder Judicial de Baja California promovió juicio de amparo indirecto.

En el juicio de amparo

• El Juez de Distrito concedió la protección constitucional para el efecto de que se declarara fundado el incidente de incompetencia.

• Inconformes, tanto la parte quejosa como la tercero perjudicada, interpusieron recurso de revisión.

En la revisión interpuesta por la tercero perjudicada

• Que la competencia resulta un aspecto transcendente, porque el órgano judicial debe encontrarse investido de facultades para resolver el conflicto; sin embargo, el a quo no observó que el promovente del incidente no planteó cuestiones relativas a la competencia, sino dirigidas a demostrar la improcedencia de la acción.

• Esto, porque alegó que un Juez de Distrito debe dirimir la controversia, debido a que la vía laboral resulta improcedente en atención a que la separación de la actora de su cargo de secretaria actuaria tuvo su origen en la sanción con que culminó un procedimiento administrativo disciplinario; argumentos que no son susceptibles de analizarse en un incidente de competencia, porque no se plantea una cuestión competencial propiamente, sino tendientes a demostrar la improcedencia de la acción.

• Concluye que no existe justificación jurídica para realizar pronunciamiento alguno sobre la competencia o no del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, porque las cuestiones relativas a la improcedencia de la acción, únicamente pueden ser analizadas en el laudo correspondiente.

Ahora bien, conforme a los datos enunciados habrá que determinar los aspectos jurídicos en que los Tribunales Colegiados adoptaron posturas contradictorias, si es que existen; y en su caso, delimitar el punto jurídico que esta Segunda Sala debe resolver.

Con esa finalidad, deben precisarse, primero, los elementos que son comunes en los juicios laborales:

• Un servidor público demandó, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, al Poder Judicial del Estado de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23439-c47055fb/servidores-publicos-del-poder-judicial-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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