SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, MEDIANTE LA CUAL SON CESADOS O SEPARADOS DE SU CARGO, POR HABER INCURRIDO EN FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS, ES DE NATURALEZA LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quienes están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo laboral 1070/2010, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil once, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO ... QUINTO. ... A continuación, este Tribunal Colegiado procede a estudiar y contestar los conceptos de violación de síntesis previa; en ese sentido, el argumento descrito en el numeral 1, es fundado, suplido en la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, en principio, es necesario destacar que los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. De ahí que, cuando hay pruebas que acreditan la responsabilidad de los servidores públicos, se aplicarán las sanciones que la ley impone; de lo contrario, el procedimiento concluye con la inexistencia de responsabilidad. Tal régimen sancionar (sic) se justifica, si se tiene presente que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad. Lo anterior emerge de la tesis, cuyo rubro y datos de localización, son los siguientes: ‘RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.’ (se transcribe). En ese sentido, los artículos 134 y 145 de la Constitución Política del Estado de Morelos, establecen en lo conducente que para los efectos de las responsabilidades a que se refiere el título séptimo, se reputan como servidores públicos a los integrantes del poder judicial y que la responsabilidad administrativa en que incurran los secretarios de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los Jueces de primera instancia o los que con cualquier otra denominación se designen, así como los demás funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o desempeñen funciones administrativas, serán del conocimiento y resolución de cada órgano jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. En una primera fase es posible colegir que la responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, se rige en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y que constitucionalmente no es posible crear una norma específica de responsabilidades distinta a la precitada. Empero, esto no es así, porque el artículo 109 de la Constitución Política Federal, estatuye que las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y demás normas conducentes a sancionar a aquéllos que incurran en responsabilidad. Luego, como la Cuadragésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo señalado por los artículos 40, fracción II y 70, fracción XVII de la Constitución Política Local, aprobó y expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial publicada en el Periódico Oficial el doce de abril de mil novecientos noventa y cinco, en la que en el título décimo segundo implementó un régimen de responsabilidades y sanciones, para los Jueces y servidores públicos judiciales, entonces, es dicha ley la que debe aplicar el Tribunal Superior de Justicia e, incluso (sic) a todos los órganos integrantes del Poder Judicial del Estado; la que, por cierto, se complementa con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado -actualmente Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos-, pues el artículo 195 Quáter de la norma orgánica citada así lo establece. Cierto, en el título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, específicamente los artículos que aquí interesa, dicen: ‘Artículo 182.’ (se transcribe). ‘Artículo 188.’ (se transcribe). ‘Artículo 189.’ (se transcribe). ‘Artículo 190.’ (se transcribe). ‘Artículo 191.’ (se transcribe). ‘Artículo 192.’ (se transcribe). ‘Artículo 193.’ (se transcribe). ‘Artículo 194.’ (se transcribe). ‘Artículo 195.’ (se transcribe). ‘Artículo 195 Bis.’ (se transcribe). De la interpretación conjunta de estos preceptos legales pueden desprenderse las siguientes premisas: 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula, en la parte que interesa, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos derivada de la infracción a sus deberes funcionales; 2. Esta responsabilidad sólo puede ser originada con motivo de una denuncia, o bien, como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos; 3. Debe sujetarse al procedimiento, cuyas reglas de tramitación las prevé el artículo 193 en cita; mismo que es instruido por el Magistrado visitador general; 4. El servidor público prenombrado es el encargado de formular, en su caso, un dictamen de responsabilidad o irresponsabilidad administrativa, así como la propuesta de sanción, que van desde el apercibimiento hasta la destitución del cargo e, inclusive, la inhabilitación; 5. Para aplicar la sanción respectiva, debe tomarse en cuenta la gravedad de la falta cometida -numeral 195- y otros factores que describe el artículo 195 Bis en cita. 6. La destitución e inhabilitación del cargo sólo procederá cuando los servidores públicos incurran en una causa de responsabilidad calificada como grave en los términos del ordenamiento invocado o cuando reincidan en una causa de responsabilidad no grave sin haber atendido a las observaciones o amonestaciones que se les hubieren realizado; y, 7. Dichas sanciones se imponen por resolución de la propia autoridad administrativa, concretamente, del Consejo de la Judicatura Estatal, en términos del artículo 117, fracción IX, de la ley en consulta -incorrectamente la ley remite al numeral 26, pero nada tiene que ver con la facultad sancionadora del consejo-. Conviene ahora destacar que en el juicio laboral 01/200/06, se aprecian las actuaciones que enseguida se relatan: Las actas administrativas de fechas dieciséis y diecinueve de junio, tres y cinco de julio, todas del año dos mil seis, en las que la secretaria de acuerdos **********, hizo constar ante la presencia de la titular del Juzgado Menor Civil de la Primera Demarcación del Estado, que la oficial judicial **********, no se presentó a laborar en las fechas indicadas expediente administrativo 137/06. Se aprecia, además, que las actas administrativas de fechas dieciséis y diecinueve de junio del dos mil seis, fueron enviadas por la titular del Juzgado Civil Menor de la Novena Demarcación del Estado, a la Magistrada Numeraria en funciones de visitadora; y, a su vez, ésta las remitió al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. En la sesión ordinaria de veintidós de junio del precitado año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, se dio por enterado del contenido del oficio en el que se anexaron las actas administrativas antes descritas y ordenó que se turnaran al jefe del departamento de recursos humanos, para que realizara la investigación correspondiente, y en su caso, aplicara las medidas respectivas. Lo anterior fue sustentado en el artículo 117, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. De igual forma, el acta administrativa de fecha tres de julio del dos mil seis, fue enviada por la titular del Juzgado Civil Menor de la Novena Demarcación del Estado, a la Magistrada Numeraria en funciones de Visitadora y, a su vez, ésta la remitió al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; mientras que la acta del día cinco del mes y año precitados, fue enviada por la titular del juzgado directamente al presidente del consejo antes indicado. En la sesión ordinaria de seis de julio del año multicitado, el Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, se dio por enterado del contenido de los oficios en los que se anexaron las actas administrativas antes descritas y ordenó que se turnaran al coordinador jurídico y al jefe del departamento de recursos humanos, para que realizaran el procedimiento legal correspondiente. Lo anterior fue sustentado en el artículo 117, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. De ahí que en cumplimiento a lo anterior, el jefe de recursos humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió los citatorios de fecha seis de julio del dos mil seis, a nombre de la aquí quejosa ********** y del secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del poder judicial, a fin de que se presentaran en sus oficinas a las doce horas con treinta minutos del día diez del mes en cita, para que la prenombrada ofrezca pruebas en relación a las inasistencias a laborar en los días descritos y manifieste lo que a su derecho corresponda; y el segundo, de ser pertinente, acuda en defensa de su agremiada. Ello, dijo el jefe de recursos humanos del Tribunal Superior de Justicia, es ‘para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos’. En la fecha y hora indicadas, el jefe de recursos humanos, actuando con dos testigos de asistencia e, incluso con la presencia de la representante de la contraloría interna del Poder Judicial del Estado, hizo constar la incomparecencia de la aquí quejosa y representante sindical; declaró precluido el derecho de ambos para formular manifestaciones y ofrecer pruebas, y ordenó remitir lo actuado en dicha diligencia y actas administrativas, al Consejo de la Judicatura para que resuelva lo conducente, en términos del artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Mediante resolución de fecha once de julio del dos mil seis, los integrantes del Consejo de la Judicatura con fundamento en los artículos 92-A, fracciones IV y VII, de la Constitución Política Local y 117, fracciones IX, X, XVI y XXV y 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, procedieron a 'resolver los autos que integran el procedimiento administrativo formado con motivo del acuerdo emitido en sesión ordinaria de fecha veintidós de junio y seis de julio del año dos mil seis ..., en la que se ordena realizar el procedimiento administrativo correspondiente para el efecto de proceder a dar por terminados los efectos del nombramiento de la C. **********, rescindiendo la relación individual de trabajo sin responsabilidad para la parte patronal, previa garantía de audiencia, en relación a las faltas en que incurrió ...’ -La redacción es propia del consejo resolutor-. En la parte considerativa se dijo que conforme a las constancias del expediente administrativo, se acredita y actualiza la hipótesis prevista en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque la aquí quejosa no asistió a laborar los días dieciséis y diecinueve de junio, tres y cinco de julio, del año dos mil seis; aunado a que no exhibió ni aportó prueba alguna que justificara la inasistencia a sus labores, además de que no demostró tener autorización, permiso o justificación para faltar a sus labores, ya sea en forma directa de su superior, o bien, por parte del Consejo de la Judicatura. Por consiguiente, decretó el cese de los efectos del nombramiento de la amparista en el cargo de oficial judicial ‘D’ adscrita al Juzgado Civil Menor de la Novena Demarcación del Estado, por no concurrir, sin causa justificada, a sus labores por más de tres días en un periodo de treinta. Tal narrativa permite concluir que el cese del nombramiento de la aquí quejosa como oficial judicial ‘D’, no fue resultado de la aplicación del procedimiento de responsabilidad administrativa y sanciones, previsto en el título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, específicamente en los artículos 182, 188, 189, 193, 194, 195 y 195 Bis; pues si bien resolvió el Consejo de la Judicatura Estatal, lo cierto es que no hay dato que indique la aplicación del procedimiento respectivo, cuyas reglas de tramitación las prevé el numeral 193 en cita, mismo que es instruido por el magistrado visitador general, ni siquiera existió un dictamen de responsabilidad o irresponsabilidad administrativa, así como la propuesta de sanción, a más de que el cese del nombramiento no está considerado como tal en el artículo 194. De ahí que no es legalmente posible colegir que la amparista fue sancionada por su responsabilidad administrativa por un mal desempeño de la función pública; el cual, sin duda, es el objetivo de los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, como ya se dijo en párrafos anteriores. En realidad, el cese del empleo de la quejosa se fundamentó o sustentó en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, como expresamente se precisó en la resolución de fecha once de julio del dos mil diez. Tal precepto legal, por cierto, está contemplado en el título décimo primero, capítulo primero, denominado ‘Generalidades', de la ley orgánica citada, es decir, se prevé en un apartado distinto al de las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos judiciales. Dicho artículo dice: (se transcribe). Luego, es innegable que la Ley del Servicio Civil, es la que prevé los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio de alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal, o Paramunicipal, ya que estatuye las condiciones laborales, las causas o falta de suspensión y terminación de los efectos del nombramiento, régimen de seguridad social, instrucción de actas de hechos y administrativas, entre otros aspectos. Empero, no debe soslayarse que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, también contempla reglas a seguir en la expedición de nombramientos, vacantes y licencias; otorgamiento de estímulos y recompensas, y demás prestaciones que contemple la Ley del Servicio Civil, por disposición expresa del artículo 159 de Ley mencionada en segundo orden; lo relativo a las vacaciones y requisitos de su otorgamiento; y otras prestaciones artículos 59, 60, 61 y 158. Así que, si la intención del legislador fue que la Ley Orgánica en cita, previera condiciones generales de los trabajadores judiciales y que, además, se aplicara supletoriamente la Ley del Servicio Civil, porque así lo dispone expresamente el artículo 58 del ordenamiento orgánico; entonces, es válido sostener que el precepto legal transcrito está contemplando propiamente una hipótesis o causa que puede dar lugar a la rescisión del nombramiento sin responsabilidad para el patrón, tal como lo reconoció el Consejo al resolver. Conviene agregar, además, que los numerales 23 y 24, fracción V, de la norma burocrática supletoria, estatuyen que ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justificada y que un supuesto que puede dar lugar a la terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el patrón, es ‘cuando sin causa justificada faltare a sus labores por cuatro o más días en un periodo de treinta días naturales’; mientras que el artículo 168 en análisis prevé que ‘cuando los Jueces, secretario, actuarios y demás empleados auxiliares del Poder Judicial, faltaren a sus labores por más de tres días en un periodo de treinta sin causa justificada, previa audiencia serán cesados en su empleo y se declarará vacante en su caso el cargo, para los efectos de los nuevos nombramientos’. De ahí que es innegable que se trata de la misma causal de rescisión y eso viene a corroborar que se está ante un acto de naturaleza laboral. No está por demás destacar que los diversos numerales 70, 73, 74, 75 y 76 de la ley supletoria, prevé la instrucción de las actas de hechos y administrativas, así como el procedimiento a seguir y las personas que intervienen en su elaboración. Cabe señalar, además, que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política Federal, establece que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Así que, como la ley en comento fue aprobada y expedida por la Cuadragésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; por ende, no es posible desconocer los preceptos legales de naturaleza laboral que estatuye la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese contexto, al considerar la autoridad responsable que la vía laboral intentada por la actora para demandar su reinstalación y pago de salarios caídos, es improcedente, porque su separación del trabajo constituye una sanción que le fue impuesta como servidor público por faltas administrativas y no un acto del demandado que como patrón hubiera dado por terminados los efectos de su nombramiento con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; tal apreciación vulnera las garantías de seguridad jurídica, legalidad y justicia pronta, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política Federal, respectivamente, porque en atención a los argumentos antes vertidos, el cese del empleo de la aquí quejosa deriva de un acto de naturaleza laboral, propiamente contemplado en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pero al haber arribado a una determinación distinta a la aquí sustentada es evidente que el acto reclamado es inconstitucional. ..."
Similares consideraciones reiteró el Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo laboral 99/2011, por tanto en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 588/2005, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil seis, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO ... CUARTO. ... Por otro lado, es cierto que la autoridad responsable funda y motiva de manera deficiente, su conclusión en el sentido de que las decisiones que se emiten en los procedimientos disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Estatal no admiten recurso alguno o medio de impugnación ordinario; sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, permite que las sanciones que imponga el Pleno del Tribunal o el Consejo de la Judicatura Estatal sean impugnables y, no obstante que no establezca qué medio de defensa o recurso sea procedente, la responsable estableció que lo es el amparo. Efectivamente, el amparo indirecto es procedente contra las resoluciones del citado Consejo de la Judicatura Estatal, pues en el caso a estudio, el procedimiento disciplinario que se siguió en contra de la quejosa, es un procedimiento seguido en forma de juicio y la resolución que culminó con su cese es definitiva, que como se vio no se establece que sea atacable por alguna vía ordinaria, lo que de conformidad con el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, hace procedente su impugnación a través de esta vía. En otra parte, contrario a la aseveración de la quejosa, la responsable no se ocupó del examen de la competencia, sino de la vía intentada por la actora. Aquí, es importante acotar que la responsable actuó de manera correcta al establecer que la vía intentada por la actora no es la idónea para ejercitar su acción. Así es, el despido injustificado que reclamó la trabajadora ante el tribunal responsable, lo sustentó en el hecho de que mediante la resolución de veintinueve de enero de dos mil cuatro, la demandada determinó dejar sin efecto su nombramiento, lo que narró en los siguientes términos: ‘3. En estas condiciones, nuestra representada, durante todo el tiempo que prestó sus servicios para los ahora demandados, siempre desarrolló su actividad de manera cumplida, honesta y capaz; pero con fecha 30 de enero del año 2004, aproximadamente a las catorce horas y encontrándose nuestra representada disfrutando de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil tres, ya que como se ha mencionado, nuestra representada por las funciones que ésta desempeña se hizo cargo todo el mes de diciembre de las funciones del juzgado mientras que su superior inmediato se encontraba de vacaciones, además de que atendía los asuntos de carácter penal correspondientes al juzgado, por esta razón nuestra representada gozó de sus vacaciones hasta la segunda quincena del mes de enero del presente año, así las cosas y en la fecha mencionada es decir, el 30 de enero del dos mil cuatro aproximadamente a las catorce horas se presentó en la casa de la familia de nuestra representada, el **********, jefe inmediato de nuestra representada acompañado de la ********** y quienes les manifestaron a nuestra representada que: Por órdenes de los Lic. Juan Manuel Jiménez Alegre, Hugo Manuel Bello Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Joaquín Magdaleno González y J. Jesús Valencia Valencia todos ellos integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal, le manifestaron que estaba despedida y tenía en sus manos la resolución de fecha veintinueve de enero del dos mil cuatro, y que él como su superior jerárquico le pedía que no se volviera a presentar en el Tribunal Superior de Justicia y que hiciera como quisiera y que además le daría una copia de la resolución previas firmas de expedientes que le hacían falta. Lo anterior, evidentemente es un despido injustificado pues los ahora demandados pretendieron rescindir la relación de trabajo con nuestra representada pero sin seguir el procedimiento que al efecto prevé tanto la Ley del Servicio Civil del Estado como la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al presente conflicto ...’. (foja 5.)-Ahora bien, de tales antecedentes relatados, se obtiene que la autoridad responsable actuó de manera legal al declarar improcedente la vía intentada, porque además de las constancias del juicio laboral 01/79/04, se advierte que la parte actora demandó, entre otras prestaciones, la reinstalación con motivo del despido injustificado que aduce fue objeto, derivado de una sanción por faltas administrativas y, al respecto el Máximo Tribunal del País, estableció en la jurisprudencia que a continuación se cita, que es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión constituye una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La tesis en comento, corresponde a la jurisprudencia número 2a./J. 14/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que resolvió la contradicción de tesis 2/98, entre las sustentadas por el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Por otra parte, la autoridad responsable no viola garantías individuales al dejar de examinar las pruebas que ofreció la quejosa, lo anterior, porque el declarar improcedente la vía, era ocioso el estudio del material probatorio que aportó la actora, puesto que a nada práctico conduciría su análisis dada la improcedencia de aquélla que resulta una cuestión de orden público, dicho en otras palabras, sería un contrasentido abordar no solo el examen de la acción y la demostración de los hechos en que se sustenta, si previamente no se cumplió con un presupuesto procesal, como es la vía elegida por el actor, lo que impide examinar las cuestiones de fondo. En otro orden de ideas, refiere la quejosa que la responsable no realizó un análisis jurídico de la excepción planteada por la parte demandada, consistente en su separación justificada mediante un procedimiento administrativo. Es infundado dicho motivo de inconformidad. En efecto, la responsable no estaba en condiciones de examinar la excepción en comento, precisamente porque al concluir que la vía elegida por la actora no era la idónea para ejercitar su acción, tampoco permitía examinar las excepciones que opuso su contraria. Por otra parte, afirma la peticionaria de garantías que el procedimiento administrativo que se siguió tuvo por objeto decidir una cuestión de naturaleza laboral y no administrativa, puesto que los resultados repercuten en la relación de trabajo de la quejosa, ya que al terminar los efectos de su nombramiento sólo puede hacerse mediante un procedimiento de materia y naturaleza laboral, porque los artículos 116 y 123 de la Constitución General de la República, como el numeral 40, fracción XX, de la Constitución Política del Estado de Morelos, refieren a la existencia de leyes de naturaleza laboral las que regulen las relaciones del gobierno con sus trabajadores y no por otras, como lo estimó la responsable; que inclusive, en la fracción L) del artículo 40 aludido, prevé que los conflictos individuales, colectivos, o intersindicales serán sometidos a un tribunal de arbitraje, en cuyo caso todas las bases que enumera para los trabajadores burócratas, sólo se contienen en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad federativa, en que se establecen normas relacionadas con la responsabilidad administrativa, pero no las bases laborales a que se viene refiriendo, por lo que la responsable no funda ni motiva por qué el cese alegado por el tercero perjudicado ha quedado debidamente acreditado en autos, no obstante que existe la tesis cuyos datos de localización precisa y que tiene por rubro: ‘COMPETENCIA. LAS RESOLUCIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, TRATÁNDOSE DE CONFLICTOS CON SUS TRABAJADORES, SON DE NATURALEZA LABORAL Y NO ADMINISTRATIVA.’. También, menciona la interesada que el procedimiento administrativo que se ofreció como prueba, no se ciñó a la legislación burocrática sino a otra diferente, por lo que si se cesó por su inasistencia al trabajo, el artículo 24 fracción V, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dispone que deben de ocurrir más de cuatro faltas y no cuatro como en dicho procedimiento aconteció; que asimismo en el acta administrativa que se elaboró el diez de diciembre de dos mil tres, la demandada tuvo hasta el diez de enero de dos mil cuatro, para hacerle del conocimiento de su cese, como lo dispone el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil en comento, y no como lo hizo valer la demandada en el juicio natural, esto es, que ocurrió el treinta de enero de dos mil cuatro, es más que no fue notificada de dicho procedimiento administrativo. Dicho argumento lo apoya en la tesis bajo el rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA. LA FALTA DE AVISO DE LAS CAUSAS DE SU CESE, ES SUFICIENTE PARA CONSIDERARLO INJUSTIFICADO.’. Son inoperantes tales motivos de inconformidad. Lo anterior así se considera, en virtud de que los planteamientos que hace la quejosa, contienen aspectos en los que muestra su desacuerdo tanto con la regulación del procedimiento administrativo que se siguió como con lo analizado en el mismo; sin embargo, la autoridad responsable no estaba en condiciones de proceder a su examen, en principio, por no ser la vía correcta, dados los razonamientos que quedaron expuestos, y por otro lado, el tribunal responsable no es competente legalmente para ello, menos aún este órgano colegiado, ya que, como se adelantó, contra dicho procedimiento es procedente el amparo indirecto; de ahí la inoperancia de dichos motivos de inconformidad. ..."
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo laboral 949/2009, en sesión de once de febrero de dos mil diez, en la parte que interesa, determinó:
"CONSIDERANDO ... SEXTO. ... A). El quejoso aduce en el apartado cuarto a guisa de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23333-aaa3bef3/servidores-publicos-del-poder-judicial-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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