COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT.
II. COMPETENCIA
6. De conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, esta Primera Sala es constitucional y legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, única y exclusivamente respecto de la posible divergencia de criterios entre los Tribunales Colegiados involucrados, pertenecientes a distintos circuitos, pues en torno a la que pudiera haber entre los de una misma demarcación territorial le correspondería resolverla al Pleno de Circuito respectivo.
7. Consecuentemente, no será materia de este asunto decidir si hay o no alguna discrepancia entre las posturas adoptadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el diverso conflicto competencial 3/2020 (en el que se superó el criterio sostenido en el diverso conflicto competencial 9/2019) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/2020.
8. Ello, en el entendido que, en este caso, no es necesario remitir copias de las ejecutorias respectivas al Pleno del Octavo Circuito a fin de que se pronuncie en cuanto a la posible contradicción de criterios de su competencia, en virtud de que el problema jurídico que, en su caso, representaría tal divergencia, como se verá más adelante, queda resuelto con motivo del criterio que se establece en el presente asunto.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
10. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(1)
11. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
12. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
13. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Tales requisitos se encuentran plasmados en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010(2) y 1a./J. 22/2010,(3) de los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."
15. A continuación, se precisan las razones por las cuales se considera que, en el caso concreto, sí se actualizan todos los requisitos enunciados.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila.
16. El citado Tribunal Colegiado conoció del conflicto competencial 2/2020, suscitado entre el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila y el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo indirecto **********. En sesión ordinaria virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno, el referido órgano jurisdiccional analizó un asunto que derivó de los hechos y datos siguientes:
17. Amparo indirecto. Una persona promovió amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:
Autoridad responsable:
• Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez.
Acto reclamado:
• La negativa de proporcionar copias simples de los tomos I, II y III, así como del auto de formal prisión, averiguación previa y pliego de consignación que obran dentro de la causa penal **********.
18. Declinación de competencia. Correspondió conocer del asunto al Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, cuyo titular, admitió la demanda y ordenó su registro como amparo indirecto **********. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo, por lo que ordenó remitir los autos del juicio al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, en turno, por ser el Juez con sede en el mismo distrito al que pertenece la autoridad señalada como responsable.
19. No aceptación de competencia. El asunto fue turnado al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyo titular, por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, no aceptó la competencia planteada, por tanto, ordenó devolver los autos al Juez declinante.
20. Devueltos los autos al Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, insistió en no aceptar la competencia y por auto de trece de octubre de dos mil veinte, dispuso remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, para la sustanciación del conflicto suscitado.
21. Conflicto competencial. Al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, le correspondió conocer del conflicto competencial 2/2020. En sesión ordinaria virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno, el citado órgano colegiado declaró legalmente competente al Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por **********.
22. Las consideraciones en que sustentó la determinación que antecede, son las siguientes:
• En principio, el órgano de amparo destacó que la negativa a expedir copias simples de la causa penal, en sí misma es un acto negativo; sin embargo, es factible considerar que dicha omisión tiene efectos positivos, pues de prosperar la acción constitucional y otorgarse el amparo solicitado, la consecuencia de la protección constitucional citada, implicaría la expedición material de ellas, y la competencia territorial conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo.
• Por otra parte, señaló el órgano jurisdiccional, también debe tenerse en cuenta la jurisprudencia 1a./J. 27/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.";(4) en donde el Alto Tribunal del País estableció que de la interpretación del artículo 17 constitucional y del 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, el juzgador debía ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición de copias formulada.
• Resaltó, que si el quejoso comparecía a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos se desprendía que se encuentra privado de su libertad, deberá presumirse, salvo prueba en contrario, que el quejoso no cuenta con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso, por concepto de los materiales necesarios, sería gratuito con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes.
• Asimismo, destacó que este Alto Tribunal estableció que si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, se evidencia el impedimento físico del solicitante de allegarse, por su cuenta, a las copias solicitadas, por lo que resultaría materialmente imposible que tuviera a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no sería factible que consultara los mismos de forma personal como que tampoco pudiera acudir a recibir los documentos solicitados en caso de que hubiera sido obsequiada su petición.
• Por ende, señaló que el Máximo Tribunal del País estableció que en ese supuesto procedía se ordene entregar las copias solicitadas en el lugar donde se encontrara recluido.
• En ese sentido, consideró que, ante la posibilidad de otorgarse el amparo, dada la negativa de la autoridad a expedir copias en un proceso penal en favor de un reo privado de su libertad, se debe atender a la competencia territorial en razón al lugar en que serían entregadas las copias, por lo que se debe tomar en cuenta el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, por ser el que regula la competencia de los juicios de amparo indirecto.
• Destacó que del artículo 37 de la Ley de Amparo se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio. La primera, toma en consideración el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que significa que este tipo de actos es de aquellos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, o sea, una autoridad ejecutora.
• En la segunda regla, se establece el caso en que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, entonces, será competente para conocer de la demanda el Juez ante quien se haya presentado.
• La tercera regla, consiste en que la resolución reclamada no requiera ejecución material y en esa hipótesis resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
• Lo anterior, afirmó el órgano colegiado, encuentra fundamento en la regla de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad se promoverá ante el Juez de Distrito con residencia en el lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la autoridad responsable que lo ejecute será la encargada de afectar la esfera de derechos del gobernado.
• Por tanto, consideró que, en este caso, la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado, esto es, en donde se encuentra recluido el quejoso, por tratarse de un acto negativo con efectos positivos, por lo que, conforme al criterio del Alto Tribunal, los efectos deberán tener ejecución en el lugar de residencia del reo.
• Sin que en el caso, afirmó el órgano colegiado, se actualice la hipótesis normativa prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece: "Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca"; ya que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a quien se le realizó la solicitud de copias, se encontraba actuando como Juez de instancia, es decir, en procesos penales y no como juzgador constitucional en amparo, para establecer la competencia por grado.
• En consecuencia, el Tribunal Colegiado determinó que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** se surte en favor del Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.
II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
23. El citado Tribunal Colegiado conoció del conflicto competencial 9/2019, suscitado entre el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sonora con sede en la Ciudad de Nogales y el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para conocer de un juicio de amparo indirecto. En sesión de once de febrero de dos mil veintiuno, el citado órgano colegiado analizó un asunto que derivó de los hechos y datos siguientes:
24. Amparo indirecto. Una persona promovió amparo indirecto en contra de la autoridad y acto que a continuación se indican:
Autoridad responsable:
• Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la ciudad de Nogales, Sonora.
Actos reclamados:
• La omisión de resolver el escrito enviado por el hoy quejoso mediante el cual solicitó la prescripción de la multa, la cual le fue impuesta en sentencia condenatoria dentro de la causa penal ********** del índice del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora a cargo de la autoridad señalada como responsable en la presente demanda de amparo indirecto.
25. Declinación de competencia. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, cuyo titular admitió la demanda de amparo y ordenó su registro. Por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo, por lo que ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, por considerarlo competente.
26. No aceptación de competencia. El asunto fue turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en la ciudad de Nogales, cuyo titular, por auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve no aceptó la competencia declinada a su favor, por ende, ordenó devolver los autos al Juez declinante.
27. Devueltos los autos, el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, insistió en no aceptar la competencia, por lo que dispuso remitirlos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, para la sustanciación del conflicto suscitado.
28. Conflicto competencial. Del referido conflicto competencial correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, bajo el número de expediente 9/2019. Mediante sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, declaró competente al Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, para conocer del juicio de amparo promovido por **********.
29. Las razones con las que el órgano colegiado sustentó su determinación, en la parte que interesa, son las siguientes:
• En principio, señaló que, para determinar al órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, debe atenderse a la ejecución del acto reclamado. Razón por la cual, afirmó el órgano jurisdiccional, el legislador secundario desarrolló esa Norma Fundamental y delimitó los criterios de competencia, a saber:
• La primera concerniente a actos reclamados que requieren de ejecución material, cuya competencia recae en el Juez, cuyo ámbito espacial de actuación se ubique en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
• La segunda se refiere al supuesto en que la ejecución pueda realizarse en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el competente será aquel ante el que se presente la demanda.
• La tercera regla consiste en que si los actos carecen de ejecución material, el conocimiento compete al Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
• Por tanto, destacó que, para determinar al órgano competente para conocer de una demanda de amparo indirecto, por razón de territorio, debe analizarse únicamente si el acto reclamado tiene ejecución material o no la tiene.
• Resaltó que la importancia de que se haya tomado la ejecución material, para fijar la competencia por razón de territorio, radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevarla hasta su último extremo y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado.
• Señaló que dicho aspecto, tiene como fin que el juicio de amparo se entable en el lugar donde se lleva a cabo la ejecución, pues con ello el quejoso dispondrá de mejores medios y posibilidades de defensa, podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del respectivo procedimiento y rendir con mayor facilidad las pruebas que a su derecho importen.
• Destacó que la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha considerado la importancia de que el juicio de amparo se tramite donde el acto tiene ejecución, al facilitar el trámite del juicio y que se lleve con mayor rapidez, e incluso que se eviten dilaciones en el cumplimiento de las sentencias protectoras, ocasionadas por la emisión de exhortos y despachos a tribunales distantes, para la práctica de notificaciones u otras diligencias que no podría realizar el juzgador del conocimiento.
• Indicó que respecto a la tercera regla era dable precisar que la competencia para conocer del amparo indirecto, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar ciertos actos, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución. Ello, atendiendo a una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación a sus derechos.
• Resaltó que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 389/2013 y analizar el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, señaló que dicho precepto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad.
• Señaló que dichas consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
• En virtud de lo anterior, consideró que para saber si un determinado acto, omisión o norma general requiere ejecución material, se debe analizar si puede producir un cambio en el mundo fáctico o provocar, una afectación material en algún derecho del gobernado, para lo cual, incluso, es permisible hacer una comparativa del estado en el que se encuentran las cosas al momento de la presentación de la demanda con el estado al que podrían restablecerse si es que se llegara a conceder el amparo.
• Por otro lado, señaló que el artículo 38 de la Ley de Amparo prevé una regla especial de competencia por territorio, en tanto se refiere específicamente a los actos que se reclamen de los Jueces de Distrito, caso en el cual será competente otro Juez de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o en su caso, el más inmediato en la jurisdicción del circuito al que corresponda el señalado como autoridad responsable.
• Aseveró que la redacción del artículo 38 de la Ley de Amparo, es similar al contenido del párrafo primero del artículo 42 de la Ley de Amparo anterior, el cual fue analizado e interpretado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 51/2013. De dicho asunto derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO."
• De lo anterior, señaló el órgano colegiado, se obtiene una regla de competencia especial y excepcional, que es aplicable sólo cuando se señale en la demanda de amparo a todos los Jueces o Tribunales Unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado.
• La interpretación que antecede también fue sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 44/2001, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN."
• Por tanto, el órgano jurisdiccional señaló que era dable concluir que el artículo 38 de la Ley de Amparo contiene sólo una excepción, la cual se actualiza cuando se defina en primer término la regla de competencia territorial prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo y, hecho ello, en caso de que se suscite alguno de los supuestos que tornen necesario la prórroga de competencia, conforme aquel numeral, operará la excepción aludida.
• Afirmó, que dicho criterio se maximiza al realizar una interpretación conforme del artículo 37 de la Ley de Amparo, con la finalidad de establecer la mayor protección a las prerrogativas fundamentales de legalidad, acceso a la justicia, igualdad y seguridad jurídica del gobernado, así como de la agilidad que cobra el trámite del juicio de amparo y el acceso al mismo.
• Por tanto, determinó que el órgano competente para conocer del juicio de amparo promovido por **********, se surte en favor del Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón ante el cual se presentó la demanda, para facilitar al gobernado el ejercicio de ese derecho y debido a que el acto reclamado constituye un acto negativo carente de ejecución material. Así, consideró aplicable la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, de título y subtítulo: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA."
30. Cabe destacar que, durante la tramitación de la presente contradicción de tesis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, mediante oficio número 3488/2021, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el criterio que antecede quedó superado al resolver el diverso conflicto competencial 3/2020. Por ello, el citado órgano colegiado remitió también copia digitalizada de las resoluciones mencionadas, de las cuales ya se hizo referencia al conflicto competencial 9/2019 y se indican a continuación las consideraciones relativas al conflicto competencial 3/2020.
III. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito
31. Al citado Tribunal Colegiado le correspondió conocer del conflicto competencial 3/2020, suscitado entre el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón Coahuila y el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo indirecto **********. En sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el referido órgano colegiado analizó un asunto que derivó de los hechos y datos siguientes:
32. Amparo indirecto. Una persona promovió amparo indirecto en contra de la autoridad y acto que a continuación se indican:
Autoridad responsable:
• Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez.
Actos reclamados:
• La omisión de acordar favorablemente la expedición de las copias certificadas de manera gratuita de la averiguación previa.
33. Declinación de competencia. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, cuyo titular, admitió la demanda de amparo, ordenó su registro y declinó competencia para conocer de la demanda a favor del Juez Quinto de Distrito en La Laguna, en virtud de que este último tuvo conocimiento previo de los diversos juicios de amparo ********** y **********. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, aceptó el returno y ordenó el registro de la demanda bajo el número **********; sin embargo, en el mismo auto se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo, por lo que ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en turno del Estado de México, con residencia en Naucalpan por considerarlo competente.
34. No aceptación de competencia. El asunto fue turnado al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, cuyo titular, por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte no aceptó la competencia declinada a su favor, por lo que ordenó devolver los autos al Juez declinante.
35. Devueltos los autos, el Juez Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, insistió en no aceptar la competencia, por lo que dispuso remitirlos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, para la sustanciación del conflicto suscitado.
36. Conflicto competencial. Del referido conflicto competencial correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, bajo el número de expediente 3/2020. Mediante sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, declaró competente al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo promovido por **********.
37. Las razones con las que el órgano colegiado sustentó su determinación, en la parte que interesa, son las siguientes:
• En principio, señaló que en el artículo 38 de la Ley de Amparo, se contempla expresamente el supuesto en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto como el que se promovió en la especie.
• Destacó que del precepto aludido se advierte la regla especial para fijar la competencia para conocer de la demanda de amparo, consistente en que es competente para conocer de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30360-d93261a6/competencia-por-territorio-para-conocer-de-un-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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