RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO O DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO EN EL QUE SE ACEPTA TÁCITA O EXPRESAMENTE LA COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, TAISSIA CRUZ PARCERO Y GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. DISIDENTE: JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. PONENTE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIA: MAYRA LEÓN COLÍN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de siete de julio de dos mil quince.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis **********.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Antecedentes y trámite:
I. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunciaron la existencia de una posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese tribunal, al resolver el toca de la queja penal **********, con relación al tema consistente en que debe analizarse en el recurso de queja, la demanda de amparo indirecto mal admitida porque el órgano de control constitucional resulta incompetente, que dio origen a la tesis aislada I.7o.P.27 P (10a.), de rubro: "COMPETENCIA. DEBE ANALIZARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CON BASE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, POR INDEBIDA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.";(1) así como el criterio esgrimido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca de la queja penal ********** del que resultó la tesis aislada I.2o.P.2 K (10a.), de epígrafe: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA POR OTRO Y ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO."(2)
II. Por auto de doce de septiembre de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, por lo que, con la copia certificada de la resolución dictada por el tribunal denunciante en el recurso de queja **********, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número **********, y requirió a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja penal **********, de la cual derivó la tesis de rubro mencionado con anterioridad, y que informara si el criterio sustentado en el asunto, aún se encontraba vigente, superado o abandonado.
III. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Penal de este circuito, agregó a los autos el oficio de la entonces Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que remitió copia certificada del recurso de queja **********, así como el señalamiento de que el criterio sustentado en ésta aún estaba vigente.
En el mismo proveído, dispuso que se turnara el asunto al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
SEGUNDO.-Por acuerdo de quince de enero de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Penal de este circuito integró al presente expediente el oficio y anexos remitidos por el secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se remitió copia certificada del recurso de queja **********, a efecto de adherir dicho criterio a los contendientes en la posible contradicción de tesis en que se actúa.
TERCERO.-El veintiuno de enero de la presente anualidad, con motivo de la nueva integración del precitado Pleno, se turnó a la Magistrada Silvia Carrasco Corona, el presente asunto para la formulación del proyecto de resolución respectivo; sin embargo, y en atención al Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de veintiocho de abril de dos mil quince, el asunto fue turnado al Magistrado Horacio Armando Hernández Orozco para formular el proyecto de resolución en términos de los artículos 28 y 46 del citado acuerdo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del órgano denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, quienes están facultados para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del circuito al que pertenecen, de conformidad con el precepto 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario relatar, en lo que interesa, las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Segundo y Cuarto en Materia Penal de este circuito.
I. Parte relativa de la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la queja penal **********.
"QUINTO.-En síntesis, el recurrente expresó como agravio el siguiente:
"1. De conformidad con lo que establecen los artículos 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley de Amparo, la autoridad constitucional que debe conocer del juicio de derechos fundamentales, de donde deriva esta queja, es el Tribunal Unitario más próximo en residencia, dentro del mismo Décimo Séptimo Circuito, donde ejerce jurisdicción el Tercer Tribunal Unitario señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo promovido por **********.
"Por tanto, la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, debió declinar la competencia para conocer del juicio uniinstancial.
"En apoyo a sus consideraciones, reproduce la tesis de jurisprudencia con el epígrafe: ‘COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’
"SEXTO.-Como cuestión previa, conviene señalar que este tribunal actuará velando, ante todo, los derechos humanos de quienes actúan en el juicio de amparo, con base en la normatividad constitucional y convencional expedida con anterioridad a la publicación del Acuerdo General 11/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
"Cabe citar al caso, la tesis de jurisprudencia I.7o.P. J/1 (10a.), de este tribunal, visible en la página 1163 del Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto:
"‘DERECHOS HUMANOS LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN DEBEN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZARLOS, ASÍ COMO INTERPRETAR Y APLICAR RETROACTIVAMENTE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EXPEDIDA CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL 11/2012 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, NO SÓLO EN FAVOR DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, SINO TAMBIÉN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.-Acorde con el artículo primero del Acuerdo General 11/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal sobre la normativa y actuación de órganos jurisdiccionales y administrativos en términos del quinto párrafo del artículo 1, constitucional, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil doce, en vigor al día siguiente, los tribunales de la federación deberán interpretar y aplicar retroactivamente la normativa constitucional y convencional expedida con anterioridad a la publicación de ese acuerdo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once. Lo anterior a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reparar sus violaciones en los términos que establezca la ley, no sólo en favor del sujeto activo del delito, sino también de la víctima u ofendido.’
"Bajo tal premisa, se impone señalar que del estudio integral del asunto, se arriba a la conclusión que es fundado el recurso de queja planteado por el recurrente.
"A efecto de establecer lo anterior, debe puntualizarse que como quedó precisado en los apartados precedentes, en el caso, el accionante de amparo reclamó, entre otros actos: ‘la omisión de cualquier tipo de notificación respecto a mi estatus jurídico y estado del proceso que guarda el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal ********** que debió radicarse en el Tercer Tribunal Unitario de Circuito del Estado de Chihuahua (Décimo Séptimo Circuito), con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, imputable a su titular; violentando con ello, el derecho humano de acceso a la justicia y a una efectiva tutela judicial.’
"Con motivo de esta situación, en virtud de que la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y que, por razón de turno correspondió conocer al titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien en lo que atañe a ese acto, se declaró incompetente, por estimar que en términos de lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, jurídicamente no le es posible conocer de ese asunto.
"Por ese motivo, con apoyo en lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, remitió copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito, para que la enviara a su vez al órgano que por razón de turno correspondiera.
"Atento a lo anterior, la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, aceptó la competencia planteada, admitió la demanda y se avocó al conocimiento del asunto.
"Lo anterior, a consideración de este tribunal, es incorrecto, en virtud que la demanda de amparo de que se trata fue mal admitida porque la Magistrada de este circuito, resulta incompetente por razón de territorio.
"En efecto, del análisis de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 326/2011 de la que derivó la jurisprudencia 14/2012 (sic), de rubro: ‘COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’, como correctamente lo afirma el recurrente, la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, no debió haber admitido la demanda de amparo de que se trata, porque al respecto, existen reglas específicas de competencia que rigen para los Tribunales Unitarios.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la mencionada tesis de jurisprudencia, consideró que el contenido del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no admite alguna otra interpretación que la de la regla territorial de competencia específica para el conocimiento de los Tribunales Unitarios de Circuito, sin hacer distinción sobre si el acto tiene o no ejecución material; lo que excluye la aplicación de los artículos reguladores de la competencia territorial general tratándose de Jueces de Distrito, como lo era en su momento el artículo 36 de la ley abrogada (ahora 39 de la ley en vigor), que contempla la ejecución del acto reclamado, pues donde la ley no distingue, no corresponde al órgano jurisdiccional hacerlo.
"Estos argumentos fueron convalidados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintiséis de marzo de dos mil catorce, la modificación de jurisprudencia 1/2013, solicitada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en relación con la jurisprudencia 14/2012 emitida por esa Sala, al resolver la contradicción de tesis 326/2011.
"Determinación que en su aspecto medular, en lo que corresponde para resolver el presente recurso, establece:
"‘Criterio que se solicita sustituir. En sesión de dieciséis de noviembre de dos mil once, esta Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 326/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito así como los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Penal del Segundo Circuito.-El primer bloque de tribunales sostuvo una misma postura, al resolver que cuando el acto reclamado a un Tribunal Unitario de Circuito era de aquellos que requerían ejecución material, debían atenderse las reglas de competencia del artículo 36 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si bien el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que tratándose de juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos que no constituyen sentencia definitiva, debe conocer el Tribunal Unitario de Circuito más próximo al lugar de residencia del órgano jurisdiccional similar responsable; o bien, cuando existan dos o más en el mismo lugar, debe hacerlo otro del mismo circuito al que emitió el acto reclamado, lo cierto es que tal disposición no se contradice con la regla de competencia prevista en el citado artículo 36 de la Ley de Amparo, ya que por el contrario, guardan íntima relación y se complementan.-Por su parte, el otro tribunal contendiente estimó que el artículo 29, fracción I, del ordenamiento citado, consagra una regla expresa para definir la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en contra de actos emitidos por otro, por lo que esta disposición excluía el diverso artículo 36 de la Ley de Amparo, delimitado a casos no conocidos por dichos tribunales, en función de amparo, sino por Juzgados de Distrito.-Con base en los criterios sustentados por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito, el punto jurídico a dilucidar en esa contradicción de criterios consistió en determinar si para establecer la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito, en el conocimiento de un amparo indirecto de la resolución dictada por otro tribunal de la misma jerarquía, que confirma un auto de formal prisión, eran aplicables las reglas competenciales previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo; o bien, si sólo debía atenderse la regla prevista en la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-La ejecutoria se ocupó de establecer que el conocimiento del amparo indirecto promovido en contra de la resolución reclamada de otro tribunal de igual jerarquía que confirma un auto de formal prisión, corresponde al órgano de control constitucional más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado, atendiendo al contenido del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-Al respecto, se partió de la premisa de que si bien conforme a la regla prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo debía atenderse la ejecución material del acto reclamado, como sería un auto de formal prisión resuelto por un tribunal de apelación, lo cierto es que ello se delimitaba a los juicios del orden común, y no federal, de los cuales conocían los Jueces de Distrito en funciones de amparo, al revisar los actos de autoridad reclamados a aquellas autoridades señaladas como responsables; mas ello no se actualizaba en los diversos supuestos de los actos reclamados a Tribunales Unitarios de Circuito, tramitados y resueltos por otros de la misma jerarquía en funciones de amparo.-Por tanto, se distinguieron los diversos supuestos jurídicos y su respectiva regulación en sendas esferas competenciales para los efectos del conocimiento, trámite y resolución del juicio de amparo indirecto.-Las consideraciones sustentadas por esta Primera Sala son, en lo que interesa, las siguientes: a. De las ejecutorias analizadas se advierte que el acto reclamado en los amparos indirectos resueltos por ellas consistió en la resolución emitida por un Tribunal Unitario de Circuito, que confirmó en vía de apelación el auto de formal prisión dictado por un Juez de Distrito.-b. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten las reglas generales de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto que son: i. La competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residen las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.-ii. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención.-iii Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado.-c. El artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito, y por cuanto hace al juicio de amparo dispone que conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyan sentencia definitiva, más próximo a la residencia del que haya emitido el acto impugnado.-d. En relación al precepto mencionado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 4/97, de rubro: «COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO.».-e. En la ejecutoria de la contradicción antes mencionada este Alto Tribunal resolvió que en atención a las reformas que dieron origen al contenido del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se abandonaron las reglas genéricas estatuidas para definir el órgano constitucional facultado para examinar los actos emitidos por un Tribunal Unitario de Circuito, en virtud que antes de las citadas reformas correspondía a un Juzgado de Distrito que se encontrara en distinta jurisdicción su conocimiento, es decir, a un órgano jerárquicamente inferior a un Tribunal Unitario de Circuito, conocer de la constitucionalidad de los actos pronunciados por este último.-f. En relación con lo anterior, se superaron las reglas que rigen al juicio de amparo indirecto tramitado ante Juez de Distrito, porque la intención del legislador fue establecer nuevas reglas de distribución de competencia para conocer de los amparos indirectos en dicha hipótesis.-g. El Pleno resolvió además la diversa contradicción de tesis 11/97 que dio origen a la jurisprudencia de rubro: «TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LIMITA A LA MATERIA PENAL.».-h. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia referida se determinó que los artículos 107 constitucional y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformados, no deben interpretarse de manera literal sino de manera sistematizada, por lo que se advierte que la intención del legislador fue la de otorgar la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en contra de actos jurisdiccionales de un Tribunal Unitario de Circuito a otro de la misma jerarquía más próximo a la residencia de aquél, entendiéndose por esto último, al tribunal de igual residencia en caso de existir más de uno, esto es, dicho precepto legal alude a un criterio territorial, sin hacer distinción sobre si el acto reclamado tiene o no ejecución material.-i. Por tanto, el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no admite interpretación distinta a la regla territorial de competencia específica para conocer de los juicios de amparo indirecto en contra de actos emitidos por los Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencia definitiva, como es la resolución que confirma un auto de formal prisión; lo cual, excluye la aplicación de los preceptos que regulan el mismo supuesto tratándose de Jueces de Distrito, entre ellos, el artículo 36 de la Ley de Amparo, que define la competencia territorial.-j. El criterio establecido favorece la unidad, concentración y seguridad jurídica de los procesos penales, pues en aquellos casos en los que la causa penal se siga en contra de dos o más inculpados que estén internos en centros de reclusión distintos y estos interpongan recurso de apelación contra el auto de formal prisión, el cual deberá ser resuelto por el Tribunal Unitario que sea el superior jerárquico del Juez que instruye el proceso, el conocimiento de los diversos juicios de amparo que en su caso se promuevan contra esta determinación, se concentrará en el Tribunal Unitario más próximo a la residencia del que emitió el acto reclamado.-k. Bajo el criterio anterior, se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, con la finalidad de evitar multiplicidad de resoluciones que podrían ser contradictorias.-La jurisprudencia resultante fue la siguiente: «COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.-El citado precepto prevé que los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante Juez de Distrito; en estos casos, el Tribunal Unitario de Circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador.».-«Consideraciones de la solicitud. El Tribunal Colegiado de Circuito solicitante expone, en esencia, que debe sustituirse la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las siguientes razones: a. La jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (sic) no se aviene al principio pro persona, y desde el punto de vista penal, tampoco al principio de presunción de inocencia.-b. El artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que el órgano competente para conocer de una demanda de amparo promovida contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito es otro Tribunal Unitario, el más cercano, regla de la cual no deriva excepción alguna en relación con la ejecución material del acto reclamado.-c. El sistema competencial de los juzgadores de amparo se encuentra inmerso tanto en la Ley de Amparo, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que a partir de ese sistema de normas, la regla especial para determinar la competencia territorial de los juicios de amparo indirecto, en función del acto reclamado, se encuentra prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo, el cual sostiene que si el acto reclamado tiene ejecución material será compet
nte el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado.-d. En ese sentido, aun cuando el mencionado precepto se refiere a Juzgados de Distrito y no a Tribunales Unitarios de Circuito, ello se debió a que estos últimos originalmente no eran autoridades de amparo.-e. Ahora bien, el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que reglamentó la designación que la Constitución hizo de los Tribunales Unitarios de Circuito como juzgadores de amparo indirecto, no distingue entre si los actos requieren o no ejecución material, por lo que el artículo 36 de la Ley de Amparo podría seguir siendo aplicable respecto de la competencia territorial por la ejecución de los actos.-f. La interpretación gramatical llevada a cabo por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podría llegar al extremo de que el Tribunal Unitario de Circuito más cercano a aquel que hubiera emitido el acto reclamado tuviera una especialidad diversa al que emitió el acto.-g. El artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debe entenderse de la siguiente manera: a. Regla general: en los amparos promovidos contra actos emitidos por Tribunales Unitarios, será competente otro Tribunal Unitario más próximo a la residencia de aquél.-b. Reglas de excepción: si el acto requiere ejecución material, será competente el Tribunal Unitario en cuya jurisdicción deba tenerla, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Si el acto es de una materia diferente a la del tribunal al que correspondiera competencia por la emisión o ejecución del acto, será competente el Tribunal Unitario de la materia correspondiente más próximo a la autoridad que lo emite o donde se verifique su ejecución cuando la requiera.-h. De una interpretación funcional del mencionado artículo del Poder Judicial de la Federación se advierte que dicha ley obedeció a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que si el propósito de la reforma, consistió en incluir a los Tribunales Unitarios de Circuito como autoridades de amparo indirecto por una cuestión de jerarquía, la proximidad sólo actúa como idea clarificadora, pero no como una asignación de competencia exclusiva, al grado de privar a esos tribunales de las reglas competenciales que prevé la Ley de Amparo.-i. Las interpretaciones realizadas, son acordes con los principios pro persona y presunción de inocencia para los actos en los que en su ejecución se afecte la libertad de los quejosos, en virtud que con ese criterio se les beneficiaría más, pues en caso de que conociera un Tribunal Unitario de otro circuito al en que se encuentra el quejoso, éste debería de litigar el juicio en otra ciudad lo que sería en su detrimento.-j. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/97, estimó aplicable el artículo 36 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de los Tribunales Unitarios, en virtud de la ejecución de los actos reclamados, por lo que podría reconsiderarse el argumento sustentado por la Primera Sala en la tesis que se pretende sustituir. Lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte no estudió de manera aislada el texto del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sino que lo relacionó y dio sentido de manera coordinada con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo.-VII. Estudio de fondo.-No procede sustituir la jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (sic), sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: <COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.>.-Como se adelantó, en la ejecutoria de la que resultó la jurisprudencia, cuya sustitución se solicita, se estudió lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo que establece las reglas generales de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto consistentes en: i. La competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residen las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; y, ii. Cuando el acto reclamado se comenzó a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención.-Por otra parte, se destacó el contenido del artículo 29, fracción I, de la Ley O
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25849-1c822593/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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