DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA EN FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO SEÑALA COMO ACTOS RECLAMADOS DE MANERA INDIRECTA O COMO CONSECUENCIA DE UN POSIBLE CAMBIO DE DORMITORIO O TRASLADO, ACTOS QUE SUBJETIVAMENTE CALIFICA COMO TORTURA O TORMENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 29/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO. 27 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: LAURA OLIVIA SÁNCHEZ AGUIRRE.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 29/2023, suscitada entre: El Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de queja **********/2022, con el Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja **********/2022, **********/2022, **********/2022, **********/2022, **********/2022, **********/2022 y **********/2022, respectivamente.
El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, consiste en establecer: Si existe contradicción y de ser el caso, determinar si el quejoso privado de la libertad en un centro penitenciario señala como actos reclamados de manera indirecta o como consecuencia de condiciones de internamiento o traslado, actos de tortura o tormento (prohibidos por el artículo 22 constitucional con relación al 15 de la Ley de Amparo), se actualiza en forma manifiesta e indudable una causal de desechamiento de la demanda de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. El dieciséis de febrero del año que transcurre, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los aludidos Tribunales Colegiados.
2. Trámite ante este Pleno Regional. El diecisiete de febrero del año en curso, el Magistrado presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la radicó con el número señalado al rubro, delimitó de forma preliminar el tema de contradicción, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si el criterio que sustentaban seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado; así como remitieran copia digital certificada de la sentencia en la que sustentaron el criterio denunciado y vincularan el expediente electrónico de su índice con el relativo a esta contradicción.
3. Los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes informaron que los criterios sustentados en los recursos de queja aludidos continuaban vigentes, remitieron copia simple de las ejecutorias e informaron sobre la habilitación de la consulta del expediente electrónico. Seguido el trámite respectivo, por diverso auto de diez de marzo del año que transcurre, el Magistrado presidente de este Pleno Regional confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca.
4. El veintitrés de marzo del año en curso, se listó el proyecto. En sesión de treinta y uno de marzo, al ser votado el asunto no obtuvo mayoría y dado que la Magistrada ponente no se ofreció a reformular la resolución en el sentido mayoritario, se desechó la propuesta y el presidente turnó el asunto al Magistrado Héctor Lara González, para que elaborara el proyecto de resolución.
II. AMICUS CURIAE
5. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
6. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
III. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia penal, suscitada entre Tribunales Colegiados que pertenecen a la Región Centro-Norte.
IV. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada pues fue presentada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por lo que se ubica en los casos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el recurso de queja **********/2022.
10. Marco procesal. En el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, se presentó una demanda en favor de varias personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. Debido a que ese órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable, así como todos los del Estado de Sonora, declinó la competencia en favor de su homólogo federal más inmediato de la materia penal.
11. El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico no aceptó la competencia planteada y devolvió los autos. El Juez Decimotercero de Distrito nuevamente declaró carecer de competencia legal y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali.
12. El Juez Sexto de Distrito en ese Estado y residencia, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento. En el mismo acuerdo, desechó de plano la demanda de amparo al estimar que se actualizaba en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se agotaron los recursos ordinarios en cumplimiento al principio de definitividad.(1)
13. Dicho juzgado precisó que los quejosos reclamaban el traslado de un centro penitenciario a otro y la reubicación de dormitorios, de los que hacían derivar los diversos que consideran intimidación, represalias, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, discriminación, actos que se equiparan a tortura "psicofísica" y afectación "psicoemocional", violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales.
14. Consideró, sustancialmente, que respecto del acto reclamado consistente en el traslado, los quejosos debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y respecto de los restantes relacionados con la reubicación de dormitorios, agotar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido, de ser necesario, por la controversia ante el Juez de Ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 9, 30 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución e incluso, intentar contra lo resuelto, los recursos ordinarios que prevé.
15. En cuanto al traslado, citó en su apoyo la jurisprudencia 27/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(2) y respecto a la reubicación de dormitorios, precisó que conforme a lo determinado por la Primera Sala, cuando, como en ese caso, una persona privada de la libertad reclame situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo debe agotar el mecanismo de control previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución, porque constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. Tratándose de casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, quien de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición o bien, tratándose de omisiones, ordenará las acciones a realizar. Asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea, de ser el caso, impugnada a través de los recursos correspondientes.
16. Por tanto, determinó que procedía desechar de plano la demanda de amparo. Sin que, indicó, obstara para ello que los quejosos consideraran que tales actos constituyen intimidación, represalias, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicabilidad de los criterios internacionales o que se equiparan a tortura "psicofísica" y "psicoemocional" y, por ende, estimen derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal psicofísica y emocional y, por ello, que son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara se llevaran a cabo dichos actos contra los solicitantes de amparo, por lo que se concluía que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron (relativos a condiciones de internamiento), pues con el solo hecho de invocar los mencionados artículos 15 y 22, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el artículo 19 de la Ley de Amparo.
17. El representante común de la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quien, por mayoría de votos, declaró fundado dicho recurso.
18. Consideraciones que sustentan el criterio. El Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito estimó acorde a la legalidad el desechamiento de la demanda respecto de la orden de traslado y reubicación de dormitorio. Consideró que ello tenía sustento en las jurisprudencias 27/2021 y 79/2018 sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)
19. Sin embargo, observó que los entonces recurrentes hicieron un señalamiento independiente en su demanda, en el que expresamente señalaron "Discriminación", "Intimidación equiparada a actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y a tortura sicofísica y sicoemocional (sic)", "Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo", "Malos tratos y mala atención médica y medicamentosa y dental deficiente equiparada a tortura sicofísica (sic) y sicoemocional (sic)".
20. Conforme a lo cual, refirió, existía un reclamo específico y autónomo contra las autoridades responsables sobre actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Aun cuando pudiera considerarse que los actos en cuestión se relacionan con los traslados y las reubicaciones, ello no impide dar trámite a la demanda de amparo, si de la misma se obtiene que los quejosos aluden que efectivamente están siendo objeto de alguno de los actos previstos por el citado precepto con relación al 15 de la Ley de Amparo.
21. La intención de dicho numeral es que incluso cualquier persona pueda solicitar la protección constitucional en nombre de un tercero que pueda encontrarse padeciendo alguno de los actos prohibidos por la Norma Fundamental, por lo que se establece un procedimiento tendente a localizar al gobernado y lograr que cesen los actos posiblemente violatorios de derechos humanos.
22. Por tanto, indicó, en casos como ése, cuando los quejosos se encuentran internos en un centro penitenciario en el que aducen se encuentran sufriendo actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es obligación del juzgador dar trámite a la demanda para verificar tal circunstancia, sin que resulte necesario que de la demanda se desprenda que efectivamente están siendo sometidos a los mismos o que se haga depender de la ejecución de un acto reclamado.
23. Porque la ley de la materia es tajante en establecer la forma en que debe proceder el Juez Federal en ese tipo de casos, conforme a lo cual no existe justificación para condicionar el trámite de la demanda a requisitos que no se prevén en la norma cuando se trata de la posible actualización de los actos que señalaron los quejosos.
24. Debe considerarse que cuando se promueva el juicio de amparo indirecto en el que se reclamen actos prohibidos por el numeral 22 citado, también debe atenderse a lo que disponen los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que proscriben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante como violaciones al derecho humano a la integridad personal, lo que está directamente vinculado con la dignidad humana.
25. Al tenor de lo que se resolvió en el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, se actualiza la tortura cuando el maltrato: es intencional; causa severos sufrimientos físicos o mentales; y, se comete con determinados fines o propósitos. Los tratos inhumanos y degradantes han sido definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo los siguientes elementos configurativos: la severidad del trato por generar sufrimiento; sean injustificadas dichas acciones; pueden o no existir lesiones. Mientras que el carácter degradante de un acto requiere demostrar: Que tal acción generó un sentimiento de miedo, ansia, inferioridad en la víctima; y, se efectuó con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima.
26. Si en un juicio de amparo se reclaman tales actos, no puede desestimarse la demanda bajo el hipotético de que no existe algún indicio para su configuración, porque debe atenderse la petición de amparo desde la óptica de la buena fe con que se presentó.
27. La sola presentación de la demanda relacionada con los actos prohibidos por el numeral 22 constitucional debe dar lugar a que se materialice el deber de proteger a los gobernados privados de su libertad frente a las posibles arbitrariedades de las autoridades carcelarias.
28. La legislación de la materia prevé una serie de mecanismos mediante los cuales los Jueces Federales pueden actuar de manera ágil en beneficio de quien señala que está siendo sometido a actos prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, con lo que se garantiza que mediante medidas idóneas pueda verificarse su existencia y lograr que cesen.
29. Es patente que en el caso solamente mediante el requerimiento de los informes con justificación a las autoridades penitenciarias es posible verificar si se ubican en el hipotético denunciado por los solicitantes del amparo, quienes se posicionarán respecto de lo que aducían los entonces recurrentes y aportarían elementos para realizar un pronunciamiento ajustado a la realidad.
30. La demanda planteada por los quejosos por la vía electrónica no se encuentra firmada, lo que no representa obstáculo para el trámite respectivo, porque el reclamo destacado conlleva una excepción respecto a la falta de firma de los solicitantes del amparo.
31. Así, el Primer Tribunal Colegiado en cita resolvió, por mayoría, declarar fundado el medio de impugnación para el efecto de que el Juez de Distrito dejara insubsistente el auto impugnado, únicamente respecto a los razonamientos que sostuvo en cuanto a que los actos reclamados relacionados con la violación al artículo 22 constitucional, estaban vinculados con el traslado y reubicación de dormitorio y emitiera la determinación respectiva.
32. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el recurso de queja **********/2022.
33. Marco procesal. Al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, le fue turnada una demanda en favor de diversas personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. El titular del órgano jurisdiccional declaró que carecía de competencia legal para conocer de la misma y ordenó remitir el juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
34. El Juez Sexto de Distrito en el referido Estado y sede aceptó la competencia y desechó de plano la demanda porque consideró que se actualizaba en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que no se cumplió con el principio de definitividad.(4)
35. El aludido juzgador sostuvo que contra el traslado, los quejosos debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y respecto de la reubicación de dormitorios, intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido, de ser necesario, por la controversia ante el Juez de Ejecución, mediante la cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones por tratarse de las relativas a su internamiento, conforme a los preceptos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la citada ley, e incluso interponer contra lo resuelto, si fuera el caso, los recursos ordinarios previstos al efecto.
36. Por cuanto hace al traslado, citó en su apoyo la jurisprudencia 27/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL".(5)
37. En lo que se refiere a la reubicación de dormitorios, precisó que conforme a lo determinado por la Primera Sala, cuando, como en ese caso, una persona privada de la libertad reclame situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo debe agotar el mecanismo de control previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución, porque constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. Tratándose de casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, quien de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición o bien, tratándose de omisiones, ordenará las acciones a realizar. Asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea, de ser el caso, impugnada a través de los recursos correspondientes.
38. Como no se agotaron tales medios de defensa, procedía desechar la demanda. Sin que obste para ello que los quejosos consideraran que tales actos constituyen represalias, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicabilidad de los criterios internacionales o que se equiparan a tortura psicofísica y psicoemocional y, por ende, estiman derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional y, por ello, son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y referidos en el precepto 15 de la Ley de Amparo; en atención a que de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara que se llevaran a cabo dichos actos contra los solicitantes del amparo, por lo que se concluía que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron (relativos a condiciones de internamiento). Con el solo hecho de invocar los mencionados artículos 15 y 22, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el artículo 109 de la Ley de Amparo. 39. El representante común de los quejosos interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quien por unanimidad de votos, lo declaró infundado.
40. Consideraciones que sustentan el criterio. El Segundo Tribunal Colegiado estimó apegado a derecho el desechamiento de la demanda de amparo ya que se surtía de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues los quejosos no atendieron el principio de definitividad, ya que en cuanto al traslado, debieron interponer la controversia judicial y respecto de los diversos actos relacionados con las condiciones de internamiento (reubicación de dormitorios), debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido, de ser necesario, de la controversia ante el Juez de Ejecución, en los términos aludidos en el auto recurrido.
41. Puntualizó que ello tenía sustento en la jurisprudencia 27/2021 y tesis aislada 1a. XXIV/2021 (10a.)(6) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se establece que antes de acudir al juicio de amparo contra la orden de traslado, se debe agotar la controversia judicial; y que el mecanismo de control que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debía ser agotado antes de acudir al juicio de amparo.
42. Por otro lado, señaló que no inadvertía que en la demanda de amparo los quejosos señalaron como actos reclamados actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como actos de molestia, intimidación, extorsión, coacción, violencia, agresiones, represalias, castigos, discriminación, restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos; que dichos actos reclamados se realizan con fines intimidatorios y discriminatorios que generan tormento psicofísico y afectación psicoemocional, angustia y ponen en riesgo la vida, salud, dignidad, así como la integridad personal psicofísica y psicoemocional; asimismo, reclaman actos consistentes en el desacato a cumplir órdenes judiciales y suspensiones, entre otros.
43. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se apreciaba dato o información que evidenciara que se llevaran a cabo contra los solicitantes de amparo actos consistentes en penas de muerte, de mutilación, infamia, azotes, palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, actos que importaran peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas.
44. Tampoco precisaron de forma específica en qué consisten esos actos prohibidos, previstos en los citados preceptos 15 y 22; o bien, por qué consideran que se encuentran en esos supuestos, ya que el señalamiento lo hicieron de manera genérica, sin precisar cuál es la magnitud de los mismos; y ninguno de los diversos actos reclamados se ubica en alguno de los supuestos previstos en los ordinales en cita.
45. Por ello consideró que los quejosos combatían los aludidos actos reclamados con motivo de su condición de internamiento y los hacían depender de la ejecución de los diversos actos consistentes en el traslado a otro centro penitenciario o bien, de un dormitorio a otro del propio centro penitenciario donde se encontraban recluidos, los cuales no están contemplados en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, no se podía considerar que se trata de actos destacados.
46. También advirtió que el Juez de Distrito no efectuó pronunciamiento respecto a la totalidad de los actos referidos, sin embargo, estimó, la misma conclusión alcanzaba para todos, es decir, todos los actos se hacían depender de cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento.
47. Además, indicó, no podía tenerse como consecuencia de la reubicación y traslado reclamados, la tortura o afectaciones similares en perjuicio de los promoventes del amparo, toda vez que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 19, señala que no puede considerarse tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente; inherentes o incidentales a éstas; o derivadas del uso legítimo de la fuerza.
48. Asimismo sostuvo que la prohibición prevista en el artículo 22 constitucional, relativa a la pena de tormento, se refiere a actos y omisiones que violan la dignidad e integridad personales, pero no puede equipararse a cualquier molestia (justificada o no) que, eventualmente pueda derivar de la reclusión en prisión. El sóólo hecho de invocar los artículos aludidos no puede tener por satisfecha la excepción a que alude el precepto 109 de la ley de la materia. Invocó en su apoyo la jurisprudencia 79/2018 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
49. Por tanto, como se dijo, resolvió, por unanimidad de votos, declarar infundado el recurso de queja.
50. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de queja **********/2022.
51. Marco procesal. La secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, desechó de plano una demanda de amparo promovida por personas privadas de la libertad en un centro penitenciario.
52. Consideró que se actualizaba en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.
53. Precisó que respecto del traslado, los quejosos debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por cuanto hace a los restantes actos relacionados con la reubicación de dormitorios, como personas privadas de la libertad debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones y, de ser necesario, la controversia ante el Juez de Ejecución, en la que podían hacer valer sus derechos atinentes a tales condiciones relativas a su internamiento, conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la citada legislación y contra lo resuelto en aquéllas, si fuera el caso, intentar los recursos ordinarios que esa ley prevé.
54. Citó en su apoyo la jurisprudencia 27/2021, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
55. Estipuló que si bien los quejosos impugnaron actos que constituyen intimidación, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicabilidad de los criterios internacionales, o que se equiparan a tortura "sicofísica" y "psicoemocional" y, por ende, estiman derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional y por ello son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, de la demanda de amparo no se advertía que dichos actos se llevaran a cabo contra los solicitantes del amparo, por lo que concluyó que tal circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron, sin que con el solo hecho de invocar los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, se pudiera tener por satisfecha la excepción a que alude el artículo 109 de la ley de la materia.
56. El representante común de los quejosos interpuso el recurso de queja, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quien por unanimidad de votos, lo declaró infundado.
57. Consideraciones que sustentan el criterio. El citado Tribunal Colegiado consideró apegada a derecho la determinación impugnada, principalmente en atención a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en el sentido de que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover juicio de amparo, sino la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, estimó aplicables la jurisprudencia 27/2021 (10a.) y la tesis aislada 1a. XXIV/2021 (10a.), sostenidas por la citada Primera Sala.
58. Por otro lado, puntualizó que si bien se impugnaban actos precisados textualmente como reubicación de dormitorio, así como supuestos actos de intimidación, represalias, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicabilidad de los criterios internacionales, o que se equiparan a "tortura sicofísica" y "psicoemocional" y, por ende, señalaban los quejosos, derivaban en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional; esos actos reclamados no constituían en sí mismos una violación directa a la Ley Fundamental, pues se trataba de actos que se reclamaban con motivo de la orden de traslado o reubicación y no como actos destacados; actos respecto de los cuales existe un medio ordinario de defensa que permitía combatirlos e incluso suspenderlos, de manera que esas consecuencias debían hacerse valer ante el órgano jurisdiccional.
59. Conforme a lo establecido en los artículos 48, 107, 115, 116 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esa legislación ofrece los mecanismos eficaces para que las peticiones d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31526-507779d3/desechamiento-de-la-demanda-de-amparo-indirecto-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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