COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARMANDO MATA MORALES, PRESIDENTE, LÁZARO FRANCO ROBLES ESPINOZA Y CARLOS ALFREDO SOTO MORALES. PONENTE: LÁZARO FRANCO ROBLES ESPINOZA. SECRETARIO: CHRISTIAN BONILLA LORANCA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada;(8) así como 13, fracción VII y 17 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para resolver el presente asunto, se atienden las consideraciones que sustentan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados a que se refiere la denuncia de contradicción, y los adicionados por los presidentes del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
1. Consideraciones del conflicto competencial 5/2020.
Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil veinte, en una integración distinta a la actual, resolvieron por unanimidad de votos el conflicto competencial 5/2020, suscitado entre el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y la "secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla" (sic), en funciones de Juez de Distrito; en el cual se estableció la existencia del conflicto y se declaró legalmente competente al Juzgado Especializado en Materia de Amparo Administrativo, para conocer, por razón de materia, del juicio de amparo promovido por **********, por conducto de **********, asesora jurídica federal especializada en migrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Ese cuerpo colegiado precisó que el quejoso ********** reclamó de las autoridades señaladas como responsables, en esencia, los actos consistentes en la orden en que se haya determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de la libertad o detención dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla; la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria; la detención administrativa en términos del artículo 21 constitucional; el regreso asistido o la deportación; la omisión de presentar solicitud de inicio de procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, la paralización del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; así como la constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración.
Los integrantes del Tribunal Colegiado destacaron que en el capítulo de antecedentes de la demanda, se hizo referencia a que el solicitante de amparo es de nacionalidad hondureña, y que fue puesto a disposición de la autoridad migratoria en el Estado de Puebla, mediante oficio **********, al no haber acreditado su legal estancia en territorio mexicano y que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ingresó su solicitud de refugiado a través de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Puebla.
Situación que, continuaron, fue corroborada por el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, conforme al informe rendido por el jefe del departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Puebla, en representación del delegado, titular de la Oficina de Representación y Subdirección de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación de dicho instituto; pues contra ********** existe un procedimiento administrativo migratorio con número de expediente **********, debido a que no acreditó su regular estancia dentro del territorio nacional.
En consecuencia, los Magistrados de dicho cuerpo colegiado estimaron acertada la afirmación del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el auto de dos de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo **********, de su índice, al señalar que los actos reclamados consisten en:
a) El procedimiento administrativo migratorio **********, sustanciado ante el Instituto Nacional de Migración.
b) El alojamiento del quejoso en la estación migratoria en la oficina de representación Puebla.
c) La constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, con motivo de su primer acto de aplicación.
Posteriormente, destacaron que el citado Juez Federal de amparo penal estimó que el procedimiento administrativo migratorio al que se encuentra sujeto el mencionado peticionario de amparo, para resolver su estancia migratoria, genera que esté alojado en la estación migratoria, mientras se resuelve dicho procedimiento y que dentro de esa regularización, ha solicitado la condición de refugiado; en consecuencia, y para no violar su libertad deambulatoria, se autorizó su custodia, previo desahogo de los requisitos y formalidades aplicables.
Por lo anterior, concluyeron como correcto que el Juez de amparo penal haya establecido que los actos reclamados en la demanda de amparo de **********, consistentes en: a) ilegal aseguramiento, privación de la libertad o detención; b) omisión de emitir orden de salida de la estación migratoria; c) regreso asistido o deportación; d) omisión de presentar la solicitud de inicio de procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado; e) paralización total del procedimiento, están subsumidos al procedimiento administrativo que se le instruye al referido quejoso, sin que se advierta la existencia de una detención arbitraria, por tanto, fijaron la legal competencia en favor del Juez Especializado en Materia de Amparo Administrativo, en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente en esa época).
2. Conflictos competenciales 6/2020 y 7/2020.
En tanto, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos, resolvieron los conflictos competenciales 6/2020 y 7/2020, ambos suscitados entre el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y la secretaria en funciones de titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en aquellos precedentes coincidentemente se declaró la existencia de los conflictos y se estableció la legal competencia del Juez de Distrito Especializado en Amparo en Materia Penal, para conocer de los juicios promovidos por ********** y **********, respectivamente.
2.1. Consideraciones del conflicto competencial 6/2020.
Los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, haciendo uso de las jurisprudencias P./J. 83/98 y 2a./J. 24/2009, de rubros: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES." y "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", precisaron que para resolver los conflictos competenciales entre órganos jurisdiccionales de distinta materia, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica entre las partes; lo cual se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda.
Así, indicaron, el quejoso ********** reclamó la privación de la libertad personal que sufre con motivo de su detención, aseguramiento y alojamiento por más de treinta y seis horas en las instalaciones de la estación migratoria; así como el regreso asistido o la deportación por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración, actos que, concluyeron, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, se encuentran comprendidos dentro de la esfera de competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Lo anterior, afirmaron, sin importar que al quejoso se le instruya un procedimiento administrativo para resolver su estancia migratoria en términos del artículo 111 de la Ley de Migración, porción normativa que también reclamó de inconstitucional, dado que del contenido de la demanda y del escrito aclaratorio no se advierte que se reclame que al llegar a México no se le permitiera la entrada al país, sino que fue privado de su libertad por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración, de ahí, sostuvieron, que es la materia penal la que rige el presente asunto.
Citaron como aplicables la tesis 135, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-218, Primera Parte, página 29, con número de registro digital: 232031, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN.", la diversa 1a. CXCIII/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, «enero de 2006», página 714, con número de registro digital: 176366, de título y subtítulo: "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE GUN (SIC) EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL.", así como la tesis I.16o.A.12 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de octubre de 2018 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Libro 59, octubre de 2018, página 2280, con número de registro digital: 2018047, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, titulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IMPUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN."
Así, explicaron los Magistrados del Tribunal Colegiado, aun cuando se encuentran involucrados diversos actos de naturaleza administrativa, lo cierto es que se advierte la realización de una actuación, con independencia de la naturaleza de la autoridad que lo efectuó, que afecta la condición del impetrante **********, en relación con su interés de adquirir la condición de refugiado en el territorio nacional, involucrando la privación de su libertad personal, aseguramiento y alojamiento en la estación migratoria por más de treinta y seis horas, así como el regreso asistido o deportación; por lo que es inconcuso que lo que impugna, deriva en una cuestión penal, no obstante ser sujeto de un procedimiento de naturaleza administrativa llevado a cabo por autoridades del Instituto Nacional de Migración, pues ello podría implicar su aseguramiento o detención con probables consecuencias de abandono del país, que incide en el área del derecho penal.
Señalaron como aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 169-174, Segunda Parte, página 165, con número de registro digital: 234405, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE ESTUDIARLA EN SU TOTALIDAD."
2.2. Consideraciones del conflicto competencial 7/2020.
Los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, haciendo uso de la citada jurisprudencia P./J. 83/98,(9) señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la competencia por materia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió.
Continuaron explicando que del estudio integral del escrito inicial de demanda de amparo, así como del ocurso en que se dio cumplimiento a la prevención, se advierte que el quejoso ********** reclamó del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla y otra autoridad, los actos siguientes:
- Aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de 36 horas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Puebla.
- Omisión de emitir la orden de salida de la estancia provisional, a pesar de haber transcurrido con exceso el plazo de 36 horas contado a partir de su presentación, por ser una detención administrativa.
- Regreso asistido o deportación.
- Toda orden verbal o escrita que hayan emitido con la que se haya determinado el aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla, por más de 36 horas; y su falta de notificación.
- Toda omisión de emitir en perjuicio de la libertad del quejoso la correspondiente orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de tres días hábiles que se encuentran alojados en ese recinto, contados a partir de su presentación, por ser una detención arbitraria.
Los Magistrados del cuerpo colegiado precisaron que de los informes emitidos por el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, se desprendía que el quejoso ********** se encuentra alojado temporalmente en la estación migratoria, así como que su detención fue mediante orden de revisión migratoria.
Por tanto, continuaron, si bien al quejoso ********** se le incoa el procedimiento administrativo migratorio **********, llevado a cabo con la orden de revisión ********** y la puesta a disposición realizada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número **********, actos que son evidentemente administrativos; sin embargo, concluyeron, las autoridades migratorias detuvieron y privaron de la libertad al peticionario **********.
Destacaron que de las constancias que remitió la autoridad responsable se aprecia el inicio del procedimiento administrativo migratorio a fin de resolver la situación migratoria del quejoso y quedó manifestado que se encontraba alojado o detenido dentro de las instalaciones de la estación migratoria de la delegación federal en Puebla. Aunado a que el impetrante reitera que estuvo privado de su libertad.
Al respecto, indicaron que el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada, establecía que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los juicios constitucionales en los que se reclaman actos que afecten la libertad personal, provenientes de "cualquier autoridad" (con excepción de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal), y aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tanto, que el diverso numeral 52 del citado cuerpo normativo prevé que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas. De juicios de amparo en que se reclamen actos de autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden. También de los promovidos contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa.
Contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo ciertos casos. Contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio. Y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.
De esta forma, refirieron los Magistrados, está expresamente dispuesto que la competencia para el caso de que se reclamen actos que importen la privación de la libertad personal y la deportación corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Penal; lo anterior, pese a que a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa corresponde el conocimiento de actos reclamados de autoridades de esa especialidad, por exclusión, ello se da cuando los mismos no impliquen los actos antes referidos, es decir, privación de la libertad o la deportación, en el entendido de que debe atenderse preferentemente a la naturaleza del acto reclamado, antes que al de la autoridad de que emana.
Después de transcribir diversas consideraciones del conflicto competencial 70/2005, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de tres de agosto de dos mil cinco, destacaron que dicha Sala del Máximo Tribunal del País señaló que si se reclaman determinaciones de autoridades migratorias se entenderá que son de naturaleza administrativa si constituyen la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa, como lo serían los actos que tienden a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se introducen al país, ajenos a la existencia de alguna medida tendiente a privarlos de su libertad, para regresarlos en contra de su voluntad a su país de origen.
Por tanto, concluyeron, si en el caso, el quejoso reclamó no sólo actos de índole administrativa como los derivados del procedimiento migratorio seguido en su contra, sino además, su aseguramiento, alojamiento, detención por más de 36 horas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Puebla, que lo mantuvo privado de su libertad, con la posible finalidad de deportarlo, eran actos de la naturaleza penal, de conformidad con el referido artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, del conocimiento de un Juez con esa especialidad.
3. Conflicto competencial 3/2016 y queja 45/2021.
En primer lugar, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, resolvieron, en una integración anterior, por unanimidad de votos, el conflicto competencial 3/2016, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en ese precedente declararon que correspondía al Juzgado Especializado en Materia Penal el conocimiento de la demanda de amparo presentada por **********.
Los entonces integrantes de ese cuerpo colegiado indicaron que la finalidad de la competencia por materia consiste en que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los juzgadores un mayor discernimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir la garantía de justicia pronta, completa e imparcial tutelada en el artículo 17 de la Constitución Federal.
Continuaron explicando que de los numerales 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente en esa época), se obtiene que un asunto corresponde a la materia administrativa cuando los actos reclamados tengan que ver con: a) la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; b) contra actos a los que se refiera la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; c) contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; d) contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; e) contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y, f) de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mientras que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan: a) contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; b) contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso; c) contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, d) contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal.
De esta suerte, señalaron que el artículo 51, fracción I, señala tres hipótesis para fincar competencia legal a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal:
a) Que el acto reclamado sea una resolución judicial del orden penal.
b) Que se trate de un acto emitido por cualquier autoridad que afecte la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal.
c) Que el acto de autoridad importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De tales supuestos, a su vez, apreciaron los integrantes del cuerpo colegiado, que los identificados con los incisos b) y c) los puede emitir una autoridad administrativa y serán considerados de naturaleza penal por el hecho de que afecten la libertad personal del quejoso (siempre y cuando no se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio) o porque puedan implicar peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; actos de los que deben conocer los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Luego de señalar los antecedentes del acto reclamado, como distintos datos que derivan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de las constancias remitidas por éstas, los integrantes del Tribunal Colegiado señalaron que para dilucidar la cuestión sobre la competencia por razón de materia debe verificarse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, para establecer a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento del asunto.
Citaron como aplicable la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."
Por tanto, concluyeron, corresponde a un juzgado especializado en materia penal el conocimiento del asunto cuando se reclaman el aseguramiento y/o alojamiento temporal del quejoso en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal de Puebla.
Destacaron que la demanda de amparo se promovió contra dos actos que se hicieron consistir en la orden de aseguramiento o alojamiento temporal del quejoso, y la orden de deportación u orden para abandonar el territorio nacional.
Consideraron que, fue inadecuado que el Juez especializado de amparo en materia penal considerara actos desvinculados a la orden de deportación o abandono del territorio nacional, respecto del cual aceptó su competencia, y la orden de aseguramiento o alojamiento temporal del quejoso; lo anterior, destacaron los integrantes del Tribunal Colegiado, pues es patente que esta última se originó con motivo del incumplimiento de dicho impetrante de abandonar el territorio nacional, pues así se desprende del acta levantada con motivo de la constancia de hechos donde se recibió la declaración del quejoso y se determinó su presentación, que propiamente implicó su aseguramiento o alojamiento temporal reclamado (siendo éste, un acto que afecta su libertad personal).
En estas condiciones, destacaron, si bien el conflicto planteado no versaba sobre la competencia del Juez de Distrito de amparo en materia penal, para resolver lo relativo a la orden de deportación o abandono del territorio nacional, es innegable que la orden de aseguramiento o alojamiento temporal en una estación migratoria está vinculada con dicho acto, del que resultó competente el Juez de Distrito en la aludida materia.
También resaltaron el hecho de que existe un segundo expediente administrativo formado con motivo de la pretensión del quejoso para regularizar su situación migratoria con motivo del matrimonio contraído con una mexicana, pero ello no impedía establecer la vinculación entre los actos reclamados, que sin duda es estrecha, dado que como se puso de manifiesto, la orden de aseguramiento derivó del incumplimiento de la orden de deportación o abandono del territorio nacional también reclamada, respecto de la cual el Juez de Distrito de amparo en materia penal admitió su competencia e incluso dictó sentencia.
De esta suerte, concluyeron, si el quejoso reclama el aseguramiento o alojamiento temporal en una estación migratoria (dependencia habilitada para alojar de manera provisional a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular); se trata de un acto que como se anticipó, además de estar vinculado con la orden de deportación; afecta su libertad personal, pues si bien de acuerdo con la legislación y normatividad en materia migratoria, se le da un tratamiento de estancia, lo cierto es que ello corresponde a un aseguramiento de la persona dentro de un lugar sin poder sustraerse del mismo, hasta tanto se resuelva su situación migratoria; privación de la libertad que incluso puede traer como consecuencia, precisamente, su deportación (lo anterior conforme al contenido de diversas disposiciones de la Ley de Migración).
En estas condiciones, concluyeron, el acto de aseguramiento o alojamiento temporal reclamado afecta la libertad personal del quejoso, y está vinculado con el diverso acto también reclamado, consistente en la orden de deportación; de donde se surte la competencia en favor del Juez de Distrito de amparo en materia penal.
Citaron como aplicable la tesis de rubro: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS."
Expusieron que no puede desvincularse el acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento de la orden de deportación y, por tanto, no pueden dividirse los citados actos reclamados ante la estrecha relación entre ellos, tomando en cuenta la integridad de la demanda, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo.
En apoyo a lo anterior se citaron los criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIV, página 2397, con número de registro digital: 305305 y Tomo I, página 947, con núme
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30409-2fbd50ef/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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