DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 261/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA VIANEY GÓMEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de diferente Circuito, ambos en materia penal, competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) pues fue formulada por **********, por propio derecho y en representación de su hijo **********, en su carácter de quejosa en el juicio de amparo indirecto 462/2018, del que derivó el conflicto competencial 6/2018; criterio contendiente en el presente asunto.
TERCERO.—Criterios en contradicción. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados en conflicto.
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2017.
********** promovió juicio de amparo indirecto en la Ciudad de México, en representación de su sobrino **********, en contra de la desaparición forzada de este último, la cual le fue atribuida al titular de la Secretaría de Marina con domicilio en la Ciudad de México, el Sector Naval de Matamoros, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, con domicilio en Tamaulipas y la Primera Zona Naval Militar, con domicilio en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El Juez de Distrito de la Ciudad de México radicó y registró la demanda de amparo; sin embargo, estimó carecer de competencia legal por razón de territorio y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, en turno, quien tampoco aceptó la competencia declinada y ordenó devolver el expediente.
Mediante sentencia dictada en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el referido Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial 12/2017, determinó que el Juez de Distrito competente para conocer de las demandas de amparo indirecto en las que se reclamen hechos de desaparición forzada es aquel que previno en su conocimiento. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones:
"TERCERO.—Determinación del órgano competente.
"La competencia para conocer del asunto radica en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de derechos fundamentales donde se reclaman hechos constitutivos de desaparición forzada de personas es aquél ante el cual se presenta el escrito correspondiente.
"Para sustentar lo anterior es preciso: a) caracterizar la desaparición forzada como violación grave de derechos fundamentales; b) delinear el procedimiento previsto en la Ley de Amparo para hacer del conocimiento de los juzgados de amparo hechos de desaparición forzada; y, c) esclarecer las reglas de competencia para conocer de las demandas donde se denuncien este tipo de hechos.
"A. La desaparición forzada como violación grave de derechos humanos
"La desaparición forzada es una violación múltiple y compleja de derechos humanos, entre ellos: el derecho a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; a la protección y a la asistencia a la familia; a un nivel de vida adecuado; a la salud; a la educación; al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida. Es un cúmulo de hechos ilícitos que genera una violación múltiple, continuada y, en algunos casos, permanente de derechos y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, ante la naturaleza de los derechos lesionados, la desaparición forzada constituye una violación grave a derechos humanos, en caso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano, que tiene carácter inderogable e imprescriptible. Dado que se coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, cobra especial relevancia que el Estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos; investigarlos; sancionar a los responsables; informar a los familiares el paradero del desaparecido, e indemnizarlos en su caso. Estas obligaciones estatales han alcanzado el carácter de ius cogens.
"De acuerdo con el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ésta es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
"Los elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada son: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos; y, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Según la jurisprudencia del tribunal interamericano, una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos.
"El artículo III de la convención en cita lo caracteriza como un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. La corte interamericana apunta que la privación de la libertad del individuo sólo debe ser entendida como el inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la víctima y los hechos no hayan sido esclarecidos; por tanto, el análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso en consideración. Esto ha sido reconocido de manera reiterada por el derecho internacional de los derechos humanos.
"Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 48/2004, derivada de la controversia constitucional 33/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 968, de rubro y texto siguientes:
"‘DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA.’ (se cita el texto del criterio)
"B. La desaparición forzada como hecho ilícito reclamable ante los Jueces de amparo.
"Las víctimas de desaparición forzada y sus familiares tienen acceso a la vía constitucional para demandar los hechos ilícitos en su vertiente de violación grave a derechos humanos. En efecto, la legislación de la materia prevé un procedimiento especial para la tramitación de la demanda de hechos de desaparición forzada.
"De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Amparo, la víctima de hechos de desaparición forzada puede promover demanda de garantías por sí mismo y, cuando se encuentre imposibilitado para hacerlo, por conducto de cualquier otra persona. La demanda de amparo se puede promover en cualquier tiempo y hora, ya sea por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos.
"Cuando la persona que presente la demanda así lo manifieste o por las circunstancias del caso se desprenda que se trata de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el Juez tendrá un término no mayor de 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión –de oficio y de plano– de los actos, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima.
"Si el juzgado logra la comparecencia del ofendido, se le requerirá para que ratifique la demanda de amparo; sólo así se dará trámite al juicio. Empero, si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, éste debe resolver la suspensión definitiva; ordenar suspender el procedimiento en lo principal y hacer los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda.
"No obstante, del estudio realizado en el apartado precedente se desprende que las características de los hechos de desaparición forzada impiden que éstos sean clasificados como actos reclamados propiamente dichos en un juicio de derechos fundamentales, en el sentido ordinario de la expresión.
"El segundo párrafo del artículo 1o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de derechos fundamentales protege los derechos fundamentales de las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la misma. No obstante, no todo acto emitido por un órgano del Estado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, susceptible de ser revisado en un juicio constitucional.
"En virtud de lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, tiene el carácter de autoridad responsable quien, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o bien, omitan realizar este tipo de actos. De lo anterior se desprende que el carácter de autoridad responsable no se obtiene de su naturaleza formal, sino del acto que se le atribuya.
"Son autoridades para efectos del juicio de amparo quienes disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya sea legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de ejercer actos públicos dotados de imperio y establecer entre ellos y la persona a quien se dirige el acto una relación de supra y subordinación. Lo relevante no es el poder material coactivo, sino el poder de imperio que tiene el Estado (o los particulares que se le equiparen) para afectar jurídicamente la esfera jurídica del gobernado –el cúmulo de derechos y obligaciones– de manera unilateral y vinculante, independientemente de que su eficacia se imponga inmediata o eventualmente por medios diversos. Por tanto, los efectos del acto reclamado se dan principalmente en el plano jurídico.
"La autoridad, ya sea un ente público o un particular actuando con base en una norma general, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado y ejerce una ‘fuerza pública’ entendida en el sentido de ‘imperio’ (de manera unilateral y con efectos obligatorios) y no como poder coactivo material, la cual está facultada legalmente para desplegar el acto de autoridad, esto es, actuando no de manera arbitraria, sino en virtud de la autorización que le otorga una norma jurídica general.
"Apoya lo precedente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de texto y rubro siguientes:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se cita el texto del criterio)
"Aclarado lo anterior, del estudio realizado en el apartado anterior se desprende que la desaparición forzada no constituye un acto de autoridad o acto reclamado en el sentido previamente expuesto.
"En primer lugar, no es un acto de autoridad emitido en el ejercicio de sus facultades legales. Consecuentemente, constituye un actuar ilegal de las autoridades estatales que no se encuentra fundado en una norma general y que, además, constituye un delito. Por ello, no es un acto de autoridad revestido de imperio ni con efectos vinculantes, sino un acto de un agente estatal o de un particular actuando con aquiescencia del Estado, ejerciendo un poder material coactivo, un abuso del poder y el aparato estatal.
"Luego, dado que se caracteriza por la falta de información por parte de las autoridades estatales y la negativa a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona, no es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se estén ejecutando o se hayan ejecutado la multiplicidad de hechos, conductas y omisiones que constituyen el ilícito en comento.
"En vista de lo anterior, no son susceptibles de aplicación las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, las cuales determinan el Juzgado de Distrito competente para conocer del asunto utilizando como criterio el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado.
"Por tanto, es preciso esclarecer la regla de competencia para determinar el juzgado competente para conocer de las demandas de amparo de desaparición forzada.
"C. La competencia para conocer de las demandas de amparo por hechos de desaparición forzada
"El legislador les confirió a los Jueces de Distrito la tutela de los derechos de las víctimas de desaparición forzada mediante la inclusión de este supuesto como hecho ‘reclamable’ mediante la presentación de una demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que el artículo 35 de la ley de la materia prescribe que los Juzgados de Distrito son los órganos competentes para conocer del amparo indirecto y que éste procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como es el caso de hechos de desaparición forzada.
"Dado que uno de los objetivos en el delito de desaparición forzada de personas es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, es fundamental que sus familiares o personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medio para determinar su paradero. En ese sentido, el legislador previó un mecanismo dentro de la Ley de Amparo para determinar el destino de la víctima; determinar si se ha incurrido en una violación a sus derechos humanos, y proveer lo necesario para remediarla.
"El Juez de Distrito, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados y en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 1o. constitucional, se debe avocar a la búsqueda, localización y liberación de las víctimas por todos los medios que estén a su disposición, según las facultades que las leyes le confieran.
"Por tanto, las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, ante una demanda en la que se reclaman actos de desaparición forzada, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado.
"En ese contexto, y tomando en consideración las características apuntadas en el apartado anterior respecto de la desaparición forzada como hecho ilícito ‘reclamable’ vía amparo, es dable concluir que el juzgado competente para conocer de las demandas de amparo en las que se reclamen hechos de desaparición forzada es aquel que previno en su conocimiento. Lo anterior, toda vez que i) no es posible determinar con certeza cuáles son las autoridades responsables, y ii) no es posible precisar exactamente dónde se están ejecutando los hechos. Asimismo, la Ley de Amparo no establece una limitante a la jurisdicción de los Jueces de amparo para conocer de las demandas de desaparición forzada.
"La prevención es un criterio complementario para determinar la competencia cuando varios Jueces pueden ser competentes para conocer de forma simultánea del mismo asunto. En esos casos, es competente el que haya prevenido en la causa, es decir, el que haya conocido primero.
"En el caso concreto, si bien la promovente del juicio constitucional manifestó que la privación de la libertad del quejoso directo sucedió en Valle Hermoso, Tamaulipas, este hecho no es suficiente para estimar que el resto de los actos tendientes a su ejecución se estén llevando cabo en esa entidad ni que sean autoridades con sede en Tamaulipas las que ejecutaron los hechos ilícitos; máxime que, de acuerdo a lo referido por la peticionaria de amparo, las autoridades tamaulipecas no le proporcionaron información sobre el paradero del quejoso. Tan es así, que acudió a realizar la denuncia relativa ante la representación social en la Ciudad de México, localidad en la cual reside y, posteriormente presentó la demanda de garantías ante los Juzgados de Distrito en materia penal en esta metrópoli.
"Esto es conforme con el derecho de las víctimas indirectas a un recurso judicial efectivo. Los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada incluyen aquél a acceder a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.
"El artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el diverso 25.1, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido.
"La corte interamericana ha reiterado que no basta con que se prevea la existencia de recursos, si éstos no resultan efectivos para combatir la violación de los derechos protegidos por la convención. Esta garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el resguardo directo a la persona vulnerada sino, además, a los familiares, quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación en el orden interno.
"En el Caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, el tribunal interamericano señaló que ante hechos de desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares.
"En cuanto a la razonabilidad y efectividad de los recursos, el tribunal interamericano ha señalado que se deben de tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
"En el caso que nos ocupa, es relevante la naturaleza de lo reclamado: una violación grave a derechos fundamentales. Esto se ve reforzado por el hecho de que uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el fin de ocasionar su desaparición forzada. Dado que la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medios para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.
"En ese tenor, la actividad procesal de los familiares de la víctima denota su deseo de acceder a la justicia en la Ciudad de México, localidad donde reside la promovente de amparo y, en particular, dada la renuencia de las autoridades tamaulipecas de atender las solicitudes de información respecto de la víctima de desaparición forzada.
"Luego, toda vez que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México previno en el conocimiento de la demanda de garantías, es competente para conocer de la misma.
"Esta conclusión, en esencia, se sustenta en considerar que la desaparición forzada no es un acto reclamado en el sentido tradicional, sino una violación grave a derechos humanos y un delito. Ello incluso coincide con la racionalidad de las hipótesis genéricas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo que establecen que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o inclusive, cuando éste no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el cual se presente la demanda."
De la ejecutoria anterior se desprendió el criterio I.2o.P.60 P (10a.), de título y subtítulo: "DESAPARICIÓN FORZADA. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR ESOS HECHOS, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO."(2)
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito al resolver el conflicto competencial 6/2018.
Por otra parte, en sesión de once de julio de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito resolvió el conflicto competencial 6/2018; asunto en el cual se determinó que, en los casos en que el acto reclamado, consista en la desaparición forzada de una persona, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe considerarse competente al Juez que tiene jurisdicción en el lugar en que se ejecutó el acto reclamado.
La anterior conclusión se alcanzó a través de las consideraciones siguientes:
"TERCERO.—Se determina que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, es el legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por ********** como quejosa y a nombre de su hijo **********, con base en las razones siguientes:
"Para así establecerlo en primer término debe tenerse en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia por razón de territorio –que es la aquí debatida– para conocer de una demanda de amparo, siendo las siguientes:
"a) Cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar en deba, trate, se esté o se haya ejecutado.
"b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda.
"c) Finalmente, cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el Juez en cuya jurisdicción se presente el libelo.
"Para entender estas reglas de forma adecuada, es necesario acudir a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los supuestos de competencia territorial de los Jueces de Distrito.
"Debe señalarse que la mayor parte de esa jurisprudencia se emitió a la luz de la Ley de Amparo actualmente abrogada, sin embargo, en términos del artículo sexto transitorio de la normativa vigente, es posible considerarla aplicable para la interpretación de los dos primeros párrafos del artículo 37 de la ley en vigor, en la parte que guardan identidad sustancial con lo que establecían los dos primeros párrafos del artículo 36 de la normativa abrogada, como se evidencia con el siguiente recuadro (énfasis y subrayado añadidos):
"...
"De la tabla antes trascrita puede advertirse que el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada previene una regla de competencia prácticamente idéntica a la que actualmente regula el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.
"Así se afirma porque ambos reglamentan la jurisdicción territorial de los Jueces de Distrito al conocer de una demanda de amparo promovida contra actos que deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se ejecuten o se hayan ejecutado, es decir, actos que ameritan una ejecución material, en cuyo caso, la competencia se finca precisamente en el Juez de Distrito donde –valga la redundancia– se materializará esa ejecución, sin importar el lugar donde se haya ordenado el acto.
"Así lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 37/2004, «con número de registro digital: 181369», de rubro y texto siguientes:
"‘COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe el texto del criterio)
"Ese criterio ha sido retomado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso ya en interpretación de la Ley de Amparo en vigor, como se aprecia de la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), «con número de registro digital: 2009409», intitulada y compendiada como sigue:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.’ (se transcribe el texto del criterio)
"Por otra parte, el segundo párrafo de ambas legislaciones también guarda cierta semejanza, pero a su vez contiene una modificación importante.
"En cuanto a lo que es similar se tiene que la regla de competencia establecida en dichos enunciados normativos se hace depender, en primer lugar, de la existencia de un acto de autoridad que requiere ejecución material y, en segundo término, que esa ejecución material pueda acontecer en más de un distrito judicial.
"Esto es, para la actualización de ese párrafo se requiere determinar la naturaleza ejecutiva del acto de autoridad y que dicha ejecución pueda materializarse en más de un distrito judicial. Esta es la parte similar de ambas legislaciones.
"Sobre el tema es ilustrativa la tesis 3a. XLIX/93, «con número de registro digital: 206707», de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y epítome siguientes:
"‘COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.’ (se transcribe el texto del criterio)
Ahora bien, es importante destacar que la nueva Ley de Amparo contiene un enunciado diferente en el citado segundo párrafo de su artículo 37, aquel que indica: ‘puede tener ejecución’. Esta frase en realidad no implica una modificación de los dos requisitos que se vienen comentando para actualizar la competencia territorial, a saber: que el acto reclamado sea ejecutable y pueda materializarse esa ejecución en más de un distrito judicial.
"A fin de entender este agregado a la disposición normativa deben contestarse las siguientes preguntas: ¿Puede actualizarse el supuesto de competencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo tan sólo ante una sospecha vaga, futura e incierta de que el acto reclamado se haya ejecutado o pueda ejecutarse en más de un distrito judicial? Dicho de otro modo, ¿el desconocimiento de que el acto reclamado pueda o no continuar ejecutándose en distintos distritos judiciales permite la actualización de esta hipótesis de competencia? La respuesta a esta interrogante desde luego debe ser negativa.
"Para así sostenerlo es importante recordar que al resolver la contradicción de tesis 96/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son susceptibles de ser suspendidos conforme a las prevenciones de la ley de la materia.
"En este sentido, estableció la Corte, a pesar de que los actos reclamados pudieran ejecutarse en cualq
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29329-0e1ce790/desaparicion-forzada-de-personas-la-competencia-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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