QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL AMPARO DEL QUE DERIVA DICHO RECURSO SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO A PARTIR DE QUE EL JUEZ INICIA SU TRÁMITE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que no requiere la intervención del Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, y en la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por una de los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes:
1. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 106/2011. Los antecedentes del mismo, son los que a continuación se sintetizan:
Ver antecedentes 1
En la aludida resolución del recurso de queja 106/2011, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó lo siguiente:
"TERCERO. No obstante haberse transcrito tanto el acuerdo recurrido como los agravios hechos valer, no se analizarán debido a que este tribunal resulta legalmente incompetente para dirimir el presente medio de impugnación.
"Es así, porque mediante proveído de presidencia de veintiséis de enero de dos mil doce, este órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conceder (sic) del amparo uniinstancial 76/2012, del que, precisamente, emerge el recurso de queja que se atiende, debido a que el acto tildado no constituye una sentencia definitiva ni resolución que hubiera puesto fin al juicio, ordenándose remitir las actuaciones correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado, para que a la vez las enviara al que estuviera en turno.
"Por tal virtud, si este tribunal, por razón de la vía, es legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo del que emerge la presente queja, obvio es que también lo sea para resolver este medio de impugnación, atento a los principios generales de derecho que refieren: Accessorium naturam sequi congruit principalis y Accessorium sequitur naturam sui principalis que, respectivamente, quieren decir: ‘Corresponde a lo accesorio seguir la naturaleza de lo principal’ y ‘Lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal’.
"...
"Atentas las anteriores consideraciones, este tribunal no comparte la tesis X.1o.13 K, publicada en la página 587 del Tomo II, de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que preceptúa: ‘QUEJA SIN MATERIA.’ (se transcribe), debido a que, como se vio, lo que procede en los casos como el que se analiza, es decir, cuando el Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de la demanda de garantías uniinstancial y ordena su remisión a un Juzgado de Distrito, el recurso de queja debe seguir la misma suerte que el amparo, mas no dejarlo sin materia, de ahí que habrá de hacerse la denuncia de contradicción correspondiente.
"En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar que, por razón de la vía, este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer el recurso de queja que se atiende."
2. Criterio del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 21/1995. Los antecedentes del mismo, son los que a continuación se sintetizan:
Ver antecedentes 2
En la aludida resolución del recurso de queja 21/1995, el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró lo siguiente:
"TERCERO. Carece de materia el presente recurso de queja. En efecto, este Primer Tribunal Colegiado, en sesión plenaria celebrada en esta misma fecha, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo directo laboral 444/95, que promovió el **********, por conducto de su secretario general **********, en contra de la resolución emitida el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, que ordena el archivo del expediente de huelga **********, como asunto total y legalmente concluido, poniendo fin al procedimiento de huelga que promovieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Tabasco con residencia en esa ciudad; por lo que se ordenó remitir al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco en turno, con residencia en Villahermosa, el expediente de emplazamiento a huelga y el amparo directo antes mencionados.
"Ahora bien, como el presente recurso de queja se interpuso en contra de la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para proveer en el término legal, sobre la suspensión del acto reclamado que le fue solicitado, respecto al juicio de amparo directo antes mencionado; es evidente que ya no es dable jurídicamente decidir al respecto, debido a que este Tribunal Colegiado declaró competente al Juez de Distrito en turno en esta entidad federativa para conocer del juicio de garantías que promovió el **********, de donde deriva el motivo de la queja.
"Por consiguiente, debe estimarse que lo procedente es declarar sin materia el recurso de queja que se interpone."
De los anteriores argumentos derivó la tesis aislada de rubro y texto:
"QUEJA SIN MATERIA. Si el Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de la demanda de garantías en única instancia y ordena su remisión a un Juzgado de Distrito, el recurso de queja interpuesto con motivo de la suspensión solicitada a la autoridad responsable, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, queda sin materia, pues en este caso, la medida suspensional deberá regirse por el capítulo III, título segundo, del libro primero de la propia ley."(2)
CUARTO. Existencia de la contradicción. Como cuestión previa debe establecerse si en el caso existe mérito para establecer la contradicción de tesis denunciada.
Con la finalidad de definir tal aspecto, es necesario tener presente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que una contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
Así, de conformidad con el anterior criterio, la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(4) emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.
Conforme a lo anterior, debe ahora precisarse si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al emitir resolución en el recurso de queja número 106/2011, interpuesto en contra del auto dictado por el Juez Quinto de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, en el que concedió la suspensión del acto señalado como reclamado en un juicio de amparo y fijó una garantía para tal efecto, se declaró legalmente incompetente, por vía de consecuencia de la declaratoria de incompetencia decretada al resolver el amparo uniinstancial del que emergió la queja, pues el acto reclamado no constituía una sentencia definitiva ni una resolución que pusiera fin al juicio.
El referido tribunal estimó que la declaratoria de incompetencia para conocer de un juicio de amparo directo, obligaba a declararse de la misma manera para resolver el recurso de queja, atento a los principios generales de derecho que refieren: Accessorium naturam sequi congruit principalis y Accessorium sequitur naturam sui principalis,(5) asimismo, ordenó que este último medio de impugnación también fuera resuelto por el mismo Juez de Distrito, a quien por turno tocara conocer de la demanda de amparo.
Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 21/1995, interpuesto en contra de la omisión de la autoridad responsable de proveer en el término legal sobre la suspensión del acto reclamado, determinó que dicho medio de defensa carecía de materia, en virtud de que el Pleno del referido órgano jurisdiccional colegiado se había declarado incompetente para conocer del juicio de amparo directo y había ordenado remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco en turno.
Derivado de lo anterior, en ambos casos concurrieron las siguientes circunstancias:
- Se presentó demanda de amparo ante una autoridad señalada como responsable a efecto de que se remitiera a un Tribunal Colegiado de Circuito y se solicitó la suspensión del acto reclamado.
- Se interpuso recurso de queja relacionado con la actuación u omisión a proveer de la autoridad responsable, con respecto a la suspensión del acto reclamado.
- El Tribunal Colegiado de Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de garantías y ordenó remitir el asunto a un Juez de Distrito.
No pasa inadvertido que el recurso de queja del conocimiento del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se interpuso con fundamento en el artículo 95, fracciones II y VII, de la Ley de Amparo; mientras que el diverso resuelto por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, se presentó en términos de la fracción VIII del referido precepto legal; sin embargo, en ambos casos el supuesto de procedencia es el previsto en la fracción VIII del mencionado artículo 95 de la Ley de Amparo, como se advierte de su contenido literal:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"...
"VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados."
Esto es así, pues en el primero de los recursos en cita, el promovente incurrió en un error que no correspondía al supuesto jurídico impugnado, ya que la primera de las fracciones se refiere al exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado (fracción II), y la otra, a las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión en amparo indirecto (fracción VII).
No obstante esa invocación, los recursos de queja de los que surgieron los criterios en contrario, tienen como objeto de impugnación un acto u omisión relacionado con la suspensión del acto reclamado en amparo directo, lo que permite advertir que se analizó un mismo supuesto normativo: el recurso de queja previsto en la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo.
Al respecto, esta Primera Sala ya se ha pronunciado en el sentido de que si el promovente de un recurso de queja establecido en el artículo 95 de la Ley de Amparo, incurre en error al interponerlo en la precisión de la fracción, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de aquél, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, deberá enmendar dicho yerro y avocarse a su análisis y resolución.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PROMOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Así, la figura de la ‘corrección judicial del error’, la cual in genere implica el deber de subsanar los errores en que incurrió el inconforme en la invocación de las normas jurídicas, a fin de que pueda examinarse la cuestión litigiosa planteada, constituye un mecanismo legal que otorga vigencia al citado precepto fundamental. Por tanto, si el promovente de un recurso de queja establecido en el artículo 95 de la Ley de Amparo, al interponerlo incurre en error por cuanto se refiere a la precisión de la fracción en la cual está previsto el supuesto jurídico que pretende combatir, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de aquél, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, deberá enmendar dicho yerro y avocarse a su análisis y resolución. Lo anterior, siempre y cuando, conforme a los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Amparo, la interposición del recurso se hubiere efectuado dentro del plazo y con los requisitos expresamente establecidos para la fracción que prevé la hipótesis planteada, suplencia técnica que no implica cambiar un recurso por otro distinto, pues únicamente consiste en precisar la fracción correcta en la que encuadra la inconformidad respectiva."(6)
Precisados los aspectos similares de ambas ejecutorias, se procede a establecer sus discrepancias.
Mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de queja, por consecuencia de su legal incompetencia para resolver el juicio de amparo del que emergió dicho medio de defensa a favor de un Juez de Distrito; el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito determinó que lo conducente, en ese mismo supuesto, era declarar sin materia el recurso de queja.
En consecuencia, es indudable que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron un mismo tema jurídico arribando a conclusiones diversas, por lo que se estima que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
Por tanto, se fija como punto de contradicción, determinar la forma cómo debe pronunciarse un Tribunal Colegiado en relación con una queja interpuesta en términos del artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el amparo del que emana dicho medio de defensa se remite por incompetencia a un Juzgado de Distrito.
QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, el cual deriva de la propia interpretación de la Primera Sala de este Alto Tribunal.
Resulta aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO."(7)
En primer término, debemos tener presente lo previsto en los artículos 44, 169 y 170 de la Ley de Amparo.(8) Conforme a dichos preceptos, el juicio de amparo directo debe promoverse por conducto de la autoridad responsable, quien funge como auxiliar de la Justicia Federal para decidir sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado, para posteriormente remitir la demanda al Tribunal Colegiado correspondiente, junto con los autos originales y su informe justificado.
En contra de las autoridades responsables, en relación con los juicios de amparo directo cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o puedan resultar insuficientes, cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso que la sentencia imponga la pena de privación de libertad si procede, o cuando las resoluciones sobre la misma materia causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados, esto es, cuestiones relacionadas con la suspensión en los amparos directos, procede el recurso de queja en términos de la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo: Resulta aplicable al caso, la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte:
"QUEJA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN O QUE FIJA EL MONTO DE LA FIANZA EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA REPARAR, POR REGLA GENERAL, LOS VICIOS QUE SE EXPONGAN EN RELACIÓN CON SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De la interpretación de los artículos 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, 173 y 174 de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde al presidente del tribunal o Junta responsable pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de los actos reclamados en el juicio de amparo directo en materia laboral, así como, en su caso, fijar el monto de la fianza, actuando en auxilio de la Justicia Federal y en ese aspecto se convierte en un órgano de amparo al decidir sobre esa medida cautelar, cuyas decisiones puede revisar un Tribunal Colegiado de Circuito a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VIII, de la mencionada ley reglamentaria. En ese sentido, resulta evidente que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver dicho recurso, puede asumir plenitud de jurisdicción para subsanar los vicios relacionados con la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, por tratarse de irregularidades cometidas en una resolución de amparo directo, no en una instancia común, además de que la suspensión en este tipo de juicios se resuelve de plano, dada la urgencia e inmediatez de esa medida, por lo que sería contrario a su naturaleza la existencia del reenvío, en virtud de que ello ocasionaría retardo de la ejecución, generalmente, de los laudos que benefician a la parte obrera, produciéndole perjuicios de difícil reparación; lo anterior, salvo que el Tribunal Colegiado no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo en la indicada queja, pues de actualizarse este supuesto de excepción debe reenviarse el asunto al tribunal o Junta laboral para que subsane la omisión o imprecisión advertida, con base en el material que no haya puesto a disposición del órgano revisor."(9)
Este medio de impugnación debe interponerse dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida ante el propio Tribunal Colegiado, quien será el competente para resolverlo.(10)
Ahora bien, de conformidad con el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo,(11) cuando los Tribunales Colegiados reciban una demanda de amparo (remitida por la autoridad responsable como lo prevé la normatividad aplicable) de la que deba conocer un Juez de Distrito, deben declarar su legal incompetencia de plano y remitirla con sus anexos al Juez que corresponda de su conocimiento.
Resulta aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.";(12) asimismo, resulta ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE."(13)
Al momento en que un Tribunal Colegiado, por vía de competencia, envía el asunto a un Juez de Distrito, el inferior no podrá objetar la determinación, a no ser que exista una cuestión horizontal, ya sea por aspectos de conexidad o territorial.
Al respecto, se toma en cuenta la jurisprudencia de esta Primera Sala, que a continuación se transcribe:
"COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía."(14)
En estos casos, el pronunciamiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en relación con su legal incompetencia, presupone que dicha demanda fue recibida por la autoridad responsable y que ésta, en auxilio de la Justicia Federal, se pronunció u omitió hacerlo con respecto a la suspensión del acto reclamado; aspecto último que, como se dijo, puede ser impugnado mediante el recurso de queja.
En esa medida, la situación de facto sobre la suspensión materia de la autoridad responsable, ya sea por su pronunciamiento o abstención, y los medios de defensa relacionados, están supeditados al trámite del propio amparo directo, pues la autoridad responsable emite la decisión en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal y, por tanto, al declararse incompetente el Tribunal Colegiado para conocer del amparo, pierde esa calidad, para conservar únicamente el de autoridad responsable, dejando de tener capacidad legal para dictar resolución alguna con respecto a la suspensión, pues conforme al artículo 122 de la Ley de Amparo, dicha atribución es exclusiva del Juez de Distrito o, en su caso, de las autoridades que en vía de excepción prevén los artículos 39 y 40 de la misma normatividad.(15)
Bajo esa misma lógica, la materia del recurso de queja, ya sea en su omisión o pronunciamiento, desaparece al momento en que la autoridad responsable pierde su carácter de auxiliar, esto es, cuando el Juez de Distrito inicia el trámite del juicio de amparo indirecto.
No puede considerarse que la determinación de incompetencia que emite el Tribunal Colegiado de Circuito, es el acto por virtud del cual cesa la situación relacionada con la suspensión del acto de la autoridad responsable, pues de ser así, se correría el riesgo de destruir la materia del juicio de garantías sin que hubiera iniciado siquiera el procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando el Tribunal Pleno ya ha establecido que la presentación de un amparo indirecto ante un Tribunal Colegiado de Circuito produce efectos jurídicos pues, en ningún caso, se permite su desechamiento, así como que su presentación es un elemento a tomar en cuenta para el cómputo respectivo.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO."(16)
De esta manera, si el objeto de la medida cautelar señalada es conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y evitar que el agraviado, durante la tramitación del juicio constitucional, sufra perjuicios por la ejecución del acto que reclama, lo conducente es que la misma surta efectos hasta en tanto el Juez de Distrito reciba los autos del juicio de amparo y emita el primer auto dentro del trámite del mismo.
No pasa inadvertido que, en términos de lo dispuesto por los artículos 145 y 146 de la Ley de Amparo,(17) el Juez de Distrito podría desechar de plano la demanda de amparo sin suspender el acto reclamado, o bien, prevenir al oponente para que cumpla con algún requisito que estime necesario para proveer sobre la procedencia del juicio de garantías; sin embargo, los efectos de la extensión temporal de los efectos de la suspensión no podrían llegar hasta el momento en que el desechamiento quede firme o se revoque el mismo, ni tampoco hasta en tanto se desahogue la prevención y sus correspondientes consecuencias, puesto que la autoridad responsable no está facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicios de garantías competencia de los Jueces de Distrito. En consecuencia, la que se hubiera concedido con anterioridad, al iniciar el trámite del juicio de amparo en vía indirecta no podría seguir surtiendo sus efectos.
Incluso, podría ocurrir que antes de que el Juez de Distrito al que se remitió el juicio de amparo se pronunciara sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de garantías, se suscitara un conflicto competencial, ya que, si bien es cierto que conforme al artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, un Juez de Distrito no puede objetar la competencia declinada de un Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es, que el propio artículo establece dos excepciones: i) Cuando el Juez designado tenga conocimiento de que otro está c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23894-6e235817/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-viii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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