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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE AUTORIZAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL PROCESO CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2022. · Registro digital (IUS): 31770
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-09-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, Pág.4933.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO MEJÍA PONCE DE LEÓN (PRESIDENTE), MANUEL DÍAZ INFANTE MÁRQUEZ Y ALEJANDRA JARQUÍN CARRASCO. PONENTE: MANUEL DÍAZ INFANTE MÁRQUEZ. SECRETARIA: MARCELA AGUILAR LORANCA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada;(3) así como 13, fracción VII, y 17 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la Jueza Cuarta de Distrito de Amparo de Materia Penal en el Estado de Puebla.

TERCERO.—Para resolver el presente asunto, se atienden las consideraciones que sustentan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados a que se refiere la denuncia de contradicción, y la emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito.

La parte considerativa de la ejecutoria del recurso de queja 130/2021 emitida por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, que resolvieron por unanimidad de votos es del tenor siguiente:

"... TERCERO. No se transcribirá el auto combatido ni los agravios formulados contra éste, en virtud de que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias, no hace referencia a ello, ni existe precepto legal que establezca esa obligación, sin que esa circunstancia perjudique a la parte inconforme, toda vez que se dará respuesta integral a su medio de impugnación.—Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente tenor literal.—‘Suprema Corte de Justicia de la Nación.—Con número de Con número de registro digital: 164618.—Instancia: Segunda Sala.—Novena Época Materias(s): Común.—Tesis: 2a./J. 58/2010.—Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830.—Tipo: Jurisprudencia.—«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X , del título primero , del libro primero , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.».—‘Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.’.—Asimismo, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito que se comparte y a continuación se transcribe:—‘Suprema Corte de Justicia de la Nación.—Con número de Con número de registro digital: 175433.—Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.—Novena Época—Materias(s): Común—Tesis: XVII.1o.C.T.30 K.—Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115.—Tipo: Aislada.’.—‘SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver.—PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 1/2006. Miguel Franco Rubio. 3 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: María Sabrina González Lardizábal.’.—No obstante, para que conste en autos, se ordena agregar copia certificada del auto recurrido.—CUARTO. Son por una parte infundados y, por otra inoperantes, los agravios expuestos por el recurrente, sin que exista motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. A efecto de así ponerlo de manifiesto es oportuno precisar, inicialmente, que de las copias certificadas del juicio de amparo 799/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos y autoridades siguientes:(4)—‘III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Autoridad Ordenadora. Abogado Salvador Hernández Martínez Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con Sede en San Martín Texmelucan, con domicilio en Periférico Ecológico número cien, Colonia Emiliano Zapata San Andrés Cholula Puebla, «Casa de Justicia de Cholula». B) Autoridad Ejecutora. El Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo Puebla, con domicilio en Avenida de las Huertas, número novecientos diecisiete, planta baja, cuarto barrio Huejotzingo, Puebla.—IV. LEY O ACTO RECLAMADO. Como acto reclamado señalo la Resolución de fecha veintinueve de julio del año dos mil veintiuno donde el Abogado Salvador Hernández Martínez Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con Sede en San Martín Texmelucan dentro de la Causa Penal ********** no concedió la Suspensión Condicional del Proceso, sin que esta se encuentre debidamente fundada y motivada, ocasionándome con ello una vulneración flagrante de mis derechos humanos así como principios universales (sic), previstos por los Artículos 1, 14, 16, 18, 19 y 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos además de los Artículos 1, 7, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.—Como consecuencia del acto reclamado subsiste en mi perjuicio la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el centro de reinserción social de Huejotzingo, Puebla, violentando mi derecho a la libertad personal.’.—La Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, radicó el asunto con el número 799/2021 y dictó un acuerdo en el que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechó de plano la demanda, pues consideró que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, previamente a instar el juicio de amparo respecto del acto reclamado, no agotó previamente el recurso de apelación, que es el medio ordinario de defensa, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.—Al respecto, el recurrente manifiesta que la determinación de la juez federal vulnera en su perjuicio garantías individuales, citando al respecto los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—Dicha afirmación es inoperante.—Es así, en virtud de que los jueces de distrito al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen una función de control constitucional, por tanto, aun cuando en contra de sus decisiones se prevé la procedencia de recursos como el de revisión o bien el de queja, como en la especie, éstos no son medios de control constitucional autónomos, a través de los cuales pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que son procedimientos de segunda instancia que tienden a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través de los cuales, el tribunal colegiado vuelve a analizar con amplias facultades, incluso de sustitución, los motivos y fundamentos que la autoridad federal tomó en cuenta para emitir su resolución, luego, dada la naturaleza de dichos medios de impugnación y por la función de control constitucional a que se alude, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que la autoridad que conoció del juicio de amparo violó garantías individuales, ya que de hacerlo así, se le trataría extralógicamente como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.—Se cita en apoyo de las anteriores consideraciones, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invoca:—‘Época: Novena Época.—Con número de registro digital: 1003004.—Instancia: Pleno.—Tipo de Tesis: Jurisprudencia.—Fuente: Apéndice de 2011.—Tomo II. Procesal Constitucional 1.—Común Primera Parte-SCJN Décima Sección.—Recursos Materia(s): Común—Tesis: 1125.—Página: 1272.’.—‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’.—‘Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 2/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, Pleno, tesis P./J. 2/97; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 31. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 28, Pleno, tesis 35. Nota: Por resolución de doce de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente pero infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva.—De igual manera, la aseveración del recurrente en el sentido de que con la emisión del auto recurrido la juez federal vulnera derechos humanos, es inoperante. Es así, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012, citada en párrafos que anteceden, sostuvo que si bien es cierto actualmente se tiene un catálogo amplísimo de derechos humanos, en virtud de que a los reconocidos en la Constitución Federal se sumaron los reconocidos en los Tratados Internacionales en esta materia, ratificados por el Estado Mexicano, esto es, de fuente nacional e internacional, cierto es que lo que resulta inoperante es la manifestación de la violación de derechos humanos por parte de las autoridades que conocen de los juicios de amparo, sin embargo, aquéllas relacionadas con la indebida aplicación o inaplicación de estos derechos, tendrán que ser estudiadas a la luz del marco constitucional actual, empero, en el particular no se advierte que al desechar la demanda se hubiera aplicado o inaplicado indebidamente algún derecho humano de los previstos en alguna fuente internacional y tampoco que el quejoso hubiera precisado específicamente la infracción a alguno de ellos. En el entendido que al concluir de esta forma, se advierte legal que la juez federal estableciera como corolario a su determinación que las nuevas disposiciones de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución.—Se sostiene lo acertado de la consideración de la resolutora federal pues efectivamente, el hecho que la reforma constitucional de junio de dos mil once y la nueva legislación reglamentaria del juicio de amparo, hayan ampliado los conceptos para proteger mayormente los derechos humanos e instituir la procedencia del juicio de amparo para la protección del interés legítimo, o bien, la declaratoria general de inconstitucionalidad, incluso, que el juicio de amparo sea considerado, como el recurso pleno para reclamar violaciones de derechos; no implica que deban suprimirse los demás requisitos de procedencia del juicio de amparo.—Así es, la aludida reforma constitucional implica que las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también aquellos que se encuentren en los Instrumentos Internacionales firmados por el Estado Mexicano, favoreciendo siempre la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que constituye el principio pro persona, previsto también en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que significa brindar la protección más amplia al gobernado y el derecho humano de acceso a la justicia; es decir, impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio, lo cual se entiende es aplicable de oficio, cuando el juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración.—Sin embargo, este principio y su aplicación no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los Instrumentos Internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales: legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; en otras palabras, los requisitos de procedencia del juicio de amparo siguen vigentes y su aplicación también está prevista por la propia legislación reglamentaria.—Apoya lo expuesto la jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, citada en el auto recurrido, de datos de localización rubro y texto siguientes:—‘Época: Décima Época.—Con número de registro digital: 2005717.—Instancia: Primera Sala.—Tipo de Tesis: Jurisprudencia.—Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.—Libro 3, febrero de 2014, Tomo I—Materia(s): Constitucional.—Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.).—Página: 487.’.—‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.’.—‘Amparo directo en revisión 3103/2012. Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, A.C. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.—Recurso de reclamación 424/2013. Alejandro Moreno Morales. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.—Recurso de reclamación 456/2013. Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V. 28 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.—Recurso de reclamación 438/2013. Vidriera Monterrey, S.A. de C.V. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.—Amparo directo en revisión 279/2013. Urzuamex, S.A. de C.V. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.—Tesis de jurisprudencia 10/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce.—Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.’.—Por otra parte, es inoperante la aseveración del inconforme en la que aduce que al emitir el auto recurrido, la Juez de Distrito vulneró los artículos 184, fracción II, 185, 191, 192, 193, 195, 196 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo de su competencia, deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Amparo o, en su caso, proceder de forma supletoria a través de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles; luego, las transgresiones en que podrían incurrir serían respecto de los artículos que se contienen, precisamente en esas legislaciones, pero no en disposiciones legales ordinarias, como las contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la aplicación de éstas corresponde a las autoridades competentes en esa materia por lo que serían ellas quienes, en su caso, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales podrían incurrir en violaciones a preceptos de leyes del orden común.—Se cita en apoyo de lo considerado la jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional que a continuación se transcribe.—‘Suprema Corte de Justicia de la Nación.—Con número de registro digital: 1004109.—Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.—Novena Época.—Materias(s): Común.—Tesis: 2300.—Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte-TCC Décima Sección Recursos, página 2683.—Tipo: Jurisprudencia.’.—‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACIÓN A DISPOSICIONES DEL ORDEN COMÚN. Cuando el recurrente atribuye al Juez de amparo violación a disposiciones del orden común, tales agravios resultan inoperantes, pues no es jurídico afirmar que dicha autoridad judicial infrinja preceptos de esa naturaleza porque su actuación, al resolver el juicio de garantías, se rige fundamentalmente por lo previsto en la Ley de Amparo, a la que debe ajustar su proceder, así como a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria en términos del artículo 2o. de la ley en primer término citada; de ahí que las transgresiones en que podrían incurrir los Jueces de Distrito serían respecto de los artículos que se contienen en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no de disposiciones legales ordinarias, ya que la aplicación de éstas corresponde a las autoridades que conozcan del proceso natural, y serían ellas quienes, en su caso, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrían incurrir en violaciones a preceptos de leyes del orden común.’. —‘PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 25/2002. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez.—Amparo en revisión 36/2002. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Gabriel Calvillo Carrasco.—Amparo en revisión 71/2002. 14 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.—Amparo en revisión 81/2002. 22 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.—Amparo en revisión 74/2002. 12 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretario: Valentín Omar González Méndez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 1065, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.1o.P. J/36; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 1066.’.—‘En diverso orden ideas, debe decirse que es infundado lo que manifiesta el recurrente en el sentido de que fue incorrecto que se desechara la demanda de amparo.—Es así, ya que este tribunal colegiado advierte, en oposición a lo que expresa el inconforme, que es acertada la determinación de la juez federal pues, efectivamente, en relación con el acto que reclama consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en la que el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan, no concedió la suspensión condicional del proceso en la causa penal **********; se actualiza la causal de improcedencia que invocó la resolutora federal, toda vez que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.—A efecto de poner de manifiesto lo que se determina es menester destacar, en principio, que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), párrafo cuarto, de la Constitución Federal,(5) para que sea procedente el juicio de amparo deben agotarse, previamente a instarlo, los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria que puedan modificar o revocar el acto reclamado; no hacerlo así, por regla general, conduce a declarar su improcedencia.—Lo anterior se reitera en el contenido de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocado por la juez federal, que señala que el juicio constitucional es improcedente contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados.—En efecto, el precepto normativo aludido dispone:—‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31770-0f9981cc/juicio-de-amparo-indirecto-procede-en-contra-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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