COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que si bien la presente contradicción versa sobre la competencia territorial para conocer del juicio de amparo, cuestión que no es de competencia exclusiva de alguna de las Salas, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado que existen tesis de esta Suprema Corte que orientan la resolución.
8. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formula el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, legitimación que le asiste para denunciar una contradicción de tesis de esta naturaleza, dado que aun cuando los párrafos primero y tercero de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refieren a las denuncias que se presenten ante los Plenos de Circuito respecto de criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se susciten contradicciones de tesis entre las Salas de la Suprema Corte, lo cierto es que en dicho precepto constitucional se omitió regular el supuesto de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, por lo que atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende tutelar con esa institución procesal, debe concluirse que la legitimación de los Jueces de Distrito para denunciar contradicciones de tesis les asiste incluso respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diverso circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, lo sustentado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 259/2009, de la que derivó la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Décima Época. Núm. Registro IUS: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9]
9. TERCERO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
10. Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
11. Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
12. Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)
13. CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que giran en torno a las reglas básicas de competencia que prevé el artículo 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, consideraciones que informan las cuestiones fácticas esenciales de los asuntos sometidos a su jurisdicción.
14. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el conflicto competencial ********** suscitado entre el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para conocer de un juicio de amparo en el que se señalaron como autoridades y actos reclamados los siguientes:
"Juez Sexto de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del D.F. Como ejecutora. Juez Menor Mixto de Tarimoro, Estado de Guanajuato. Secretario autorizado del Juez Menor Mixto de Tarimoro, Estado de Guanajuato. C.C. Actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. C.C. Magistrados integrantes de la H. Décima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. IV. Acto reclamado. La falta de emplazamiento al juicio natural del que emana el acto reclamado y que lo es el juicio especial hipotecario, expediente **********, secretaría ‘B’, registrado bajo el rubro **********, en contra de ********** y desde luego como consecuencia de la falta de emplazamiento la nulidad de todo lo posteriormente actuado incluyendo la sentencia definitiva dictada de fecha 22 de enero del año 2010 y los actos de ejecución dictados en dicha sentencia definitiva en los que se ordenó sacar a remate los siguientes inmuebles: La casa número **********, de la **********, construida sobre el lote de terreno marcado con el número **********, de la **********, del ********** denominado **********, ubicado en el **********; lote de terreno marcado con el número **********, de la **********, del ********** denominado **********, ubicado en el **********; casa marcada con el número **********, de la **********, en la **********; y el departamento en condominio marcado con el número **********, del edificio marcado con el número **********, de la **********, en la **********, y que derivan tales actos reclamados del juicio especial hipotecario, expediente **********, secretaría ‘B’, registrado bajo el rubro **********, en contra de ********** y que se encuentra sustanciándose y tramitándose ante el C. Juez Sexto de lo Civil del Distrito Federal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Acto anterior que se reclama, específicamente de la ordenadora C. Juez Sexto de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. De la ejecutora o sea del C. Juez Menor Mixto de Tarimoro, Estado de Guanajuato, así como de la C. Secretaria autorizada adscrita a dicho juzgado, se reclama la falta de emplazamiento conforme a las formalidades esenciales del procedimiento que conllevó que por la falta de emplazamiento se siguiera el juicio a mis espaldas y derivado del exhorto ********** que fue radicado ante la primera de las autoridades responsables ejecutoras que ordenó practicara el emplazamiento la segunda de éstas y que nunca se practicó conforme a derecho. Acto anterior que se reclama por vicios propios. Los CC. Actuarios adscritos al Juzgado Sexto de lo Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, igualmente la falta de emplazamiento conforme a derecho de los diversos codemandados e inclusive del suscrito. La falta de emplazamiento al juicio conllevó que el hoy quejoso no pudiera contestar la demanda, oponer las excepciones y defensas que a su interés conviniere y desde luego, se le coartara el derecho de interponer los recursos ordinarios que la ley establece, ya que el juicio se siguió a mis espaldas, violándose sus garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley y desde luego la de audiencia. Reclamando igualmente los actos de ejecución que ha dictado la responsable ordenadora en cumplimiento a la sentencia definitiva en la que ha ordenado el trance y remate de los inmuebles propiedad del quejoso, sin haber sido debidamente emplazado a juicio el quejoso y con una serie de violaciones procedimentales que obran en el juicio natural. De los CC. Magistrados integrantes de la H. Décima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las resoluciones dictadas con motivo de los recursos de apelación hechos valer por las partes en el toca **********, y consistentes en la sentencia de fecha 7 de abril de 2010, con motivo de la apelación en contra de la sentencia definitiva. La resolución de fecha 26 de abril de 2011, por la que la Sala aprueba el remate de fecha 24 de enero del año en curso."
15. El Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien previno de la demanda, declaró carecer de competencia porque la diligencia de emplazamiento del juicio de origen, fue practicada por el notificador adscrito al Juzgado Menor Mixto de Tarimoro, en el Estado de Guanajuato, en el exhorto **********, esto es, fuera de la jurisdicción de ese Juzgado de Distrito, precisando que la diligencia de emplazamiento es el acto destacado en la demanda de amparo, toda vez que en el caso hipotético de declararse ilegal el emplazamiento al juicio de origen, lo actuado con posterioridad, tendrá la misma consecuencia.
16. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, tampoco aceptó la competencia porque consideró que en el caso se estaba en el supuesto legal relativo a que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un circuito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez que haya prevenido, lo que justificó atendiendo a que el promovente señaló como autoridades responsables al Juez Menor Mixto de Tarimoro, Guanajuato y a la secretaria autorizada, adscrita a dicho órgano jurisdiccional, de quienes reclamó el citatorio y el emplazamiento que le fue practicado, dentro del exhorto ********** derivado del juicio especial hipotecario ********** del índice del Juzgado Sexto Civil de partido, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y, como consecuencia, la sentencia en él emitida y el remate de diversos bienes, llamamiento a juicio que tuvo lugar en la ciudad de Tarimoro, Guanajuato, por lo que el acto reclamado consiste en el defectuoso llamamiento a juicio; sin embargo, dicho acto no se reclamó aisladamente, sino en relación con una serie de actos procesales que se produjeron dentro del juicio hipotecario de origen y que culminaron con la sentencia condenatoria y el remate de bienes, razón por la cual resulta competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que previno, dado que los actos reclamados continuaron ejecutándose en su jurisdicción, no obstante que el emplazamiento se hubiera practicado en territorio sobre el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. De ahí que si el acto reclamado continuó ejecutándose en territorio sobre el que ejerce jurisdicción el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal estimó que era a él a quien le correspondía conocer del juicio por haber prevenido en el conocimiento del asunto.
17. El Tribunal Colegiado determinó que era competente para conocer del juicio de amparo precisado el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, apoyándose para ello en la siguiente tesis:
"COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión ‘a prevención’ que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." (Octava Época. Núm. Registro IUS: 206707. Instancia: Tercera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, materia común, tesis 3a. XLIX/93, página 13)
18. Lo anterior porque el Noveno Tribunal determinó que del análisis integral de la demanda de amparo se advertía que existía pluralidad de actos reclamados y si bien la parte quejosa reclamó de forma destacada el ilegal emplazamiento que señaló que se actualizó en su perjuicio, también reclamó otros actos dictados en el juicio especial hipotecario **********, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y su ejecución, la cual se llevó a cabo en un distrito diferente al de la práctica del emplazamiento, específicamente, las sentencias de primera y segunda instancias, la orden de remate de diversos inmuebles, así como la resolución que revocó la interlocutoria que no aprobó el remate.
19. Asimismo, el órgano colegiado señaló que de los antecedentes que narraba la quejosa se desprendía que el procedimiento de ejecución de sentencia ocurría ante el Juez Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ante el cual se celebró un remate, se hizo la adjudicación correspondiente a favor de la parte actora, se aprobó dicho remate, y existía la orden para los codemandados de que acudieran a firmar la escritura de adjudicación correspondiente; por lo que con posterioridad al emplazamiento, existieron diversos actos ejecutados y que podrían ejecutarse con motivo del procedimiento de remate, en la jurisdicción del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
20. De esta forma, el Tribunal Colegiado concluyó que como existía pluralidad de actos reclamados ejecutados y que podrían ejecutarse en distritos distintos, se actualizaba la hipótesis de competencia prevista en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo, por lo que era competente para conocer del juicio de amparo aludido el Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, es decir, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
21. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito resolvió el conflicto competencial **********, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya para conocer de un juicio de amparo en el que se señalaron como autoridades y actos reclamados, así como antecedentes los siguientes:
"III. Autoridades responsables. a) La H. Junta Especial No. 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con domicilio en Km. 5 (edificio de Selafe específicamente Sector Laboral Federal), de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas Marfil, en esta ciudad capital. b) El C. Actuario de la H. Junta Especial No. 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con domicilio en Km. 5 (edificio de Selafe específicamente Sector Laboral Federal), de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas Marfil, en esta ciudad capital. IV. Acto reclamado. Constituye el acto reclamado: a) La notificación de emplazamiento a juicio practicada por el actuario adscrito a dicha Junta de fechas 12 y 13 de mayo de 2009, dentro del juicio ordinario laboral No. **********, promovido por el tercero perjudicado. b) El laudo emitido por la responsable dentro del juicio ordinario laboral No. **********, promovido por el tercero perjudicado. c) La totalidad de actuaciones llevadas a cabo por la responsable a mis espaldas, a partir del ilegal emplazamiento. Con fecha 27 y 28 de mayo de 2008 mi representada fue notificada ya que el actor ahora tercero perjudicado ********** presentó demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero dicha autoridad se declaró de oficio incompetente con fundamento en los artículos 527 y 701 de la Ley Federal del Trabajo y remitió el original del expediente a la H. Junta Especial No. 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante acuerdo de fecha 6 de agosto de 2008, esta última dio entrada a la demanda mediante auto de radicación de fecha 14 de agosto de 2008 y señaló como fecha para que tuviera verificativo las 10:00 horas del día 20 de enero de 2009, misma que se difirió por no ser el domicilio correcto sino hasta el día 13 de agosto de 2009. Así las cosas, que en ese juicio se ha dictado laudo, mismo que aquí constituye el acto reclamado. Del cual ahora estoy seguro derivado del acceso que tuve al expediente, en la fecha antes citada (17 de agosto de 2009)."
22. La secretaria en funciones de Juez del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, determinó que carecía de competencia, y que el Juzgado competente era el que tenía jurisdicción donde se ejecutó el acto reclamado, en carretera panamericana Celaya-Salamanca, kilómetro 64.8 en Villagrán, Guanajuato, considerando que del análisis integral de la demanda se desprendía como acto destacado el emplazamiento efectuado en el juicio laboral de origen, así como todo lo actuado en él, incluyendo el laudo, dado que la parte quejosa afirmó que no fue emplazada al juicio en su domicilio, en Celaya, Guanajuato.
23. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, por su parte, refirió que de la demanda de amparo se apreciaba que el quejoso destacaba como acto reclamado el emplazamiento realizado por el actuario adscrito a la Junta Especial Número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guanajuato, capital, practicado el doce y trece de mayo de dos mil nueve en la ciudad de Villagrán, Guanajuato, del que tuvo conocimiento el diecisiete de agosto del año que estaba en curso, fecha en que consultó el expediente laboral del que deriva dicho acto; asimismo, destacó que en sus conceptos de violación pretendía evidenciar vicios en la diligencia de emplazamiento practicado por el actuario de la Junta responsable, acto jurídico al que siguieron diversos en el juicio laboral de origen, que culminó con la emisión del laudo condenatorio.
24. Luego señaló que en el caso se cumplía con la regla de competencia relativa a que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un circuito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24578-95c6195b/competencia-para-conocer-de-un-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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