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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS QUE SUPRIMEN Y DETERMINAN LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y CREAN O COMUNICAN CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS AUXILIARES. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 10/2025. · Registro digital (IUS): 33270
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL T
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.221.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 10/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 10/2025, suscitada entre el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar qué órgano jurisdiccional es competente por territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto en donde se reclaman los Acuerdos administrativos por los que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean o comunican cambios de adscripción de las Oficinas Auxiliares, emitidos por el Secretario del Trabajo y Previsión Social y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficios 2/2025 y 3/2025 de siete de enero de dos mil veinticinco, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre:

• El sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar los conflictos competenciales 62/2024 y 75/2024; y,

• El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 100/2024, de la cual derivó la tesis PR.P.T.CN. J/5 K (11a.), de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE SUPRIMEN Y DETERMINAN COMPETENCIAS TERRITORIALES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y SE CREAN LAS OFICINAS AUXILIARES QUE SE INDICAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CON JURISDICCIÓN DONDE EL ACTO RECLAMADO DEBA TENER EJECUCIÓN, TRATE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO.”.(1)

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el número de expediente 10/2025 y la admitió a trámite; consideró que se surtía la competencia de esta Segunda Sala al tratar sobre criterios contradictorios en materia de trabajo de distintas regiones, por lo que turnó el asunto para su estudio a la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

3. Asimismo, instruyó a la Presidencia del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, remitiera a este Alto Tribunal, por conducto del MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativa a la contradicción de criterios 100/2024 de su índice, así como del proveído en el que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente.(2)

4. Avocamiento. En acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto.

5. Returno. En sesión pública celebrada el cinco de marzo de dos mil veinticinco las Ministras y Ministros integrantes de la Segunda Sala de este Alto Tribunal por mayoría de tres votos, desecharon el proyecto presentado por la Ministra Lenia Batres Guadarrama, acordándose returnar el mismo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

I. COMPETENCIA

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal,(3) 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(4) y 21, fracción VII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) en relación con los puntos Primero, Segundo, fracción V, y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente región y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

7. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(7) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)

II. LEGITIMACIÓN

8. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(9) de la Ley de Amparo; ya que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A) Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver los conflictos competenciales 62/2024 y 75/2024.

10. De los conflictos competenciales que conoció el mencionado órgano jurisdiccional se advierten como elementos esenciales y coincidentes los siguientes:

Antecedentes

11. Demandas laborales. Unas personas promovieron juicios laborales en contra del Organismo Público Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano ante las Juntas Especiales Número Diecisiete y Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambas del Estado de Jalisco, las cuales admitieron a trámite y señalaron fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.

12. Demanda de amparo indirecto. Los actores promovieron demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, señalando como acto reclamado y autoridades responsables, en ambos casos, los siguientes:

• Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal: el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una Oficina Auxiliar.

• De las Juntas Especiales Número Diecisiete y Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit: la ejecución del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

13. De los asuntos conocieron el entonces Juzgado Decimoctavo y Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, los cuales se declararon legalmente incompetentes para conocer de las demandas laborales y ordenaron remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Tepic, Nayarit, en turno, con motivo de la modificación de la competencia de las Juntas Especiales Números Diecisiete y Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.

14. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, rechazó en ambos casos la competencia declinada y remitió de nueva cuenta los autos a los Juzgados Decimotercero y Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan.

15. Los Juzgados Decimotercero y Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan recibieron los autos y al insistir en que carecen de competencia legal remitieron los expedientes al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno.

16. Conflicto Competencial. Recibidos los autos en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registró los conflictos competenciales bajo los expedientes 62/2024 y 75/2024, respectivamente.

17. En sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determinó, en ambos casos, que era existente el conflicto competencial entre los juzgados de Distrito contendientes; y, declaró competente a los ahora Juzgados Sexto y Primero, ambos de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco, respectivamente, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por los actores en el juicio laboral, bajo las siguientes consideraciones:

• La materia del conflicto versa en torno a la competencia por razón de territorio.

• Para determinar la competencia por razón de territorio, el artículo 37 de la Ley de Amparo,(10) se desprenden tres reglas, a saber: 1. Radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo que presupone que este último, después de su emisión, requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; 2. Constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto de que el acto reclamado tenga ejecución material y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Establece que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

• De las reglas citadas se destaca que la “ejecución material” es el criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo.

• Por lo que, la referida expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.

• Señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 70/2011,(11) realizó una clara diferencia para determinar la competencia territorial del Juez de Distrito, pues se atenderá al párrafo primero –regla uno– del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, en una misma jurisdicción.

• En cambio, se atenderá al párrafo segundo –regla dos– del citado artículo, cuando el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, en dos Distritos diferentes.

• El Alto Tribunal concluyó que la diferencia entre la regla uno y dos no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales.

• El tribunal colegiado determinó que el acto destacado consiste en una disposición normativa de observancia general, consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica el cambio de adscripción de una Oficina Auxiliar, la cual se combate como autoaplicativa, al ubicarse en la hipótesis, en tanto, que se tramita el juicio laboral del índice de las Juntas Especiales Número Diecisiete y Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.

• Del Acuerdo impugnado, en el punto segundo, se modifica la competencia por materia y/o territorio de las Juntas Especiales Diecisiete y Dieciocho Federales de Conciliación y Arbitraje, ambas con residencia en Guadalajara, Jalisco; asimismo, en el punto 6, instruye que los asuntos que se encuentren en trámite ante la Junta Especial Número Diecisiete y Dieciocho, ambas con residencia en Guadalajara, en el Estado de Jalisco –lugar donde se encuentra radicado el juicio de origen–, promovidos en contra de los organismos públicos Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), serán tramitados hasta su total conclusión en la Junta Especial Número Sesenta y Uno con residencia en Tepic, en el Estado de Nayarit.

• De lo anterior, el Acuerdo impugnado se trata de una disposición que tiene ejecución material, pues la disposición implica, por un lado, (1) la remisión de los autos del juicio de origen que actualmente se encuentra en la Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, y, por otro, (2) la recepción y continuación del procedimiento en la Junta Especial Número Sesenta y Uno, con residencia en Tepic, Estado de Nayarit.

• Por lo anterior, la ejecución material tendrá lugar en el Estado de Jalisco, donde actualmente tiene su residencia la Junta Especial, y continuará su ejecución en Tepic, Nayarit, lugar de residencia de la Junta Especial Número Sesenta y Uno.

• Pues, en la primera de las Juntas mencionadas se radicó la demanda y, en virtud de la emisión del Acuerdo impugnado, habrán de remitirse las constancias para su substanciación a la segunda, asimismo, también debe considerarse que es parte de la ejecución material, el hecho de que, con motivo de la recepción, se radique el juicio en la nueva residencia y se continúe su tramitación hasta su conclusión.

• Consecuentemente, si la disposición impugnada tiene ejecución material y la misma comenzaría a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, es inconcuso que nos encontramos ante la segunda de las hipótesis descritas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, que será competente la autoridad ante la cual se haya presentado la demanda de amparo.

• Es así como, la demanda fue presentada ante los entonces Juzgados Decimotercero y Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, cuyas denominaciones actuales son Juzgados Primero y Sexto ambos de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, consecuentemente éstos son los órganos legalmente competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos por los actores.

B) El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 100/2024.

Antecedentes

18. El Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito al resolver los conflictos competenciales 38/2023 y 10/2023, contra el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el recurso de queja 122/2024.

19. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, admitió a trámite la contradicción de criterios y, en sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro, determinó que sí existe contradicción de criterios, cuyo punto de toque fue, determinar ¿Qué Juez de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo promovido contra el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación?

20. El Pleno Regional dividió el estudio de fondo en los siguientes apartados: a) Reglas de la competencia prevista en la Ley de Amparo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la competencia en tratándose de Juzgados de Distrito para conocer de una demanda de amparo; b) clasificación de los actos reclamados a efecto de determinar si el acto consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, emitido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, tiene o no ejecución; c) naturaleza del acto reclamado consistente en el citado Acuerdo; y, d) conclusión, sostuvo las siguientes consideraciones:

• Definió qué era la competencia y estableció que los conflictos pueden ser de naturaleza constitucional o jurisdiccional, en sentido positivo y negativo.

• Señaló que para determinar la competencia del juicio de amparo indirecto debe acudirse a las reglas de competencia previstas en la Constitución Federal y la Ley de Amparo, en relación con la primera el artículo 107, fracción VII prevé la competencia de los jueces de Distrito, por razón de territorio, dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional. En el caso del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas de competencia en amparo indirecto.

• Señaló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la entonces contradicción de tesis 95/2020, precisó que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a que si el acto reclamado tiene ejecución univoca, plural, o carece de ejecución material.

• Por otro lado, la Sala al resolver la contradicción de tesis 389/2013, analizó la regla general de competencia que prevé el articulo 37 último párrafo, de la Ley de Amparo, donde precisó que debía interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, en virtud de que de su procedimiento legislativo no se advierte esa posibilidad; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no puede dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, como lo es el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. • Tomando en cuenta lo anterior, consideró que, para fijar la competencia de los Jueces de Distrito es, específicamente, la ejecución del acto reclamado en el juicio de amparo.

• Por su parte, los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias atendiendo a dos aspectos fundamentales: a) la materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral; y, el origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterios se deberán privilegiar.

• En relación con el apartado b) relativo a la clasificación de los actos reclamados, a efecto de determinar si el acto consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, emitido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, tiene o no ejecución, sostuvo, en principio, que el acto reclamado es un acto de autoridad, en el que, en una relación de supra a subordinación frente al gobernado, los agentes del poder público en ejercicio de las facultades de decisión y ejecución interfieren de manera unilateral, imperativa y coercitiva, en la esfera jurídica del gobernado o justiciable.

• Señaló que puede clasificarse en: consumados (de manera irreparable y reparables), de tracto sucesivo o continuados (pluralidad de acciones y con unidad de resultados), declarativos, consentidos, derivados de otros consentidos, actos positivos, negativos, negativos con efectos positivos, prohibidos, futuros inminentes y futuros probables.

• Conforme a la clasificación precisada, el acto consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, emitido por el secretario del Trabajo y Previsión Social, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, es un acto positivo que tiene ejecución material.

• Señaló para dar respuesta a la naturaleza del acto reclamado consistente en el citado Acuerdo, se debe referirse de conformidad con los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los numerales 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y lo previsto en el Título once “Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales”, Capítulo I “Disposiciones Generales” en específico los artículos 523 y 524, y el diverso 606 (éste vigente al momento de la expedición del acto reclamado, actualmente derogado) de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad emisora es una dependencia encargada del despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo.

• Las facultades del secretario del Trabajo y Previsión Social si bien son formalmente administrativas pues tiene a su cargo el despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo, lo cierto es que, también tiene la calidad de autoridad del Trabajo pues conforme a la Ley Federal del Trabajo le compete en su respectiva jurisdicción la aplicación de las normas de trabajo.

• En cuanto al acto reclamado consistente en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, emitido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, es un acto formal y materialmente administrativo.

• Ello, toda vez que su contenido material no tiene por objeto aspectos eminentemente laborales, esto es, la regulación de algún derecho laboral previsto en el artículo 123 constitucional, como sería por citar algunos la fijación de la jornada laboral, indemnización por despido injustificado, derechos de asociación y a la huelga, contratación colectiva, los cuales sí quedarían enmarcados dentro del ámbito del derecho laboral; al no ser así, el acto reclamado es materialmente administrativo, al ser emitido en forma unilateral y discrecional, sin la intervención del gobernado, produciendo efectos directos e inmediatos, con independencia de que trate cuestiones relativas a la modificación de competencia por materia y territorio de diversas Juntas Especiales.

• Por tanto, se concluye que, para determinar la competencia del juicio de amparo indirecto, debe acudirse a las reglas de competencia previstas en los artículos 107, fracción VII constitucional y 37 de la Ley de Amparo. Además, siguiendo el criterio de la Primera Sala, el elemento para fijar la competencia de los Jueces de Distrito es, específicamente, la ejecución del acto reclamado en el juicio de amparo.

• En tanto que los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias atendiendo a dos aspectos fundamentales, esto es, a) la materialidad o naturaleza del acto reclamado; y, b) la naturaleza de la autoridad responsable.

• Por lo que si el Acuerdo impugnado es un acto positivo que tiene ejecución material, la cual tendrá lugar a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, en la Junta Número Uno con residencia en la Ciudad de México, al ser la territorialmente competente para continuar con el trámite y resolución hasta su total conclusión, de los juicios promovidos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) que atiende a la Junta Especial Número Cuarenta y Dos, con residencia en Torreón, Coahuila, además de que la Junta Número Cuarenta y Dos, con residencia en Torreón ni siquiera podría tener en este caso como autoridad responsable ejecutora, ya que lo único que hará será remitir materialmente los autos.

• Precisó que, de conformidad con los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los numerales 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y lo previsto en el Título once “Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales”, Capítulo I “Disposiciones Generales” en específico los artículos 523 y 524, y el diverso 606 (éste vigente al momento de la expedición del acto reclamado, actualmente derogado) de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que si bien la autoridad que emitió el acto reclamado, es una dependencia encargada del despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo de la Unión, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes, así como los reglamentos, decretos y acuerdos del Presidente de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables.

• Y dentro de los asuntos que le corresponde despachar a las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento (tópico tratado en el acto reclamado).

• Se concluye que, si bien es una autoridad con funciones formalmente administrativas al tener a su cargo el despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo de la Unión, lo cierto es, que también tiene la calidad de autoridad del Trabajo, pues conforme a la Ley Federal del Trabajo le compete en su respectiva jurisdicción la aplicación de las normas de trabajo.

• Así, una vez determinada la naturaleza de la autoridad emisora del Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, emitido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, publicado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de la lectura de éste, en el caso se advierte que es un acto formal y materialmente administrativo, toda vez que su contenido material no tiene por objeto aspectos eminentemente laborales, esto es, la regulación de algún derecho laboral previsto en el artículo 123 constitucional, como sería por citar algunos la fijación de la jornada laboral, indemnización por despido injustificado, derechos de asociación y a la huelga, contratación colectiva, los cuales sí quedarían enmarcados dentro del ámbito del derecho laboral; al no ser así, el acto reclamado es materialmente administrativo, al ser emitido en forma unilateral y discrecional, sin la intervención del gobernado, produciendo efectos directos e inmediatos, con independencia de que trate cuestiones relativas a la modificación de competencias por materia y territorio de diversas Juntas Especiales.

• Por lo que se determina que al ser un acto positivo con ejecución material, de naturaleza formal y materialmente administrativa, conforme a las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el caso el Juez de Distrito competente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33270-96663cd2/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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