COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE EXPEDIR LAS TARJETAS DE VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS, ATRIBUIDA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA (ARTÍCULO 37, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 32/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAGISTRADA VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIA: ANA PAOLA SURDEZ LÓPEZ.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día ocho de mayo de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 32/2026 suscitada entre el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
2. El problema a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si la omisión de acordar lo relativo a la expedición de tarjetas de visitante por razones humanitarias, atribuida a autoridades del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, es un acto declarativo o tiene ejecución material para efectos del artículo 37 de la Ley de Amparo.
3. Con la anterior interrogante se precisa el tema de la contradicción de criterios, no obstante que en el auto de radicación de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, se hubiese asentado como tema de contradicción el siguiente: “Determinar si la omisión de expedir tarjetas de visitante por razones humanitarias, atribuida a autoridades del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, es o no un acto con ejecución material y, en consecuencia, qué juzgado de distrito es el competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo en la que se reclame dicha omisión.”
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
4. Denuncia de la contradicción. Por oficio 22/2026 recibido el veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre los siguientes órganos jurisdiccionales:
• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial ********
• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial ********
5. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis se radicó el expediente que se registró como contradicción de criterios 32/2026. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; asimismo se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara respecto a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema relativo a: “DETERMINAR SI LA OMISIÓN DE EXPEDIR TARJETAS DE VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS, ATRIBUÍDA A AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO, ES O NO UN ACTO CON EJECUCIÓN MATERIAL Y, EN CONSECUENCIA, QUÉ JUZGADO DE DISTRITO ES EL COMPETENTE, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAME DICHA OMISIÓN.”.
6. De igual forma, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. Informes. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito rindió el informe solicitado en el sentido de que el criterio materia de la contradicción se encontraba vigente, informe que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.
8. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al denunciar la contradicción de criterios señaló que el criterio sostenido continúa vigente.
9. De igual forma, en proveído de veinte de marzo del año en curso, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
10. Confirmación de turno. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, al encontrarse debidamente integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno del asunto a la Magistrada Virginia Pétriz Herrera.
11. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,.
CONSIDERANDO:
12. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(4) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
13. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad administrativa sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
14. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Magistrada Presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(6)
15. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial ******* en sesión de ocho de enero de dos mil veintiséis.
16. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinticinco, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de México, una persona física, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes:
III. AUTORIDAD RESPONSABLE.
a) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México.
b) Subdirector de Regulación y Archivo Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México.
IV. ACTOS RECLAMADOS.
a) La omisión de expedir al suscrito la tarjeta de visitante por razones humanitarias, a pesar de colmarse los requisitos y supuestos contenidos en artículo 52, fracción V, de la Ley de Migración (ser solicitante de la condición de refugiado); 13 y 50 de los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.
Dichos actos de autoridad transgreden mi derecho humano a la identidad personalidad jurídica y libre circulación, así como al derecho de acceder a una regular estancia en México”.
17. Declinación de competencia. Mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinticinco, el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de México, con residencia en Toluca, lo registró radicó el asunto bajo el número *********; y, determinó carecer de competencia legal, por razón de territorio para conocer del asunto; en virtud de que estimó que el acto reclamado tendría ejecución por lo que se encontraba vinculado con el domicilio del quejoso, que afirmó, reside en la Ciudad de México (según las constancias exhibidas), y por tanto, le correspondía conocer de la demanda al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno ordenando remitir la demanda y solicitar al titular del juzgado, que se pronunciara al respecto.
18. No acepta la competencia. El trece de noviembre de dos mil veinticinco, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, radicó la demanda bajo el número de expediente *********, y determinó no aceptar la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado no tiene ejecución material, por tanto, el Juzgado de Distrito competente era en el que se presentó la demanda de amparo.
19. Conflicto competencial. El veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, la titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca, insistió en declararse legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto; por lo que remitió los autos al tribunal colegiado, en turno, para resolver el conflicto competencial suscitado.
20. Admisión. El conflicto competencial fue remitido, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en proveído de tres de diciembre de dos mil veinticinco lo admitió y registró con el expediente *******.
21. Sentencia. Por sentencia de ocho de enero de dos mil veintiséis, dicho órgano colegiado declaró legalmente competente al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido, al tenor de las siguientes consideraciones:
“El artículo 37 de la ley de la materia menciona tres reglas fundamentales de competencia de las personas juzgadoras de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber:
1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente la persona juzgadora que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;
2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente la persona juzgadora ante la que se presente la demanda; y
3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente la persona juzgadora en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de las personas juzgadoras de Distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas.
Por lo que hace a la primera regla, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia de la persona juzgadora; es decir, es competente aquella en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción.
Esto es, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto.
Debe recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva.
Así, para determinar la competencia de la persona juzgadora de amparo en el conocimiento de un juicio constitucional en donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial.
Según lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) la expresión “ejecución material” contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo “debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.”.
Así, es el sitio donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente, lo que define la competencia de las personas juzgadoras de Distrito; de modo que, para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues ahí es donde se ejecutan y producen consecuencias en el mundo fáctico.
La regla antedicha tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que generalmente la ejecución recae en el domicilio de la persona gobernada o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.
En el segundo supuesto previsto en el artículo 37 de la ley de la materia, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversas personas juzgadoras, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de las juzgadoras de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante la persona juzgadora de Distrito ante quien se presentó la demanda.
Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia de la persona juzgadora de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta tercera regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes.
• Caso concreto
La parte quejosa reclamó la omisión de expedir la tarjeta de visitante por razones humanitarias, al ser solicitante de la condición de refugiado.
Destacado lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que para fijar la competencia legal para conocer de la demanda de amparo indirecto que nos ocupa, es preciso esclarecer la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto negativo con efectos positivos, o bien, un acto negativo simple; esto es, en el caso es necesario advertir las consecuencias de dicho acto a fin de determinar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por ende, ejecutables.
Es importante esta diferencia porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del indicado numeral.
Destacado lo anterior, es necesario referir la clasificación de los actos, atendiendo a su naturaleza y efectos. Tenemos que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en:
a) actos de ejecución instantánea;
b) actos de ejecución continuada o inacabada; y,
c) actos de ejecución de tracto sucesivo.
El acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en:
a) abstenciones;
b) negativas simples; y,
c) actos prohibitivos.
Es importante poner de relieve que, aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica de la parte quejosa.
Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado.
Sentado lo anterior se advierte que, la omisión de la autoridad de emitir la tarjeta de visitante por razones humanitarias, es un acto que le reviste la naturaleza de negativa simple, que no requieren ejecución material, en tanto que estriba en la negativa de expedir la tarjeta de visitante por razones humanitarias que le dé la condición de refugiado, lo que no requiere ejecución material, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal.
Lo anterior es así, en virtud de que se trata de un acto que no crea, modifica o extingue situaciones o derechos existentes de la persona quejosa, en tanto que únicamente incide en la omisión de iniciar el procedimiento con motivo de la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada de la parte quejosa, sin que se imponga una obligación a cargo de la autoridad de dar o hacer para que surta efectos.
En ese sentido, la materia del juicio de amparo es la omisión simple, no así un acto que pudiera desplegar la autoridad responsable.
De tal suerte que la inactividad de las autoridades responsables se traduce en omisión simple que carece de efectos que trasciendan a una ejecución material, al margen de que ese “no hacer” conlleve a que mientras la autoridad continúe con la abstención reclamada, la parte quejosa afirme que cumplió con los requisitos que establece la Ley de Migración, lo cual, en todo caso, es una cuestión que atañe a si está o no obligada a soportar dicha negativa. Una interpretación en contrario implicaría que todas las negativas y omisiones tuvieran efectos positivos al provocar, en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de la persona que los resienta.
Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de la Décima época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, con registro digital 2006529,(8) de contenido:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.”
En ese orden de ideas, la desacertada apreciación del juzgado de Distrito en el Estado de México radica en cuanto a que el proceder atribuido a las autoridades responsables se constituye en actos omisivos con efectos positivos, pues producen una afectación que trasciende al domicilio en donde se presentó a realizar el trámite de solicitud de refugiado.
Porque, como quedó establecido en los párrafos que anteceden, se considera que el acto reclamado en la demanda de origen se asemeja por su forma de expresión a una omisión simple carente de ejecución, por lo que para efectos de fijar la competencia territorial para conocer del juicio de amparo respectivo, debe atenderse a la regla prevista en el último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que señala que “cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente la persona juzgadora de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.”
Aunado a lo anterior, es relevante señalar que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la pretensión primordial que persigue la parte quejosa, al reclamar la omisión de la que se duele, es que se le expida la tarjeta de visitante y se le otorgue la condición de refugiado.
Máxime que, se destaca que el sujeto promovente señaló diversas autoridades del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México como responsables, por lo que acudió ante un juzgado de Distrito con residencia en Toluca, Estado de México, para instar el juicio de protección constitucional.
En esa medida, se estima que con la decisión adoptada en la presente ejecutoria se privilegia el derecho de acceso a la justicia que tiene la persona justiciable de elegir el órgano jurisdiccional que considera debe conocer de su demanda de amparo, pues, como se explicó, la naturaleza del acto reclamado, omisión simple, así lo permite, en virtud de que no requiere ejecución material.
Es aplicable la orientadora jurisprudencia PR.A.CS. J/25 A (11a.) del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos cuyo contenido se comparte; registro 2027616,(9) Undécima Época, Materia(s): Administrativa. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, noviembre de 2023, Tomo III, página 3017, de contenido siguiente:
“COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN LA OMISIÓN DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UN CERTIFICADO PARCELARIO Y LA OMISIÓN DE EXPEDIR EL TÍTULO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A UN EJIDATARIO. AL CARECER DICHOS ACTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA DE AMPARO.
Hechos: En diversos juicios de amparo indirecto se reclamó la omisión de dar trámite a una solicitud de cancelación de un certificado parcelario y la omisión de expedir el título de propiedad correspondiente a un ejidatario. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los respectivos conflictos competenciales que surgieron con motivo de tales juicios, sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que las omisiones reclamadas eran actos omisivos con efectos positivos que se materializarían en la secuela del procedimiento y, por tanto, se actualizaba la regla de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; el otro órgano colegiado consideró que tales actos reclamados constituían actos omisivos simples que no requerían de ejecución material y, en consecuencia, resultaba aplicable la regla de competencia prevista en el párrafo tercero del invocado artículo 37.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que la omisión de dar trámite a una solicitud de cancelación de un certificado parcelario y la omisión de expedir el título de propiedad correspondiente a un ejidatario, constituyen actos omisivos simples que carecen de ejecución material, que actualizan la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Justificación: Los efectos de la omisión de dar trámite a una solicitud de cancelación de un certificado parcelario y la omisión de expedir el título de propiedad correspondiente a un ejidatario, no transcienden al mundo fáctico, esto es, no modifican el estado material de las cosas en la esfera física de la persona, sino sólo en el aspecto formal, al omitirse darle seguimiento a una solicitud instada dentro de un procedimiento administrativo, al margen de que esa abstención tenga por efecto que la parte quejosa continúe resintiendo una afectación en su derecho de acción previsto en el artículo 17 constitucional, a través del cual busca obtener una decisión en la que se resuelva de manera completa la pretensión deducida, puesto que los trámites subsecuentes, relativos a la posible cancelación del certificado parcelario, a la posible expedición del título de propiedad y su probable inscripción registral, no pueden considerarse parámetros para estimar actualizada una "ejecución material", porque tales actos no forman parte de los alcances materiales de la omisión reclamada, sino más bien están asociados con los efectos de una posible concesión del amparo, que no deben ser estimados al momento de fincar la competencia por territorio del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto, al tratarse de actuaciones futuras de realización incierta. De ahí que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en el que se reclama la omisión de dar trámite a la solicitud de cancelación de un certificado parcelario y la omisión de expedir el título de propiedad correspondiente a un ejidatario, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo.”
En tales condiciones, se concluye que como el acto reclamado no conlleva ejecución material, en el caso se actualiza la regla específica que contempla el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y, por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio, se surte en favor del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca, en virtud de que es el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo indirecto.
Ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial ******* en sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiséis.
22. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinticinco, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de México, unas personas físicas, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto atribuido a las autoridades que a continuación se precisan:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
a) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México.
b) Subdirector de Regulación y Archivo Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México.
IV. ACTOS RECLAMADOS.
a) La omisión de expedir a los suscritos las tarjetas de visitante por razones humanitarias, a pesar de colmarse los requisitos y supuestos contenidos en el artículo (sic) 52, fracción V, de la Ley de Migración (ser solicitante de la condición de refugiado); 13 y 50 de los lineamientos para trámite
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34098-de001511/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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