Corpus
Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO RECLAMADA A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, POR LO QUE EL JUEZ DEBE ADMITIRLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. · Registro digital (IUS): 30179
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-10-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 2517.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO DÍAZ DÍAZ, SAMUEL MERAZ LARES, MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ Y MANUEL CANO MÁYNEZ. PONENTE: SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: JULIO CÉSAR LÓPEZ JARDINES.

Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos del expediente **********, relativo a la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer, el Tercero y el Cuarto Tribunales Colegiados, todos en Materia Penal del Tercer Circuito.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito presentado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el quince de febrero de dos mil diecinueve, el secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el tribunal de su adscripción, en relación con el Primero y lo resuelto por el Tercero, todos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los recursos de quejas el primero con el número 8/2019 el segundo con los números 209/2018 y 292/2018 y el tercero con los números 347/2018 y 359/2018, respectivamente.

SEGUNDO.—Trámite ante el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito admitió y registró el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis **********; solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si subsistían los criterios sustentados en cada uno de los asuntos mencionados, asimismo pidió al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito enviara copia certificada de las ejecutorias respectivas y solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito informara al Pleno de Circuito si se ha pronunciado sobre el tema, materia de la contradicción.

TERCERO.—Remisión de constancias y turno. Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito acordó agregar el oficio 2548/2019 signado por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a través del cual remite copias certificadas de los fallos relativos de los recursos de queja 347/2018 y 359/2018.

En acuerdo de uno de marzo de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito tuvo por recibidos los oficios 330 y 162, el primero signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, informando que el tribunal de su adscripción no se ha pronunciado sobre el tema de la presente contradicción de criterios, y el segundo, signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito a través del cual remite copias certificadas de las resoluciones de los recursos de queja 209/2018 y 292/2018.

En auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito tuvo por recibido el oficio 3405, signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito a través del cual remite copias certificadas de la resolución del recurso de queja 28/2019, e informando que persiste el criterio aplicado en los recursos de queja 347/2018 y 359/2018; haciendo aclaración que la causal de improcedencia invocada en dichos medios de impugnación, corresponde a la prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que refirió, existe diferencia sobre el posible punto de contradicción señalado por el Pleno en Materia Penal de este Circuito, pues fijó la prevista en la fracción XVIII del citado numeral.

En proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito acordó agregar el oficio DGCCST/X/105/03/2019, suscrito por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual hizo del conocimiento, que sobre el tema materia de la contradicción de tesis que nos ocupa, no se ha registrado expediente relacionado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos seis meses.

Por acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó turnar la contradicción de tesis al Magistrado José Guadalupe Hernández Torres, integrante del Pleno de Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

Asimismo, en auto de dieciséis de agosto del año en curso, se hizo del conocimiento de las partes, la readscripción del Magistrado José Clemente Cervantes, a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en sustitución del Magistrado José Guadalupe Hernández Torres.

Mediante acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, por cambio de adscripción de dicho Magistrado, el expediente fue returnado al Magistrado José Clemente Cervantes, por ser entonces el nuevo representante del tribunal citado ante el Pleno en Materia Penal de este circuito.

Ahora, como en el presente año cambió la integración del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, determinando que quien representaría al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, sería el Magistrado Samuel Meraz Lares, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se ordenó returnar el expediente de que se trata para la elaboración del proyecto de contradicción de tesis.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso 52/2015, del citado Pleno, que reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por conducto del secretario de Acuerdos, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias contendientes.

I. La sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 8/2019, sostuvo en lo que interesa:

"CUARTO. Determinación que adopta este Tribunal Colegiado.

"Primeramente, debe decirse que aunque el recurrente **********, quejoso y en su entonces carácter de representante del diverso impetrante **********, no haya formulado agravio alguno, pues se limitó a manifestar que ‘interpongo recurso de queja’; al tener todos carácter de procesados, opera en su favor la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, los ahora inconformes, solicitaron la protección constitucional, contra actos del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y otras autoridades, actos que hicieron consistir en:

"La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 ‘Occidente’ a diverso centro penitenciario.

"Previo al estudio de este asunto a manera de antecedentes, es necesario relatar lo siguiente:

"El aquí quejoso y otro, por escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, promovieron demanda de amparo indirecto.

"Señalaron como acto reclamado, la posible orden de traslado del centro de reclusión en que se encuentran actualmente a diverso centro carcelario, solicitando la suspensión del acto.

"Por cuestión de turno, correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, de dicha demanda, quedando registrada con el número ********** de su índice, y desechó la misma por considerar que se actualizó una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que al efecto establece lo siguiente:

"‘XVIII. Contra las resoluciones de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"‘Se exceptúa de lo anterior:

"‘a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

"‘b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

"‘c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

"‘d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.

"‘Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;’

"Inconformes con dicha determinación, el impetrante **********, por sí y en su entonces carácter de representante del diverso quejoso, interpuso recurso de queja, el cual resulta procedente, en atención a lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia.

"Ahora bien, la a quo advirtió que los quejosos reclamaron esencialmente la orden de traslado que se haya decretado en contra de ellos, por parte de las autoridades responsables y consideró:

"• Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.

"• Que en la fecha de presentación de la demanda, ya se encontraba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

"• Que la fracción II del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, por lo que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión.

"• Que los actos reclamados no resultan de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo y, por ende, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 107, fracciones IV y V, 61, fracción XXIII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desechaba la demanda de que se trata.

"Determinación que constituye la materia de análisis del presente recurso de queja y que a consideración de este órgano revisor, no es dable confirmar el auto desechatorio impugnado, ya que no se cumple con los requisitos para tener por demostrada una causal de improcedencia, pues se reitera, ésta no es manifiesta ni indudable.

"Se afirma lo anterior, pues aunque como lo expone la juzgadora de amparo, según sea la naturaleza del traslado, se cuenta con el recurso de apelación o el procedimiento denominado como ‘controversia judicial’, según lo estipulado en los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por medio de los cuales puede ser nulificado el acto de que se duele; lo anterior, pudiera pensarse, debe cumplirse en atención al principio de definitividad.

"A fin de evidenciar lo que antecede, es menester traer a colación los artículos 9, 107 a 115 y 131 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señalan lo siguiente:

"‘Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario.

"‘Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.

"‘Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:

"‘I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;

"‘II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley;

"‘III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud;

"‘IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta ley;

"‘V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y a las demás disposiciones aplicables;

"‘VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal;

"‘VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;

"‘VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley;

"‘IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;

"‘X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica;

"‘XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario;

"‘XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables.

"‘Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.’

"‘Capítulo V

"‘Traslados

"‘Artículo 49. Previsión general.

"‘Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional.’

"‘Artículo 50. Traslados voluntarios.

"‘Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución.

"‘Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada.

"‘Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.’

"‘Artículo 51. Traslados involuntarios.

"‘El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación.

"‘En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio.

"‘En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el código.’

"‘Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario.

"‘La autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos:

"‘I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad;

"‘II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y

"‘III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario.

"‘En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta ley.

"‘En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.’

"‘Artículo 53. Limitaciones al traslado de mujeres privadas de la libertad.

"‘Queda prohibido el traslado involuntario de mujeres embarazadas o de las mujeres privadas de la libertad cuyas hijas o hijos vivan con ellas en el centro penitenciario. Si la mujer privada de la libertad solicitase el traslado, se atenderá al interés superior de la niñez.’

"‘Artículo 54. Traslado Internacional de personas sentenciadas.

"‘Las personas sentenciadas de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, así como las de nacionalidad extranjera que hayan sido sentenciadas por autoridades judiciales mexicanas del fuero federal o local, podrán ser trasladadas a sus países de origen o residencia, en términos de los tratados o convenciones internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. La falta de tratado no impedirá dar curso a una solicitud de traslado internacional de personas sentenciadas. En estos casos, el trámite correspondiente se efectuará bajo el principio internacional de reciprocidad, bajo las siguientes bases:

"‘I. Que la persona sentenciada otorgue y exprese libremente su deseo y consentimiento a ser trasladado a su país de origen.

"‘II. Que sean nacionales del país al cual desean ser trasladados.

"‘III. Que la sentencia se encuentre firme, es decir que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en contra de la misma esté pendiente de resolución.

"‘IV. En caso de haber sido sentenciados a pena pecuniaria, ésta haya sido liquidada, o exista acuerdo de prescripción de la misma. Asimismo, de haber sido condenadas a reparación de daño, éste debe estar finiquitado o prescrito.

"‘V. Que la pena que falte por cumplir a las personas sentenciadas al momento de su petición de traslado sea de por lo menos 6 meses.

"‘VI. Que el delito por el cual fueron sancionados en México también se encuentre contemplado y sancionado en su país. Lo cual no significa que sea contemplado en los mismos términos o condiciones, sino que genéricamente se encuentre tipificado y sancionado por una ley del país de traslado.

"‘VII. Que el traslado contribuya a la reinserción o reintegración de las personas sentenciadas en la vida social.

"‘VIII. Que no exista procedimiento penal o de extradición pendiente en contra la persona sentenciada.

"‘Para este procedimiento se entenderá como Estado trasladante, aquel Estado en el que la persona fue sentenciada y Estado receptor, aquel al cual desea ser trasladado.

"‘El Ejecutivo Federal determinará la autoridad coordinadora entre el Estado trasladante y el Estado receptor para la tramitación del procedimiento de traslado, salvo que el tratado o convención aplicable establezca disposición en contrario.’

"‘Artículo 55. Competencia para la resolución de un traslado internacional de personas sentenciadas.

"‘Cuando la solicitud de traslado sea presentada por un extranjero que fue sentenciado por una autoridad judicial mexicana, corresponderá conocer y resolver de la petición de traslado al Juez de Ejecución del centro de reclusión donde se encuentre físicamente la persona sentenciada o, en su caso, el de la jurisdicción de emisión de sentencia.

"‘Tratándose de solicitudes de traslado de ciudadanos mexicanos en el extranjero, será competente para conocer y resolver de la petición que se trate la autoridad penitenciaria competente, quien de resolver procedente el traslado también señalará el lugar de reclusión al cual deberá ingresar la persona trasladada y una vez ingresado al centro penitenciario lo hará del conocimiento inmediatamente del Juez de Ejecución competente para iniciar el procedimiento de ejecución de acuerdo con esta ley.

"‘En todo trámite de traslado internacional de sentenciados, la autoridad correspondiente que conozca del caso únicamente verificará que se sigan las formalidades y requisitos que establece el tratado o convención aplicable y de no existir éste, los requisitos del artículo anterior.

"‘Una vez resuelta la procedencia de traslado, el Ejecutivo Federal llevará a cabo las gestiones y logística necesarias para materializar y ejecutar el traslado correspondiente.’

"‘Artículo 56. Prioridades en caso de Traslados Internacionales.

"‘Cuando exista anuencia para trasladar a diversas personas a la vez y no sea posible realizar de manera material o inmediata todos los traslados en un mismo acto, se dará prioridad a aquellos casos en los que se compruebe que el traslado impera inmediatez por una cuestión humanitaria tratándose de enfermedad grave o terminal de la persona sentenciada o de alguno de sus familiares consanguíneos en línea directa de primer y segundo grado ascendiente y descendiente.’

"‘Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales.

"‘Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del centro penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto.

"‘En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los centros penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable.

"‘Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley.’

"‘Capítulo V

"‘Procedimiento jurisdiccional

"‘Artículo 120. Principios del procedimiento.

"‘Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad.

"‘La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe.

"‘El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental.’

"‘Artículo 121. Partes procesales.

"‘En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia:

"‘I. La persona privada de la libertad;

"‘II. El defensor público o privado;

"‘III. El Ministerio Público;

"‘IV. La autoridad penitenciaria, el director del centro o quién los represente;

"‘V. El promovente de la acción o recurso, y

"‘VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia.

"‘Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño.

"‘Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario.’

"‘Artículo 122. Formulación de la controversia.

"‘La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital.

"‘El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto.’

"‘Artículo 123. Auto de inicio.

"‘Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al Juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos:

"‘I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento;

"‘II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o

"‘III. Desechar por ser notoriamente improcedente.

"‘Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano.

"‘El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud.

"‘Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30179-3b00f042/demanda-de-amparo-indirecto-la-orden-de-traslado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.