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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19402
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 675.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN DÍAZ ROMERO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.

Las consideraciones que sirvieron de sustento al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número RT. 1106/2003, en la parte que interesa, son las siguientes:

"CUARTO. Previo al análisis de los agravios propuestos, es necesario indicar que este órgano de control constitucional, advierte de oficio que la sentencia que se revisa resulta incongruente, puesto que en ella únicamente se analiza el acto reclamado consistente en el ilegal emplazamiento a juicio, sin que se haya realizado un estudio de los diversos actos reclamados como lo son todas las actuaciones realizadas y practicadas con posterioridad al emplazamiento con la inclusión del laudo de veintidós de abril de dos mil tres.

"Cierto, de la sentencia recurrida se aprecia que, por una parte, la Juez examinó en primer lugar los conceptos de violación relativos a la ilegalidad del emplazamiento efectuado a la persona moral Corporación Constructora Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio laboral 1315/02, por lo que al efecto estimó que tales conceptos resultaban infundados y, por otra, consideró que en relación con los actos reclamados consistentes en las actuaciones posteriores al emplazamiento y laudo, éstos le correspondían conocer a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno.

"Por ende, en el punto resolutivo primero de la sentencia, la Juez negó el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación con el acto reclamado relativo al ilegal emplazamiento a juicio y, en el resolutivo segundo, se declaró legalmente incompetente para conocer de las actuaciones posteriores y laudo.

"Lo anterior se estima incorrecto, al tomar en consideración que este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se apoya en la tesis aislada XXVI/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, página 122, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN ÉL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: «EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN ÉL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.» (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva a declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento.’

"Asimismo, este órgano jurisdiccional se sustenta, en lo conducente, en las consideraciones que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1973/94, del cual emanó la tesis aislada transcrita con anterioridad, de ahí que la sentencia recurrida es incorrecta pues infringe el principio de indivisibilidad de la demanda de amparo, el cual se encuentra plasmado en la tesis 144, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 119, cuyos rubro y texto se reproducen: ‘DEMANDA DE AMPARO, INDIVISIBILIDAD DE LA. Las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda de amparo, tanto para admitirla como para rechazarla. Sin embargo, es preciso considerar que la doctrina expuesta no es una interpretación rígida que pueda sentarse como regla general, y que sólo tiene aplicación justa cuando los actos reclamados están fuertemente ligados entre sí, formando una unidad o todo que no es posible desmembrar; pero cuando la demanda contenga actos aislados o independientes, que puedan examinarse por separado, será necesario estudiar si procede aplicar las reglas anteriores.’

"El supuesto establecido en esa jurisprudencia, en el sentido de que los actos reclamados se encuentran fuertemente ligados entre sí, de tal manera que no sea posible desmembrarlos, se satisface en el caso, pues como puede advertirse de lo ya transcrito, la quejosa ocurrió demandando el amparo en contra de actos derivados de un mismo procedimiento, esto es, del juicio laboral seguido en su contra por Roberto Choreño Oropeza y José Carlos Oaxaca Luna, ante la Junta Especial Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje. Además existe unidad entre los actos reclamados, pues en la demanda de amparo la quejosa reclamó el ilegal emplazamiento y, como consecuencia de ello, las actuaciones posteriores llevadas a cabo e incluso el laudo.

"Así, el ilegal emplazamiento a juicio se encuentra estrechamente relacionado con aquellos respecto de los cuales la Juez declaró su incompetencia legal, esto es, con los referidos al procedimiento, desde las posteriores al emplazamiento hasta el dictado del laudo y, por esa razón, la Juez no podía desvincularlos y, menos aún conocer de uno y declararse legalmente incompetente para resolver respecto de otros.

"Por esa razón en este asunto debe corregirse de oficio la incongruencia existente en la sentencia recurrida, aun cuando no existan agravios sobre el particular, pues la resolución que se dicte se encuentra vinculada con cuestiones de procedibilidad del juicio de amparo en aspectos no examinados por el juzgador y que este tribunal puede abordar, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Es necesario aclarar también, que la posibilidad de realizar un pronunciamiento sobre todos los actos reclamados, señalados tanto en la demanda, como en su ampliación, deriva de la circunstancia de que la acción del quejoso parte de la base de que no fue emplazado a juicio y, por ello, su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio.

"Por ende, deben examinarse en primer lugar los agravios referidos al emplazamiento, esto es, establecerse si le asiste o no la razón al quejoso en este aspecto, porque de ello dependerán las consecuencias aplicables respecto de los demás actos reclamados.

"En efecto, de resultar fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, ello dará lugar a la concesión del amparo no sólo en contra del acto consistente en el emplazamiento declarado ilegal, sino también en contra de las actuaciones posteriores, supuesto que por no haberse constituido la relación procesal se infringe en perjuicio del quejoso la garantía de audiencia.

"Pero si se llega a concluir que el emplazamiento resulta legalmente válido, ello no obliga al juzgador a declararse incompetente para conocer de la impugnación de los restantes actos, esto es, del procedimiento respectivo y de la resolución que en él se dicte, por considerar que dichos actos deben ser reclamados mediante el juicio de amparo directo.

"Ciertamente la procedencia de la vía se determina en función de los actos reclamados, señalando la Ley de Amparo que la vía directa es procedente cuando se impugna una sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio; pero cuando la acción constitucional se sustenta en el hecho de que la situación del quejoso es la de un tercero extraño a juicio o que se equipara a éste, la mencionada regla no es aplicable y entonces la vía procedente es la del amparo indirecto, pues en ella el quejoso impugna, en realidad, todo el procedimiento por vicios del emplazamiento y, en esa vía, cuenta con la amplitud de defensa que le permita probar en contra de las actuaciones relativas a tal actuación.

"De tal manera que si se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los actos de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados.

"Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva a declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si procediera de esa manera, como en el caso concreto, se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias.

"La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. De tal manera que aunque se reclame una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto.

"En esas condiciones, la competencia del Juez de Distrito para conocer de todos los actos reclamados, es decir, no sólo del emplazamiento sino incluso de la sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, deriva de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Por tanto, como en el caso concreto se declaró legal el emplazamiento y los actos posteriores al laudo, y sin embargo, se declaró la incompetencia legal del juzgador para conocer de los restantes, a efecto de corregir la incongruencia advertida, debe revocarse el punto resolutivo segundo de la sentencia recurrida y pronunciarse la resolución que en derecho proceda, examinando en primer lugar los agravios referidos al emplazamiento.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 58/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 35, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión.’

"QUINTO. Los agravios propuestos por la recurrente, conducen a determinar lo siguiente.

"La que impugna la sentencia refiere esencialmente en el primero y segundo de los agravios que la sentencia emitida por la Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el veintiocho de octubre de dos mil tres, es ilegal porque deja de observar, en el supuesto no concedido de que el emplazamiento fuera correcto, que en la diligencia respectiva se omitió cumplir con el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que se entregará al demandado copia cotejada de la demanda; asimismo, que del contenido del citatorio, en su parte media, llenada por la fedataria, se advierte que no establece con precisión qué persona la atendió y recibió dicho documento, es decir, no lo identificó, requisito necesario para darle credibilidad y validez a dicho acto jurídico.

"A fin de calificar los agravios antes sintetizados, es importante destacar que de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto 1553/2003, de donde deriva el presente recurso de revisión, se advierte que en la demanda de garantías, la quejosa señaló como autoridades responsables a la Junta Especial Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y actuario adscrito, a quienes les atribuyó como actos reclamados el ilegal emplazamiento efectuado el dieciocho de febrero de dos mil tres, dentro de los autos del juicio laboral 1315/02, así como todas las actuaciones practicadas con posterioridad al emplazamiento con la inclusión del laudo.

"La Juez estimó infundados los conceptos de violación que invocó la quejosa, en relación con el ilegal emplazamiento a juicio, y a saber sus consideraciones en síntesis fueron:

"...

"Al retomar los agravios que quedaron sintetizados en párrafos que preceden, éstos resultan inoperantes, al tomar en consideración que únicamente se concretan a realizar meras afirmaciones sin sustento legal alguno, esto es, sólo señalan que en la diligencia de emplazamiento no se corrió traslado de la copia cotejada de la demanda laboral, además de que no se asentó el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia ni tampoco se le identificó; sin embargo, dejan de impugnar las razones con las que la Juez de Distrito declaró infundados los conceptos de violación y las cuales quedaron detalladas en los incisos que preceden.

"Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.’

"Por otra parte, el recurrente refiere en síntesis en el tercero, cuarto y quinto de los agravios, que la sentencia recurrida es ilegal, en razón de que el juzgador omite analizar dentro del concepto de violación planteado, que la fedataria establece de forma vaga, el modo en que se cercioró de que la sociedad se encuentra en el domicilio indicado y por supuesto, que algún empleado le hubiere recibido los documentos respectivos, asimismo que la Juez de Distrito parte de la falsa apreciación de que el cercioramiento se entendió con Ismael Arce, cuando de la lectura de la diligencia de emplazamiento, el actuario asentó que la entendió con una persona que no dio su nombre, aunado a ello, la testimonial que se ofreció fue para demostrar que la persona de nombre Ismael Arce no trabaja para la demandada y el hecho de que los testigos hayan referido que el domicilio hace esquina con Marina Nacional, ello no demuestra que la notificación se haya realizado en términos del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo.

"Al dar lectura a la sentencia que se recurre, se advierte que la Juez de Distrito afirmó que el actuario se cercioró de que en el domicilio en el que se constituyó correspondía al de la persona moral, puesto que un primer dato de certeza del domicilio consistió en que éste hace esquina con la avenida Marina Nacional, así también que el domicilio de la persona moral demandada corresponde con el que se constituyó por los siguientes datos: 1. Nombre de la calle, el cual se corrobora con las placas metálicas colocadas en las esquinas. 2. Número oficial del inmueble visible en la fachada. 3. Nombre de la colonia. 4. Descripción del color de la fachada ‘azul’. 5. La existencia de una placa con letras negras y verdes, de la que se puede leer la razón social y el domicilio. 6. Que todo lo anterior, fue corroborado por el dicho de la persona con quien entendió la diligencia, quien dijo llamarse Ismael Arce; y finalmente, que de la testimonial a cargo de José Luis Madrigal Guerrero y Alberto Magallón Barajas, ofrecida por la propia quejosa, se obtiene que los testigos fueron uniformes y contestes al afirmar que el domicilio de la quejosa es el ubicado en Lago Chalco 230 ‘A’, colonia Anáhuac, que dicho domicilio forma esquina con Marina Nacional, y que la fachada del domicilio está pintada de color azul, extremos estos dos últimos que coinciden plenamente con lo asentado por la fedataria encargada de practicar los citatorios y emplazamientos cuestionados, lo que se señala en la parte conducente de la sentencia recurrida, que dice: ‘Del artículo anterior, se advierte en términos de lo dispuesto en su fracción I, es obligación del actuario cerciorarse de que la persona moral notificada tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación.’. Requisito éste que sí cumple el emplazamiento que se analiza, en atención a las siguientes circunstancias. Los terceros perjudicados en su escrito de demanda, señalaron como domicilio para emplazar a juicio a Corporación Constructora Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, el sito en Lago Chalco número 230 ‘A’, colonia Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo, en México, Distrito Federal. Luego, del citatorio de diecisiete de febrero de dos mil tres, y emplazamiento de dieciocho del mismo mes y año, se advierte que la actuaria responsable se constituyó en el inmueble marcado con el número 230 ‘A’, de la calle Lago Chalco, esquina Marina Nacional. De las diligencias de diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil tres, es posible colegir que la fedataria encargada de practicar sendas diligencias, aporta un primer dato de certeza del domicilio, consistente en que el inmueble número 230 ‘A’, de la calle Lago Chalco, forma esquina con la avenida Marina Nacional, dato este último que no fue aportado por los actores en el juicio laboral. Aunado a lo anterior, la actuaria expresamente señala como elementos de convicción de estar actuando en el domicilio de la persona moral demandada los siguientes: a. Nombre de la calle, el cual corrobora con las placas metálicas colocadas en las esquinas. b. Número oficial del inmueble visible en la fachada. c. Nombre de la colonia. d. Descripción del color de la fachada ‘azul’. e. Dio fe de la existencia de una placa con letras negras y verdes, de la que se puede leer la razón social y el domicilio. f. Todo lo anterior, fue corroborado por el dicho de la persona con quien entendió la diligencia, quien dijo llamarse Ismael Arce. En razón de lo anterior, se infiere que la actuaria responsable, sí se cercioró de que en el inmueble en el que se llevaron a cabo las diligencias de diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil tres, corresponden a la dirección señalada en autos por los terceros perjudicados para llevar a cabo el emplazamiento a juicio de la amparista, llegando a la conclusión de que sí es el domicilio de la amparista, por así habérselo indicado Ismael Arce, lo cual corroboró con la ‘... nomenclatura de la calle, por así señalarlo las placas metálicas que se encuentran en las esquinas, el número oficial del inmueble visible en la fachada del mismo, nombre de la colonia, manifestarlo (sic) en tal sentido los que ahí se encuentran presentes, así como la persona que me atiende, quien manifiesta que efectivamente dicho domicilio corresponde al de la empresa demandada y para la cual presta sus servicios el C. Ismael Arce, asimismo, se hace notar que en la fachada del inmueble, la cual es azul, existe una placa que con letras negras y verdes tiene la razón social y domicilio ...’ (foja 10). Por lo que bajo esta tesitura, al haberse demostrado que la actuaria responsable, sí se cercioró de que en el inmueble en el que realizó el citatorio de diecisiete y emplazamiento de dieciocho, ambos del mes de febrero de dos mil tres, corresponde al domicilio de la empresa demandada, por tener ahí el asiento de sus negocios, resulta inconcuso que el citatorio y emplazamiento reclamados, son ilegales (sic), resultando por ende, infundado el concepto de violación analizado. Es aplicable a lo anterior la tesis 4a./J. 26/94, visible en la página 29 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de 1994, Octava Época, que dice: ‘NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ÉSTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUÉLLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV, del artículo 743, de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III, de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio.’. En otro orden de ideas, por lo que respecta al argumento esgrimido en el sentido de que el citatorio y emplazamiento combatidos no se entendieron con el representante legal de la amparista, sino con una persona desconocida, que no trabaja para ellos y que ninguna dependencia tiene con la quejosa, también es infundado. En primer término se procede a valorar las documentales ofrecidas por la quejosa, a fin de demostrar que Ismael Arce no es trabajador de la misma. Al respecto debe decirse que, si bien es cierto que de las cédulas de determinación de cuotas emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de las cédulas de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones, expedidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se advierte que Ismael Arce esté inscrito como trabajador de la amparista ante sendos institutos, ello de ningún modo demuestra que la persona citada, no sea trabajador, dependiente o conocido de la quejosa, a t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19402-71a289e2/emplazamiento-si-en-amparo-indirecto-se-impugna-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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