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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE SUPRIMEN Y DETERMINAN COMPETENCIAS TERRITORIALES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y SE CREAN LAS OFICINAS AUXILIARES QUE SE INDICAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CON JURISDICCIÓN DONDE EL ACTO RECLAMADO DEBA TENER EJECUCIÓN, TRATE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 100/2024. · Registro digital (IUS): 32866
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.280.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 100/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE) Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veinte de junio de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA

1. Contradicción de criterios 100/2024, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 38/2023 y 10/2024, con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia dictada en el recurso de queja 122/2024.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios y, de ser así, emitir un criterio jurisprudencial que defina a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 533/2024, recibido en este Pleno Regional el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en esta ciudad, remitió el acuerdo plenario de quince de mayo actual, dictado en la contradicción de criterios 154/2024, de su índice, en el que determinó carecer de competencia legal para conocer de la denuncia de posible contradicción de criterios formulada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, entre lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 38/2023 y 10/2024, contra lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 122/2024, y estimó que este Pleno Regional era el legalmente competente para conocer y resolver la misma.

4. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la citada denuncia; ordenó crear y registrar el expediente electrónico con el número de contradicción de criterios 100/2024; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción; asimismo, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si el criterio que sustentan sigue vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció; también, que adjuntaran copia digital certificada de las sentencias (con firma electrónica) en las que sustentaron los criterios denunciados, y en caso de que se hubieran apartado, remitieran la diversa con el nuevo criterio, y pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional.

5. De igual forma, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; y, turnó el asunto electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

6. En proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 10813/2024 y 82/2024-SA, por medio de los cuales el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, informaron que los criterios contendientes sustentados en el recurso de queja 122/2024, así como en los conflictos competenciales 38/2023 y 10/2024, de sus índices respectivos, continúan vigentes; asimismo, remitieron copia digital certificada de las ejecutorias dictadas en dichos asuntos y realizaron la vinculación de los expedientes electrónicos de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

7. Por auto de veintinueve de mayo del presente año, la Magistrada en funciones de Presidenta de este Pleno Regional, tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/496/05/2024, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios relacionada con el tema establecido de forma preliminar en el presente asunto.

8. En esa misma fecha, se tuvo por integrada la contradicción de criterios en la que se actúa y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto respectivo.

II. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

9. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

10. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

12. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2, del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 9, 11 y 18, párrafo primero, del citado Acuerdo General 67/2022.

IV. LEGITIMACIÓN

13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito, a saber, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

14. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo a hacer una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación.

a) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 38/2023 y 10/2024.

I. Conflicto competencial 38/2023.

15. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, la parte quejosa por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Secretario del Trabajo y Previsión Social y otras autoridades, consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y que reasignan labores de los juicios iniciados en esa Junta Especial, a la Junta Especial Número 1 con residencia en Ciudad de México, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación.

16. Incompetencia por razón de territorio del Juzgado Primero de Distrito. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, quien en auto de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la registró con el número **********; sin embargo, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio, y declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno.

17. Incompetencia por razón de territorio del Juzgado Séptimo de Distrito. Tocó conocer de dicho asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien mediante proveído de seis de diciembre siguiente, lo registró con el número de expediente **********, no aceptó la competencia declinada a su favor, y declaró carecer de la misma por razón de territorio, pues estimó que no existía un acto de aplicación material derivado del acto reclamado, es decir, una eventual ejecución que debiera realizarse en un territorio en específico; por lo que, ordenó devolver los autos a su lugar de origen.

18. Conflicto competencial: El Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, insistió en su incompetencia, por tal motivo, en auto de trece de diciembre de dos mil veintitrés, ordenó remitir el conflicto competencial suscitado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que resolviera qué juzgado era el competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto.

19. Admisión del conflicto competencial: Por acuerdo de presidencia de dieciocho de diciembre de ese año, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, admitió dicho conflicto competencial y lo registró bajo el número 38/2023, de su índice.

20. Resolución del conflicto competencial: En sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el citado Tribunal Colegiado resolvió que era existente el conflicto competencial y determinó que el Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno, en la Ciudad de México, era el competente para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado tenía ejecución en la Ciudad de México (competencia por razón de territorio) y se trataba de una resolución administrativa emitida por una autoridad de la misma naturaleza (competencia por razón de materia).

II. Conflicto competencial 10/2024.

21. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, la parte quejosa por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Secretario del Trabajo y Previsión Social y otras autoridades, consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y reasignan labores de los juicios iniciados en esa Junta Especial, a la Junta Especial Número 1 con residencia en Ciudad de México.

22. Incompetencia por razón de territorio del Juzgado Primero de Distrito. Por conocimiento previo, correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, quien en auto de trece de diciembre de dos mil veintitrés, la registró con el número **********; sin embargo, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio, y declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno.

23. Incompetencia por razón de territorio del Juzgado Octavo de Distrito. Tocó conocer de dicho asunto al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, lo registró con el número de expediente **********, no aceptó la competencia declinada a su favor, y declaró carecer de la misma por razón de territorio; por lo que, ordenó devolver los autos a su lugar de origen.

24. Conflicto competencial: El Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, insistió en su incompetencia, por tal motivo, en auto de veintitrés de enero del año en curso, ordenó remitir el conflicto competencial suscitado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que resolviera qué juzgado era el competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto.

25. Admisión del conflicto competencial: Por acuerdo de presidencia de treinta de enero de dos mil veinticuatro, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, admitió dicho conflicto competencial y lo registró bajo el número 10/2024, de su índice.

26. Resolución del conflicto competencial: En sesión de veintiséis de marzo del presente año, el citado Tribunal Colegiado resolvió que era existente el conflicto competencial y determinó que el Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno, en la Ciudad de México, era el competente para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, en razón de que el acto reclamado tenía ejecución en la Ciudad de México (competencia por razón de territorio) y se trataba de una resolución administrativa emitida por una autoridad de la misma naturaleza (competencia por razón de materia).

27. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en los conflictos competenciales 38/2023 y 10/2024. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, expuso razones idénticas para fundar sus decisiones al resolver cada uno de los citados conflictos competenciales; por tanto, para evitar reiteraciones innecesarias, en este apartado se reseñarán esas consideraciones una sola vez, en el entendido de que, eso mismo se sostuvo en los dos asuntos.

28. El citado Tribunal Colegiado indicó que, la competencia de los órganos jurisdiccionales es una cuestión de orden público por ser un presupuesto procesal, respecto del cual, deben observarse las normas que la rigen en todos los casos, con independencia de que se haya invocado o no por las autoridades entre las que surgió el conflicto, y al efecto invocó la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA, CONFLICTO DE. PUEDE DECIDIRSE EN FAVOR DE UNA AUTORIDAD NO CONTENDIENTE.”.(3)

29. En ese orden de ideas, señaló que no sólo se debe establecer la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del asunto, por cuestión de territorio, sino también, por materia, ya que en términos del criterio antes mencionado, dichos aspectos constituyen un presupuesto procesal.

30. Lo anterior, porque si se determina la competencia por razón de territorio del Juez de Distrito que deba conocer del asunto, en un lugar en el que residan Juzgados de Distrito especializados o semiespecializados, ello conlleva a que de igual forma se establezca qué Juzgado de Distrito por cuestión de materia, es el competente, ya que de lo contrario, se estaría fincando la competencia en favor de un Juzgado de Distrito, que legalmente no sea competente por cuestión de materia.

31. En ese contexto, en relación a la competencia por razón de territorio, puntualizó que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, determinó qué Juez de Distrito es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos que no requieran ejecución material.

32. Al respecto, dijo que la Primera Sala precisó que el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance.

33. En ese sentido, la citada ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.),(4) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:

“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.”.

34. En ese orden de ideas, argumentó que para resolver el asunto en cuanto a territorio, debía atenderse al contenido textual del artículo 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establece:

“Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.”. 35. Precepto legal del que se establecen tres supuestos para fijar la competencia de los jueces en los juicios de amparo como son:

I.- Que es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

II.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y,

III.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

36. En ese orden refirió que, en el caso a su estudio se reclamaba el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las Oficinas Auxiliares, emitido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación.

37. Y que de dicho Acuerdo se desprendía que, a partir de su entrada en vigor (siete de noviembre de dos mil veintitrés, según el artículo Primero Transitorio), la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón, dejaría de tener competencia para conocer de los asuntos promovidos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual correspondería a partir de ese momento, a la Junta Especial Número 1, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, y que habría de continuar con el trámite y resolución, hasta su total conclusión.

38. Por lo tanto, afirmó que el acto reclamado habría de tener ejecución en la Ciudad de México, pues con motivo del Acuerdo mencionado, a partir de su entrada en vigor, será la Junta Especial Número 1, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en dicha ciudad, la que deberá continuar con el trámite y resolución, hasta su total conclusión, de los asuntos promovidos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que se tramitan en la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la que con motivo de ello, ya no podrá actuar en esos juicios.

39. En consecuencia, mencionó que la ejecución del acto reclamado, tendría lugar en la Ciudad de México.

40. Bajo ese contexto, por las razones que la informan, citó la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.),(5) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

“COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN.

Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo.

Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio –de forma semejante al emplazamiento–, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.”.

41. Ahora bien, respecto a la competencia por razón de la materia del juicio de amparo indirecto, destacó que se debía tomar como base, la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable que lo emitió.

42. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, citó la jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(6) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

“COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.”.

43. Así las cosas, indicó que el Acuerdo emitido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las Oficinas Auxiliares, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, constituye una regla general administrativa.

44. Toda vez que, el mencionado Acuerdo está encaminado a suprimir algunas Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, que operaban en la República Mexicana, así como la modificación por competencia de materia y territorio, de otras más.

45. En ese sentido, señaló que la determinación relevante de ese Acuerdo es la que establece que a partir de su entrada en vigor, la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón, dejará de tener competencia para conocer de los asuntos promovidos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual ahora corresponderá a la Junta Especial Número 1, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, la que habrá de continuar con el trámite y resolución, hasta su total conclusión.

46. Es decir, ese Acuerdo lo emitió una autoridad administrativa, como lo es, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, y dada su naturaleza refirió que no se encuentra encaminado a establecer la procedencia o no, de la acción que en cada uno de los juicios laborales se ventila, sino solamente la autoridad que deberá seguir en el conocimiento del asunto.

47. Por tal motivo, concluyó que la competencia por materia para conocer del juicio de amparo indirecto contra dicho Acuerdo, no se surte en favor de los Juzgados de Distrito en materia laboral, sino administrativa, al tratarse de una resolución administrativa emitida por una autoridad de la misma naturaleza.

b) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 122/2024.

48. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, los quejosos por conducto de su representante, solicitaron el amparo y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32866-248f062f/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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