COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMEN EL TRASLADO DEL QUEJOSO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO YA EJECUTADO, Y OTROS ACTOS QUE NO TENGAN EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA, QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE INICIÓ O CONCLUYÓ EL TRASLADO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 113/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. DISIDENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de once de julio de dos mil veinticuatro.
SENTENCIA
1. Contradicción de criterios 113/2024, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 5/2024 y 6/2024, respectivamente.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios y, de ser así, emitir un criterio jurisprudencial que defina qué regla de competencia conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta aplicable para determinar qué Juez de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo, cuando existe pluralidad de actos reclamados (uno con ejecución material y dos sin ejecución) consistentes en la orden de traslado urgente de un centro de reclusión a otro, la determinación que califica de legal la orden de traslado y la resolución que confirma la determinación que calificó de legal el traslado de la parte quejosa.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio 17539/2024, recibido vía interconexión en este Pleno Regional, el catorce de junio del año en curso, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, denunció la posible contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 5/2024 y 6/2024, respectivamente.
4. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la citada denuncia; ordenó crear y registrar el expediente electrónico con el número de contradicción de criterios 113/2024; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción; asimismo, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si el criterio que sustentan sigue vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció; también, que adjuntaran copia digital certificada de las sentencias (con firma electrónica) en las que sustentaron los criterios denunciados, y en caso de que se hubieran apartado, remitieran la diversa con el nuevo criterio, y pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional.
5. De igual forma, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; y, turnó el asunto electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.
6. En proveído de veinticuatro de junio del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 2654/2024 y 2635/2024, por medio de los cuales el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Decimosexto Circuito, informaron que los criterios contendientes sustentados en los conflictos competenciales 5/2024 y 6/2024, de sus índices respectivos, continúan vigentes; asimismo, remitieron copia digital certificada de las ejecutorias dictadas en dichos asuntos y realizaron la vinculación de los expedientes electrónicos de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
7. Por auto de tres de julio del presente año, el Presidente de este Pleno Regional, tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/596/07/2024, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que el tema establecido preliminarmente en el presente asunto, se encuentra estrechamente relacionado con el que se pronunció la Primera Sala de ese Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 322/2017, de la que derivó la tesis 1a./J. 63/2019 (10a.), de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.”, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 2020829.
8. En esa misma fecha, se tuvo por integrada la contradicción de criterios en la que se actúa y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto respectivo.
II. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
9. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
10. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
III. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
12. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2, del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 9, 11 y 18, párrafo primero, del citado Acuerdo General 67/2022.
IV. LEGITIMACIÓN
13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito, a saber, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo a hacer una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar qué regla de competencia conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta aplicable para determinar qué Juez de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo, cuando existe pluralidad de actos reclamados (uno con ejecución material y dos sin ejecución) consistentes en la orden de traslado urgente de un centro de reclusión a otro, la determinación que califica de legal la orden de traslado y la resolución que confirma la determinación que calificó de legal el traslado de la parte quejosa.
15. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el acuerdo de presidencia de diecisiete de junio del año en curso, se señaló de forma preliminar diverso tema de contradicción, a saber: “determinar si la resolución que confirma la determinación que calificó de legal el traslado del quejoso, constituye un acto declarativo, a efecto de establecer cuál es el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo”; toda vez que, los autos de presidencia no causan estado,(3) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.
a) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 5/2024.
16. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el defensor particular de la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos reclamados que a continuación se indican:
“1. Del Magistrado Propietario de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: La resolución de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, en el toca penal **********, en la que confirmó la determinación que calificó de legal el traslado del quejoso del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de **********, al Centro Federal de Readaptación Social ********** con sede en **********.
2. Del Juez Primero de Ejecución con sede en León, Guanajuato: La resolución de seis de octubre del dos mil veintitrés que calificó de legal el precitado traslado urgente del quejoso, dentro de la carpeta de ejecución penal **********.
3. Del Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León Guanajuato: La autorización administrativa de tres de octubre del año pasado que ordenó dicho traslado.”(4)
17. Declina competencia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, quien en auto de seis de marzo de dos mil veinticuatro, la registró con el número **********; sin embargo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, determinó carecer de competencia para conocer de la citada demanda, y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, pues a su consideración, fue dentro de la jurisdicción de ese Juzgado donde tuvo ejecución inicial el acto reclamado, además de que ahí radica el juez de la causa ante quien se tramita la carpeta de ejecución penal de origen y en esa misma ciudad inició el traslado material del quejoso hacia el diverso centro penitenciario.
18. Rechaza competencia planteada. Tocó conocer de dicho asunto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien mediante proveído de catorce de marzo siguiente, lo registró con el número de expediente **********, y con apoyo en el tercer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, rechazó la competencia declinada a su favor, pues determinó que en atención a que la parte quejosa señaló en su demanda de amparo indirecto, actos reclamados mixtos y algunos de ellos no requerían ejecución material pues sus efectos eran declarativos, el juzgado competente para conocer del juicio de amparo era en el que se había presentado la demanda; por lo que, ordenó devolver los autos a su lugar de origen.
19. Conflicto competencial: El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, insistió en su incompetencia, por tal motivo, en acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, ordenó remitir el conflicto competencial suscitado, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, para que resolviera qué juzgado era el competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto.
20. Admisión del conflicto competencial: Por acuerdo de presidencia de veintiséis de marzo del presente año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, admitió dicho conflicto competencial y lo registró bajo el número 5/2024, de su índice.
21. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de once de abril de dos mil veinticuatro, el citado Tribunal Colegiado resolvió que era existente el conflicto competencial y determinó que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, era el competente para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por la parte quejosa, de conformidad con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 13/2012, en relación con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos:
22. Refirió que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece:
“Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.
Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.”
(Lo resaltado es de origen).
23. Indicó que del contenido del citado artículo, se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito al conocer de un juicio de amparo, por razón de territorio, atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, dependiendo de si éstos tienen ejecución material o no.
24. En la primera regla se toma en consideración el lugar en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, de aquellos actos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, esto es, por parte de una autoridad ejecutora; de lo cual será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde tenga ejecución el acto reclamado.
25. La segunda regla, es la relativa a que, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, será competente aquel Juez ante quien se haya presentado la demanda de amparo.
26. Finalmente, el presupuesto de la tercera regla, refiere que aquellos actos reclamados que no requieran de una ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
27. Señaló que, el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece una regla general para determinar la competencia del conocimiento de un asunto, en cuanto al territorio.
28. Así las cosas, puntualizó que los actos reclamados por el quejoso tenían distinta naturaleza; pues los que reclama a la Sala y al juez de ejecución, carecen de ejecución material, al ser de naturaleza declarativa; mientras que el diverso acto reclamado al Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato, sí tiene ejecución material, tratándose de un acto de tracto sucesivo.
29. Precisó que los citados actos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, su impacto es meramente declarativo, pues tienden únicamente a resolver que fue correcta la determinación en la que se ordenó el traslado urgente del quejoso, mismo que ya fue ejecutado.
30. Y al ya encontrarse interno en diverso centro de reclusión al que originalmente se encontraba, las citadas determinaciones no se ejecutan, ni requieren ejecución, sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a estimar correcta la orden, sin que se traduzca en un mandato para la autoridad administrativa que lo ordenó, en el sentido de realizar una conducta determinada, dado que el quejoso a la presentación de la demanda ya se encontraba interno en diverso centro de reclusión, con motivo del traslado, y la determinación de las autoridades de primera y segunda instancia no modifica materialmente tal situación.(5)
31. Por lo tanto, enfatizó que esas resoluciones no pueden ser de tracto sucesivo, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 338/2018, resuelta por unanimidad de votos en sesión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la que indicó lo siguiente:
“...al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, entre las sustentadas por...esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, por su naturaleza jurídica, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que la persona de que se trata es ingresada en el otro centro penitenciario...”
32. Por tal motivo, argumentó que los actos reclamados consistentes en la resolución que califica de legal la orden de traslado y la diversa que la confirma, no pueden estimarse como de tracto sucesivo, pues la ejecución de la orden de traslado culminó precisamente con el internamiento del quejoso en el diverso centro de reclusión.
33. Y, por tanto, les resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, por tratarse de un acto que no se ejecuta, ni requiere ejecución material.
34. Robusteció lo anterior, con el criterio de la entonces Cuarta Sala, que dice:
“ACTOS DECLARATIVOS. Por tratarse de un laudo de naturaleza puramente declarativa, la situación jurídica que esta clase de resoluciones determina sin tener principio de ejecución, hacen toda suspensión improcedente, porque concederla equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del amparo; por lo que negar la suspensión en estos casos, no causa agravio alguno que pueda ser reparado por la queja.”.(6)
35. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado al Director del centro penitenciario de origen, consistente en la orden de traslado administrativa urgente, afirmó que éste sí tiene ejecución material, al ser un acto de tracto sucesivo, en razón de que en su ejecución se suscitan una serie de hechos continuos tendentes a su fin, esto es, egresar a un interno de un centro penitenciario para ingresarlo a otro.
36. Mencionó que sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 322/2017-PS, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, estableció que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto interpuesto contra una orden de traslado, se surte a favor del Juez de Distrito que previno.
37. De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.), con registro digital: 2020829, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 933, de rubro y texto:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia.”. 38. Refirió que dichas consideraciones, ponen de manifiesto que el acto consistente en la orden de traslado administrativa urgente, ya ejecutada totalmente, tiene la naturaleza de tracto sucesivo.
39. Caso en el cual, la competencia por prevención solo se puede fincar a Juzgados de Distrito que tengan jurisdicción en los lugares en los que comenzó y concluyó el traslado; es decir, los que ejerzan jurisdicción en el Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social de **********, ********** o en el Centro Federal de Readaptación Social No. **********, en **********.
40. Bajo esa óptica, dijo que se surtían dos reglas distintas de las previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo:
I. Por lo que hace a los primeros dos actos (calificación de legal el traslado y su confirmación) la tercera regla, consistente en que, cuando los actos no requieran ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; es decir, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; y,
II. Por lo que hace, al tercer acto (orden administrativa de traslado urgente), la segunda regla, consistente en que, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, será competente aquel Juez que tenga jurisdicción en los lugares en los que comenzó y concluyó el traslado a prevención; es decir, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León.
41. Casuística múltiple que no se encuentra contemplada en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, pues simplemente no existe previsión alguna que establezca qué órgano jurisdiccional será el legalmente competente en caso de que en una misma demanda de amparo se reclamen actos con ejecución material y sin ejecución.
42. Motivo por el cual, para efecto de establecer a cuál de los dos juzgadores corresponde la competencia del asunto, atendió a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 13/2012, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.),(7) del tenor siguiente:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, y, además, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad”.
43. En ese sentido destacó que, cuando se reclaman en el juicio de amparo indirecto, actos con una naturaleza plural, es decir, unos que sí tienen ejecución material y otros que no la tienen, de conformidad con lo resuelto en la ejecutoria de la contradicción de tesis 13/2012 invocada, ante la falta de regulación expresa para este tipo de supuestos, serán competentes:
a. Los jueces de las jurisdicciones donde se comenzó a ejecutar y sigue ejecutándose o terminó de ejecutarse a prevención; y,
b. El juzgador de más fácil acceso para el justiciable.
44. Esto, acorde con el principio de “continencia de la causa” y en observancia del principio “pro persona” contenido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse involucrado en la especie, el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Constitución Federal y a la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
45. En ese sentido, siguiendo ambos lineamientos, determinó que se surtía la competencia a favor del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, dado que los actos reclamados tienen naturaleza plural y éste es el que conoció del asunto a prevención, además de ser el de más fácil acceso material para las partes, dado que ante el mismo se presentó la demanda.
b) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2024.
46. Marco procesal. Juicio de amparo indirecto. El defensor de la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos reclamados que a continuación se indican:
“1. Del magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, la sentencia de nueve de febrero de dos mil veinticuatro dictada en el toca penal **********, a través de la cual confirmó la determinación por la que se calificó de legal el traslado de ********** del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de **********, ********** al Centro Federal de Readaptación Social ********** con sede en **********, dentro de la carpeta de ejecución **********.
2. Del juez Primero de Ejecución con sede en León, Guanajuato, la resolución de seis de octubre del dos mil veintitrés que califica de legal la determinación administrativa de tres de octubre de dos mil veintitrés que ordenó el traslado urgente de **********, dentro de la carpeta de ejecución penal **********.
3. Del Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León Guanajuato, la autorización administrativa que ordenó el traslado urgente de ********** del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de **********, ********** al Centro Federal de Readaptación Social ********** con sede en **********, **********.”(8)
47. Declina competencia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, quien en auto de seis de marzo de dos mil veinticuatro, la registró con el número **********; sin embargo, determinó carecer de competencia para conocer de la citada demanda por razón de territorio, y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, pues consideró que en esa ciudad radica el juez de la causa ante quien se tramita la carpeta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32868-697854c8/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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