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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 1/2023. · Registro digital (IUS): 31630
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo II, Pág.1888.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: SALVADOR OBREGÓN SANDOVAL.

ÍNDICE TEMÁTICO

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en determinar si el acto consistente en la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral tiene o no ejecución material, para de ese modo determinar la competencia por territorio de los Juzgados de Distrito.

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Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber deliberado en la sesión pública del día tres de mayo del dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la contradicción de criterios número 1/2023; suscitada entre el Pleno del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radica en determinar si el acto consistente en la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral tiene o no ejecución material, a fin de determinar la competencia por territorio de los Juzgados de Distrito.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE:

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 6884 remitido a través del MINTERSCJN, recibido en este Alto Tribunal el treinta de diciembre de dos mil veintidós, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el conflicto competencial 52/2022 y el sostenido por el otrora Pleno del Vigésimo Primer Circuito, al fallar la contradicción de tesis 7/2019.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta registró el asunto con el número 1/2023; admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios, por lo que solicitó a la presidencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 7/2019 de su índice, así como del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dicho asunto se encuentra vigente.

3. De igual forma turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán y ordenó enviarlo a la Sala en la cual se encuentra adscrito, a fin de que proveyera su trámite e integración.

4. En atención a que durante la sustanciación del presente expediente entraron en vigor los Acuerdos Generales Números 67/2022 y 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativos a la sustitución de los Plenos de Circuito, por auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés se ordenó requerir al Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, para que a la brevedad posible remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 7/2019 del índice del otrora Pleno del Vigésimo Primer Circuito, así como del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dicho asunto se encuentra vigente.

5. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

6. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, manifestó las razones por las que se encuentra imposibilitado para remitir la copia certificada o digitalizada de la resolución dictada en la contradicción de tesis 7/2019, del índice del extinto Pleno del Vigésimo Primer Circuito, así como para informar respecto a la vigencia del criterio sustentado en ese asunto.

7. En el mismo proveído se tuvo por recibido el diverso oficio a través del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito envió copia digitalizada de la referida ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 7/2019; atento a lo cual, la presidencia de la Segunda Sala destacó que aun cuando no existe informe respecto a la vigencia del criterio sustentado en la mencionada contradicción, éste es un elemento que únicamente el Ministro ponente puede decidir si resulta necesario para la resolución del presente asunto, por lo que se acordó remitir el sumario en el que se actúa a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, a efecto de que la Segunda Sala, actuando como órgano colegiado, determinara si el asunto está en estado de resolución con las constancias que lo integran.

I. COMPETENCIA

8. Con base en la normatividad aplicable en la fecha de presentación de la denuncia respectiva,(1) esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la contradicción de criterios entre el Pleno del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno; 226, fracción II, de la Ley de Amparo en su texto vigente antes de la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno –en relación con el artículo primero transitorio, fracción II, del decreto de la indicada reforma legal–; y 21, fracción VIII, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –en relación con el artículo quinto transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio de dos mil veintiuno–; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre órganos colegiados de diferentes Circuitos, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.

9. Al respecto es oportuno invocar la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)

II. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima.

11. En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General, y 227 de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que las Ministras y los Ministros, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, el fiscal general de la República, las Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito o las partes que intervinieron en los asuntos en que tales criterios fueron sustentados, se encuentran facultados para denunciar la contradicción ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

12. En tal virtud, si en el caso la denuncia fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, es claro que cuentan con legitimación para ello de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(3)

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, relatar las consideraciones de las resoluciones emitidas por el Pleno y el Tribunal Colegiado contendientes.

14. Del conflicto competencial 52/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes:

a) Instituto América, Asociación Civil, por conducto de su apoderada legal, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 815/2016, atribuido a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz.

b) Mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto 1047/2022 de su índice, por cuestión de territorio; por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, en turno, al que estimó competente.

c) Por auto de veinticinco de octubre siguiente, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, radicó el expediente bajo el número 954/2022 y declinó la competencia planteada.

d) En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de esa ciudad, en turno, a fin de resolver el conflicto competencial.

e) Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, el cual lo admitió a trámite en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós registrándolo bajo el conflicto competencial 52/2022; y mediante sentencia dictada el dieciséis de noviembre siguiente sostuvo, en lo que al presente asunto interesa, lo siguiente:

• Que sí existe el conflicto competencial planteado porque los órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron abstenerse de conocer y resolver la demanda de amparo en la que se reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral respectivo.

• Que correspondía conocer de la demanda de amparo al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz.

• Para justificar lo anterior, invocó los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y el 37 de la Ley de Amparo.

• Mencionó que el elemento necesario para determinar qué Juez de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 17/2015, en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.

• Asimismo, indicó que para conocer la naturaleza del acto reclamado resultaba orientador lo sostenido por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, donde estableció que los actos se dividen de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias en: 1) positivos, 2) negativos (simples, con efectos positivos y prohibitivos); y, 3) omisivos o abstenciones.

• Precisó que si los actos omisivos o abstenciones para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado, corresponde verificar si la omisión de dictar laudo en el juicio laboral por parte de la autoridad encargada del procedimiento produce efectos y/o consecuencias para las partes.

• En ese orden de ideas, refirió que dentro de la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, se encuentra el derecho de todo gobernado a obtener justicia pronta, traducida en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables.

• Señaló que, en consecuencia, la omisión de dictar el laudo en los plazos previstos por la ley, para los efectos del juicio de amparo, en principio constituye una paralización del procedimiento laboral y, por otro, implica un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta.

15. Por su parte, en la contradicción de tesis 7/2019, del índice del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, se tienen los siguientes antecedentes relevantes:

a) El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, denunció la posible contradicción de tesis, entre los sustentados por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 23/2019 y 1/2019, respectivamente, cuyos elementos fácticos y jurídicos consistieron en lo siguiente:

b) En el conflicto competencial 1/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, consideró que el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del procedimiento laboral implica una ejecución material, toda vez que si la Junta responsable cerró instrucción lógicamente debía turnar los autos para el dictado del laudo cuya omisión reclamó el quejoso; lo anterior, porque se requiere la actuación de ejecución a efecto de que la Junta realice la conducta en el sentido de dictar el laudo del cual ordenó su emisión, razón por la que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en donde se ejecute lo mandado u ordenado por la Junta responsable, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo.

c) Por su parte, en el conflicto competencial 23/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, determinó que el acto reclamado consistente en la omisión de acordar la promoción en que se solicitó fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación, así como la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material, en tanto que no trascienden al mundo fáctico, razón por la que consideró que la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del Juzgado de Distrito ante quien se presentó esa demanda, atento al tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.

d) Con base en tales elementos, mediante sentencia dictada en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

• Consideró que si bien las omisiones destacadas dentro de los conflictos competenciales resueltos por ambos tribunales no se constituyen por los mismos supuestos de hecho, dado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se pronunció sobre la omisión en el dictado del laudo dentro de un procedimiento laboral; en tanto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, lo hizo respecto de la omisión de acordar la solicitud de fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación y la falta de emisión en el dictado del auto admisorio de pruebas.

• Sin embargo, los actos de autoridad objeto de estudio en las ejecutorias pronunciadas guardan un punto en común constituido precisamente por la omisión en que incurrió la autoridad responsable en su deber jurisdiccional impuesto dentro del artículo 17 constitucional, relativo a su obligación de dictar las resoluciones que le resultan impositivas acorde con lo dispuesto en los artículos 837 y 838, y el derecho del trabajador a ser reinstalado en su actividad laboral acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 48, todos de la Ley Federal del Trabajo.

• Señaló que, por tanto, los ejercicios interpretativos emprendidos por dichos órganos jurisdiccionales colisionan en un mismo punto jurídico, ya que mientras que para el primero la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el segundo, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas son actos que carecen de ejecución material.

• En ese sentido, precisó que aun ante la existencia de hechos fácticos diversos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a posturas opuestas sobre un mismo punto jurídico, por lo que sí existía contradicción de tesis, pues lo relevante para definir los asuntos sujetos a su jurisdicción fue la naturaleza concedida a los actos omisivos o abstenciones reclamadas de los órganos laborales de jurisdicción común.

• Estimó que, de acuerdo con las posturas de los órganos colegiados contendientes, procedía formular la pregunta relativa a si: ¿Las omisiones en el dictado de las resoluciones en materia laboral conllevan una ejecución material para efectos de establecer la competencia, por razón de territorio, en el juicio de amparo indirecto?

• Al abordar el estudio de fondo, señaló que de las reglas de competencia por razón de territorio, de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo indirecto, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen dos tipos de actos de autoridad: a) actos que tienen ejecución material, y b) actos que no requieren ejecución material.

• Mencionó que, en el caso, la litis gira en torno al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en el plano de pronta y expedita impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, que debe guardarse a cada justiciable.

• En ese orden, indicó que lo conveniente era analizar la naturaleza que les asiste a los actos de abstención u omisión en que las autoridades laborales señaladas como responsables incurren en el curso de un procedimiento en esa materia, esto es, si conllevan una ejecución material o no.

• Al efecto, refirió que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, clasificó la naturaleza de los actos (positivos, negativos –simples, con efectos positivos y prohibitivos– y omisivos o abstenciones).

• Destacó que de esa ejecutoria derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), de rubro: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA."(4)

• Agregó que, por cuanto hace a los actos intraprocesales reclamados en amparo biinstancial que guardan relación con la omisión o abstención en que incurren las autoridades laborales durante la tramitación de los juicios en esa materia, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), de título: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.",(5) en el que se dimensiona la afectación material a derechos sustantivos que debe guardar el acto de autoridad para efectos del amparo, entendida ésta en aquel supuesto en el que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo y no sólo producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. • Bajo tal contexto, concluyó que la naturaleza de lo reclamado en las resoluciones objeto de contradicción, las cuales se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, producen meros efectos formales dentro del procedimiento, que no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional.

• Señaló que lo anterior significa que no requieren de ejecución material, porque no tienen por efecto alguna orden o mandato hacia el gobernado para actuar o llevar a cabo algo, pues derivan de etapas procesales que se encuentran en curso.

• Añadió que si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.

• Sin embargo, esos alcances –para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución– no pueden llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (fijar fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado.

• Destacó que una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención.

• Finalmente, refirió que compartía la jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10a.), sustentada por el Pleno del Décimo Quinto Circuito, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA."(6)

16. Cabe señalar que, según se advierte del Semanario Judicial de la Federación, de la ejecutoria relativa a la mencionada contradicción de tesis 7/2019, derivó la tesis de jurisprudencia PC.XXI. J/2 L (11a.), que es del tenor siguiente:

"COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES DE DISTRITO. LAS OMISIONES O ABSTENCIONES EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL NO CONLLEVAN UNA EJECUCIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE SU FIJACIÓN.

"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de los contendientes la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el otro, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material.

"Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Primer Circuito establece que los actos o abstenciones de las autoridades responsables dentro de los procedimientos laborales no conllevan una ejecución material para efectos de definir la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto.

"Justificación: Lo anterior, porque las sentencias objeto de contradicción se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, con la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (como fijar la fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado."(7)

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

17. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(8) Así, para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

18. A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de criterios:

I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(9)

II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.

III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(10)

19. De conformidad con los lineamientos expuestos, es dable sostener que, en el caso, sí existe la contradicción de criterios denunciada.

20. Es así, pues de las ejecutorias respectivas se advierte que ambos órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber: si el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad de dictar el laudo en un juicio laboral, tiene o no ejecución material, ello con el propósito de fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito que deben conocer de la demanda de amparo en que se reclame tal acto.

21. En efecto, como se observa del conflicto competencial 52/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito sostuvo, esencialmente, que la omisión de dictar el laudo tiene ejecución material; mientras que en la contradicción de tesis 7/2019 el Pleno del Vigésimo Primer Circuito consideró, medularmente, que la omisión o abstención de emitir resoluciones en un procedimiento laboral, como son, específicamente, fijar fecha para la reinstalación, el auto admisorio de pruebas y el laudo, no requieren de ejecución material.

22. Sin que resulte obstáculo que el pronunciamiento del Pleno del Vigésimo Primer Circuito en la contradicción de tesis 7/2019 hubiese incluido, además de la omisión del dictado del laudo, otro tipo de omisiones, como son las de proveer la fecha de reinstalación y la admisión de las pruebas. Ello, porque con independencia de que el mencionado Pleno hubiere considerado que tales actos guardan un punto en común constituido por la omisión en que incurrieron las autoridades responsables en su deber jurisdiccional impuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, relativo a su obligación de dictar las resoluciones que les resulten impositivas conforme a lo dispuesto en los artículos 48, 837 y 838 de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31630-576492c6/competencia-por-territorio-para-conocer-de-una-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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