COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESPONDER UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE UN INMUEBLE ASEGURADO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE UBICA EL BIEN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 123/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE ENERO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, respectivo a la sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil veinticinco.
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 123/2024, suscitada entre el Séptimo y Noveno, ambos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 8/2024 y 5/2024, respectivamente.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional, consiste en determinar a favor de qué Juzgado de Distrito se surte la competencia legal por territorio para conocer de un juicio de amparo indirecto en el que el acto reclamado es la omisión de dar respuesta a una solicitud presentada ante el ministerio público en una carpeta de investigación de levantar y devolver un bien inmueble asegurado.
I. ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios.
3. Mediante oficio **********, remitido por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se hizo del conocimiento de este Pleno Regional la posible contradicción de criterios suscitada entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional al resolver el conflicto competencial 8/2024, de su índice y el diverso Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer del conflicto competencial 5/2024, de su estadística, pues consideró que existe discordancia entre lo resuelto por ambos.
4. Lo anterior, debido a que el órgano denunciante advirtió que los criterios contendientes divergen entre sí, porque el diverso tribunal contendiente, en el conflicto competencial 5/2024, determinó que el componente para conocer del juicio de amparo en contra del acto señalado es el Juzgado de Distrito del lugar en el que se encuentre el inmueble asegurado, al considerarse que dicha omisión tiene efectos positivos; toda vez, que el tribunal denunciante sostuvo que al ser una omisión simple, carente de ejecución, el juzgado competente es el del lugar en el que se presentó la demanda de amparo.
II. TRÁMITE
Admisión y trámite de la contradicción.
5. Por auto de nueve de julio de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió la denuncia que nos ocupa, ordenó la creación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 123/2024, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o las consideraciones para tenerlos por superados o abandonados y la fecha en que aquello aconteció; asimismo, pusieran a nuestra disposición la consulta del expediente electrónico de su índice y poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional -número 35987614 del expediente único nacional [NEUN]-, mediante la herramienta denominada “Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen”.
6. También se comunicó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación de este asunto y se solicitó la información atinente a si existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente y se turnó electrónicamente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.
7. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes enviados por los Tribunales Colegiados contendientes, donde señalaron que los criterios emitidos en sus respectivos recursos de revisión continuaban vigentes.
8. Finalmente, por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvo al Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encuentra radicada en ese Máximo Tribunal alguna contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto; asimismo se confirmó el turno electrónico al Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN AMICUS CURIAE
9. Conforme a lo establecido por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento del algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
10. En el caso, antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó algún informe entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
11. Este órgano colegiado es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023.
12. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los órganos contendientes en la presente contradicción.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
14. A efecto de que este órgano colegiado se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de “criterios” debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
15. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”,(3) y la jurisprudencia de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”(4)
16. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
17. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
18. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes-, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los tribunales colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(5)
19. En otras palabras, para la existencia de una contradicción de criterios se requiere que los órganos jurisdiccionales contendientes: I. Hayan realizado ejercicios interpretativos; II. Sobre el mismo problema jurídico y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias; y III. Tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
20. Con lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas confrontadas.
21. Al respecto, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.
22. Respecto al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.
23. Para acreditar lo anterior, a continuación, se detallará lo sostenido por cada tribunal en sus respectivas resoluciones, análisis que permitirá identificar las bases interpretativas y metodológicas utilizadas por los órganos contendientes, lo cual es crucial para comprender las diferencias y similitudes en sus enfoques respecto a la competencia territorial en juicios de amparo derivados de la omisión de dar respuesta a una solicitud presentada al ministerio público de levantar y devolver un bien inmueble asegurado.
A) Conflicto competencial 8/2024, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
24. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en la cual reclamó la omisión de la representación social de dar respuesta a un escrito por el cual solicitaba el levantamiento del aseguramiento y devolución de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Durango, Durango, asunto que, por cuestión de turno, correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; sin embargo, dicho órgano de amparo determinó carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del asunto y declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno.
25. Fue así como, una vez remitidos los autos, el juicio de garantías fue turnado al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que, a su vez, estimó carecer de competencia para conocer del asunto por cuestión de territorio; ordenando remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre.
26. Seguidos los trámites, se turnó el juicio de amparo indirecto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el cual, no aceptó la competencia y devolvió el expediente al juzgado oficiante, respecto de lo cual, su homólogo en la Ciudad de México insistió en declararse incompetente, por tanto, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para que resolviera lo conducente respecto del conflicto competencial suscitado, asunto que por cuestión de turno correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
27. Así, el Tribunal determinó que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37(6) de la Ley de Amparo, el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, era la autoridad competente para conocer del juicio de amparo indirecto de origen por razón de territorio. Es decir, si el acto reclamado derivó de una petición simple relacionada con derechos de defensa del justiciable, el cual no requería de suyo de ejecución material en sentido estricto, dado que la autoridad ante quien se elevó la petición únicamente emitiría un acto meramente declarativo -en el sentido de acceder favorablemente o no a la solicitud planteada-, era una cuestión que no implicaba una ejecución material.
28. Lo anterior, no obstante que se encuentre vinculado con el inmueble materia de la petición, pues en el caso no se debía soslayar que el acto reclamado era únicamente la omisión simple de dar respuesta a una solicitud, no propiamente la devolución del inmueble, por lo que se estimó que la competencia para conocer del juicio constitucional correspondía al juzgado ante el cual fue presentada la demanda de amparo, mismo que coincidía a la circunscripción territorial en la que residía la autoridad responsable a quien se le atribuyó la omisión reclamada.
29. Lo que sustentó con la tesis jurisprudencial 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”,(7) así como el diverso criterio aislado, sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro: “COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES.”(8)
B) Conflicto competencial 5/2024, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
30. El apoderado legal de la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto en contra de la falta de respuesta a la solicitud de devolución de un bien inmueble asegurado ubicado en el Estado de Quintana Roo, por parte de la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, asunto que inicialmente fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que lo radicó bajo el número **********, de su índice; sin embargo, el juez determinó que no tenía competencia por razón de territorio, ya que el acto reclamado era negativo con efectos positivos, porque tiene ejecución material, dado que restringe e imposibilita a la parte quejosa ejercer su posible derecho real de propiedad, pues no puede gozar, disfrutar ni disponer del bien inmueble asegurado, mientras la fiscalía continúe siendo omisa en pronunciarse sobre su devolución, lo que provoca indefectiblemente que siga ejecutándose la eventual afectación en su esfera de derechos, al permanecer el aseguramiento.
31. Por tanto, al considerar que los efectos de la omisión reclamada, se materializan en el lugar donde se encuentra el propio inmueble, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.
32. No obstante lo anterior, luego de registrar el asunto con el número de amparo indirecto **********, el Secretario en Funciones de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a quien por cuestión de turno le correspondió conocer del asunto, estimó que debía tener conocimiento del asunto el juzgado ante el cual se promovió la demanda, en virtud de que la abstención reclamada no requería ejecución material y carecía de efectos positivos, pues la pretensión de la moral quejosa únicamente era que el Ministerio Público de la Federación responsable, atendiera la solicitud planteada, con independencia del sentido en que esta se resolviera, por lo que dicho acto no tenía efectos que trascendieran al mundo fáctico y no modificaban el estado de las cosas en perjuicio de la esfera física de la quejosa, sino sólo en el ámbito formal, en consecuencia, rechazó la competencia declinada y devolvió el expediente al juzgado de origen, al considerar que la omisión reclamada no requería ejecución material.
33. Lo anterior, de conformidad y con apoye en las tesis jurisprudenciales 2a./J. 32/2023 (11a.) y 1a./J. 17/2014 (10a.), de rubros: “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN”.,(9) así como la diversa intitulada “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”(10)
34. Por lo anterior, el Juzgador de Distrito de la Ciudad de México insistió en declinar la competencia y remitió los autos al órgano colegiado en materia penal correspondiente para que resolviera la controversia competencial surgida.
35. De dicho asunto, conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien registró el conflicto competencial bajo el número 5/2024, y determinó que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, era competente para conocer del juicio de amparo indirecto, por tener jurisdicción territorial en el lugar donde se ejecuta el acto reclamado, conforme a la regla prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
36. Lo anterior, debido a que el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que de conformidad con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo indirecto se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Disposición que a su vez se retoma en el numeral 37 de la Ley de Amparo,(11) el cual establece la regla general para determinar la competencia de un Juez de Distrito en función del territorio, basado en si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Esta regla se desglosa en tres principios básicos, a saber: a) Cuando el acto reclamado requiere ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recae en el juzgador federal que ejerce jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o ya se haya ejecutado. Esta regla asegura que el juez con mayor proximidad y relevancia territorial al acto sea el responsable de la revisión y resolución del amparo.
b) Como regla especial, en casos donde el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones que haya prevenido, es decir, ante el cual se presentó primero la demanda de amparo.
c) Cuando el acto combatido no requiere de ejecución material, la competencia recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la petición de amparo.
37. El Tribunal argumentó que, respecto a la ejecución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015,(12) precisó que el término "ejecución material" es el criterio único para asignar la competencia territorial a los Jueces de Distrito en juicios de amparo. La "ejecución material" debe entenderse como aquellas acciones derivadas del acto reclamado que producen un cambio tangible en el mundo real. Esto implica que no solo se trata del contenido del acto en términos de órdenes, mandatos, cumplimientos o prohibiciones, sino también de los efectos materiales que el acto produce o podría producir.
38. Así, para abordar adecuadamente la competencia territorial basada en la "ejecución material", el órgano señaló que se debía atender a lo resuelto por la Primera Sala del máximo tribunal del país, en la contradicción de tesis 343/2019,(13) en la que detalló cómo se dividen los actos en función de su naturaleza y consecuencias, esto es:
I) Actos positivos, implican una acción voluntaria y efectiva por parte de la autoridad responsable, lo que significa que la autoridad realiza una actividad que el gobernado considera violatoria de sus derechos fundamentales. Estos actos pueden consistir en una acción, una orden, una privación o una molestia.
II) Actos Negativos, aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado, manifestando su voluntad de no conceder al quejoso lo que él cree que le corresponde. En este sentido, los actos negativos reflejan una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado, mostrando así una negativa de las autoridades a acceder a las peticiones de los gobernados.
39. Que a su vez, los actos negativos se subdividen, en actos negativos simples, actos negativos con efectos positivos y actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado, requiriendo una respuesta negativa explícita por parte de la autoridad. Los actos negativos con efectos positivos aparentan ser negativos, pero en realidad producen efectos similares a los de un acto positivo, imponiendo cargas concretas al gobernado. Los actos negativos prohibitivos establecen una obligación de no hacer o limitan la conducta del gobernado, imponiendo una abstención que, en esencia, es un hacer de la autoridad.
III) Actos omisivos o abstenciones, aquellos en los que la autoridad incumple con un deber legal o constitucional de hacer, lo cual afecta al gobernado. Para determinar si un acto omisivo constituye una omisión, debe haber una obligación previa de la autoridad de realizar una acción específica conforme a la norma legal correspondiente.
40. Conforme a lo anterior, el órgano colegiado advirtió que si el acto impugnado era la omisión de la representación social de dar contestación a la solicitud de devolución de un bien inmueble ubicado en Cancún, Quintana Roo, entonces dicho acto omisivo tiene efectos positivos, porque conlleva ejecución material, ya que mientras persistiera dicha omisión respecto a la petición de devolución aludida, necesariamente implicaba la subsistencia del aseguramiento ejecutado sobre el propio bien inmueble, es decir, tenía como consecuencia directa que, en el mundo fáctico o material, continuara la restricción y afectación provisional de los derechos de propiedad, disposición o disfrute de su legítimo propietario o poseedor, según corresponda, quienes no podrán ejercer libremente tales derechos justo por el inmueble se encuentra sujeto a tal medida precautoria.
41. Máxime que, de conformidad con el artículo 181(14) del Código Federal de Procedimientos Penales,(15) señala que esta medida afecta provisionalmente los bienes involucrados y no tiene un fin en sí misma, sino que su propósito es proteger esos bienes para garantizar un posible decomiso futuro o la reparación del daño, así como asegurar la comprobación del delito y la probable responsabilidad del acusado. Además, esta medida protege la existencia de posibles medios de prueba y destacó que esta medida no prejuzga ni está relacionada con la responsabilidad penal del propietario o poseedor de los bienes.
42. Lo que sustentó con la jurisprudencia 1a./J. 31/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: “ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE UN TERCERO AJENO A LA CAUSA PENAL. PARA DECRETARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTE SEA RESPONSABLE POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO O QUE SE ENCUENTRE SUJETO A PROCESO”.(16)
43. Luego, sostuvo que si el aseguramiento del bien inmueble cuya devolución solicitó la parte quejosa fue emitido en la etapa de averiguación previa del proceso penal y no había sido respondido por la autoridad responsable, esta omisión no solo afectaba el derecho de petición de manera aislada, sino también vulneraba derechos reales sobre el inmueble, ya que la medida precautoria impuesta generó una restricción provisional que se prolongaba en el tiempo.
44. Restricción que a su vez permanecía hasta que la autoridad levantara el aseguramiento y autorizara la devolución del bien asegurado, afectando así los derechos del propietario de manera continua.
45. Lo antes expuesto, lo respaldó con las jurisprudencias 1a./J. 138/2011 (9a.), de rubro: “AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO”;(17) 2a./J. 51/2002 de título: “ASEGURAMIENTO DE BIENES DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL”.;(18) así como, 1a./J. 7/2015 (10a.) de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA”.(19)
46. Así, concluyó que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ubicado en Cancún, era legalmente competente para conocer la demanda de amparo por cuestión de territorio, basado en los artículos 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 48, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que la omisión reclamada al Ministerio Público de la Federación tuvo efectos positivos, ya que implicó la ejecución material del aseguramiento sobre el bien inmueble cuya devolución fue solicitada, medida precautoria que al no ser respondida, impidió o restringió provisionalmente los derechos reales sobre el bien, afectando la propiedad, posesión, disposición, uso o disfrute del propietario o poseedor legítimo.
47. Asimismo, se precisó que las jurisprudencias invocadas por el juzgado para negar su competencia eran inaplicables, ya que abordaban supuestos fácticos distintos, toda vez que, trataban sobre la omisión de pronunciar un laudo laboral, la falta de trámite a una solicitud de cancelación de certificado parcelario y la regla general de no requerir ejecución material. Es decir, ninguna de estas situaciones era comparable con el caso en cuestión, donde la omisión de responder a la solicitud de devolución del bien inmueble resultó en la continuidad del aseguramiento, lo que potencialmente vulneraba los derechos reales del propietario o poseedor legítimo.
48. De lo anterior, se observa que la diferencia fundamental entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes radica sobre la aplicación del artículo 37 de la Ley de Amparo, sobre la competencia territorial para conocer un juicio de amparo cuando el acto reclamado es la omisión del ministerio público de responder a la solicitud de devolución de un bien inmueble asegurado. Ya que, mientras el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sostuvo que la competencia debe determinarse en favor del juzgado en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo, argumentando que la omisión de responder es un acto meramente declarativo que no implica ejecución material.
49. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que la omisión de responder afectaba tangiblemente la propiedad y posesión del inmueble, por lo que la competencia territorial debía establecerse conforme al lugar donde se encuentra el bien. De ello que, este tribunal argumentó que la omisión tenía efectos positivos, implicando la ejecución material del aseguramiento sobre el inmueble, lo que restringía provisionalmente los derechos reales del propietario o poseedor legítimo.
50. De tal manera que, el que los tribunales colegiados contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa ejerciendo arbitrio judicial mediante la adopción de algún canon o método se cumple en este caso, ya que ambos tribunales analizaron la naturaleza del acto reclamado conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo de manera distinta, a fin de determinar la competencia territorial de un juzgado de Distrito para conocer un juicio de amparo indirecto cuand
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33065-924703c1/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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