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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO CONTRA LA DETENCIÓN O RETENCIÓN DE UNA PERSONA EXTRANJERA EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, NO DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE LA SOLICITUD CON RESPONSIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 147/2023. · Registro digital (IUS): 31695
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.3536.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 147/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 15 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por ser criterios sostenidos por Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, perteneciente a la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la parte quejosa en uno de los criterios contendientes, a través de la Asesora Jurídica Federal Especializada en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional, adscrita a la Delegación del Instituto de Defensoría Pública en San Luis Potosí, que participó como autorizada en el juicio de amparo correspondiente.

3. Es aplicable, en una parte, la tesis aislada de la Primera Sala, que dice así:

"DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.

"Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.

"Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.

"Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron ‘parte’ en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de ‘parte’ comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.

"En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

"Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.

"Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo."(4)

III. Criterios denunciados

4. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja administrativa 681/2022, 682/2022, 41/2023, 42/2023 y 43/2023, en sesiones de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y ocho de febrero de dos mil veintitrés.

5. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja administrativa 67/2023 y 95/2023, en sesiones de nueve y veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver las quejas administrativas 681/2022, 682/2022, 41/2023, 42/2023 y 43/2023, y los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y Circuito, al resolver las quejas administrativas 67/2023 y 95/2023.

8. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 681/2022, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver recurso de queja administrativa

9. El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja administrativa 682/2022, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

10. El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja administrativa 41/2023, en una parte analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

11. El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja administrativa 42/2023, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver tabla

12. El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja administrativa 43/2023, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver cuadro

13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 67/2023, una parte de la ejecutoria analizó un asunto con las siguientes características:

Ver parte de la ejecutoria

14. El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja administrativa 95/2023, una parte de la ejecutoria analizó un asunto con las siguientes características:

Ver recurso

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los Tribunales Colegiados, a partir de una exposición argumentativa, decidieron sobre si al concederse la suspensión en un juicio de amparo promovido en contra de la detención o retención de una persona extranjera en una estación migratoria, puede exigirse como una medida de aseguramiento y/o requisito de eficacia, la exhibición de la solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración.

16. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes, porque los Tribunales Colegiados, al conceder la suspensión de oficio y de plano, analizaron la cuestión planteada con base en la normatividad en materia de migración y en la Ley de Amparo.

17. Sin embargo, se produjo un diferendo entre ellos, pues uno consideró que debe exigirse la exhibición de la solicitud con responsiva como una medida de eficacia de la suspensión, dado que mira a garantizar que la persona migrante no se sustraiga del país durante la sustanciación del procedimiento administrativo, mientras que el otro sostuvo que el requisito en comento rige para la actuación de la autoridad responsable, pero no tratándose de la medida cautelar prevista en la Ley de Amparo, además de que pone en riesgo la eficacia de la suspensión porque es de difícil cumplimiento al depender de un tercero ajeno al asunto.

18. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: Cuando se conceda la suspensión en un juicio de amparo para que se ponga en libertad a una persona extranjera retenida en una estación migratoria ¿puede exigirse como requisito de eficacia la exhibición de la solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicanos a que se refieren los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración y 215 de su reglamento?

19. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja administrativa 681/2022, 682/2022, 41/2023, 42/2023 y 43/2023, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y Circuito, al fallar los recursos de queja administrativa 67/2023 y 95/2023.

20. Importa aclarar que no pasa inadvertido para este Pleno Regional que los Tribunales Colegiados contendientes concedieron la suspensión de oficio y de plano en contra de la detención administrativa de las personas quejosas, pero impusieron medidas de aseguramiento como requisitos de eficacia de la medida cautelar, que están previstas en los artículos 147 y 162 de la Ley de Amparo para casos en que se concede la suspensión a petición de parte. Empero, no es el caso de hacer mayor pronunciamiento sobre el tipo de medida cautelar procedente en este caso, toda vez que sobre el tema no existe discrepancia en el presente asunto y además es materia de la contradicción radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de expediente 87/2022, con el tema siguiente: "PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DERIVADA DEL ALOJAMIENTO O DETENCIÓN DEL QUEJOSO POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (MIGRATORIA) Y POSIBLE DEPORTACIÓN. DETERMINAR CUÁLES DEBEN SER LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Y LA VÍA PARA ANALIZARLA.", pendiente de resolver.(7)

V. Estudio

21. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, es pertinente tener presente que el artículo 17 de la Carta Magna(8) prevé el derecho de acceso a la justicia que imparten los tribunales y encomienda a las leyes la previsión de los requisitos y formalidades necesarios para hacer efectivo tal derecho.

22. Con miras al cumplimiento de ese objetivo, las medidas cautelares previstas en las leyes se erigen como los instrumentos al alcance de los juzgadores para conservar la materia del litigio hasta su conclusión y/o evitar una grave o quizá irreparable afectación a las partes durante la tramitación del asunto.

23. Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la cual derivó la tesis de jurisprudencia, de rubro siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO.",(9) dijo lo siguiente:

"En principio debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.

"El lapso relativamente prolongado que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica.

"Para el procesalista Piero Calamandrei, la providencia cautelar nace de la relación entre dos términos: por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo; y, por otra, de la falta de aptitud del proceso ordinario para crear, sin retardo, la providencia definitiva. El tratadista citado define a la providencia cautelar, como la ‘anticipación previsoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma’ (Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Bibliográfica Argentina, 1945, página 45).

"En opinión de Humberto Briseño Sierra, la medida cautelar no busca la posibilidad de hacer efectiva una sentencia cuyo contenido se ignora cuando aquélla se dicta, sino que ‘busca evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva’ (Derecho Procesal, Vol. IV, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1970, página 293).

"Las medidas cautelares suelen clasificarse en: 1) personales o reales, según recaigan sobre personas o bienes; 2) conservativas o innovativas, en función de que tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso principal, y 3) nominadas o innominadas, según signifiquen una medida específica que el juzgador puede decretar o un poder genérico del juzgador para decretar las medidas pertinentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de la futura y probable sentencia del proceso principal."

24. De esta exposición se sigue que las medidas cautelares tienen como finalidades hacer posible la ejecución de la sentencia y evitar daños graves o incluso irreparables a las partes, ya sea evitando obstáculos a dicha ejecución (conservativa) o adelantando los efectos del fallo (innovativa).

25. Esta consideración se corrobora con lo sostenido por la Primera Sala del propio Alto Tribunal, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 415/2012, de la cual derivó la tesis jurisprudencial, de rubro siguiente: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007).",(10) en donde sostuvo:

"En la doctrina, las medidas cautelares suelen ser calificadas también como providencias o medidas precautorias, y se definen como los instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso.

"Las medidas cautelares tienden, por un lado, a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo de un juicio con motivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia y, por otro lado, a lograr que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica."

26. En el mismo sentido, la doctrina constitucional ha señalado, al interpretar textos normativos similares a los antes invocados, que la provisión de medidas cautelares desempeña un papel crucial en el acceso a la justicia:

"La tutela cautelar forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24.1 CE, pues el aseguramiento de la efectividad de la sentencia que consiguen las medidas cautelares da sentido al proceso, protege el cumplimiento de lo acordado, y consigue que la tutela que dispensan Jueces y tribunales sea verdaderamente efectiva. La tutela judicial no tendría trascendencia práctica, y sería meramente quimérica, en muchos casos, sin las medidas cautelares.

"A tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional, la tutela cautelar, además de integrarse en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, constituye, en el proceso contencioso administrativo, una consecuencia de la universalidad del control jurisdiccional que ejercen jueces y tribunales sobre la actividad administrativa

"STC 14/1992, 10 de febrero (Tol 25194) ‘La configuración de la tutela cautelar como manifestación de la tutela judicial efectiva de cualesquiera derecho o intereses legítimos limita al legislador impidiendo que excluya la adopción de medidas cautelares por los órganos judiciales. De la tutela judicial deriva el derecho a ‘la potestad jurisdiccional de adoptar medidas cautelares’."(11) 27. Tratándose del juicio de amparo, el primer párrafo de la fracción X del artículo 107 de la Carta Magna(12) establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones determinadas en la ley de la materia.

28. Los artículos 126 a 128 de la Ley de Amparo refieren los diversos tipos de suspensión que pueden decretarse.

29. El numeral 126(13) prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, a saber, pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental.

30. El numeral 127(14) establece la suspensión de oficio incidental para los casos de extradición y cualquiera otro cuya ejecución sea físicamente irreparable.

31. Y el artículo 128(15) prevé la suspensión a petición de parte, de tramitación incidental, para los casos restantes, en que se solicita por la persona agraviada y se realiza un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho con el orden público y el interés social.

32. Cualquiera que sea el tipo de suspensión concedida, el numeral 147, párrafo primero, parte final, de la Ley de Amparo autoriza al tribunal de amparo a establecer ciertas condiciones para que la medida cautelar continúe surtiendo sus efectos, al establecer lo siguiente:

"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos."

33. En una primera aproximación, puede señalarse que este imperativo utiliza la expresión pudiendo establecer, la cual, según el Diccionario de la Lengua Española, alude a tener expedita la facultad o potencia de hacer algo(16) y el término potencia, en su acepción filosófica, se refiere a aquello que está en calidad de posible y no en acto.(17)

34. Así, la interpretación lingüística del precepto revela que se trata de una facultad del órgano de amparo inherente al ejercicio que debe realizar una vez que se ha concedido la suspensión, para asegurarse de que surta sus efectos de la manera en que sea necesaria para que cumpla su finalidad.

35. Un análisis histórico revela que ya la Ley de Amparo abrogada recogía la regla que permitía al juzgador imponer a la parte quejosa las condiciones conforme a las cuales la medida cautelar surtiría efectos, como se aprecia de su numeral 139, en su párrafo primero, que decía:

"Artículo 139. El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado."

36. Desde este precepto ya se contemplaban los distintos requisitos de efectividad que podía imponer el juzgador, los cuales se distinguían de los requisitos de procedencia de la suspensión, como explicó el Máximo Tribunal en la ejecutoria de la cual derivó la tesis de jurisprudencia, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.". En la parte conducente del fallo se dijo así:

"Ahora bien, para estar en aptitud de resolver la presente contradicción de tesis, dada la omisión del legislador en precisar en el artículo 130 de la Ley de Amparo, el momento a partir del cual empieza a surtir efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, resulta pertinente plantear una disyuntiva interpretativa respecto de dicho precepto y de los diversos 125 y 139 de la misma ley, que regulan la obligación a cargo del quejoso de otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella medida se causaren al tercero perjudicado de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo y lo referente a la suspensión definitiva, ello con el fin de poder determinar lo siguiente:

"a) Si al omitir el legislador señalar en el referido precepto cuándo empieza a surtir efectos la suspensión provisional, debe entenderse que ello tendrá lugar hasta que se exhiba la garantía señalada para salvaguardar los daños y perjuicios que con tal medida precautoria se puedan ocasionar al tercero perjudicado, porque la regla contenida en el artículo 139 de la Ley de Amparo es aplicable únicamente a la suspensión definitiva, o bien;

"b) Si la omisión del legislador en ese aspecto se debió a que la suspensión provisional, por su propia naturaleza, debe surtir efectos desde luego, y únicamente condicionarse la continuidad de los mismos a que se otorgue la garantía que resguarde los derechos del tercero perjudicado.

"A fin de resolver tal disyuntiva, se debe acudir a los métodos existentes sobre interpretación jurídica de la norma, en términos del artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, atendiendo para ello a la naturaleza, efectos y requisitos de procedencia y de efectividad de la suspensión.

"En primer lugar, debe decirse que etimológicamente, la palabra suspensión deriva del latín suspensio, suspensionis, que es la acción y efecto de suspender. A su vez, el verbo ‘suspender’, del latín suspendere, en una de sus acepciones significa: ‘detener o diferir por algún tiempo una acción u obra’.

"Aplicada al ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama, no se realicen.

"En cuanto a la naturaleza de la suspensión debe decirse que es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo.

"Por tanto, el objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución; es un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los particulares, toda vez que el Juez ante quien se presenta la demanda, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, de recibir prueba alguna y de saber de un modo cierto si existe una violación constitucional, suspende la ejecución del acto (suspensión provisional); posteriormente mediante un procedimiento sumarísimo, que se reduce a una audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público, determina si esa suspensión se concede en forma definitiva hasta tanto se resuelva el juicio de garantías.

"Cobran aplicación a este respecto, en lo conducente, los siguientes criterios del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de anterior integración que a la letra dicen:

"...

"Por lo que se refiere a los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y éstos se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, a saber, que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"En cuanto a los requisitos de efectividad, están contenidos en los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe llenar para que surta sus efectos la suspensión concedida, esto es, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, es decir, estos requisitos implican exigencias legales posteriores a la concesión de la suspensión.

"Como se aprecia, a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los requisitos de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar llenadas las condiciones de su procedencia y que; sin embargo, no opere la paralización o cesación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31695-d8ae2611/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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