SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 10 DE DICIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ELÍAS ÁLVAREZ TORRES, ALEJANDRO ANDRACA CARRERA, ALFREDO BARRERA FLORES Y OCTAVIO RAMOS RAMOS. DISIDENTES: VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, ROGELIO JOSUÉ MARTÍNEZ JASSO Y CUAUHTÉMOC CARLOCK SÁNCHEZ. PONENTE: VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS. SECRETARIO: JORGE ARTURO CHÁVEZ MEJÍA.
Villahermosa, Tabasco. Acuerdo del Pleno del Décimo Circuito, correspondiente a la sesión de diez de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos, se tienen a la vista para resolver la contradicción de tesis *********; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio ********** recibido el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por acuerdo del Pleno de dicho órgano jurisdiccional de quince de agosto de dos mil diecinueve, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el referido tribunal, en los recursos de queja ********** y **********, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en aquella misma ciudad, en el recurso de queja **********.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno del Décimo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis relativa a "determinar si cuando una persona, con calidad de inmigrante, reclama entre otros actos, la inminente deportación o expulsión del territorio nacional, la repratriación o traslado a otra estación migratoria, así como el alojamiento excesivo, y solicita la libertad provisional; la suspensión debe concederse de plano o mediante el análisis que se haga en el incidente de suspensión tramitado a petición de parte, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo; y si es facultad del Juez de Distrito fijar garantía o éste debe regir su actuación por el artículo 102 de la Ley de Migración."
En ese mismo proveído se tuvieron por recibidas copias certificadas de las ejecutorias mencionadas; se solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivan esta contradicción de tesis se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
A través del auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al secretario de tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, informando que el criterio utilizado en los recursos de queja ********** y **********, se encuentra vigente; así como por remitiendo vía electrónica los archivos digitales correspondientes a los referidos medios de impugnación.
Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la copia del oficio DGCCST/X/378-09-2019, por el cual, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó el contenido del diverso oficio SGA/GVP/708/2019, signado por el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal del País, en el que comunica que de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema relativo a:
"Determinar si cuando una persona, con calidad de inmigrante, reclama entre otros actos, la inminente deportación o expulsión del territorio nacional, la repatriación o traslado a otra estación migratoria, así como el alojamiento excesivo, y solicita la libertad provisional; la suspensión debe concederse de plano o mediante el análisis que se haga en el incidente de suspensión tramitado a petición de parte, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo; y si es facultad del Juez de Distrito fijar garantía o éste debe regir su actuación por el artículo 102 de la Ley de Migración."
En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, residente en Coatzacoalcos, Veracruz, informando que el criterio sustentado en la ejecutoria del recurso de queja **********, sigue vigente, sin que haya sido modificado o abandonado.
TERCERO.—Turno del asunto. Finalmente, en el citado proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó turnar los autos al Magistrado Víctor Hugo Velázquez Rosas del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; y, el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios materia de la contradicción de tesis. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Primer criterio
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito conoció del recurso de queja **********, interpuesto por el subdirector en la estación migratoria, en Acayucan, Veracruz, por conducto de su apoderado legal, en contra del auto dictado el seis de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, en el juicio de amparo indirecto **********; por el que se concedió la suspensión de plano solicitada.
Las consideraciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja **********, medio de impugnación resuelto en sesión de catorce de junio de dos mil diecinueve, en la parte que interesa, dicen:
"En otro orden de ideas, se considera pertinente tener presente que en el caso concreto, la demanda de amparo que dio origen al proveído, cuya legalidad es materia de análisis en este recurso, se presentó con motivo de la probable emisión inminente, de una resolución de deportación y/o repatriación de la quejosa, por parte del delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Acayucan, y su pretendida ejecución en perjuicio de la directa quejosa **********, en detrimento de sus derechos fundamentales; contra las autoridades y actos siguientes:
"Ordenadoras:
"I. Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
"II. Delegado del Instituto Nacional de Migración con sede en Veracruz.
"III. Subdirector de la estación migratoria en Acayucan, Veracruz.
"IV. Personal y oficiales de migración que llevaron a cabo la ilegal detención de mi representada, todos ellos dependientes del Instituto Nacional de Migración.
"Ejecutoras:
"I. Delegación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz y personal del instituto referido, comisionados en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.
"II. Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz y las que se encuentren en Acayucan, Veracruz.
"III. Subdirector de la estación migratoria en Acayucan, Veracruz, como autoridades ejecutoras.
"Actos reclamados:
"‘Uno: Privación ilegal de la libertad desde el 1 de junio de 2019 e incomunicación.
"‘Dos: Incomunicación, no permitiendo a mi representante legal, tener contacto conmigo a fin de llevar el procedimiento de manera legal.
"‘Tres: Omisión de dar respuesta a nuestra solicitud de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Migración.
"‘Cuatro: Negativa a otorgar el oficio de salida de la estación migratoria.
"‘Quinto (sic): La deportación, expulsión y/o repatriación asistida o cualquier otra determinación que en la práctica tenga el resultado de regresarme a mi país de origen.’
"Como hechos y abstenciones de su conocimiento, en la demanda de garantías signada por ********** en nombre de la directa quejosa, narró –bajo protesta de decir verdad–, los siguientes:
"‘1. Soy ciudadana cubana lo que acredito con el pasaporte número J248950, expedido por el gobierno de la República de Cuba.
"‘2. El día 1 de junio del año en curso, crucé la frontera de Guatemala con México y casi de inmediato fui privada de nuestro derecho de tránsito y privados de nuestra libertad en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz y fuimos traídos ante autoridades migratorias mexicanas, aquí responsables.
"‘3. Al llegar al Estado de Veracruz, fuimos detenidos nuevamente y recluidos en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, estando en absoluto estado de indefensión, puesto que nuestro objetivo es realizar todos nuestros trámites migratorios de acuerdo a las leyes mexicanas en libertad, es por lo que hago la petición de que la autoridad migratoria me extienda el oficio de salida para regularización (sic) mi situación migratoria, por razones humanitarias, según lo permite el artículo (sic) 52, fracción V, 133, fracción V y 135 de la Ley de Migración; 144, fracciones I y IV, inciso c), del Reglamento de la Ley de Migración; y 50 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios. Tal petición tiene sustento tal y como se observa en la siguiente jurisprudencia: «SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD.».’
"Por otra parte, en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, solicito la suspensión de los actos reclamados, en los términos siguientes:
"‘Incidente de suspensión.
"‘Primero. Solicito que de acuerdo al artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo, me sea concedida la suspensión de los actos reclamados para efecto de lograr nuestra inmediata libertad y poder concluir con nuestro trámite de legalización migratoria sin impedimento ni coacción de ningún tipo en la Ciudad de México, en el domicilio antes citado.
"‘Segundo. Se nos expida el oficio de salida de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, en la que nos encontramos ilegalmente detenidos, o en su defecto lo que resulte idóneo para la Autoridad Migratoria respecto del artículo 102 de la Ley de Migración.
"‘Tercero. Se impida la deportación, expulsión y/o repatriación asistida o cualquier otra determinación que en la práctica tenga el resultado de regresarme a mi país de origen.’
"El seis de junio de dos mil diecinueve, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a quien correspondió conocer de la demanda de garantías de que se trata, ordenó la formación de un cuaderno de prevención, así como el registro de la misma bajo el número ********** y, en el mismo auto, concedió la suspensión de plano, con base en las consideraciones esenciales siguientes:
"1. Que de la lectura de la demanda de amparo advertía como actos reclamados la incomunicación y la inminente deportación o expulsión del territorio nacional, en contra de la directa quejosa, misma que se encuentra retenida o alojada en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.
"2. Que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo decretara la suspensión de plano para efectos de que cesara de inmediato el acto consistente en la incomunicación y todos los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como, para que la quejosa no sea deportada y/o expulsada y/o retornada y/o trasladada a su país de origen o diverso centro migratorio del lugar en que se encuentra asegurada. Lo anterior, dijo el a quo, sin perjuicio de que sea asegurada, permanezca a disposición de las autoridades administrativas para la continuación de algún procedimiento administrativo o carpeta de investigación que en su caso se le instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros.
"3. Que la quejosa quedaba a disposición del Juzgado de Distrito, en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, en lo referente a su libertad personal, hasta en tanto dictara la resolución correspondiente en el fondo del asunto y la comunicara a la autoridad responsable. Sin que la suspensión de plano decretada, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, en virtud de que éstos son de orden público y no pueden suspenderse.
"4. Que la medida cautelar no surtiría efectos, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las señaladas como responsables, o en caso de ser sorprendida en la comisión flagrante de un delito.
"5. Que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá efectos, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la quejosa por parte de las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad que está interesada en que se cumplan con toda exactitud las disposiciones de la citada ley migratoria.
"6. Respecto a la libertad provisional solicitada por la quejosa, determinó que, con fundamento en el artículo 164, en vinculación con el 168, primer párrafo y 150, todos de la Ley de Amparo, concedía la suspensión de plano para efectos de que la quejosa fuera puesta en libertad, una vez que haya cumplido y acreditado ante la autoridad migratoria, los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, consistentes en:
"a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad;
"b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá;
"c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y,
"d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana.
"La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley.
"7. Que las documentales correspondientes al cumplimiento de los requisitos referidos, deberían ser presentados ante la autoridad responsable, debiéndose acreditar ante el Juzgado de Distrito, que así se hizo, con el fin de estar en aptitud de requerir al director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, las constancias conducentes a la libertad de la quejosa.
"Esa determinación constituye la materia de análisis del presente recurso.
"Inconforme con la determinación, cuyas principales consideraciones fueron antes resumidas y transcritas, la autoridad responsable aquí recurrente, interpuso el recurso de queja en estudio, expresando los agravios que a su interés conviene; y, de éstos, especialmente resalta el denominado como segundo, en el que argumenta que le agravia el hecho de que el Juez de Distrito en el auto recurrido, da un efecto mayor, al decretar la suspensión de plano, en tanto que la citada medida cautelar no puede tener como efectos modificar, ejercer ni constituir derechos a la quejosa, que no hubiera tenido antes de presentar su demanda de garantías; porque se trata de una medida cautelar de naturaleza provisional, que tiende a preservar la materia del juicio; que puede concederse de plano, en aquellos casos en que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos por los artículos 22 de la Constitución Federal o 126 de la Ley de Amparo.
"En el que denomina como tercer agravio, argumenta la autoridad recurrente, que por cuanto a la libertad provisional, el Juez de Distrito resuelve decretando una suspensión de plano y no la provisional, sin que la quejosa se ubique en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo; además de que tal solicitud no fue hecha por la quejosa en su demanda de garantías.
"Agravios que, como se dijo previamente, resultan esencialmente fundados y suficientes para modificar el auto recurrido, en la parte impugnada, es decir, únicamente respecto a la suspensión provisional de la quejosa.
"Se sostienen fundados los argumentos que a manera de agravios hace valer la autoridad recurrente, porque los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que prevén los requisitos de procedencia de la suspensión de los actos reclamados, literalmente disponen:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘I. Que la solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’
"‘Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.
"‘En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.’
"También, debe precisarse, que el (sic) artículo (sic) 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, establecen como requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, la valoración concreta de su naturaleza, así como de la dificultad de reparar la afectación que pudiera sufrir la parte quejosa, a consecuencia de su ejecución; por lo que se debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación al orden social, para lo cual debe realizarse un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante.
"En efecto, los artículos antes citados, disponen:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.’
"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:
"‘I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"‘II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"‘III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’
"Como puede advertirse de los preceptos transcritos, mediante el juicio de amparo, los tribunales de constitucionalidad tienen la potestad de dejar sin efecto las leyes –en su dimensión restringida, bajo el principio de relatividad–, o actos de autoridad que resulten violatorios de derechos fundamentales o que restrinjan la esfera de atribuciones conferidas a las autoridades federales, estatales o municipales, en agravio de cualquier gobernado.
"Sin embargo, la eventual concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, podría verse obstaculizada ante la comisión de daños y perjuicios de imposible reparación por el solo transcurso del tiempo, no obstante la certeza alcanzada de que se tiene un ‘derecho’ que debe ser respetado y reintegrado en su disfrute a favor de su titular.
"De ahí, la importancia de la figura de la suspensión del acto reclamado, ya que la misma tiene como objetivo fundamental preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que de esta forma la sentencia que en su momento llegare a declarar la procedencia del derecho que el promovente defiende, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, restituyéndolo en el pleno disfrute de la garantía individual violada.
"Por ello, en todo tipo de procesos, el legislador ordinario ha intentado dar solución a este problema mediante la instrumentación de las denominadas medidas o providencias cautelares; en esta tesitura, por su naturaleza, las providencias cautelares encuentran su fundamento en diversas condiciones a las que están sometidas, a saber: su provisionalidad, la cual es una cualidad que quiere significar que los efectos de las mismas no sólo tienen una duración temporal sino que tienen duración limitada a aquel periodo de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de la providencia cautelar y la emanación de otra providencia jurisdiccional definitiva.
"Otra característica consiste en que la providencia precautoria se pronuncia ‘inaudita parte’, esto es, que para ello no importa violar el principio de bilateralidad que rige en la materia, puesto que a la parte antagónica se le permite discutir su procedencia una vez dictada la misma; y para el establecimiento de la suspensión del acto reclamado es necesaria la apariencia del buen derecho.
"Luego, sobre este último aspecto en particular, conviene abundar que en nuestro país fue mediante la jurisprudencia emitida por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación que se conoció y resolvió la aplicación del concepto de la apariencia del buen derecho en la suspensión del juicio de amparo.
"Concretamente, fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que, al resolver la contracción de tesis 3/95, abordó el estudio del preindicado presupuesto procesal, así como el del diverso conocido como de peligro en la demora (fumus boni iuris y periculum in mora), y una vez realizada la identificación de estos dos conceptos, detalló sus notas distintivas mediante la emisión de la jurisprudencia de observancia obligatoria P./J. 15/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página 18, «con número de registro digital: 200136», de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.—La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.’
"Así las cosas, la medida cautelar se presenta, para los efectos de su eficacia, como una providencia de conocimiento, es decir, que el Juez al momento de decidir sobre su procedencia o no, tiene que partir de la existencia del temor de un eventual daño sobre la esfera jurídica de quien la solicita, empero, ese temor tiene que ser resultado de un estudio objetivo de los antecedentes procesales del acto reclamado.
"Sentado lo anterior, resulta oportuno poner en relieve el marco legal –nacional e internacional, que regula el fenómeno social migratorio en nuestro país–, para así estar en posibilidad de emitir una determinación ajustada a derecho que no sólo atienda a las disposiciones normativas que resultan vinculatorias para este órgano de control constitucional, sino que, esencialmente, se enrute a la salvaguarda de los derechos fundamentales del quejoso, dada su especial situación de vulnerabilidad (en el presente caso suscitada por su calidad de migrante aparentemente indocumentado).
"Este escenario proporciona al Poder Judicial de la Federación una oportunidad única para primar las normas –sean de origen nacional o internacional–, que signifiquen una mayor protección a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para sentar precedentes que supriman las barreras que actualmente les impiden el acceso efectivo a la justicia.
"Acorde con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instrumentó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que en su capítulo octavo, intitulado ‘Reglas específicas de actuación’, entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes:
"‘... La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores.
"‘Lo anterior constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable.
"‘La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29490-b3a9626c/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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