SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM) DE ENTREGAR LA TARJETA DE VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS Y ASIGNAR LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) A LA PERSONA SOLICITANTE DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, SIEMPRE QUE ACREDITE QUE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA OBTENCIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 49/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio enviado el dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, vía interconexión, a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, denunció la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recurso de queja 34/2024 y 37/2024, respectivamente, a efecto de determinar si debe concederse la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración realicen la expedición y entrega de la tarjeta de visitante por razones humanitarias y Clave Única de Registro de Población a la parte quejosa, a fin de que pueda ejercer su derecho humano a la identidad personal y a la libre circulación, o no.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veinte de febrero de dos mil veinticuatro se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 49/2024; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
4. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes rindieron los informes solicitados, manifestando la vigencia de los criterios sustentados en los asuntos denunciados en contradicción, los cuales se tuvieron por recibidos mediante proveídos de veinte y veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, respectivamente.
5. De igual forma por acuerdo de cuatro de marzo de esta anualidad, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
6. CUARTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de diez de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
7. QUINTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
C O N S I D E R A N D O:
8. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
9. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito con competencia mixta, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad administrativa sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
10. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)
11. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
12. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios, ni así disponerlo las disposiciones que establecen las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.
13. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(9)
A.Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo el recurso de queja 34/2024
14. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, una persona física de nacionalidad haitiana, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto contra el Comisionado, el Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California y la Subdirectora de Regulación Migratoria en Baja California, todos del Instituto Nacional de Migración, de quienes reclamó, sustancialmente, la negativa u omisión de expedirle y entregarle la tarjeta de visitante por razones humanitarias, así como de asignarle Clave Única de Registro de Población (CURP).(10)
15. Solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables expidieran a su favor la tarjeta de visitante por razones humanitarias y le asignaran Clave Única de Registro de Población, durante el tiempo que subsistiera el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.
16. Conoció de la demanda el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien por auto de dos de febrero de dos mil veinticuatro la registró bajo el número de expediente 217/2024 y la admitió a trámite: asimismo, ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión, en el que negó la medida cautelar provisional solicitada, al considerar que de concederse, sería para el efecto de que la autoridad responsable entregara al quejoso la tarjeta de visitante por razones humanitarias y le asignara Clave Única de Registro de Población, lo que coincidiría exactamente con los efectos de una eventual sentencia protectora, lo que ocasionaría que el juicio de amparo quedara sin materia.
17. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, quien lo registró con el número 34/2024 y por resolución de trece de febrero de dos mil veinticuatro declaró infundado el medio de defensa.
18. Dicho órgano colegiado señaló que si bien el artículo 147 de la Ley de Amparo permite que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez conceda la suspensión ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablezca provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado hasta en tanto se dicta sentencia firme en el juicio constitucional; en el caso particular no era posible jurídica ni materialmente otorgar la medida cautelar para los efectos solicitados, dado que la situación migratoria del inconforme era irregular, pues las autoridades migratorias no le habían entregado la documentación que lo acreditara como visitante temporal.
19. El tribunal colegiado observó que en la demanda de amparo el quejoso manifestó cumplir con los requisitos y encontrarse en los supuestos previstos en los artículos 52, fracción V y 59 de la Ley de Migración; que en su capítulo de antecedentes manifestó haber solicitado, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); ello, con base en la situación generalizada de inseguridad, violencia y violación masiva de derechos humanos que prevalece en su país de origen (Haití), lo que consideró una amenaza para su vida, libertad y seguridad.
20. Asimismo, el tribunal colegiado señaló que el quejoso manifestó que el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés se le hizo entrega de una constancia de solicitud de trámite –de reconocimiento de la condición de refugiado–, con la que acudió ante el Instituto Nacional de Migración a efecto de regularizar su condición migratoria.
21. Que dicho Instituto registró el trámite y le previno para que compareciera personalmente el día treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; posteriormente, el quince de noviembre del mismo año, recibió un correo electrónico en el que fue informado que se autorizaba su trámite de regularización migratoria, por lo que acudió nuevamente al Instituto Nacional de Migración, en donde de manera verbal se hizo de su conocimiento que “por órdenes superiores” no se le entregaría la tarjeta de visitante por razones humanitarias, hasta en tanto la COMAR no resolviera su solicitud de refugio.
22. El tribunal colegiado advirtió que la persona quejosa adjuntó a su demanda constitucional el oficio de quince de noviembre de dos mil veintitrés, suscrito por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, por el que se autorizó el trámite migratorio de regularización por razones humanitarias, conforme a las pretensiones de la persona extranjera interesada, por la temporalidad de un año.
23. Luego, citó los principios 4 y 8 de los “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas”; así como los artículos 12, 52, 58, 127 y 128 de la Ley de Migración; y el numeral 127 de su Reglamento, de los que dedujo que las personas migrantes, cualquiera que sea su situación migratoria, tienen derecho a acceder y poseer todos los documentos necesarios para el goce y ejercicio de sus derechos, entre otros, los documentos que acrediten su identidad; así como que los extranjeros pueden permanecer en territorio nacional bajo las condiciones de estancia de visitantes, residentes temporales y residentes permanentes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley en materia de migración.
24. Señaló que si mediante la vía constitucional de amparo el quejoso reclamaba de las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, la omisión o negativa de expedirle y entregarle la tarjeta de visitante por razones humanitarias y Clave Única de Registro de Población, a fin de ejercer su derecho humano de identidad personal y libre circulación, solicitando la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables le proporcionaran de inmediato dicha documentación, en tanto se resolvía el juicio de amparo; contrariamente a lo argumentado en los agravios, no era posible jurídica ni materialmente otorgar la medida cautelar para los efectos solicitados, dado que su situación migratoria era irregular, pues las autoridades migratorias no le han entregado la documentación que lo acredite como visitante temporal.
25. Que si bien en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 147 de la Ley de Amparo, se dota a la suspensión de un auténtico carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en respetar, garantizar y preservar los derechos fundamentales de la parte quejosa mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada, las cuales procede conceder cuando se acredita la apariencia de buen derecho y que existe peligro en la demora; en el caso particular no se vislumbraba una tutela judicial anticipada, dado que para obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias, el interesado debía realizar el trámite respectivo ante las autoridades competentes y reunir los requisitos previstos en la ley de la materia para regularizar su situación migratoria; de manera que el órgano jurisdiccional de amparo no podía otorgar la suspensión en los términos solicitados, ya que de hacerlo se sustituiría en las autoridades migratorias, a quienes la ley les otorga la facultada de resolver sobre la situación legal de los extranjeros.
26. Asimismo, consideró que de otorgarse la medida cautelar en los términos solicitados, se crearía un derecho a favor del quejoso que no tenía antes de presentar su demanda de amparo, lo cual no está permitido por la Ley de Amparo, en tanto su artículo 131, párrafo segundo, dispone que en ningún caso, el otorgamiento de la media cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.
27. En consecuencia, determinó que no procedía conceder la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables expidieran a favor del quejoso la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la Clave Única de Registro de Población, dado que ello era una cuestión que correspondía al fondo del asunto, por lo que declaró infundado el recurso interpuesto.
B. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 37/2024
28. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una persona física de nacionalidad haitiana, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto contra el Comisionado, el Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California y la Subdirectora de Regulación Migratoria en Baja California, todos del Instituto Nacional de Migración, de quienes reclamó, sustancialmente, la negativa u omisión de expedirle y entregarle la tarjeta de visitante por razones humanitarias, así como de asignarle Clave Única de Registro de Población (CURP).(11)
29. Conoció de la demanda el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien por auto de dos de febrero de dos mil veinticuatro la registró bajo el número de expediente 214/2024 y la admitió a trámite: asimismo, ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión, en el que negó la medida cautelar provisional solicitada, al considerar que de concederse, sería para el efecto de que la responsable entregara a la quejosa la tarjeta de visitante por razones humanitarias y le asignara Clave Única de Registro de Población, lo que coincidiría exactamente con los efectos de una eventual sentencia protectora, lo que ocasionaría que el juicio de amparo quedara sin materia.
30. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión, la quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, quien lo registró con el número 37/2024 y por resolución de quince de febrero de dos mil veinticuatro declaró fundado el medio de defensa.
31. En principio, el órgano colegido señaló que en el caso procedía la suplencia de la deficiencia de la queja, dado que el juicio de amparo fue promovido por una persona migrante; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo y conforme con la jurisprudencia 114/2023, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ES APLICABLE EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR PERSONAS MIGRANTES”.(12)
32. Enseguida, hizo referencia a la contradicción de criterios 338/2022, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que en dicho asunto se trató el tema relativo al otorgamiento de la suspensión con efectos restitutorios, en los casos en que sus efectos coinciden los de una eventual sentencia protectora.
33. Explicó que, conforme a lo resuelto por el alto tribunal, en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional debe considerar que la materia del juicio de amparo subsiste, cuando en la eventualidad de que éste se resuelva en forma adversa a la parte quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión.
34. Que en contraposición a ello, se trata de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. 35. Conforme con dicho precedente, señaló que por regla general es incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del juicio en lo principal, pues la suspensión del acto reclamado es, por naturaleza, un beneficio transitorio, por lo que aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad con los efectos de una eventual sentencia protectora, únicamente durará hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria.
36. De manera que, los casos en qué una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente puede dejar sin materia el juicio de amparo, se configuran cuando la restitución provisional de los derechos no puede ser revocada, aun cuando se niegue el amparo.
37. De dicha ejecutoria, señaló el tribunal colegiado, derivó la jurisprudencia 22/2023, de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL”.(13)
38. En ese orden de ideas, el órgano contendiente concluyó que la sola circunstancia de que el otorgamiento de la suspensión coincidiera exactamente con los efectos de una eventual sentencia protectora, por sí sola, era insuficiente para determinar la improcedencia de la medida cautelar, pues lo trascendente era verificar si el beneficio producido con la concesión de la suspensión podía ser revocado en el supuesto de que se negara el amparo.
39. Así, contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, consideró que en el caso particular aun cuando los efectos de la medida cautelar –consistentes en que se expida a la quejosa la tarjeta de visitante por razones humanitarias y se le asigne Clave Única de Registro de Población– coinciden con los de una posible sentencia en la que se otorgue el amparo, tal circunstancia, no tornaba improcedente la suspensión, pues en la eventualidad de que la sentencia constitucional resultara adversa a los intereses de la parte quejosa, válidamente podrían retrotraerse los efectos de la suspensión, mediante la cancelación de la tarjeta de visitante y la Clave Única de Registro de Población que se hubieren asignado.
40. Beneficios que, consideró el tribunal colegiado, no se agotan por su sola concesión, afectando por ende la materia del amparo; ello, en la medida que del punto tercero, fracción III, de la “Circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil doce; y de los artículos 52, fracción V, inciso c) y 59 de la Ley de Migración, se colige que la tarjeta de visitante y la Clave Única de Registro de Población permiten a su tenedor circular por el territorio nacional, así como acceder a servicios de salud, educación, trabajo, entre otros, los que en la eventualidad de que el juicio de amparo se resolviera de forma adversa a la quejosa, podrían suspenderse o cancelarse.
41. Al resultar fundado el agravio analizado, el tribunal colegiado contendiente asumió jurisdicción y concedió la medida cautelar provisional, al considerar satisfechos los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley Amparo.
42. Al respecto, el referido órgano jurisdiccional señaló que la suspensión fue solicitada por la quejosa, para el efecto de que se le expidiera la tarjeta de visitante por razones humanitarias y se le asignara Clave Única de Registro de Población; efectos que correspondían a los derechos de las personas solicitantes de la condición de refugiado, conforme con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 114/2020.
43. De dicho precedente, advirtió que el derecho de asilo –reconocido en el artículo 11 constitucional, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en la Declaración de Cartagena y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos– abarca dos facetas: (i) el derecho de solicitar o pedir el asilo o la condición de refugiado sin discriminación alguna; y (ii) el derecho a recibir asilo.
44. Que a partir del derecho a recibir asilo, surge para el Estado el deber otorgar la protección siempre que se cumplan los requisitos y las condiciones para que ésta pueda ser brindada.
45. Asimismo, observó que bajo ese derecho, las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado y que no han recibido una determinación definitiva sobre dicha petición, merecen una protección reforzada; lo que significa que el Estado debe permitirles que permanezcan en el país en condiciones dignas, hasta que la autoridad competente adopte una decisión definitiva, por lo que se les deben otorgar los medios o las oportunidades de subsistencia para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos fundamentales como parte de tales medidas de protección reforzada.
46. Que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración, este no debía interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP); por el contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado deben tener acceso efectivo a dicho documento como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues constituye un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, entre otros.
47. Que por tanto, la CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, a fin de que no se agrave su situación de vulnerabilidad, con lo que se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales; por lo que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado.
48. El órgano colegiado señaló que dicha contradicción de criterios surgieron las jurisprudencias 76/2022 y 78/2022, de rubros: “PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO”;(14) y “DERECHO A BUSCAR Y RECIBIR ASILO. LA CONDICIÓN DE REFUGIADO ES DECLARATIVA Y NO CONSTITUTIVA Y, POR LO TANTO, LAS PERSONAS SOLICITANTES DE REFUGIO REQUIEREN PROTECCIÓN REFORZADA, INCLUSO ANTES DE QUE EL ESTADO LES RECONOZCA SU ESTATUTO.”(15)
49. Adicionalmente, el tribunal colegiado resaltó que en el apartado de antecedentes de la demanda de amparo, la quejosa indicó que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés presentó solicitud de inicio de trámite de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y que la admisión del trámite le fue notificada el día veintisiete siguiente.
50. Bajo ese contexto, de un análisis preliminar sobre el tema, en función de la doctrina referida del alto tribunal, vinculada con lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, el órgano colegiado consideró que su pretensión no era abiertamente temeraria o manifiestamente infundada; y que en cambio, sí existía un deber del Estado de otorgar los medios o las oportunidades de subsistencia a las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados.
51. Razones por las que consideró que existía una apariencia del buen derecho en favor de la quejosa; pues podía ser que, como se alegaba en la demanda, una forma de hacer efectivo el reconocimiento de los derechos fundamentales de la quejosa en su calidad de migrante y solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, fuera entregándole la tarjeta de visitante y la Clave Única de Registro de Población, a fin de que pudiera circular por la localidad en que se encuentra, así como acceder a servicios de salud, educación, trabajo, entre otros.
52. Finalmente, destacó que la suspensión provisional de manera alguna seguía perjuicio al interés social ni contravenía disposiciones de orden público, en la medida que no afectaba las facultades de las autoridades migratorias para continuar con el procedimiento de migración respectivo, ni para decretar las medidas que estimara convenientes a fin de asegurar la localización de la parte quejosa, por lo que concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, entregaran a la solicitante la tarjeta de visitante por razones humanitarias y le asignaran Clave Única de Registro de Población; lo anterior, hasta en tanto recibieran comunicación sobre lo que se decretara respecto de la suspensión definitiva.
53. CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios. A efecto de verificar la existencia o no de la contradicción de criterios, resulta conveniente precisar que sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.
54. Dicho criterio está
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32924-a6c443d6/suspension-provisional-procede-con-efectos-restitutorios-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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