SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE DICHA ENTIDAD, AL RESOLVER EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
COMPETENCIA 101/2007. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 Bis, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, cuarto y quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de un conflicto planteado en el aspecto laboral y administrativo, que son las materias de especialización de esta Segunda Sala.
Sirve de apoyo a esta consideración, aplicada en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 17/2005, que dice:
"CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CUANDO SE INVOLUCRAN MATERIAS QUE CORRESPONDEN A LAS DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES COMPETENTE PARA RESOLVERLO AQUELLA CUYA ESPECIALIDAD COINCIDE CON LA DEL ÓRGANO QUE PREVINO. De los artículos 21, fracción VII y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los puntos primero al quinto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001, en relación con sus consideraciones, se advierte que al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo corresponde conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados de Circuito de manera excepcional, por la trascendencia de los asuntos; todos los demás, por regla general, competen a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, cuando el conflicto es del orden penal o civil, o de ambos, corresponderá resolverlo a la Primera Sala, y si es administrativo o del trabajo, o de ambos, conocerá la Segunda Sala, pero cuando se involucran materias de ambas Salas, es competente para resolverlo aquella cuya especialidad coincida con la del órgano que previno, ya que en este caso es aplicable analógicamente el principio de que el conflicto competencial debe resolverse por el tribunal ad quem que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno en el asunto de que se trate."
(No. Registro: 179,076, jurisprudencia, Materia Común, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, tesis 2a./J. 17/2005, página 230).
SEGUNDO. El análisis de las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes revela la existencia de un conflicto competencial en términos del artículo 48 Bis, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual debe ser resuelto por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que ambos órganos jurisdiccionales se declararon incompetentes para conocer del juicio de amparo directo promovido en contra del laudo del treinta de enero de dos mil seis y, para ello, resulta necesario hacer referencia a los antecedentes del asunto.
I) De las constancias de autos se observa que en el escrito de demanda que presentaron los actores ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco señalaron, entre otros, los siguientes hechos:
• Con fecha 15 de octubre de 2004, el titular de la Contraloría del Estado de Jalisco dictó acuerdo administrativo mediante el cual se determinó la instauración del procedimiento de responsabilidades en contra de Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel, en virtud del presunto incumplimiento a la obligación contenida en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, facultando al director general jurídico de esa dependencia para llevar a cabo los trámites del desahogo del procedimiento.
• El procedimiento correspondiente se llevó conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se les tuvo en tiempo y forma rindiendo el informe y contestación de demanda, se admitieron las pruebas que se ofertaron, y se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y expresión de alegatos correspondiente.
• Con fecha 3 de enero del año 2005 el contralor del Estado de Jalisco dictó resolución en este procedimiento, la que les fue debidamente notificada el 19 de enero de ese año y, no estando conformes con ella, los actores la impugnaron por considerar que la misma es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no se encuentra fundada y motivada conforme a derecho, porque en la resolución se hace una inexacta interpretación de los artículos 61, fracción I, 62 y 64, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como del artículo 274 del Código Penal del Estado, de aplicación supletoria en el caso.
II) Al contestar la demanda, la autoridad adujo en su escrito que la resolución combatida se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a los actores Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel se les instauró procedimiento de responsabilidad administrativa, por quebrantar lo dispuesto por el artículo 61, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por no cumplir con la máxima diligencia el servicio que les fue encomendado, uno como coordinador administrativo y el otro en su calidad de jefe de departamento de contabilidad, al haber realizado de manera injustificada y de forma extemporánea el pago de $27,709.00 (veintisiete mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de recargos y actualización, por la presentación de declaraciones mensuales correspondientes a impuestos federales retenidos por salarios y otras retenciones de impuestos sobre la renta de los meses de enero y febrero de 2002, lo que ocasionó el menoscabo en las finanzas públicas del patrimonio del organismo público descentralizado Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; procedimiento que concluyó con la existencia de responsabilidad administrativa, amonestación por escrito y sanción pecuniaria, consistente en restituir al erario público la cantidad de $30,820.72 (treinta mil ochocientos veinte pesos 72/100 M.N.).
• En contra de esta resolución de 3 de enero de 2005, dictada por el contralor del Estado de Jalisco, los actores Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel promovieron juicio laboral ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco el cual se admitió y tramitó con el número de expediente 172/2005-D.
• Con fecha 25 de mayo de 2005 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista por el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
III) Concluidos los trámites legales del juicio natural, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco dictó laudo con fecha treinta de enero de dos mil seis, en el que resolvió:
"PRIMERA. Los actores del juicio Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel no acreditaron su acción y la demandada Contraloría del Estado justificó su excepción, en consecuencia. SEGUNDA. Se absuelve a la demandada Contraloría del Estado, de revocar la resolución del 3 tres de enero de 2005 con relación a la sanción pecuniaria que les fue impuesta a los actores en el procedimiento de responsabilidad 219/2004-A, al haber prescrito el derecho de los actores para impugnar dicha resolución, de igual forma se absuelve a la demandada de la sanción consistente en la amonestación prevista en el artículo 64, fracción II, de la Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco, al quedar demostrada la improcedencia de la misma, en virtud de los razonamientos y consideraciones de derecho vertidos en el considerando de la presente resolución y para todos los efectos a que haya lugar."
IV) No conformes con esta resolución, los actores Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel promovieron juicio de amparo directo, en el que reclamaron del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el laudo dictado el treinta de enero de dos mil seis, dentro del juicio natural 172/2005-D1, seguido en su contra; y en la demanda se alegó en los conceptos de violación que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco no fundó debidamente su fallo, ya que violó en su perjuicio las garantías contempladas en los artículos 14, 16 y 123, apartado "B", de la Constitución Federal, por aplicar e interpretar erróneamente diversos preceptos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y de la Ley Federal del Trabajo; que la responsable aplica indebidamente los artículos 106, fracción VI y 25 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que rigen la relación laboral entre los servidores públicos y el Estado, en su carácter de patrón.
V) De la demanda de referencia tocó conocer en un inicio, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien dictó resolución el diez de enero de dos mil siete, declarándose incompetente para conocer del juicio de garantías, por considerar que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, declinando la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno para su conocimiento.
VI) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por resolución de fecha seis de septiembre de dos mil siete resolvió que es legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo de referencia y ordenó remitir el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.
Las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de referencia revelan la existencia de un conflicto por razón de la materia sobre la que versa el acto reclamado en una demanda de amparo directo, y para dilucidar tal cuestión resulta necesario atender a la naturaleza de la acción intentada, lo que regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, prescindiendo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincula al actor y al demandado, ya que esto constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia.
Lo anterior, lo ha establecido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 83/98, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28 y en el Apéndice 2000. Tomo VII, Conflictos Competenciales, jurisprudencia, tesis 182, página 296, cuyos rubro y contenido son los siguientes:
"COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda."
La jurisprudencia transcrita señala que para determinar la naturaleza de la acción intentada en un juicio y, con ello, dilucidar la competencia por materia de un Tribunal Colegiado, deben examinarse las prestaciones reclamadas, los hechos narrados en el juicio de origen, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoyó la demanda, ya que el estudio de estos elementos permite al tribunal competente conservar expedita su jurisdicción para resolver lo conducente.
En el caso, de las constancias de autos se observa que en el procedimiento administrativo de responsabilidad, origen de la presente controversia, el contralor del Estado de Jalisco resolvió sancionar pecuniariamente a los servidores públicos Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel, con fundamento en los artículos 64, fracción VI, 66, fracción V y 67, fracción I, incisos c) y d), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco por la cantidad de $30,820.72 (treinta mil ochocientos veinte pesos 72/100, M.N.); además de imponerles la sanción de amonestación en términos del artículo 64, fracción II, de dicha ley.
Los preceptos legales de referencia establecen:
"Artículo 64. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:
"I. Apercibimiento;
"II. Amonestación por escrito;
"III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días;
"IV. Destitución;
"V. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y
"VI. Sanción pecuniaria. ..."
"Artículo 66. Las autoridades a que se refiere el artículo 3o. de la presente ley, serán competentes para imponer las sanciones previstas en el capítulo II del presente título y las previstas en el artículo 25 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo las siguientes reglas:
(Reformada, P.O. 13 de diciembre de 2001)
"I. El apercibimiento, la amonestación y la suspensión en el empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres ni mayor a treinta días, serán aplicadas por el superior jerárquico;
(Reformada, P.O. 13 de diciembre de 2001)
"II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos de base, se determinará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas;
"III. La suspensión del empleo, cargo o comisión y la destitución o cese de los servidores públicos de confianza, se aplicará por el titular de la entidad pública, secretaría, dependencia, o entidad paraestatal o municipal mayoritaria, o por conducto de las contralorías u órganos equivalentes.
"La Contraloría del Estado promoverá los procedimientos contenidos en las fracciones II y III del presente artículo, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la Contraloría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico;
"IV. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente para hacerlo dentro de cada uno de los poderes; Ayuntamientos, dependencias municipales y sus descentralizadas, conforme a lo que se establezca en sus leyes orgánicas y reglamentos; y
"V. Las sanciones económicas serán aplicadas por los titulares de las entidades públicas, secretarías, dependencias, Ayuntamientos del Estado, entidades descentralizadas, estatales y municipales o por quienes adquieran dicha función de acuerdo a sus leyes."
"Artículo 67. Serán competentes para la aplicación de sanciones:
"I. En el Poder Ejecutivo:
"a) El gobernador del Estado;
"b) El superior jerárquico dentro de cada una de las secretarías, dependencias, o entidades paraestatales en caso que ameriten apercibimiento o amonestación.
"c) La Contraloría del Estado será competente para aplicar cualquiera de las sanciones a que se refiere el artículo 64 de esta ley, cuando las infracciones que las motiven se detecten de los hechos que tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones, con las salvedades que la misma ley establece;
"d) Los titulares de las secretarías, dependencias o entidades paraestatales, para imponer la sanción pecuniaria cuando los beneficios económicos obtenidos por el responsable y los daños y perjuicios, causados por éste, no excedan de cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica correspondiente; y, en los demás casos, la Contraloría del Estado. ..."
Al respecto, el artículo 76 de la citada ley de responsabilidades señala:
"Artículo 76. Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de esta ley, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
"La interposición del recurso suspenderá, en tanto se resuelve, los efectos de la resolución en cuanto a las sanciones económicas. Tratándose de sanciones de distinta naturaleza a las económicas, sólo procederá la suspensión si no trae como consecuencia la consumación de actos que perjudiquen al interés social o al servicio público.
"La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que establezca la resolución, surtirán sus efectos al notificarse la misma y se considerarán de orden público."
Del contenido de los numerales transcritos deriva que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco tiene una competencia dual que nace de dos tipos de leyes: una de carácter netamente administrativo, como es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en la cual conoce de un recurso; y otra, de la legislación que regula el estatus laboral de dichos servidores, como es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual contempla un juicio de índole laboral; esto es, tiene naturaleza formal de un tribunal laboral que aplica el derecho laboral burocrático a nivel estatal y municipal; pero también con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese Estado, actúa como tribunal revisor de actos administrativos, ya que este precepto legal le otorga facultades para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos.
Dicho de otra manera, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, además de tener competencia para conocer de los conflictos laborales individuales o colectivos que se presenten entre el Estado y los Municipios con sus servidores públicos o trabajadores, regidos por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, conoce también de las resoluciones por las que se imponen determinadas sanciones administrativas a servidores públicos con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, hecha excepción del apercibimiento y de la amonestación.
El procedimiento para uno y otro supuesto de procedencia ante dicho tribunal no es distinto, sino que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé un solo trámite tanto para el recurso administrativo como para el juicio laboral, de manera que ante la inexistencia de alguna norma que contemple una distinción para uno y otro caso debe entenderse que las reglas procesales son las mismas. Sin embargo, esta circunstancia, de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón haya tramitado el procedimiento y resuelto el juicio de origen con apoyo en la ley burocrática estatal, como lo es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no conlleva a que el juicio sea de naturaleza laboral.
Lo anterior, porque dicha legislación aplica en cuanto al procedimiento que se sigue ante ese órgano jurisdiccional, y la competencia nace de la naturaleza de la acción, la que en el caso se vincula con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y acorde con la jurisprudencia de esta Segunda Sala, cuyo texto y datos de publicación se indican, los conflictos derivados de la aplicación de esta ley son de naturaleza administrativa.
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.-Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la Constitución denominado ‘De las responsabilidades de los servidores públicos’ y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, como en el ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es fundamental y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material."
(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, tesis 2a./J. 14/99, página 257 y Apéndice 2000, Tomo III, Materia Administrativa, jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 112, página 125).
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DONDE SE PIDE LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CESE Y PRESTACIONES LABORALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Cuando en la demanda de nulidad se impugna no sólo la resolución administrativa en la cual se destituyó al actor de su cargo, con fundamento en disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también se demanda el cumplimiento de prestaciones laborales (reinstalación en el empleo, pago de salarios caídos y aplicación de condiciones generales de trabajo), la competencia corresponde al citado tribunal, pues no obstante que las prestaciones de carácter laboral que se demandan no encuadran en los supuestos previstos en el artículo 11 (antes 23), de la ley orgánica que lo rige, se trata de acciones ejercidas en una sola demanda que se encuentran estrechamente vinculadas, ya que el resultado de una determinará la procedencia o no de las restantes, y ello impide dividir la continencia de la causa."
(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, tesis 2a. LXI/97, página 253 y Apéndice 2000, Tomo VII, Conflictos Competenciales, PR., tesis 227, página 181).
En efecto, el tribunal de referencia tiene competencia dual, ya que conoce del juicio laboral seguido por un trabajador en contra del titular y del recurso administrativo promovido por el servidor público en contra del Estado con motivo de una sanción administrativa aplicada en su contra, como acontece en el presente asunto, en que los actores impugnan la existencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad en el que les impusieron sanciones por incumplimiento al artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; procedimiento que llevó a cabo una autoridad administrativa, contralor del Estado de Jalisco, con fundamento en esta ley de naturaleza administrativa.
De ahí que resulte intrascendente la ley adjetiva en que se apoyó la autoridad responsable (Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco) para tramitar el asunto, porque ello no conlleva a que éste sea de naturaleza laboral, pues dicha ley es la que rige el procedimiento del tribunal y siempre aplica. Sin embargo, como se dijo, el órgano jurisdiccional en mención tiene competencia dual y conoce de juicios administrativos y laborales y, en cada caso, se debe atender a la ley de la materia que lo rige, al margen de que en la demanda se reclame el pago de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo o cualquier otra prestación de carácter laboral, pues la competencia nace de la naturaleza de la acción, la que en el caso particular se vincula con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco que es de naturaleza administrativa.
En consecuencia, el Tribunal Colegiado que resulta competente para conocer de la demanda de amparo directo, origen de este conflicto, lo es el especializado en la materia administrativa, porque los actores refieren a la existencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad, del que resultaron sancionados por incumplir disposiciones del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco, el cual es un juicio que tiene su origen en la resolución dictada por la autoridad administrativa, con fundamento en la referida ley.
Con base en lo ya expuesto y después de una nueva reflexión respecto del tema, esta Segunda Sala abandona el criterio que sostuvo al resolver por unanimidad de cinco votos en sesión del día ocho de agosto de dos mil siete la competencia 59/2007.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe el conflicto competencial.
SEGUNDO.-Se declara legalmente competente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para conocer y resolver el juicio de amparo directo promovido por Mario Guillermo Haro Rodríguez y Cuauhtémoc Rivera Esquivel, contra el acto que reclamaron del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicho Estado, consistente en el laudo dictado el treinta de enero de dos mil seis en el juicio natural 172/2005-D1.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y remítanse los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y Ministra presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20697-f122e721/servidores-publicos-del-estado-de-jalisco-la-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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