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Modo: Corpus Pro

JUICIOS DE AMPARO DIRECTO LABORAL. CUANDO ESTÁN RELACIONADOS DEBEN ANALIZARSE TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPUESTOS ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2012. · Registro digital (IUS): 23750
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUI
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Pág. 639.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.

No pasa inadvertido para esta Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Pleno cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Núm. Registro IUS: 2000331. Tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, materia común, página 9)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en el amparo directo 627/2011, resuelto por mayoría de votos, en la parte que a este expediente interesa es del siguiente tenor:

"TERCERO. Resulta innecesaria la transcripción de los puntos resolutivos del laudo reclamado, éste y los conceptos de violación esgrimidos, en virtud de que este Tribunal Colegiado estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo que dispone: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;’. Lo anterior es así, ya que en sesión ordinaria de esta misma fecha, este órgano colegiado resolvió el diverso juicio de garantías 626/2011 que se encuentra relacionado con el presente, en el que se determinó conceder el amparo solicitado para efecto de que la responsable: ‘1. Deje insubsistente el acto reclamado y; 2. Dicte un nuevo laudo en el que: 2.1. Atendiendo a los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, condene a los salarios caídos y la reinstalación del puesto de «maestro de posgrado», teniendo como firme un salario de diez mil cuatrocientos pesos mensuales, pues al respecto no existió controversia. 2.2. Asimismo, en lo que respecta al aguinaldo, además de condenar con el salario atinente al puesto de «coordinador de maestría», también condene con el diverso salario que corresponde al puesto de «maestro de posgrado»; mismo que ya está determinado en esta ejecutoria.’. Por tanto, si de la transcripción de los efectos de la mencionada ejecutoria, se advierte que se ordenó a la responsable, entre otras cosas, que dejara insubsistente el laudo que constituye el acto reclamado, es inconcuso que deviene el sobreseimiento en el diverso juicio relacionado con aquél, ya que el mismo no puede surtir sus efectos ni causar agravio alguno a la quejosa, por lo que deviene innecesario el estudio de los conceptos de violación que en ellos se aduzcan sea cual fuere su naturaleza, ya sean cuestiones de fondo o de índole procesal. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia que establece: ‘No. de Registro: 915160. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo: Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: 23. Página: 19. «ACTO RECLAMADO, AMPARO IMPROCEDENTE POR CESE DE LOS EFECTOS DEL.».’ (se transcribe). Así como la diversa jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: Registro No. 170865. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, diciembre de 2007. Página: 151. Tesis: 2a./J. 225/2007. Jurisprudencia. Materia(s): laboral. ‘AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO.’ (se transcribe). De donde se concluye que basta que en una misma sesión se listen dos asuntos relacionados, en los que se reclame el mismo laudo, y en uno de ellos se conceda el amparo y se ordene dejar insubsistente el laudo en comento, para que el diverso relacionado deba sobreseerse por haber cesado los efectos del referido acto reclamado. En las relacionadas consideraciones y al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III y IV, (sic) de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto que se atribuye al presidente y actuario de la Junta responsable, toda vez que éste no se combate por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes son los siguientes: No. Registro: 239008. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 24 Tercera Parte. Tesis: página: 50. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 280, página 480. ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’ (Se transcribe)."

En el amparo directo 626/2011, el mismo tribunal resolvió de la siguiente manera:

"SEXTO. Aunque suplidos en su deficiencia como lo autoriza el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, son fundados los conceptos de violación vertidos, pues se advierte que la responsable infringió el principio de exhaustividad que rige en el dictado de los laudos, al no haber resuelto lo relativo al monto del salario, por lo que atañe a los salarios caídos y la reinstalación del actor en el puesto de ‘maestro de posgrado’. Antes, precisa dejar en claro que si bien es cierto, de los conceptos de violación pareciera desprenderse que el quejoso se duele de la omisión de la responsable de resolver sobre un escrito aclaratorio que, dice, presentó ante ésta el nueve de mayo del año en curso; lo cierto es, que este tribunal advierte que en realidad los conceptos de violación esgrimidos están encaminados a evidenciar una incongruencia en el dictado del laudo, pues el acto reclamado fue ‘El laudo en cumplimiento de ejecutoria de fecha 26 de abril de 2011 dictado dentro del expediente laboral número 13806/i/7/2008 ...’, y las garantías constitucionales que se consideraron violadas fueron ‘las consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República’. En efecto, anota el quejoso en parte de su primer concepto de violación, que el laudo es incongruente pues pese a que la Junta condenó al pago de los salarios caídos respecto de dos despidos diversos, fue omisa en condenar al pago de los salarios devengados en cuanto a la reinstalación en el puesto de ‘maestro en el puesto de post-grado’. Como se anunció es fundado lo así sostenido, pues si bien la Junta responsable -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo descrita en líneas que anteceden-, resolvió lo atinente al salario en cuanto al puesto de ‘coordinador de maestría en gestión pública’, lo cierto es que fue omisa en pronunciarse con respecto al diverso salario, esto es, al que el actor adujo que percibía como ‘profesor de posgrado’. En efecto, el actor en la demanda de origen, demandó, entre otras cosas, la reinstalación en su empleo y el pago de los salarios caídos; asimismo, en los hechos expresó: (se transcribe). (foja 2). En tanto que la demandada al referirse a esos hechos del libelo actio -no a su ampliación, pues en esta se alegó una diversa categoría y un diverso salario- adujo: (se transcribe) (foja 28). Sin embargo, en la audiencia de ley de diez de febrero de dos mil nueve, dijo: (se transcribe) (foja 33). No obstante la Junta responsable determinó: (se transcribe) (foja 335). Como puede verse, la Junta responsable si bien declaró procedente la reinstalación del trabajador en el puesto de ‘profesor de posgrado’, y en consecuencia condenó al pago de los salarios caídos -en dicho puesto-, lo cierto es, que no emitió pronunciamiento en lo que atañe al monto del salario con respecto al citado puesto, pues sólo se pronunció -en cumplimiento a la ejecutoria descrita en el considerando que antecede- en lo tocante al salario que recibía el quejoso en el diverso cargo, esto es, el de ‘coordinador de maestría’; no obstante que al respecto, en cuanto al monto, no se suscitó controversia, faltando así a la garantía de exhaustividad, (justicia completa) prevista en el artículo 17 constitucional y 842 de la Ley Federal del Trabajo respectivamente, al omitir resolver cuestiones litigiosas como fue lo relativo al monto del salario por lo que ve al diverso puesto de ‘profesor de posgrado’. En efecto, los artículos 17 constitucional, en su párrafo segundo y 842 de la Ley Federal del Trabajo que establecen: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 842.’ (se transcribe). De dichas disposiciones constitucional y legal se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito en la disposición secundaria, el de congruencia; en tanto el segundo, por un lado, queda expreso en la norma constitucional y, por otro, imbíbito en la disposición secundaria, el de exhaustividad. Así tenemos, que el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos; es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. De esa manera, cuando la autoridad laboral dicta laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, aquel proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite entonces hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad. En relación con lo anterior es de aplicarse la tesis de este tribunal que dice: ‘No. Registro: 179074. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, marzo de 2005. Tesis: IV.2o.T. J/44. Página: 959. ‘CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.’ (se transcribe). Por tanto, si en cuanto al monto del salario -en el puesto de ‘maestro de posgrado’-, no existió controversia, es evidente que la Junta responsable para cumplir con el principio de exhaustividad que todo laudo debe tener, debe pronunciarse al respecto y, en consecuencia, tener como firme un salario de diez mil cuatrocientos pesos mensuales para el puesto de ‘maestro de posgrado’, y condenar tanto la reinstalación en ese puesto como el pago de los salarios caídos con ese estipendio, pues se reitera, al respecto no existió controversia. Lo que de igual forma debe realizar la Junta responsable al momento de pronunciarse en lo atinente a la condena del aguinaldo, ya que la misma no sólo debe cuantificarse con el salario que quedó firme en cuanto al puesto de ‘coordinador de maestría’, sino también debe cuantificarse con el diverso salario de diez mil cuatrocientos pesos mensuales, que es, se insiste, el que corresponde al diverso puesto de ‘maestro de posgrado’. En consecuencia, por las consideraciones que anteceden, lo conducente es otorgar la protección federal solicitada para que la responsable: Deje insubsistente el acto reclamado y; 2. Dicte un nuevo laudo en el que: 2.1. Atendiendo los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, condene a los salarios caídos y la reinstalación del puesto de ‘maestro de posgrado’, teniendo como firme un salario de diez mil cuatrocientos pesos mensuales, pues al respecto no existió controversia-2.2. Asimismo, en lo que respecta al aguinaldo, además de condenar con el salario atinente al puesto de ‘coordinador de maestría’, también condene con el diverso salario que corresponde al puesto de ‘maestro de posgrado’; mismo que ya está determinado en esta ejecutoria."

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió el juicio de amparo directo 1248/2011, identificado como cuaderno de antecedentes 117/2011, como sigue:

"SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son fundados en una parte e infundados en otra. En relación con estos últimos refiere, el instituto titular de la acción de amparo, que el laudo no está fundado ni motivado. El argumento de disenso es infundado. Es inexacto que el laudo reclamado carezca de fundamentación y motivación, puesto que contrario a lo afirmado por el instituto quejoso, el laudo sí se encuentra fundado y motivado, ya que la Junta responsable se apoyó en lo dispuesto en los artículos 6, 7, 21 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo, cláusulas 59 Bis, 63 Bis, inciso c), 93 y 107 del Contrato Colectivo de Trabajo, artículos 63, 840 al 844, 885, 886 y 888 de la Ley Federal del Trabajo, 110 y 113, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, expresó los razonamientos lógico-jurídicos en que se apoyó para decidir condenar al referido instituto demandado, hoy quejoso, a la devolución de la cantidad de $6,677.73 (seis mil seiscientos setenta y siete pesos 73/100 M.N.) a favor del actor por concepto de descuentos ilegales, así como a modificar la resolución de la jubilación por años de servicios, pago de las cantidades de $23,399.52 (veintitrés mil trescientos noventa y nueve pesos 52/100 M.N.) por concepto de diferencias en el pago de antigüedad, monto de la cuantía básica, aguinaldo mensual y anual, fondo de ahorro, así como el pago del concepto de ayuda de renta y las diferencias correspondientes, y la correspondiente pensión que le otorgó al trabajador **********, al considerar en lo conducente que: (se transcribe). Como se ve, la Junta responsable al dictar el laudo impugnado, cumplió con los extremos del artículo 16 constitucional y 841 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad. El artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente dispone. ‘Artículo 841.’ (se transcribe). Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable con el número 204 en las páginas 166 y 167 del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe). En otra parte de sus argumentos de disenso el impetrante de garantías sostiene que la Junta del conocimiento no comprendió correctamente lo establecido en el tabulador de sueldos y lo dispuesto en el artículo 21 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo, adminiculado con el artículo 4o. del Reglamento de Escalafón, ya que realizó una incorrecta interpretación del artículo citado en primer término al establecer la condena de modificar la jubilación del actor conforme a la categoría de coordinador de servicios técnicos 8.0, sin tener en cuenta que la de oficial de servicios técnicos que ocupaba el actor era escalafonaria, por lo que no correspondía a una de pie de rama; es decir, que sólo ascendía de categoría en base al escalafón, por lo que para que el trabajador tuviera derecho a que se le otorgara la categoría de coordinador de servicios técnicos se le debió entregar mediante escalafón cuando estuvo en activo, previos los exámenes de aptitud y méritos. El concepto de violación sintetizado es fundado. Asiste razón al peticionario de garantías, en virtud de que la Junta responsable de manera incorrecta interpretó lo dispuesto en el artículo 21 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, omitiendo adminicularlo con lo establecido en el artículo 5o. del Reglamento de Bolsa de Trabajo, ordenamientos anexos al contrato colectivo de trabajo que rige la relaciones de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El artículo 21 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, en lo conducente establece: ‘Artículo 21.’ (se transcribe) (fojas 78 y 153 del expediente laboral). El citado artículo establece que para que proceda el otorgamiento de la pensión jubilatoria para aquellos trabajadores que tengan reconocido un mínimo de 15 años de servicios y desempeñen una categoría de pie de rama, se les otorgará el beneficio de su jubilación con base en la categoría inmediata superior a la en que estén prestando sus servicios; es decir, en activo al momento de obtener ese beneficio contractual, con el propósito de que su jubilación o pensión sea calculada considerando la categoría inmediata superior. Es de observarse que de este artículo no se advierte definición o concepto alguno de lo que se debe entender como pie de rama; sin embargo, para ello se debe atender al contenido del artículo 5o. del Reglamento de Bolsa de Trabajo para obtener la definición pretendida; es decir, lo que se entiende por pie de rama, que en lo conducente dispone: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe) (fojas 169 del expediente laboral). Ahora bien, de la relación e interpretación concatenada de los citados artículos lleva a la conclusión de que el pie de rama al que se refiere el artículo 21 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, es la primera categoría de una rama de trabajo la cual, a su vez, deriva de una agrupación de categorías correspondientes a un mismo escalafón conforme al tabulador de sueldos. Como lo dispone el criterio contenido en la tesis IV.3o.T.332 L, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1441, del texto y rubro siguientes: ‘SEGURO SOCIAL. PARA DEFINIR LO QUE DEBE ENTENDERSE POR «PIE DE RAMA» PARA CALCULAR EL SALARIO DE LA JUBILACIÓN DE SUS TRABAJADORES DEBE ATENDERSE AL REGLAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO.’ (se transcribe). El análisis de las referidas disposiciones contractuales, lleva a definir lo que debe entenderse por categoría de pie de rama, por lo que el artículo 21, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, se complementa con lo dispuesto en el artículo 5o., del Reglamento de Bolsa de Trabajo, para concluir que la rama es una agrupación de categorías de trabajadores que corresponden a un mismo escalafón y que, el pie, es precisamente la primera categoría de cada rama de trabajo que se enuncian por escalafón y sueldo, iniciando con los de menor jerarquía y cuantía, de manera que el empleado que ocupe esta categoría es el que tendrá derecho a ser jubilado o pensionado con el salario de la inmediata superior. Tal como lo sostiene el criterio que este Tribunal Colegiado comparte, contenido en la tesis IV.3o.T.333 L, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1439, que literalmente dispone: ‘SEGURO SOCIAL. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE LEYES ES APLICABLE PARA DETERMINAR CUÁLES TRABAJADORES DEL INSTITUTO OCUPAN UNA CATEGORÍA DE «PIE DE RAMA» Y, EN CONSECUENCIA, SE LES JUBILE O PENSIONE CON EL SALARIO DE LA CATEGORÍA INMEDIATA SUPERIOR.’ (se transcribe). En la especie, la Junta del conocimiento determinó que la categoría de oficial de servicios técnicos 8.0 horas, que el actor desempeñaba al momento de otorgársele el beneficio contractual de su jubilación, era de pie de rama, considerando que la pensión debió otorgársele conforme a la categoría inmediata superior; es decir, con la de coordinador de servicios técnicos 8.0 horas, que supuestamente generó a la fecha en que se le otorgó la pensión jubilatoria; consideración que es indebida y errónea, en virtud de que el tabulador de sueldos en el que se contiene el listado de categorías y cuotas fijas mensuales en efectivo, agrupadas por ramas de trabajo o escalafonarias y que forman parte del contrato colectivo de trabajo, en lo que interesa, (foja 166 del expediente laboral) establece: (se transcribe). En efecto, la tabla gráfica correspondiente a la rama universal de oficinas, revela el orden de cada una de las categorías, advirtiéndose que la de auxiliar universal de oficinas, según las definiciones anteriores, es la que recibe el calificativo de pie de rama. De tal manera que la categoría de oficial de servicios técnicos, con la que se le otorgó su jubilación al actor a partir del uno de junio de dos mil nueve (fojas 105, 106, 180 y 181 del expediente laboral), por años de servicios, constituye el escalafón ‘2’ del sector de servicios técnicos, de modo que al actor no le correspondía ser pensionado con el salario de la categoría inmediata superior; es decir, con la de coordinador de servicios técnicos, en virtud de que la primera categoría de la rama de trabajo, de menor jerarquía y cuantía, es la de auxiliar universal de oficinas, misma que sí corresponde a pie de rama. Lo anterior se robustece c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23750-8f4f3c55/juicios-de-amparo-directo-laboral-cuando-estan-relacionados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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