COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO.
CONFLICTO COMPETENCIAL 16/2018. SUSCITADO ENTRE LOS JUZGADOS SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL. 11 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. SECRETARIO: DANIEL MARCELINO NIÑO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
III.—Decisión. El Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, es a quien le corresponde conocer del juicio de amparo.
Se explica.
El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé los supuestos de competencia para que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo.(6)
Básicamente, dicho numeral dispone que hay reglas distintas para establecer la competencia, dependiendo si el acto reclamado requiere o no de ejecución material.
En el primer supuesto, concretamente si el acto reclamado requiere ejecución material, para fijar la competencia del Juzgado de Distrito que corresponde conocer el asunto, deberá tomarse en cuenta el lugar donde: a) debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando, o si ya se ejecutó el acto reclamado (en este caso, es competente el Juez que tenga jurisdicción en esos sitios); y, b) si inició su ejecución en un lugar y siguió ejecutándose en otro (es competente el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda).
En el segundo supuesto, específicamente que el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
En el caso particular, el conflicto competencial tiene su solución en la hipótesis del inciso a), antes descrito, por tratarse de actos que tienen ejecución, como se justificará. Por tanto, la regla para fijar la competencia, en este caso, de acuerdo con el primer párrafo del precepto citado, es la relativa al Juzgado de Distrito que corresponda en que los actos se están ejecutando.
Para justificar lo anterior, es necesario poner en contexto los actos reclamados.
• El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se presentó la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Material Penal en esta ciudad, la cual fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, reclamando los actos precisados con anterioridad y manifestando el quejoso que es legítimo propietario del inmueble materia de la litis, ubicado en la comunidad de **********, perteneciente al **********, el cual en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, celebró contrato privado de arrendamiento con el señor ********** –dijo que es muy conocido en esa zona– el cual laboraba para un médico veterinario zootecnista de nombre **********, a quien anteriormente le había rentado su propiedad por más de cinco años, radicando el quejoso en la ciudad de Tijuana, Baja California, por la enfermedad de su esposa; es por lo que desconocía que se aseguró su propiedad.
• El quince de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante la autoridad ministerial –en atención a su petición a la cual se dio respuesta por virtud del diverso juicio de amparo 311/2018-3, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl– y, en cuanto a los actos reclamados, concretamente, la solicitud de levantar el aseguramiento y devolución del inmueble referido, se argumentó por el personal ministerial que lo atendió que requería la autorización del superior y que le llamarían.
A partir de tales antecedentes, la competencia para conocer de la demanda de amparo contra los actos reclamados se surte en favor del Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, porque este tribunal tiene el criterio de que en los casos en que se reclama la negativa de levantar el aseguramiento reclamado, tal acto tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continué con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como es la restricción a su derecho de propiedad, motivo por el cual, tales actos reclamados conllevan un principio de ejecución, por lo cual el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es aquel donde se ubica el inmueble afectado, pues ahí se está ejecutando la afectación de derechos fundamentales, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el caso, el mencionado Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México.
Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.35 P (10a.), de este tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2350, con número de registro digital: 2013097 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas», de título, subtítulo y texto:
" Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal ‘no hacer’ tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias –ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía–, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los ‘efectos positivos’ que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio."
Este órgano colegiado no inadvierte los criterios que se invocan en cuanto a lo que determina el tercer párrafo del artículo 37, citados por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl,(7) pero como ya se explicó, el presente asunto no se ubica en tales supuestos –que el acto no tenga ejecución material–, por tratarse de actos negativos con efectos positivos y que sus consecuencias legales se materializan en el lugar en donde se llevó a cabo el aseguramiento –lo cual sí es posible advertir con los elementos proporcionados en la demanda de amparo, con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad y los anexos que se acompañaron, por lo que, opuestamente a lo considerado por el juzgado declinado, para efectos de definir la competencia, sí se tiene la certeza de que tales actos sí tienen ejecución material donde ejerce jurisdicción, sin menoscabo de que en el curso del trámite se advierta alguna situación adicional que modifique esta información, pues éste no es el medio para cuestionar los datos contenidos en la demanda de amparo y documentos adjuntos–.
Sin que ello implique una interpretación de las reglas de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo –que el juzgado declinado, opina, no es jurídicamente aceptable–, pues lo que aquí se efectuó para fijar la competencia territorial fue un ejercicio de subsunción de dichas reglas después de establecer que la negativa de levantar el aseguramiento sí produce efectos positivos pues, en este caso, el primer párrafo de dicho numeral dispone expresamente que el órgano jurisdiccional competente es el que ejerce competencia en el lugar donde se materializan los efectos.
Tampoco se inadvierten los demás actos reclamados, específicamente, los relacionados con la negativa de reconocer al quejoso el carácter de víctima indirecta y del trámite del aseguramiento, dado que atendiendo al principio de continencia de la causa, es conveniente que sea el mismo juzgador del Estado de México quien conozca de la integridad de la demanda de amparo pues, incluso, ya tramitó y resolvió el diverso controvertido constitucional 311/2018-3 (según las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la demanda de amparo), relacionado con la petición del aseguramiento de ese inmueble y el reconocimiento como parte en la carpeta de investigación de donde deriva tal diligencia; en síntesis, a efecto de no dividir la continencia de la causa y aprovechar el conocimiento previo de tal asunto, son razones adicionales para que dicho órgano jurisdiccional conozca de esta demanda de amparo.
En mérito de lo anterior, deberá conocer del asunto el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Es al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a quien, por competencia territorial, le corresponde resolver el juicio de amparo, por las razones contenidas en el último considerando de este fallo.
Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a los juzgadores contendientes, así como las constancias respectivas al juzgado competente, a efecto de que tramite y resuelva el referido juicio de amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Miguel Enrique Sánchez Frías –presidente–, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio –ponente–.
En términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
____________________
6. "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."
7. De título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28244-831f67ca/competencia-por-territorio-para-conocer-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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