AMPARO DIRECTO LABORAL PROMOVIDO POR DOS O MÁS QUEJOSOS. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PROPUESTOS POR TODOS EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, Y EL HECHO DE CONCEDER LA PROTECCIÓN A UNO DE ELLOS NO CONLLEVA A SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DE LOS DEMÁS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 202/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ERIKA FRANCESCA LUCE CARRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada, corresponde a la materia laboral, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La denuncia proviene de parte legítima, puesto que la formuló uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito que, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, está facultado para hacerlo, al haber sustentado ese órgano colegiado uno de los criterios posiblemente opuestos.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver por mayoría de votos el amparo directo 979/2010, en sesión de siete de abril de dos mil once, en la parte conducente, sostuvo:
"QUINTO. Como antecedentes del juicio laboral es preciso indicar los siguientes: **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en fechas diversas, promovieron juicios ordinarios laborales en contra de Servicios de Salud de Nuevo León, organismo público descentralizado; sin embargo, consta en el juicio que el segundo, cuarto, quinto y sexto de los citados desistieron de la demanda y acciones ejercidas (fojas 146, 760, 761 y 790), y que incluso del auto admisorio del juicio de garantías que originó esta instancia constitucional, se aprecia que la demanda se desechó por cuanto a los referidos ********** y **********, por lo que el estudio se concretará a analizar aspectos que le son adversos a la quejosa **********, al tenor de los conceptos de violación formulados y de la suplencia de la deficiencia de los mismos, si se apreciare, como lo autoriza el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que por cuanto al diverso quejoso **********, oportunamente se sobreseerá en el juicio de garantías. La actora de referencia **********, reclamó del organismo público descentralizado demandado la homologación a la plaza **********, que dijo debe tener como ‘verificador y/o dictaminador’ que ostentan, entre otros, los señores ********** y **********, señalando que estas personas perciben un salario de ********** pesos quincenales, y que no obstante que ella desempeña un trabajo igual al de la mencionada plaza, su salario es menor, ya que percibía ********** pesos en forma quincenal, por lo que pretende su igualación según lo dispone el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 1 y 2). En la audiencia trifásica celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil seis el apoderado jurídico de la actora aclaró en la demanda que, en lo que aquí interesa se transcribe en lo conducente como sigue: (se transcribe). A virtud de la aclaración de demanda, se suspendió la referida audiencia y se señaló como nueva fecha para su reanudación el diecinueve de enero de dos mil siete. En la etapa de conciliación, demanda y excepciones de la audiencia de ley (fojas 72 a 75), el apoderado jurídico de la demandada presentó escrito de contestación, en el que expresó que la actora carecía de acción y derecho para reclamar la homologación e igualación a la plaza o categoría ********** y, consecuentemente, al pago correcto del salario correspondiente a dicha categoría y al retroactivo conducente, debido a que recibe el sueldo que le corresponde conforme al tabulador de sueldos según el puesto que ocupa, el cual dijo se le otorgó tomando en cuenta la preparación profesional y movimientos escalafonarios, por lo que cada puesto tiene denominación y funciones distintas de conformidad con el catálogo institucional de puestos. En cuanto a la aclaración de la demanda, precisó que del uno de mayo de dos mil cinco al treinta de abril del dos mil seis, al puesto con terminación ********** no le corresponde un sueldo quincenal de ********** pesos; que tampoco del uno de mayo del dos mil seis en adelante el sueldo de dicha plaza es el de ********** pesos, lo que dijo acreditaba con los tabuladores de sueldo de la rama médica vigente en el dos mil cinco y dos mil seis. Por cuanto a los hechos, aseveró que el catálogo institucional de puestos de la Secretaría de Salud federal es el que rige la relación laboral entre Servicios de Salud de Nuevo León y sus trabajadores, y que en el mismo existen diversas categorías de verificadores, técnicos y dictaminadores sanitarios, por lo que debe aplicar y respetar dicho catálogo; negó que la actora realice un trabajo igual al correspondiente a la plaza **********, ya que con esa denominación no existe plaza alguna, como se desprende del tabulador de sueldos vigente a partir del uno de mayo de dos mil seis y adujo que lo que existe es la plaza **********, que corresponde al puesto de verificador o dictaminador especializado ‘D’ que como su nombre lo indica no sólo es un puesto de verificador sino también de dictaminador de categoría ‘D’, por lo que dijo, no era verdad que la persona que ocupa este puesto realice igual trabajo que la actora, ya que el tipo de actividades y funciones como son las verificaciones varían en cuanto a instalaciones, actividades y giro de establecimientos, además del riesgo que puede ser bajo, mediano y alto, según se trate del giro de salubridad local o general, por lo que es diferente el grado de complejidad de la verificación y, en esa medida, en el caso, no debe operar el principio de trabajo igual a salario igual, contenido en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, pues el mismo consiste en que el trabajo se desempeñe en el puesto, jornada y condiciones de eficiencia igual, lo que no sucede en el caso. Asimismo, señaló por lo que respecta a la citada actora: (se transcribe). Refirió el apoderado de la demandada que de lo anterior se desprende que la actora ocupa un puesto distinto de aquel que exige el pago de la diferencia salarial, y que por ello no le corresponde el pago de la supuesta plaza número **********, por lo que su reclamo era oscuro, ya que sólo se limitaba a exigir la diferencia salarial de la cantidad que se percibe en dicha plaza, sin señalar cuál era el puesto a que se refiere con ella ni las actividades que le corresponden a la misma, para que se pudiera llegar a la conclusión de que realizaba las mismas actividades; precisó que el conflicto era de naturaleza colectiva, ya que en el supuesto caso de que se declarara procedente la reclamación, ello implicaría la alteración de los tabuladores de sueldo de la Secretaría de Salud federal, expedidos por la Secretaría de Hacienda, que es el que se aplica conforme a los compromisos establecidos en el acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Gobierno del Estado de Nuevo León y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Por tanto, dice el organismo público demandado, debe aplicar y respetar el catálogo institucional de puestos de la Secretaría de Salud, y que en el mismo se establecen varias categorías de verificadores sanitarios, en el que todos tienen la función de realizar verificaciones sanitarias; sin embargo, no realizan las mismas visitas de verificación, sino que varían, ya que los establecimientos objeto de regulación sanitaria son de distintos giros, y que por ello existen varias categorías dentro del puesto de verificador sanitario, por lo que la actora ocupa el puesto que le corresponde según su preparación académica y recibe el salario relativo al puesto que ocupa, y que al reclamar el pago de la diferencia salarial implica que se le pague lo mismo que a otra persona que ocupa un puesto distinto de acuerdo al catálogo institucional de puestos. Como excepciones opuso las de falta de acción y carencia de derecho, donde señaló que dentro de las actividades correspondientes al puesto ********** se encuentran, entre otras, las de ‘planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de verificación y dictaminación sanitaria estableciendo sistemas y procedimientos de acuerdo a la normatividad en materia de regulación y fomento sanitario’, y que la actora no efectúa dicha función, ya que no se encuentra dentro de las correspondientes al puesto que ocupa; y la de prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 59 a 71). Por otra parte, a foja ochenta y seis del expediente de origen consta una diversa demanda laboral promovida por la antes referida **********, en contra de Servicios de Salud de Nuevo León, organismo público descentralizado, en la que le reclama lo siguiente: (se transcribe). Como hechos expuso, que su fecha de ingreso data del uno de enero de mil novecientos noventa y uno, y desde agosto de mil novecientos noventa y nueve se le otorgó la plaza de dictaminador y/o verificador sanitario con la adscripción y clave antes señaladas. Que su jornada comprendía de las ********** a las ********** horas, de ********** a ********** y que hasta la primera quincena de enero de dos mil siete su salario quincenal integrado era de ********** pesos, pero a partir de enero de dos mil siete se le dejaron de asignar funciones específicas por parte de su jefe inmediato doctor **********, jefe de área de control sanitario, por lo que prácticamente sólo se presenta y está a disposición sin que se le asigne orden alguna como medida de presión moral, psicológica y laboral debido a diversa demanda entablada, lo que ha traído como consecuencia que se le asigne una clave presupuestal diferente que corresponde a la plaza de químico a partir del dieciséis de enero de dos mil siete, con un salario quincenal menor de ********** pesos con ********** centavos, por lo que reclama las diferencias que se generen a su favor a partir de esa fecha y hasta la diversa en que legalmente se le reasigne su puesto y funciones, así como su clave presupuestal y la orden de respetar su categoría y plaza con la que contaba. El cinco de marzo de dos mil siete se admitió la demanda citada y se registró con el número **********, la que se ordenó se acumulara al expediente **********, señalándose hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley (fojas 86 y 87). En audiencia celebrada el dos de mayo de dos mil siete, el apoderado jurídico de la parte actora expuso que previamente a la ratificación de la demanda aclaraba que: (se transcribe). Con motivo de la ampliación y aclaración citadas, la Junta suspendió la audiencia de ley y señaló hora y fecha para su reanudación. En audiencia de seis de junio de dos mil siete (foja 137), el apoderado jurídico de la demandada presentó escrito de contestación a la citada demanda en la que sustancialmente tildó de improcedente lo reclamado por **********, ya que como ella misma lo dice, ocupaba el puesto de confianza y a partir del uno de enero de dos mil siete fue removida del mismo y reintegrada a su puesto de base de químico, como lo acreditaría en el procedimiento; estimando igualmente improcedentes las diferencias que reclamaba, ya que dijo recibía el pago del sueldo correspondiente al puesto que ocupa. En cuanto a los hechos adujo de manera primordial que: (se transcribe). De lo anterior se desprende que a la actora se le tuvo que cambiar de adscripción por necesidades del servicio, cumpliendo mi representado con notificarle el mismo, lo cual se efectuó el 19 de diciembre del 2006, negándose la C. ********** a firmar de recibido los oficios de fechas 23 de noviembre de 2006 y 14 de diciembre del 2006, no obstante de haberlos recibido. Lo anterior, como se acredita con la constancia de hechos de fecha 19 de diciembre del 2006. Negó que el cambio de puesto y lugar de trabajo fuera una medida de presión, y precisó que conforme al tabulador autorizado rama médica, paramédica y grupo afín vigente desde el uno de mayo del dos mil seis el sueldo mensual del código ********** de químico ‘A’ de la zona II, es el siguiente:
"Sueldo tabular (07)
**********
Asignación bruta (42)
**********
Ayuda para gastos de actualización (55)
**********
"Precisó, que ********** no asistió al levantamiento de acta administrativa, por lo que no justificó las inasistencias que se le indicaron en el oficio citatorio de ocho de mayo de dos mil siete y que ante ello se emitió el oficio del día quince de dicho mes y año, en donde se le hizo del conocimiento que por las faltas en las que incurrió se configuraba la causal de cese de los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el patrón, consistente en abandono de empleo, contenida en la fracción I del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con la fracción I del artículo 30 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, así como que debido a que incurrió en más de tres faltas de asistencia injustificadas dentro del término de treinta días, se actualizaba la causal de rescisión contenida en la fracción X del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; concluyendo que de todo lo que precisó se desprendía que a la actora ‘... se le cesó de su nombramiento de química «A» y se le rescindió la relación laboral sin responsabilidad para mi representado ...’. Como excepciones opuso las de falta de acción y carencia de derecho, justificación del cese y rescisión laboral y prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 130 a 135). En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el apoderado jurídico de la parte actora ofreció las siguientes: (se transcriben). XLV. Prueba pericial técnica de campo, en caso de admisión de la de la contraria, para que el perito determine qué actividades realiza la actora como verificador o dictaminador sanitario y qué actividades realizan ********** y ********** en sus plazas que actualmente ocupan, con el código funcional **********, debiendo responder al interrogatorio que al efecto formuló, así como al de la contraparte (fojas 417 a 425 y 432). En proveído de nueve de noviembre de dos mil siete la Junta emitió acuerdo en el que admitió el material probatorio ofrecido por las partes, ‘... con excepción de la prueba de ratificación ofrecida por la parte actora en el desarrollo de la audiencia, ya que la documental para la cual fue ofrecida solamente fue objetada en cuanto a su alcance y valor probatorio, por lo que su desahogo resultaría ser intrascendente, de conformidad con lo establecido en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, se desecha la prueba de compulsa o cotejo ofrecida por la parte actora, ya que su desahogo resultaría innecesaria (sic), ya que los documentos para la cual fue ofrecida no fueron objetados en cuanto a su autenticidad ni contenido, se desestima además la prueba pericial calígrafa y grafoscópica ofrecida por la parte demandada, en relación a los recibos de pago que señala en los numerales 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 señalados en el escrito de pruebas, ya que tales documentos no fueron objetados en cuanto a la firma que los calza ... Ahora bien, en lo que respecta a la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo del C. **********, en su carácter de director general de la demandada y toda vez que se trata de una persona que ocupa un puesto de alta investidura, de conformidad con lo establecido por el numeral 813, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: ‘... IV cuando el testigo sea alto funcionario público, observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable, se apercibe al apoderado jurídico de la parte actora, a fin de que en un término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído proporcione a esta autoridad en sobre cerrado las posiciones que deberá de absolver el absolvente de mérito, en caso de no cumplir con lo anterior se declarará la deserción de la presente probanza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo. En relación a la prueba pericial técnica de campo esta autoridad estima reservarse la calificación de la misma ...’, por cuanto al resto de las pruebas señaló hora y fecha para su desahogo (fojas 448 a 452). En acuerdo de treinta de abril de dos mil ocho, la Junta desestimó la prueba pericial técnica de campo ofrecida por la parte actora, cuya admisión o desechamiento había reservado, argumentando para la desestimación ‘... dicha probanza no está ofrecida de manera precisa sobre lo cual debe versar dicha pericial, ya que además existe vaguedad en los términos en que se ofrece la misma, motivo por el cual esta autoridad considera su desechamiento ...’ (foja 569). Continuado el juicio por sus etapas procesales, el once de junio de dos mil ocho la Junta responsable dictó un primer laudo en el que determinó que los actores no acreditaron sus acciones y que el demandado Servicios de Salud de Nuevo León, organismo público descentralizado justificó sus excepciones, por lo que lo absolvió de todas las prestaciones que le fueron reclamadas (fojas 588 a 593 del juicio laboral). Inconformes con el laudo, los actores, entre ellos **********, promovieron juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió a este Tribunal Colegiado, donde se registró con el número 905/2008, el cual se resolvió por ejecutoria de veinte de mayo de dos mil nueve, concediéndose a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta: (se transcribe). El ocho de junio de dos mil nueve, la Junta previno a la parte actora para que precisara y aclarara la demanda en los términos ordenados (foja 668), lo que realizó como sigue: (se transcribe). La Junta, el veintinueve de junio de dos mil nueve señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, únicamente en lo que respecta a las aclaraciones vertidas por la parte actora, la cual se llevó a cabo el veintinueve de septiembre de dos mil nueve, en donde el apoderado del organismo demandado presentó escrito de contestación en cuanto a la aclaración de la demanda inicial, en el que sustancialmente negó que la actora realizara las actividades que refiere, señalando que como lo precisó en la contestación primaria, ésta sólo efectúa las actividades descritas en el profesiograma, es decir, las que corresponden al puesto que ocupa, y agregó que sin admitir que las realice la actora, las actividades que refiere no corresponden a la totalidad de las funciones y actividades que tienen asignadas quienes ocupan la plaza **********, las que dijo, ya señaló en el escrito de contestación a la demanda y que reprodujo así: (se transcribe). Opuso como excepciones las de falta de acción y carencia de derecho y la de prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas el apoderado jurídico de la actora ofreció como tales las ya existentes en autos y que quedaron precisadas en este mismo considerando, agregando únicamente la prueba pericial calígrafa y grafoscópica, al objetar de falsos el contenido y firma de las documentales ofrecidas por su contraria, formulando al efecto el interrogatorio conducente (fojas 702 y 705). Por su parte, la demandada ofreció escrito de pruebas en el que además de reproducir algunas de las que citó en el escrito que aportó con anterioridad y que igualmente quedaron detalladas en líneas precedentes, ofreció diversos medios de convicción que son los que enseguida se citan, en lo que aquí interesa, por encontrarse vinculadas exclusivamente con la ahora quejosa **********: 1. Confesional por posiciones a cargo de los actores; 2. Confesional ficta (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14); 15. Documental consistente en seis formatos de aviso, tramitados por **********, con los que dice desvirtuar que efectuaba las funciones de verificación sanitaria que señala en su escrito de demanda; en caso de objeción ofrece el reconocimiento de contenido y firma por la actora mencionada en el momento de su confesional; 16. Prueba pericial calígrafa y grafoscópica a cargo del perito que señala, para el caso de que la actora objetara el contenido y firma de los documentos antes citados, al tenor del interrogatorio que precisa; 17. Instrumental pública de actuaciones; 18. Presunciones legales y humanas; 19. Pericial técnica de campo, a cargo del perito que designaría, para que determine qué actividades realiza la actora como ‘verificador o dictaminador sanitario’ y qué actividades realizan los C.C. ********** y ********** en sus plazas que actualmente ocupan, siendo el código funcional **********, y al tenor del interrogatorio que al efecto formuló (fojas 697 a 701 y 703). El trece de noviembre de dos mil nueve, la Junta acordó calificar de legales las pruebas aportadas por las partes, ‘... con excepción de la prueba de ratificación ofrecida como de la intención de la parte actora, ya que la documental para la cual fue ofrecida solamente fue objetada en cuanto a su alcance y valor jurídico. Asimismo, se desecha de plano la prueba de cotejo o compulsa ofrecida como de la intención de la parte actora, toda vez que los documentos sobre los cuales pretende verse dicha probanza no han sido objetados por la parte demandada en cuanto a su autenticidad y contenido. Asimismo, se desecha de plano la prueba confesional ofrecida como de la intención de la parte actora a cargo de los C.C. ********** y ********** para hechos propios, lo anterior toda vez que tal y como se desprende de la ejecutoria de fecha 20 de mayo del año dos mil nueve, el presente procedimiento solamente se repuso a fin de que la parte actora aclarara su demanda describiendo las actividades que realizan cada uno de los actores en las plazas que ocupan, las que llevan a cabo los que ostentan la plaza «**********» ... por lo que los hechos atribuidos por la parte actora a los C.C. ********** y ********** no son motivo de la presente reposición. Se desecha de plano la prueba pericial técnica de campo ofrecida como de la intención de la parte actora, toda vez que la misma no está ofrecida de manera precisa, no se determina sobre qué debe versar dicha pericial existiendo variedad (sic) en los términos en que se ofrece la misma. Se desecha de plano la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida como de la intención de la parte demandada, lo anterior que toda vez y tal como se desprende del desahogo de la audiencia del momento (sic) 29 de octubre del año dos mil nueve, los accionantes han desconocido las firmas que calzan las documentales que allega la representación jurídica de la parte demandada’; respecto del resto de las pruebas señaló hora y fecha para el desahogo de aquellas que así lo ameritaron (fojas 707 y 708). Luego, por resolución dictada el catorce de agosto de dos mil nueve este Tribunal Colegiado declaró cumplida la ejecutoria referida, según se advierte del cuaderno de amparo número 905/2008, el cual se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con la jurisprudencia que dispone: Registro No. 917743. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI. Común, Jurisprudencia SCJN, página 171, tesis 209, Materia(s): Común: ‘HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.’ (se transcribe). Posteriormente, el siete de junio de dos mil diez, la Junta dictó el laudo que aquí se reclama, cuyas consideraciones y puntos relativos ya quedaron transcritos. SEXTO. Las causales de improcedencia son de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. En el caso, la tercera perjudicada, Servicios de Salud de Nuevo León, organismo público descentralizado, en su escrito que presentó el doce de agosto de dos mil diez (fojas 19 a 23 del cuaderno de amparo), hace valer la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, argumentando que los quejosos señalan como acto reclamado un laudo de treinta y uno de mayo de dos mil diez, dictado en el expediente **********, por la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que dicho acto no existe, ya que como se desprende del expediente que mencionan, el laudo se dictó el siete de junio de dos mil diez, por lo que ante la inexistencia del acto que reclaman, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Este argumento deviene fundado pero inoperante, por las razones que enseguida se expresan: El artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente, en lo conducente: (se transcribe). De esta disposición legal se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de garantías cuando de los autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Con base en lo anterior, si bien es cierto que los quejosos en su demanda de garantías señalan como acto reclamado ‘... El laudo de 31 de mayo del presente año pronunciado dentro del expediente ********** ...’, cuando en dicho juicio laboral el laudo se pronunció el siete de junio de dos mil diez, este error es insuficiente para tener por acreditada la causal de sobreseimiento invocada por la tercero perjudicada, debido a que, como el propio numeral lo prevé, debe existir la certeza de la inexistencia del acto reclamado, lo que no acontece en la especie, ya que si bien no hay coincidencia en la fecha de la emisión del laudo reclamado, los datos del juicio y las partes del mismo sí corresponden al procedimiento laboral de origen pero, fundamentalmente, debe atenderse a la circunstancia de que los argumentos que formulan en vía de concepto de violación, encuentran total correlación con el pronunciamiento de la Junta en el referido laudo de siete de junio de dos mil diez, en el que únicamente se ven involucrados, entre otros la aquí quejosa **********, de manera que no hay duda que el laudo que se reclama es precisamente el que emitió la Junta responsable el siete de junio de dos mil diez, y que si citó uno diverso de treinta y uno de mayo del presente año, ello obedeció a un simple error que deviene insuficiente para estimar procedente la causal de sobreseimiento invocada, lo que demuestra lo fundado pero inoperante del argumento en estudio. Aplican al caso las tesis de jurisprudencia siguientes: Registro No. 917642. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI. Común. Jurisprudencia SCJN, tesis 108, página 85: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (se transcribe). No. Registro: 196233. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, mayo de 1998, tesis P. XLVIII/98, página 69: ‘ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). SÉPTIMO. Es fundado pero inoperante el concepto de violación que aquí se estudia. La quejosa refiere que la responsable omitió el examen de la prueba pericial técnica que se ofreció para demostrar, mediante un estudio de campo, con análisis del perfil del puesto y preparación académica, que realiza las funciones inherentes a la plaza o categoría ********** con la que pide se le nivele. Lo anterior, como se dijo, deviene fundado pero inoperante, pues si bien es cierto que la responsable, al emitir el laudo que ahora reclama no estudió ni hizo alusión a la prueba pericial técnica de campo que ofreció, ello obedeció a que la misma fue desechada por la Junta en proveído de treinta de abril de dos mil ocho (foja 569), como quedó reseñado en el considerando quinto de esta ejecutoria; de manera que al no haberse admitido como elementos de convicción, es claro que la Junta no tenía porque mencionarla y mucho menos analizarla en el cuerpo del laudo reclamado. Aplica al caso la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’, transcrita en el considerando que antecede, a cuyo contenido se hace remisión expresa en obvio de repeticiones innecesarias. OCTAVO. En cambio, son fundados los conceptos de violación que en este apartado se examinan, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, estimándose suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. Afirma la quejosa ********** en otro apartado de sus conceptos de violación, que fue ilegal la disminución de puesto y salario y su posterior despido, ya que nunca quedó demostrado en el sumario que hubiera solicitado su reubicación, como dolosamente lo argumentó la demandada; ello debido a que las pruebas que aportó para ese efecto y en las que se apoyó la responsable para estimar acreditada su excepción, no guardan ninguna relación con la litis, además de referirse a eventos totalmente ajenos a la controversia, pues se trata de solicitudes que por ser muy anteriores, no tienen ninguna injerencia co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23275-2e7599f1/amparo-directo-laboral-promovido-por-dos-o-mas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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