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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE TURNE EL RECURSO NO PUEDE ALEGAR INCOMPETENCIA LEGAL POR MATERIA SINO QUE DEBE RESOLVERLO DE PLANO, ATENTO A SU NATURALEZA URGENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 237/2012. · Registro digital (IUS): 23895
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1694.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 237/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, debido a que el tema a dilucidar, aun cuando corresponde a la materia común, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También es importante apuntar que no pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 197-A de la Ley de Amparo fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado que sustentó el criterio que se denuncia como contradictorio. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en cuya ejecutoria se sostuvo el criterio que se denuncia como contradictorio. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia correspondiente.

TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Las consideraciones en las que se sustenta la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil doce, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa **********, son del tenor siguiente:

"PRIMERO. En cuanto a la competencia de este tribunal para conocer del presente recurso de queja, debe decirse que, mediante acuerdo de doce de abril de dos mil doce, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito consideró que carece de competencia por razón de materia para conocer del recurso de queja interpuesto por **********, por su propio derecho, contra el auto de veintiocho de marzo de dos mil doce, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, dentro de los autos del incidente de suspensión del juicio de amparo **********, al estimar que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado en un procedimiento de responsabilidad administrativa, mediante el cual, el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado de Sonora suspendió a la quejosa en el cargo que ostentaba, toda vez que dicho acto se emitió en el marco de una ley de responsabilidades administrativas y, por ende, que el mismo goza de igual naturaleza, ya que la autoridad responsable no está actuando como patrón, sino como un funcionario involucrado en el cumplimiento de la referida ley administrativa. Este Tribunal Colegiado se avoca al conocimiento del recurso de queja promovido por **********, por su propio derecho, contra el auto de veintiocho de marzo del año en curso, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, por las siguientes consideraciones: Los artículos 95, fracción XI y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). ‘Artículo 99.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone: ‘Artículo 37.’ (se transcribe). De los numerales antes transcritos se obtiene que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los recursos de queja promovidos en contra de los Jueces de Distrito en que concedan o nieguen la suspensión provisional y dicho órgano colegiado resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la remisión del escrito de queja y las constancias por parte del Juez de Distrito. Por su parte, los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo prevén: ‘Artículo 53.’ (se transcribe). ‘Artículo 54.’ (se transcribe). De lo anterior se infiere la intención del legislador de proteger la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, pues ésta tiene como objetivo mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consuma (sic) irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión; tan es así que en los numerales antes reproducidos se estableció que cuando exista un conflicto de competencia debe suspenderse el procedimiento, con excepción del incidente de suspensión que se continuará tramitando hasta su resolución y debida ejecución y que ningún Juez de Distrito, una vez admitida la demanda de amparo, podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva. Aunado a que, para resolver sobre la suspensión provisional, se presume que el acto que se reclama existe, dada su trascendencia. Ahora bien, en la especie, el recurso de queja fue interpuesto en términos del artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de marzo de dos mil doce, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, en el que negó la medida cautelar solicitada, respecto a la suspensión temporal del empleo de la quejosa, toda vez que, al ser el servicio público de enfermería una cuestión de interés social, no se cumple con el requisito previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Dicho recurso de queja tiene la naturaleza de urgente, dado que, como se dijo, es procedente en contra de la concesión o negativa de la suspensión de los actos reclamados otorgada por el Juez de Distrito, por tanto, debe resolverse de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, es decir, sin trámite alguno, de conformidad con el último párrafo del diverso 99 de la citada ley reglamentaria. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia J/2, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que este tribunal comparte, y que es consultable en la página novecientos noventa, Tomo XIV, octubre de 2001, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘QUEJA. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE RESOLVERSE DE PLANO, SIN SUJETARSE AL TRÁMITE NORMAL DE PRESIDENCIA.’ (se transcribe). En este sentido, si el artículo 99 de la ley aplicable impone resolver en los términos indicados, prescindiendo, incluso, de las diligencias que normalmente se realizan para poner en estado de resolución los asuntos, es decir, que sin acordar sobre su admisión y el turno respectivo debe resolverse de plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, por tratarse de un asunto urgente, dada la materia de su procedencia, entonces, este tribunal debe avocarse a resolver el asunto, con independencia de los razonamientos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, relativos a la incompetencia por materia para conocer del presente asunto, pues, se insiste, la resolución del presente asunto reviste la naturaleza de urgente. Considerar lo contrario sería ocasionar un perjuicio al gobernado, en tanto que se quedaría en suspenso lo resuelto por el Juez de Distrito en relación a la suspensión de los actos reclamados, pues sería anteponer el pronunciamiento de la competencia de un órgano jurisdiccional, sobre un acto que la misma ley establece que no admite demora, pues dada la naturaleza que reviste, debe resolverse con celeridad, dentro del plazo que el legislador estatuyó. Además, cabe tener en cuenta que el segundo párrafo del punto segundo del Acuerdo General 19/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece condiciones para la actividad jurisdiccional continua en los Tribunales Colegiados de Circuito, dispone que los Tribunales Colegiados de Circuito que continúen laborando durante los periodos vacacionales ordinarios a que se refiere el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, especializados, serán dotados de competencia temporal mixta para conocer de los recursos de queja previstos en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo. Mientras que del considerando quinto, segundo párrafo, de dicho acuerdo, se obtiene que el motivo por el que se acordó tal disposición fue porque la observancia, entre otros numerales, del artículo 99, último párrafo, de la Ley de Amparo es de orden público y su incumplimiento causa perjuicio a la sociedad; de ahí que si dicho precepto prevé un plazo de cuarenta y ocho horas para que el Tribunal Colegiado resuelva el recurso de queja establecido en el artículo 95, fracción XI, de la ley de la materia; entonces, resulta claro, corresponde conocer de dicho tipo de asuntos al tribunal al que se le turnen, con independencia de si es competente o no por razón de la materia para continuar conociendo posteriores recursos relacionados con el juicio de amparo de que se trate, puesto que se actualiza un supuesto excepcional, cuya urgencia dota de competencia transitoria al Tribunal Colegiado que reciba, por error o no, una queja de las indicadas. Por tales consideraciones, para no lesionar los derechos de la parte quejosa, se procede a la resolución del presente recurso de queja. En ese contexto, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en el presente considerando y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en la ejecutoria de doce de abril de dos mil doce, dictada en el recurso de queja ********** de su índice."

Las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en la resolución de fecha doce de abril de dos mil doce, dictada en el recurso de queja **********, en lo conducente, dicen:

"ÚNICO. Este Tribunal Colegiado es legalmente incompetente para conocer del presente recurso de queja, ya que el acto reclamado en el juicio de amparo, de donde deriva dicho recurso, es de naturaleza administrativa y no laboral, razón por la cual corresponde conocer del mismo a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el caso, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este circuito, que corresponda. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un referente objetivo para conocer y determinar la naturaleza de los actos emitidos por algún ente jurídico del Estado, en contra de uno de sus trabajadores, lo constituye el marco legal bajo el cual se haya dado. De tal forma que si el acto se emite al amparo de una ley de trabajadores al servicio del Estado, la autoridad estará actuando como patrón y, por tanto, el mismo será de naturaleza laboral. Por el contrario, si el acto se emite con sustento en alguna ley de responsabilidad administrativa, la autoridad estará actuando como un funcionario encargado de aplicar la mencionada ley, imponiendo, en su caso, alguna sanción administrativa y, por ende, el acto será de esta última naturaleza. Al respecto, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 257, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Ahora bien, como en el presente asunto, el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado en un procedimiento de responsabilidad administrativa, mediante el cual el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado de Sonora suspende a la quejosa en el cargo que ostentaba, no queda duda de que dicho acto se emitió en el marco de una ley de responsabilidades administrativas y, por ende, que el mismo goza de igual naturaleza, ya que la autoridad responsable no está actuando como patrón, sino como un funcionario involucrado en el cumplimiento de la referida ley administrativa. En las señaladas condiciones, es inconcuso que la autoridad competente para conocer el recurso de queja promovido contra la negativa de la suspensión provisional solicitada contra dicho acto, no es un Tribunal Colegiado especializado en materia laboral, sino administrativa. Así, lo procedente es que este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Laboral del Quinto Circuito se declare incompetente para conocer del presente recurso y, en su lugar, se remitan los autos que conforman el mismo, a la Oficialía de Partes Común a los Tribunales Colegiados de Circuito con sede en esta ciudad, para que ésta lo asigne al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa que corresponda."

CUARTO. Existencia de la contradicción. En principio, es importante recordar que, acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis aislada, cuyos rubros, textos y datos de publicación enseguida se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7, registro IUS 164120)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVII/2009, página 67, registro 166996)

Según lo anterior, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto que no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis -mediante aclaraciones-, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, con el objeto de resolver si en el caso se configura o no la contradicción de tesis denunciada, se procede, en primer término, a relatar los antecedentes del caso y, posteriormente, a sintetizar los elementos que los tribunales contendientes tomaron en consideración para sustentar los criterios denunciados como opuestos.

La denuncia de contradicción tiene como antecedentes los siguientes:

1. Por escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, ********** promovió demanda de amparo en contra, entre otros, del director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, por los actos consistentes en el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil doce, dictado en el expediente ********** por medio del cual se suspendió a la quejosa en el cargo que venía desempeñando como enfermera general, su ejecución, y la inconstitucionalidad del artículo 78, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora.

2. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien la registró con el número ********** y, ordenada la apertura del incidente de suspensión, por auto de veintiocho de marzo de dos mil doce, el Juez de Distrito negó la medida cautelar solicitada.

3. En contra de esa determinación, la quejosa interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, medio de impugnación que por razón de turno se envió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quien lo registró con el número ********** y, por resolución de doce de abril de dos mil doce, se declaró legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer de dicho recurso.

4. Como consecuencia de lo anterior, los autos se remitieron el doce de abril de dos mil doce a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, los que, por razón de turno, fueron enviados al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, quien los recibió el trece de abril siguiente y registró el medio de impugnación con el número **********; asimismo, se avocó al conocimiento del asunto y lo resolvió en sesión de dieciséis de abril de dos mil doce.

Las resoluciones arriba citadas son las que corresponden a la denuncia que ahora nos ocupa.

Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al conocer del recurso de queja **********, en su considerando único, determinó su incompetencia legal por razón de materia, para conocer del medio de impugnación de que se trata, porque el acto reclamado en la demanda de amparo es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo que correspondía conocer de la demanda de garantías a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Para apoyar esa determinación, apuntó que el acto reclamado es el acuerdo dictado en un procedimiento de responsabilidad administrativa, mediante el cual, el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado de Sonora suspendió a la quejosa en el cargo que ostentaba, lo que demuestra que el acto se emitió con base en una ley de responsabilidades administrativas y, por ende, goza de igual naturaleza, ya que la autoridad responsable no actuó como patrón, sino como un funcionario involucrado en el cumplimiento de la ley indicada.

Así, reiter

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23895-2fccb501/queja-prevista-en-la-fraccion-xi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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