AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS EN MATERIA LABORAL. DEBEN RESOLVERSE EN UNA MISMA SESIÓN, AUNQUE EN ALGUNO LA PARTE PATRONAL QUEJOSA ALEGUE EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 111/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 30 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUAN VELARDE BERNAL.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo directo (laboral) 490/2024 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver los amparos directos 48/2017 y 388/2017, de los que derivó la tesis aislada III.3o.T.28 K (10a.) de rubro: AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. DEBEN SUSPENDERSE EN SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN CUANDO EN UNO DE ELLOS EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE GRADO, Y REMITE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE SUSTANCIE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).(1)
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veinticinco, dictado en la contradicción de criterios 39/2025, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó carecer de competencia legal para conocer de la contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones, por lo que remitió las constancias de cuenta, recibidas y registradas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de abril de dos mil veinticinco, de las cuales se advierte que el Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito denuncia una posible contradicción de criterios suscitada entre el sostenido por el órgano jurisdiccional de su adscripción, al resolver el amparo directo (laboral) 490/2024 y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver los amparos directos 48/2017 y 388/2017, de los que derivó la mencionada tesis aislada III.3o.T.28 K (10a.).
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la denuncia de contradicción de criterios, consideró que se surtía la competencia de este Alto Tribunal al tratar sobre criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito de distintas regiones, por lo que reservó el turno del presente asunto hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente, ordenó formar y registrar el expediente con el número 111/2025; solicitó por conducto del MINTERSCJN a las Presidencias de los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito remitieran, únicamente por dicho medio, en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del presente proveído, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica de ésta en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativas a los amparos directos 490/2024; 48/2017 y 388/2017, de sus respectivos índices; asimismo, requirió a la Presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito remitiera la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en los amparos directos 48/2017 y 388/2017, de su índice, se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, debiendo remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
3. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veinticinco, se tuvo por integrada la contradicción de criterios, ante el informe rendido por los tribunales contendientes sobre el envío de las ejecutorias y la vigencia de sus criterios.
4. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó los autos a la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
5. Publicación del proyecto. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
6. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal,(2) 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(3) y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(4) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente región.
II. LEGITIMACIÓN
7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II,(5) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, el cual corresponde a uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
8. Para determinar si existe contradicción de criterios, es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo directo (laboral) 490/2024 y su relacionado 580/2024.
9. El acto reclamado en el juicio de amparo 490/2024 lo constituyó la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio laboral 228/2023, en la que el Tribunal Laboral de la Primera Sala Regional Judicial en el Estado de Tamaulipas resolvió la demanda laboral promovida por Miguel Ángel Hernández Castillo contra la Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada, en que determinó que la parte trabajadora acreditó sus acciones y la demandada no dio contestación a la demanda instaurada en su contra por lo que la condenó al pago de diversas prestaciones.
10. En el fallo, el Tribunal Colegiado resolvió como fundada la violación procesal alegada por la parte trabajadora relativa a que el tribunal laboral incorrectamente desechó su prueba de inspección ocular sobre documentos que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en el juicio. Asimismo, determinó que fue ilegal que en el laudo se hiciera valer, de oficio, la excepción de la prescripción en la condena del pago del aguinaldo y horas extras por el último año de servicios; no obstante que la demandada no opuso defensas ni excepciones.
11. Por tanto, concedió el amparo, para el efecto de que el Tribunal Laboral reponga el procedimiento para que admita y desahogue la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte trabajadora y, hecho lo anterior, emita un nuevo laudo en el que, de forma congruente con la demanda y la inspección ocular desahogada, resuelva sobre el reclamo de quince horas extras semanales por todo el tiempo laborado reclamadas en el juicio.
12. Finalmente, el Tribunal Colegiado indicó que este asunto se encontraba relacionado con el diverso 580/2024, promovido por la parte demandada, Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada, pero que, en sesión plenaria de esa fecha, se determinó declinar la competencia para su conocimiento al Juzgado de Distrito en turno, en virtud de que en la demanda se señaló como acto destacado el emplazamiento al procedimiento laboral.
13. Destacó que no existe la posibilidad jurídica de suspender el dictado de la ejecutoria dentro del juicio constitucional 480/2024 y esperar a que se resuelva primero el mencionado amparo remitido al juzgado de distrito, dado que en la Ley de Amparo no se prevé dicha institución, salvo en tratándose de lo previsto en el numeral 16 relativo a cuando el promovente fallezca y no tenga representación legal en el juicio, lo que en el caso no acontece.
14. Por tanto, al no actualizarse dicha hipótesis no se encuentra ante un escenario que posibilite la suspensión del dictado de la ejecutoria correspondiente en el juicio; de ahí que no se comparta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis aislada III.3o.T.28 K (10a.), de rubro: AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. DEBEN SUSPENDERSE EN SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN CUANDO EN UNO DE ELLOS EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE GRADO, Y REMITE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE SUSTANCIE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).(6)
15. Lo anterior, dado que el legislador no previó la suspensión del dictado de la ejecutoria de amparo; sin que en el caso resulte aplicable en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el ordenamiento que regula el dictado de las sentencias no dispuso dicha institución suspensoria.
• Criterios del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 48/2017 y sus relacionados 93/2017 y 342/2017, así como el diverso 388/2017 y sus relacionados 332/2017 y 412/2017.
16. Juicio de amparo 48/2017. El acto reclamado lo constituyó el laudo de doce de julio del dos mil dieciséis, dictado por la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco que resolvió el juicio laboral 1714/2010/1-F promovido por el tercero interesado Mario Salazar Salazar, contra Ceica Construcciones e inversiones Campero, Sociedad Anónima de Capital Variable (parte quejosa).
17. En la sentencia, el Tribunal Colegiado determinó que del análisis integral a la demanda se advertía que la parte quejosa señaló como actos reclamados destacados, tanto el emplazamiento que se le realizó como demandado, la resolución emitida en el incidente de nulidad de notificaciones, respectivo, como el laudo dictado en el juicio de origen de doce de julio de dos mil dieciséis.
18. Destacó que, en los conceptos de violación, la moral quejosa alegó que no fue llamada al juicio laboral que se instauró en su contra, en la forma y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que violó su garantía de audiencia, porque se le dejó en total estado de indefensión, al no haber podido comparecer a juicio a defender sus derechos.
19. A partir de lo expuesto, el Tribunal Colegiado estableció que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, por haber sido afectada por el laudo emitido en el juicio laboral, lo que es propio de combatirse en la vía del amparo indirecto, competencia de un Juez de Distrito; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, al advertir que en el caso se trata de una demanda que debe tramitarse en vía indirecta, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo y declinó su competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, para que se avoque a su conocimiento.
20. Juicios de amparo relacionados 93/2017 y 342/2017. En ambos asuntos, el Tribunal Colegiado determinó suspender el procedimiento, hasta en tanto el Juez de Distrito resuelva lo inherente al emplazamiento del diverso juicio de amparo 48/2017. Lo anterior, en términos del artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser la norma que prevé la posibilidad de suspender los procedimientos en estos casos, en que debe esperarse a la resolución del amparo indirecto sobre el emplazamiento impugnado, para poderse dirimir la litis en los asuntos donde el acto convergente resulta ser el laudo.
21. Juicio de amparo 388/2017. El acto reclamado lo constituyó el laudo dictado en el del juicio laboral 414/2012/11-F, por la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, promovido por José Manuel Hernández (tercero interesado) contra el Sindicato Revolucionario de Choferes y Trabajadores en las Industrias Conexas del Estado de Jalisco (parte quejosa).
22. En la sentencia, el Tribunal Colegiado determinó que del análisis integral a la demanda se advertía que la parte quejosa señaló como actos reclamados destacados, tanto el emplazamiento que se le realizó como demandado, la resolución emitida en el incidente de nulidad de notificaciones, respectivo, como el laudo dictado en el juicio de origen.
23. Destacó que, en los conceptos de violación, la moral quejosa alegó que no fue llamada al juicio laboral que se instauró en su contra, en la forma y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que violó su garantía de audiencia, porque se le dejó en total estado de indefensión, al no haber podido comparecer a juicio a defender sus derechos.
24. A partir de lo expuesto, el Tribunal Colegiado estableció que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, por haber sido afectada por el laudo emitido en el juicio laboral, lo que es propio de combatirse en la vía del amparo indirecto, competencia de un Juez de Distrito; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, al advertir que en el caso se trata de una demanda que debe tramitarse en vía indirecta, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo y declinó su competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, para que se avoque a su conocimiento.
25. Juicios de amparo relacionados 332/2017 y 412/2017. En ambos asuntos, el Tribunal Colegiado determinó suspender el procedimiento, hasta en tanto el Juez de Distrito resuelva lo inherente al emplazamiento del diverso juicio de amparo 388/2017. Lo anterior, en términos del artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser la norma que prevé la posibilidad de suspender los procedimientos en estos casos, en que debe esperarse a la resolución del amparo indirecto sobre el emplazamiento impugnado, para poderse dirimir la litis en los asuntos donde el acto convergente resulta ser el laudo.
26. Los citados asuntos dieron origen a la tesis aislada III.3o.T.28 K (10a.), de rubro: AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. DEBEN SUSPENDERSE EN SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN CUANDO EN UNO DE ELLOS EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE GRADO, Y REMITE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE SUSTANCIE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
27. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice la contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(7)
28. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
29. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando la postura que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
30. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(8) a saber:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
31. En el caso, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. A continuación, se desarrollan las razones para alcanzar dicha conclusión.
32. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
33. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno considera que el segundo requisito se cumple en relación con los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
34. Ello, toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo directo (laboral) 490/2024 y su relacionado 580/2024, determinó que no era procedente decretar la suspensión del procedimiento en el primer juicio de amparo, en virtud de que su amparo relacionado, en que, además del laudo laboral, también se reclamó el ilegal emplazamiento, resultaba competencia del juzgado de distrito, vía amparo indirecto, puesto que la Ley de Amparo solamente establece la institución de la suspensión para el caso de fallecimiento de la parte quejosa, y no haya representante de la sucesión, pero no para los casos en que una demanda relacionada resulte de la competencia del juzgado de distrito. 35. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 48/2017 y sus relacionados 93/2017 y 342/2017, así como el diverso 388/2017 y sus relacionados 332/2017 y 412/2017, determinó que sí es procedente decretar la suspensión en el procedimiento de los juicios de amparo, si el asunto relacionado se mandó por incompetencia al juzgado de distrito debido a que se impugnaba el ilegal emplazamiento, aplicando de forma supletoria el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
36. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Ante las posturas divergentes es claro que se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de la siguiente interrogante ¿Cómo deben proceder los Tribunales Colegiados cuando conocen de demandas de amparo directo relacionadas en que, además de reclamar el laudo definitivo que resolvió un juicio laboral por parte del trabajador y el patrón, este último, no teniendo el carácter de tercero extraño por equiparación, también combate el ilegal emplazamiento?
V. ESTUDIO DE FONDO
37. Una vez determinada la existencia de la presente contradicción de criterios, se considera que debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, en los supuestos en que existen amparos directos relacionados promovidos tanto por la parte trabajadora como el patrón, y reclaman el laudo que puso fin al juicio laboral; y, además, la parte patronal, también combate en la propia demanda de amparo directo el ilegal emplazamiento, y ya no cuenta con el carácter de tercero extraño por equiparación, los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los juicios, deben resolverlos en una misma sesión, analizando el incorrecto emplazamiento como violación procesal, en unión con las demás violaciones que se propongan en los juicios o las que advierta en suplencia de la queja y dictar la resolución que corresponda, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.
38. Inicialmente, es necesario informar el contenido del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(...)
III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;
(...)
39. El precepto constitucional, fracción e inciso en consulta constituyen el fundamento del amparo directo, cuya característica primordial es que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo.
40. Asimismo, establece algunos términos, reglas y requisitos, tanto para la procedencia de este amparo en la vía directa, como del proceder del Tribunal Colegiado al momento de resolver el juicio de amparo.
41. Como requisitos de procedencia se establece que se debe cumplir con el principio de definitividad, esto es, que la parte quejosa está obligada a agotar previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
42. De igual manera, se regula que la parte quejosa en la demanda tiene el deber de proponer o hacer valer todas las violaciones cometidas en la propia sentencia definitiva, o bien, las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hayan afectado sus defensas y trascendido al resultado del fallo.
43. Para este último caso - violaciones procesales- la Constitución Federal exige como requisito que la parte quejosa haya impugnado dichas violaciones procesales durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, exigencia que no es aplicable en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado.
44. Por su parte, los Tribunales Colegiados, al momento de resolver el juicio de amparo directo, tienen el deber de decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijar los términos precisos en que se deberá pronunciarse la nueva resolución.
45. Sobre esta última parte, conviene hacer mención de que el texto constitucional no hace alguna salvedad o restricción sobre la competencia de los Tribunales Colegiados para analizar, en la sentencia del juicio de amparo directo, todas las violaciones procesales, planteadas por las partes o las que advierta en suplencia de la queja, por lo que se debe entender incluida la relativa al ilegal emplazamiento.
46. También el texto constitucional prevé que, si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
47. Sobre esta última regla, conviene señalar que se originó a partir de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, respecto de la cual, la extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal se pronunció al respecto, al conocer de la entonces contradicción de tesis 1/2014,(9) en que determinó que de la exposición de motivos que dio origen a tal reforma constitucional se estableció que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde al cual el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia; por lo que, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional advierta que la resolución impugnada adolece de un vicio formal, no le impide analizar las violaciones procesales que pudieran trascender a su sentido, al encontrarse obligado a ello ya que, aun cuando determine su existencia, válidamente puede destacar la violación formal advertida, a fin de evitar que la autoridad responsable incurra de nueva cuenta en ella, al emitir la resolución que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
48. Asimismo, esta regla constitucional está establecida en los artículos 74, fracción V, y 171 de la Ley de Amparo, como se aprecia de su contenido:
Artículo 74. La sentencia debe contener:
(...)
V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y (...)
Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando la persona quejosa las haya impugnado durante la tra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33875-3ba7f22d/amparos-directos-relacionados-en-materia-laboral-deben-resolverse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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