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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 353/2021. · Registro digital (IUS): 31028
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Pág.1294.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 353/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en contra de los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la competencia, por razón de materia, para conocer de un juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria, se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal o bien, de un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 58570/2021, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción de criterios, que en su opinión, existe entre el emitido por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2020 y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2021, en contra de los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 27/2021, 33/2021 y 26/2021, respectivamente.

2. Lo anterior porque, por una parte, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, concluyeron que el aseguramiento, alojamiento, retención y/o detención en una estación migratoria, al tratarse de actos que implican una afectación a la libertad personal, la competencia recae en los órganos jurisdiccionales de amparo en materia penal.

3. Por otro lado, señaló que los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideraron que tales actos no tienen como finalidad la privación de la libertad, sino que se tratan de aspectos derivados de un procedimiento migratorio, lo que se traduce en actos meramente administrativos y, por ende, la competencia radica en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

4. Trámite de la denuncia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios por acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós y la registró con el número 353/2021.

5. Asimismo, requirió a los órganos jurisdiccionales materia de la contradicción para que por conducto del MINTERSCJN remitieran por dicho medio, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias contendientes, así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, remitieran la versión digitalizada de las ejecutorias en las que sustentaran el nuevo criterio, lo anterior para estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente en que se actúa.

6. También, ordenó dar vista de dicho acuerdo por conducto del MINTERSCJN a los Plenos en Materia Penal y Administrativa del Primer Circuito, para su conocimiento. Finalmente, turnó el asunto a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

7. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibidos los oficios 1468/2022, 1032/2022, 524/2022 y 2700/2022 con anexos, remitidos vía MINTERSCJN, respectivamente, por los órganos colegiados contendientes. Asimismo, señaló que los órganos jurisdiccionales informaron sobre la vigencia del criterio sustentado en los asuntos de su índice y remitieron la versión digitalizada de las ejecutorias relativas. Por tanto, se consideró debidamente integrado el expediente de la contradicción de criterios que nos ocupa y se ordenó su envío a esta ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

8. Dictamen. Mediante dictamen de diez de mayo de dos mil veintidós, el Ministro ponente estimó que no era necesaria la intervención del Pleno, por lo que, en auto de esa propia fecha se envió el expediente a la Primera Sala para su avocamiento.

9. Avocamiento. Integrado debidamente el asunto que nos ocupa y previo dictamen del Ministro ponente, esta Primera Sala se avocó a su conocimiento en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

I. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción, respecto de la posible divergencia de criterios entre el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados del Primer Circuito especializados en distintas materias, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de un asunto suscitado entre Tribunales Colegiados de especialidad en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Pleno del Sexto Circuito y un Tribunal Colegiado del Primer Circuito, ambos en materia penal, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

II. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(4)

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Con la finalidad de resolver si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, definir el criterio que debe prevalecer, es necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes y las consideraciones en que se basaron los órganos jurisdiccionales al emitirlos.

• Criterio del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2020

13. Los elementos que incidieron en su determinación fueron los siguientes:

Criterios contendientes

Ver criterios contendientes

14. El Pleno de Circuito en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2020, determinó que la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos consistentes en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración, se surte en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal.

15. Lo anterior, en atención a las siguientes consideraciones:

a) Afirmó que de los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, así como 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se desprende que tanto los Jueces de Distrito de amparo en materia penal como en materia administrativa tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra leyes, pero su competencia se define en atención a la naturaleza de la norma reclamada, puesto que sólo pueden pronunciarse respecto de leyes que versan sobre su especialización.

b) Resaltó que los juicios de amparo en los que se reclamen actos de autoridad distinta de la judicial, su conocimiento estará a cargo de los Jueces en materia administrativa, específicamente cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto regido por normas de contenido administrativo; mientras que los Jueces de amparo en materia penal, entre otros, se harán cargo de actos que, aun cuando vengan de autoridad distinta de la judicial, afecten la libertad personal (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal), y contra actos que importen deportación o destierro.

c) Respecto de los juicios en los que se impugnen actos que afecten la libertad personal, indicó que su conocimiento corresponderá a los Jueces de amparo en materia penal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, pues en tales casos, dijo, podrán ser competentes los Jueces especializados en diversas materias como la administrativa, civil o laboral, según sea el caso.

d) Señaló que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.

e) Consideró que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material, tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado como la naturaleza del acto que emiten.

f) Sin embargo, dijo, también debe tomarse en consideración que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo, esto es, los Jueces de amparo en materia penal tienen competencia para conocer de actos legislativos, aunque ellos incluyan actos materialmente administrativos. Al respecto citó la tesis de rubro: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES."

g) Destacó que en el juicio de amparo biinstancial lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye. Dicho de otro modo, es el contenido del acto reclamado el que le otorga una naturaleza de acuerdo con las disposiciones normativas en las que se sustente; por tanto, para fijar la competencia no necesariamente debe regirse por el tipo de procedimiento de origen o de las normas aplicables, sino conforme a la naturaleza del acto reclamado. En apoyo a su consideración citó la tesis P./J. 83/98, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."

h) Resaltó que el Instituto Nacional de Migración es un ente que forma parte de la administración pública federal y, por tanto, el procedimiento respectivo, también tiene esas características.

i) Por otra parte, señaló que, al analizar la validez convencional de las medidas privativas de libertad de carácter punitivo para el control de los flujos migratorios irregulares, la Corte Internacional ha señalado que, en principio, los Estados tienen la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio. Sin embargo, precisó que en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, pues lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.

j) Por ende, ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos, sino que sólo deberán ser utilizadas para asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación, durante el menor tiempo posible. Además, ha indicado que es esencial que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que puedan resultar efectivas para tales fines.

k) Señaló que conforme al artículo 79 de la Ley de Migración, cuando se presenta a un migrante ante el instituto se le aloja de forma provisional, en una estación migratoria, esa circunstancia, restringe la libertad del alojado, pues limita su libertad personal, sin tener capacidad de poder realizar sus actos a voluntad, acotando su movimiento y libertad de deambular.

l) Por tanto, sostuvo que la medida provisional de alojamiento, prevista en el procedimiento administrativo migratorio afecta la libertad personal del alojado migrante; pues al mantenerlo dentro de la estación migratoria le priva del derecho de deambular libremente.

m) De esta forma, señaló que sin importar que los actos privativos de libertad se realicen dentro de un procedimiento administrativo, la relación jurídica que nace de ellos es de naturaleza penal, siempre y cuando se reclamen actos privativos de libertad, esto es, el alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y la posibilidad de que abandonen el país, por un retorno asistido o deportación.

n) Por ello, concluyó que al margen de que el Instituto Nacional de Migración y el procedimiento migratorio tengan carácter eminentemente administrativo, lo cierto es que la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación son actos respecto de los cuales tienen competencia los Juzgados de Distrito especializados en amparo penal.

16. Las consideraciones antes sintetizadas dieron origen a la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.),(5) cuyos rubro y texto a la letra dicen:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.

"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar a qué Juzgado de Distrito corresponde la competencia por materia para conocer del juicio de amparo, cuando los actos reclamados consistan en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), llegaron a soluciones distintas, ya que mientras para uno de ellos la competencia se surte en favor de un Juzgado de Distrito Especializado en Materia Administrativa, para los otros dos corresponde a uno especializado de amparo en materia penal.

"Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos consistentes en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración, se surte en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal.

"Justificación: El procedimiento administrativo migratorio inicia con la presentación de extranjeros, que es la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona migrante en una estación migratoria, mientras el instituto dicta una resolución en el procedimiento, el cual puede culminar en la regularización, el retorno asistido o la deportación, todo lo cual pone de manifiesto que se trata de un procedimiento administrativo. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para fijar la competencia por materia, prima la naturaleza del acto y no el carácter de las autoridades responsables o la relación jurídica entre las partes. Ahora, dado que esos actos reclamados afectan la libertad personal del migrante e implican un posible abandono del territorio nacional, tienen la naturaleza de actos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (56, fracción I, de la norma vigente), que señalan que con independencia de la naturaleza de la autoridad responsable, el asunto es de su conocimiento cuando el acto reclamado atente contra la libertad personal (salvo que se trate de una corrección disciplinaria o medio de apremio impuestos por autoridad distinta de la autoridad penal), así como aquellos que impliquen el destierro o la deportación."

• Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2021

17. El citado Tribunal Colegiado conoció del conflicto competencial 12/2021, suscitado entre el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal y el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, ambos en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo indirecto **********. En sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el referido órgano jurisdiccional analizó un asunto que derivó de los hechos y datos siguientes:

18. Amparo indirecto. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ********** en nombre de **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes:

Autoridades responsables

Ordenadoras

• El director de la Estación Migratoria "Las Agujas" del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México.

• Comisionado del Instituto Nacional de Migración

• Titular de la Oficina de Representación en Morelos, licenciada Ada Alday Chávez.

Ejecutoras

• Director de la Estación Migratoria "Las Agujas" del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, licenciado Miguel Ángel Adán Ramírez.

• Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Francisco Garduño Yáñez.

• Titular de la Oficina de Representación en Morelos, licenciada Ana Alday Chávez.

Actos reclamados

"La privación ilegal de la libertad de su concubino en el momento de su traslado de la Agencia del Ministerio Público en Cuernavaca, Morelos, pasando por la breve estancia en el Instituto Nacional de Migración de dicha entidad, hasta su injustificado traslado e ingreso al Instituto Nacional de Migración ‘las agujas’ en la Ciudad de México. Así también el agravio realizado a mi concubino por parte de la autoridad señalada de su injustificada y prolongada permanencia en el Instituto Nacional de Migración ‘las agujas’; así del mismo la falta de información brindada sobre la situación migratoria de mi concubino presumiendo su posible deportación de manera ilegal ya que a mi concubino le fue otorgada una residencia permanente en este país y hasta este momento no se le ha notificado procedimiento jurisdiccional alguno: de las mismas autoridades de dar aviso oportuno a la embajada de Venezuela en el país, es oportuno reclamar de las autoridades que mi concubino no ha recibido asesoría legal que lo oriente para poder hacer valer sus derechos, en consecuencia también se reclama de las autoridades el riesgo en el que ponen a mi concubino de perder la vida ya que a pesar de haberle otorgado asistencia médica le ha sido innecesaria ya que no encuentra mejoría en su salud, es importante señalar que se reclama de las autoridades la coerción ejercida a mi concubino para que de manera supuestamente voluntaria firmara su deportación, en consecuencia, la comisión de una acto de irremediable reparación en agravio de mi concubino ya que se tiene el temor fundado que sea deportado, con la transgresión a sus derechos por tener una residencia permanente en este país ..." (sic) 19. Declinación de competencia. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. El secretario en funciones de Juez de Distrito, mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintiuno ordenó su registro como amparo indirecto **********. Asimismo, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, por razón de la materia, al considerar que el conocimiento del asunto correspondía a un Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México; concedió la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados consistentes en "la posible deportación o expulsión del quejoso del territorio nacional y la incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional"; además, solicitó el informe a las autoridades responsables.

20. Aceptación de competencia. El asunto fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, cuyo titular, mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, tuvo por recibidos los autos del juicio de amparo y aceptó la competencia planteada. Asimismo, precisó los actos reclamados de la siguiente forma:

• La deportación.

• La falta de atención médica que pone en riesgo su vida.

• Privación de la libertad en el Instituto Nacional de Migración "Las Agujas".

• La coerción ejercida al directo quejoso para que firme su deportación supuestamente de manera voluntaria.

21. Una vez ratificada la demanda de amparo, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió la demanda, solicitó los informes justificados de las autoridades responsables y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional.

22. El director de la Estación Migratoria "Las Agujas" del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, al rendir informe justificado negó los actos reclamados, no obstante respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad en el Instituto Nacional de Migración, manifestó que el quejoso fue puesto a su disposición únicamente con fines de alojamiento, custodia y manutención en tanto se resolvía en definitiva su situación migratoria.

23. El treinta de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en la que el Juez de Distrito determinó declinar la competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de materia, respecto del acto consistente en el alojamiento temporal con motivo del procedimiento administrativo migratorio; por otra parte, sobreseyó el juicio de amparo;(6) asimismo, ordenó remitir el asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno.

24. Rechazo de competencia. El Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, determinó no aceptar la competencia planteada, al considerar que el Juez de amparo declinante modificó la litis, al fijar un acto distinto al señalado por el quejoso en la demanda de amparo, esto es, el consistente en el alojamiento temporal con motivo del procedimiento administrativo migratorio seguido en contra del quejoso, entre otro.

25. Por tanto, el Juez de Distrito ordenó devolver los autos del juicio de amparo al Juez declinante, quien mediante proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, determinó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para dirimir el conflicto competencial suscitado.

26. Conflicto competencial. Al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, le correspondió conocer del conflicto competencial 12/2021. En sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, declaró legalmente competente al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por ********** en nombre de **********.

27. Las razones con las que el órgano colegiado sustentó su determinación son las siguientes:

a) En principio, el órgano colegiado hizo alusión a los antecedentes del caso. Posteriormente, señaló que con independencia de la naturaleza de la autoridad que hubiere ordenado los actos reclamados; lo cierto es que conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada pero aplicable al caso, los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán, entre otros, de actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, sin importar la naturaleza administrativa de la autoridad responsable ni el ámbito en el cual se ordenó y ejecutó.

b) En apoyo a su consideración citó la tesis de rubro: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN."

c) Destacó que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el conflicto competencial 70/2005, en lo que interesa, consideró que si se reclaman determinaciones de autoridades migratorias se entenderá que son de naturaleza administrativa si constituyen la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa, como lo serían los actos que tienden a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se introducen al país, ajenos a la existencia de alguna medida tendiente a privarlos de su libertad, para regresarlos en contra de su voluntad a su país de origen.

d) De esa ejecutoria derivó la tesis siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL."

e) Asimismo, dijo, que el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, dispone que la competencia para el caso de que se reclamen actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal corresponde a los Jueces de Distrito de amparo en materia penal su conocimiento; mientras el numeral 52 de ese ordenamiento legal prevé que a los Jueces de Distrito en materia administrativa les corresponde el conocimiento de actos reclamados de autoridades administrativas, con exclusión, de los que impliquen privación de la libertad por causa distinta a correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal o la deportación, en el entendido de que para la fijación de la competencia debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, antes que al de la autoridad de la que emana.

f) Indicó que del informe justificado rendido por el director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se aprecia que el seis de abril de dos mil veintiuno, el quejoso fue puesto a su disposición con fines de alojamiento, custodia y manutención en tanto la oficina de representación del citado instituto en el Estado de Morelos, resolvía su situación migratoria. Que el veintiuno de mayo siguiente, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México fue egresado de la estación migratoria, quedando a disposición de ese órgano jurisdiccional por cuanto hace a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable respecto de la continuación del procedimiento migratorio.

g) Por tanto, dijo, es claro que dicho alojamiento en realidad implicaba una afectación a la libertad personal del quejoso, porque fue liberado cuando un Juez de Distrito así lo ordenó a la responsable, por lo que queda de manifiesto que el peticionario del amparo se encontraba alojado o detenido dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Ciudad de México.

h) Resaltó que, en el caso, no se actualiza la excepción prevista en la fracción I del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, porque el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso, independientemente de la naturaleza de la autoridad que lo ordene o ejecute, ni se trató de alguna corrección disciplinaria o de un medio de apremio impuesto fuera de procedimiento penal, sino que tal alojamiento se emitió en el contexto de un procedimiento migratorio, y la Ley de Migración prevé que puede durar quince o hasta sesenta días, lapsos para los cuales es constitucionalmente imposible dictar correcciones disciplinarias o medidas de apremio restrictivas de libertad.

i) Por ello, afirmó que, si el acto reclamado lo es la restricción de la libertad personal con motivo de la orden de presentación y alojamiento y/o detención en la Estaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31028-617d6807/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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