REFUGIADO. LA CONCESIÓN DE AMPARO PARA QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PIDA OPINIÓN SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS PREVALECIENTES EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL SOLICITANTE DE DICHA CONDICIÓN, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN RESPECTO DE SUS ANTECEDENTES, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

El artículo 24 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria dispone que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado deberán ser resueltas por la Secretaría de Gobernación de manera escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a su presentación, para lo cual la referida dependencia pedirá opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes de aquél. Por tanto, si un Juez de Distrito determina que la mencionada solicitud se resolvió sin contar con los elementos objetivos necesarios para hacerlo, y concede el amparo para que esta última secretaría pida opinión sobre las circunstancias prevalecientes en el país de origen del solicitante, así como información acerca de sus antecedentes a diversas dependencias y entidades federales y estatales, tal decisión no viola el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues busca el mayor beneficio para el quejoso, ya que advirtió que para resolver su petición de manera congruente e integral era necesario contar con mayores elementos que aquellos que tomó en cuenta de manera primaria la responsable, por lo que si bien es cierto que el juicio de amparo promovido por el particular implica un derecho a su favor para que se resuelva de manera efectiva y fundada la controversia que planteó, también lo es que esto no significa una obligación de resolver necesariamente el fondo del asunto planteado, pues lo que se busca es que la autoridad encargada de determinar la condición de refugiado, cuente con los elementos probatorios necesarios para ello, ejerciendo sus facultades para recabar esa información, lo que es coincidente con el criterio establecido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el sentido de que es necesario conocer los antecedentes y experiencias personales del solicitante, que presumiblemente han originado el temor de persecución, así como las circunstancias pertinentes a la situación imperante en su país de origen.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.