COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 30 DE ENERO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS RESPECTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El cinco de enero de dos mil doce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (tribunal denunciante) resolvió el conflicto competencial **********, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes:
1. ********** demandó por la vía ejecutiva mercantil de ********** diversas prestaciones. Su conocimiento le correspondió al Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, quien exhortó al Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de Monterrey, Nuevo León, la ejecución de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Previos los trámites de ley, el siete de septiembre de dos mil once, el Juez exhortante dictó sentencia definitiva, en la cual se condenó a la demandada al cumplimiento de las prestaciones reclamadas.
2. Inconforme con la determinación, la demandada interpuso juicio de amparo (ostentándose como tercero extraña a juicio por equiparación, al juicio ejecutivo mercantil),(1) el cual se turnó a la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien, por acuerdo de veinte de octubre de dos mil once, declaró que no podía conocer del asunto, al carecer de competencia territorial, argumentando que la quejosa reclamaba la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León, por lo que como esa diligencia se ejecutó en el Estado de Nuevo León, y atendiendo a lo establecido en el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo,(2) la competencia correspondía a un Juzgado de Distrito en Materias Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, Monterrey. Dicha Juez se apoyó en las tesis: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO."(3) y "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SÓLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN."(4)
3. El juicio de amparo se turnó a la Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, que también se declaró sin competencia territorial para conocer del asunto, argumentando que la quejosa no reclamaba el emplazamiento como un acto aislado, sino en relación con una serie de actos procesales que se produjeron dentro de un procedimiento que culminó con sentencia que causó ejecutoria en el Distrito Federal, por lo que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.(5) Se sustentó en la tesis: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA NO EN FORMA AISLADA EL EMPLAZAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTINUARON EJECUTÁNDOSE EN SU JURISDICCIÓN."(6)
4. Devuelto el asunto a la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil once, dicha Juez insistió en que no era la competente por territorio para conocer del asunto, por lo que remitió las actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno para resolver dicho conflicto competencial.
El asunto se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien determinó que la autoridad jurisdiccional competente por territorio para conocer del juicio de amparo correspondía al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, Monterrey, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
1. La Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León es la autoridad competente, ya que la quejosa (ostentándose como tercero extraña a juicio), además de reclamar todo lo actuado en el juicio natural, incluyendo la sentencia, también reclamó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual se practicó en Monterrey, Nuevo León, a través del exhorto del cual conoció el Juez Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León. Como la ejecución de dicha diligencia tuvo lugar en ese Estado, la tramitación del juicio de amparo en aquel lugar le permitirá a la quejosa ejercer su derecho de defensa con mayor facilidad, lo cual implica mejores posibilidades de defensa y mayor agilidad para presentar y desahogar sus pruebas, además de que los efectos del embargo se prolongan durante todo el tiempo que dure el mismo. Sirven de sustento las tesis: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE."(7) y "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO."(8)
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito (tribunal denunciado) resolvió, el veinticinco de junio de dos mil nueve, el conflicto de competencia **********, del que es necesario conocer los antecedentes que se resumen a continuación:
1. ********** demandó por la vía ejecutiva mercantil de ********** y ********** diversas prestaciones. Su conocimiento le correspondió al Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, quien exhortó al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Chalco, Estado de México, a la realización de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, quien lo llevó a cabo el trece de agosto de mil novecientos noventa y siete.
2. Inconforme con todo lo actuado, **********, ostentándose como tercero extraño al juicio, por equiparación, interpuso juicio de amparo indirecto,(9) cuyo conocimiento le correspondió al Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien, sin embargo, determinó carecer de competencia para conocer del juicio de amparo, argumentando que, en esencia, el acto reclamado consistió en el emplazamiento, el cual se ejecutó en el Estado de México por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Chalco, en el Estado de México, por lo que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Que si bien, cada uno de los actos del proceso jurisdiccional agravian a la parte quejosa, todo ello es consecuencia de uno de ellos: el emplazamiento. Se sustentó en las tesis: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE." y "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA DILIGENCIAR EXHORTO. ES COMPETENTE PARA SU CONOCIMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE."(10)
3. El juicio de amparo se turnó al Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, quien también sostuvo su incompetencia, argumentando que si bien es cierto en un juicio de amparo indirecto, donde la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, el objeto de análisis primordial lo constituye el emplazamiento, también lo es que ese acto no debe ser visto de manera aislada para determinar la competencia del Juez de Distrito que habrá de conocer del dicho juicio, pues tal acto no es el único que se da en el procedimiento como causa del perjuicio, sino todos los actos del procedimiento, incluyendo la sentencia condenatoria y los actos posteriores que tiendan a su cumplimiento, no obstante que sea preponderante el hecho de que el quejoso reclame que no fue oído ni vencido en un procedimiento viciado. Que no debe atenderse sólo al primera regla del artículo 36 de la Ley de Amparo, sino también a la segunda, por lo que la competencia se surtía, a prevención, a favor del Juez declinante. Se sustentó en la tesis: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA NO EN FORMA AISLADA EL EMPLAZAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTINUARON EJECUTÁNDOSE EN SU JURISDICCIÓN.". Además refirió que la tesis: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE.", prevé un supuesto diverso, en el que se reclama en amparo indirecto la orden de embargo como acto de ejecución y, en ese caso, se sostiene que no puede considerarse al exhorto como un acto propio de la ejecución; sin embargo, en el caso presente, sirven de parámetro para resolver la competencia del Juez de Distrito todos los actos del procedimiento que causan perjuicio al quejoso, incluyendo la sentencia que lo condena y actos posteriores tendentes a su cumplimiento, y no sólo el emplazamiento.
El asunto se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien determinó, por mayoría de votos, que el Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León era el competente para conocer del juicio de amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:(11)
• El quejoso considera que se siguió el juicio natural, en todas sus partes, sin haber sido llamado al mismo, y que esta situación derivó del emplazamiento. Dicho juicio se radicó ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, quien giró exhorto al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Chalco, Estado de México, a fin de que emplazara al quejoso en su domicilio. De lo anterior se desprende que el emplazamiento se reclama no como un acto aislado, sino en relación con una serie de actos procesales que culminaron con una sentencia condenatoria que causó ejecutoria.
• Si, como lo señala el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en el Estado de México (emplazamiento) y después siguieron ejecutándose en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, resulta que el Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León es el competente para conocer del juicio de amparo, conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
• Además, el Juez Civil en Chalco, Estado de México, actuó sólo en auxilio del Juez Civil de Monterrey, Nuevo León, conforme al exhorto que le fue girado, a fin de que emplazara al ahora quejoso. Sirve de sustento la tesis: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA NO EN FORMA AISLADA EL EMPLAZAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTINUARON EJECUTÁNDOSE EN SU JURISDICCIÓN."
CUARTO. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(12) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(13)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(14)
De acuerdo con lo anterior, esta Sala estima que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los tribunales contendientes, al ocuparse de resolver los conflictos competenciales números ********** y ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ambos en materia civil.
Lo anterior responde a las siguientes consideraciones:
Los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los conflictos competenciales indicados, en esencia, analizaron una misma situación jurídica, consistente en determinar si el conocimiento de la demanda de amparo, en donde el acto reclamado consiste en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, diligenciado por exhorto, así como todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, le corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se tramitó el juicio de origen y se dictó la sentencia, o al Juez de Distrito en cuya diversa jurisdicción tuvo lugar aquella diligencia.
Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito contendiente determinó que si se promueve juicio de amparo contra todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil, incluyendo la sentencia de condena, pero también se reclama la diligencia de requerimiento, pago y emplazamiento, diligenciado por exhorto, entonces, su conocimiento le corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tuvo lugar la ejecución de esta última diligencia.
Entre tanto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito contendiente determinó, en esencia, que el conocimiento de la demanda de amparo, en donde se reclama el emplazamiento a un juicio ejecutivo mercantil, en relación con una serie de actos procesales que culminaron con una sentencia de condena que causó ejecutoria, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya tramitado el juicio de origen y se haya dictado la sentencia.
De lo anterior resulta que los tribunales mencionados se pronunciaron de manera contradictoria respecto de una misma hipótesis jurídica, lo que evidencia la existencia de la contradicción de criterios, cuya materia consiste en determinar si el conocimiento de la demanda de amparo, en donde los actos reclamados consisten en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, diligenciado por exhorto, así como todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, le corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se tramitó el juicio de origen y se dictó la sentencia, o al Juez de Distrito en cuya diversa jurisdicción tuvo lugar aquella diligencia de exequendo.
QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
El artículo 36 de la Ley de Amparo(15) prevé, de manera específica, que cuando los actos reclamados sí tienen ejecución es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Asimismo, prevé que cuando los actos reclamados no requieren ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese dictado la resolución.
En relación con la primera de las hipótesis legales señaladas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en jurisprudencia, en el sentido de que cuando el amparo se promueve en contra de la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación es solicitada por medio de exhorto, su conocimiento compete al Juez de Distrito del lugar donde se ejecute ese auto (lugar del Juez exhortado), destacando que la orden del Juez que gira el exhorto (Juez exhortante) es sólo una fase previa a los actos propiamente ejecutivos del acto reclamado, dado que la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado.(16)
El contenido de tal criterio jurisprudencial resulta insuficiente para resolver el presente asunto, dado que en los juicios de amparo de los que derivan los criterios competenciales contendientes en la presente contradicción de tesis, los actos reclamados no se circunscriben a la diligencia de embargo únicamente, sino que consisten en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, diligenciado por exhorto, así como en todo lo actuado en los juicios ejecutivos mercantiles de origen, en los que ya existe sentencia ejecutoria de condena.
Bajo esa perspectiva, esta Sala estima que la circunstancia de que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento mediante exhorto se haya ejecutado en la demarcación territorial correspondiente a la jurisdicción del Juez exhortado, si bien constituye un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en su contra, debe advertirse que tal diligencia no era el único acto reclamado en las demandas de amparo que dieron origen a los criterios judiciales contendientes.
Así es, en la especie, los quejosos señalaron también como actos reclamados derivados de los juicios ejecutivos mercantiles respectivos, toda la tramitación de los procesos que culminaron con el dictado de sendas sentencias ejecutorias de condena en contra de los allí quejosos.
Por ello, resulta relevante para el caso considerar que, acorde con las máximas de la experiencia, en la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil, en el cual se emplazó al demandado por medio de exhorto y ha culminado con el dictado de una sentencia ejecutoria de condena, necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material.(17)
En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez que habrá de conocer de la demanda de garantías, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra prevista por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en contra de "todo lo actuado en el juicio".
Así las cosas, acorde con el contenido integral, armónico y a coherencia del artículo 36 de la Ley de Amparo, aunado al principio de "continencia de la causa", puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que se ejecutó mediante exhorto en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material y se dictaron por una autoridad que reside en la jurisdicción de otro juzgador federal. Serán competentes para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo.
Sentado lo anterior, resta ahora definir cuál de esos juzgadores, considerados legalmente competentes por razón de territorio, debe conocer del juicio de garantías en los casos como los que dieron origen a la presente contradicción de tesis, pues la sola aceptación de que ambos son competentes podría conducir al sin sentido de que los dos juzgadores de amparo estimaran que corresponde a su respectivo homólogo el deber de conocer el juicio constitucional, negándose ambos al avocamiento del asunto bajo la premisa de que el otro juzgador es el competente.
Ante la falta de regulación expresa para el caso, esta Sala estima que la competencia se finca a favor del Juez de amparo, de entre ellos, que haya previsto la demanda de garantías, por dos razones fundamentales:
a) Acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando un acto reclamado que sí requiere ejecución material ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. Criterio legal éste que, aplicado analógicamente, permite sostener válidamente que si en la demanda de garantías se reclama el emplazamiento a juicio ejecutado mediante exhorto en un distrito, y todo lo actuado en el juicio que implica la existencia de actos reclamados que no requieren ejecución material dictados por autoridad residente en otro distrito, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención.
b) Atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia,(18) la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese(a) justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado.
Además, con lo anterior se logra impedir que mediante un posible fraude procesal se pretenda practicar el emplazamiento por exhorto en una localidad alejada del lugar donde se lleva el juicio, para con ello dificultar la eventual impugnación mediante amparo de tal acto de llamamiento. Pues en tal escenario, el quejoso puede optar válidamente por promover la demanda de garantías en contra del emplazamiento y de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil (en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena) ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde reside la autoridad que lleva el juicio de origen, sin necesidad de tener que trasladarse a un lugar lejano.
En las relatadas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se contiene en la tesis siguiente:
Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad.
Por lo expuesto anteriormente, y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 195 y 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
RESUELVE:
PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respecto del criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en términos del considerando cuarto de esta resolución.
SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.
TERCERO. Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese;
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: (ponente) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. En contra del emitido por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que hace a la competencia, y por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros (ponente) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. En contra del emitido por el señor Ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, respecto al fondo.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. La parte quejosa reclamó del Juez Trigésimo Cuarto Civil en el Distrito Federal todas y cada una de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 471/2011, a partir de la diligencia de emplazamiento, hasta la última actuación; de los secretarios adscritos a dicho juzgado, todas y cada una de las actuaciones judiciales dictadas en el juicio ejecutivo mercantil 471/2011, a partir del emplazamiento hasta la última que existe; del Juez Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de Monterrey, Nuevo León, la orden de ejecución de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; y de los actuarios adscritos a dicho juzgado, todas y cada una de las notificaciones judiciales, a partir del emplazamiento hasta la última notificación judicial.
2. "Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24384-aaaa29d0/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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