REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL RECURSO RELATIVO, SE DETERMINA POR LA ESPECIALIZACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 462/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 1o. DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ERIKA FRANCESCA LUCE CARRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, dado que el tema a dilucidar, corresponde a la materia cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los mismos Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, la procuradora general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, deben asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En este caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados contendientes y, en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Toda vez que los asuntos de contradicción de tesis tienen como punto de partida los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, es preciso reproducirlos en lo conducente:
El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 797/2011-L que deriva del juicio de amparo 231/2011 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil once, en la parte conducente, en la que se contienen las consideraciones que se estiman contradictorias con las sostenidas por el diverso Tribunal Colegiado, sostuvo:
"ÚNICO. Este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, no examinará la resolución recurrida, ni los conceptos de violación hechos valer, en virtud de que carece de competencia legal por razón de la materia para dictar sentencia en el presente asunto. A fin de justificar lo anterior, conviene tener en cuenta que la competencia legal de este tribunal deriva de lo dispuesto en los artículos 37, fracción IV y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 57/2006, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en el diverso Acuerdo General 44/2009 del propio Pleno relativo a la denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio, fecha de inicio de funcionamiento del Primer y Segundo Tribunales Colegiados Auxiliares, con residencia en Guadalajara, Jalisco, así como al sistema de recepción de asuntos de los Tribunales Colegiados Auxiliares referidos, y el oficio STCCNO/2717/2010, suscrito por la secretaria ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio STCCNO/2717/2010, de dieciocho de octubre de dos mil diez, dispuso que este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco), apoyara en el dictado de sentencias al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Por tanto, de lo expuesto se advierte que aunque este Tribunal Colegiado Auxiliar cuenta con jurisdicción en toda la República y su competencia es mixta, lo cierto es que su jurisdicción y competencia están limitadas por la que corresponda al tribunal al que se preste apoyo en el dictado de sentencias, que en el caso es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. En efecto, al resolver este asunto, la competencia de este Tribunal Colegiado por razón de la materia comprende únicamente la laboral. Ahora bien, para determinar la competencia por materia de un Tribunal Colegiado especializado, para conocer de un recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada por un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los actos reclamados en la demanda de amparo correspondiente, como incluso así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XVIII/2007,(1) cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, es importante destacar que en materia de trabajo, el aspecto que determina qué órgano jurisdiccional debe dirimir la controversia de amparo es, precisamente, el que lleve implícita la filosofía que dio origen al derecho laboral, que se caracteriza, en general, por la existencia de un interés estatal en proteger los derechos de los trabajadores o de sus beneficiarios, o los sindicatos de trabajadores y, en su caso, armonizar los derechos de capital y trabajo. En efecto, el derecho laboral, en lo concerniente a las relaciones individuales de trabajo tienen un carácter protector de la parte más débil de la relación, los trabajadores, para los que establece un marco de principios protectores en la parte sustantiva de la ley, en la que se reproducen los derechos mínimos y las obligaciones máximas que en su favor tutela el artículo 123 de la Constitución Federal. En congruencia con lo anterior, para fijar si el acto señalado como reclamado en la demanda de amparo respectiva, tiene una connotación laboral para efectos de determinar la competencia del órgano jurisdiccional correspondiente, debe tomarse en cuenta, como se dijo, que la materia laboral se sustenta en una ley con sentido ampliamente protector de los trabajadores de acuerdo a las directrices que le marca el artículo 123 constitucional, superando la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se les denomina en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva que le permitan nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo que apunte a la preservación de esos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, puesto que en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución o por la ley en favor de los trabajadores, de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. Asimismo, es conveniente precisar que otro aspecto que queda enmarcado dentro del campo del derecho del trabajo, es el relativo al derecho burocrático, el cual tiene su génesis en el apartado B del referido artículo 123 de la Constitución Federal, debido a que en él se consagran los derechos mínimos protectores de los empleados públicos al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, lo cual conlleva a que los servidores públicos alcancen los beneficios del derecho del trabajo; ello en virtud de que el nexo jurídico existente entre el poder público y sus servidores, es considerado como una relación sui géneris, porque se equipara a una de carácter laboral. Consecuentemente, para que un acto de autoridad se pueda considerar de contenido materialmente laboral, es menester que se vincule con alguno de los campos anteriormente señalados. Ahora, del contenido del escrito relativo a la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el cambio de adscripción ordenado en la séptima sesión ordinaria, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial, al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Colotlán, Jalisco, su ejecución, así como todas y cada una de las consecuencias que pudiesen derivarse de ello. Así, en relación con el tipo de acto que se reclamó en vía de amparo indirecto, es preciso tener presente el contenido de los artículos 63 y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los cuales establecen: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio. ‘Artículo 64.’ (se transcribe). Ahora bien, se estima que el acto reclamado ‘cambio de adscripción’ no es de aquellos que tenga su origen y efectos en una determinación que se circunscriba exclusivamente al plano laboral con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y que éste actúe como patrón, puesto que, la relación que guardan los Jueces de primera instancia con el citado consejo no es laboral, ni los Jueces tienen el carácter de trabajadores. Ello es así, puesto que, se considera que la relación que se entabla con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, tiene el carácter de administrativa, dada la función que desempeña el inconforme como Juez de primera instancia, la cual se rige en términos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el correlativo 57 de la Constitución Local, por ser titular de un órgano que realiza la función normativa propia del Poder Judicial del Estado, lo que le permite subordinar a través de las líneas de mando contempladas en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos. De manera que los Jueces no están subordinados al órgano del Estado, puesto que lo encabezan, ya que la subordinación en materia burocrática es una relación jurídica compuesta por una facultad jurídica del titular, en virtud de la cual, puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue convenientes para la obtención de los fines del órgano público, y una obligación igualmente jurídica del servidor público de cumplirlos al prestar sus servicios. Lo anterior supone que la subordinación puede predicarse respecto del resto de los servidores públicos, con excepción de los titulares de los órganos. Máxime que a los Jueces se exige la independencia judicial que implica que sus decisiones se basen exclusivamente en el derecho. De ese modo, como la independencia judicial, es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, es dable afirmar que quienes ejercen la función jurisdiccional dentro del órgano que encabeza uno de los poderes públicos, son funcionarios sui géneris ya que, a diferencia del resto, ejercen la función sin más subordinación, que la que tiene solamente ante el derecho, es decir, sin depender de alguna voluntad humana para llevar a cabo su función esencial. Esto es así, pues se tiene presente que la subordinación, es el elemento característico de la relación laboral, mismo que consiste en la facultad que tiene el patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación del servicio, de mandar a un trabajador para el desarrollo de determinada labor y, correlativamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del trabajo. Ilustra al tema el contenido de la jurisprudencia IV.2o. J/1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito,(2) que establece: ‘RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA.’ (se transcribe). Así pues, es dable afirmar que la naturaleza jurídica de la función que realizan los Jueces, no permite que sean considerados como trabajadores o empleados. Al respecto, sirve de apoyo, el criterio aislado P. XLIX/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) que es del tenor siguiente: ‘MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SON TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO TRABAJADORES.’ (se transcribe). Asimismo, se cita en apoyo, la tesis aislada P. L/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) de rubro y texto siguientes: ‘MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, AL PREVER QUE AQUÉLLOS NO SERÁN CONSIDERADOS COMO TRABAJADORES, ES CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Cabe precisar que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sólo puede readscribir de manera unilateral a los referidos funcionarios judiciales, cuando las necesidades del servicio lo requieran y existiera causa justificada y suficiente para ello, respecto de lo cual, resulta de especial relevancia destacar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Consejo General del Poder Judicial del Estado debe basarse necesariamente en los siguientes criterios, a saber: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado. II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado. III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. IV. Los resultados de las visitas de inspección. V. La disciplina y desarrollo profesional. Atendiendo a tales premisas, el cambio de adscripción por necesidades del servicio no puede ejercerse arbitrariamente, sino que el consejo debe fundar y motivar esa determinación, lo que implica que su actuar no puede estar apartado de la exigencia que el artículo 16 constitucional le impone a fin de regular su actuar unilateral con el carácter de autoridad. Al respecto, sobre el tema de cambio de adscripción, resulta ilustrativa la tesis III.2o.A.244 A, que se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito,(5) que establece: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.’ (se transcribe). Conforme a las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, por regla general, es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución de la orden de cambio de adscripción de un Juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, merced a que se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que el ejercicio del encargo público que el titular del órgano jurisdiccional desempeña constituye una función prioritaria para el Estado, pues se traduce en la administración de justicia que tiene como destinataria a la sociedad. De ahí que cualquier acto que tienda a suspender esa actividad en el lugar en el que se requiera, obstaculiza el derecho de los gobernados a que se les administre justicia en forma pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de concederse el amparo, se le restituiría en el goce de la garantía individual violada, a través de la reincorporación en el lugar donde se desempeña, en cambio, de no acatarse esa disposición, la sociedad resentiría afectación al no efectuarse una debida impartición de justicia, máxime que la inamovilidad de que goza un juzgador de los mencionados es inherente al cargo y no al lugar, población o Municipio de su adscripción. Por las consideraciones expuestas, es que este órgano colegiado resulta legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías por razón de la materia, ya que como se ha destacado, atendiendo a la función que desempeña el inconforme como Juez de primera instancia, así como la naturaleza y origen de dicha función y, por ende, la relación que existe con el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, netamente administrativa y no subordinada se considera que el conflicto materia del juicio de origen es de naturaleza administrativa y no laboral. De esa forma, si la competencia que tiene ahora este tribunal, está determinada por la que corresponde al tribunal al que se apoya, que es un Tribunal Colegiado especializado en materia de trabajo, y el asunto que se revisa es de naturaleza administrativa, resulta que este tribunal carece de competencia legal para resolver el recurso de revisión interpuesto. Se precisa además, que no resulta obstáculo para arribar a la presente determinación, el hecho de que este tribunal sea de naturaleza auxiliar, y, que por ello, le asiste la obligación de resolver los asuntos que le son remitidos a fin de que invariablemente emita la resolución que corresponda; ello es así, pues se tiene presente que la cuestión de competencia resulta ser un presupuesto de análisis obligatorio y que en auxilio de la labor jurisdiccional puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, de ahí lo procedente del sentido de la presente resolución. Se sustenta lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) que establece: ‘ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA.’ (se transcribe)."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 298/2010 expresó, en lo que aquí importa destacar, lo siguiente:
"ÚNICO. Resulta innecesario transcribir las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios que en su contra expresa la parte recurrente, puesto que, como enseguida se verá, en el caso concurren circunstancias que determinan la incompetencia legal por razón de la materia de este órgano colegiado. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta necesario atender a la naturaleza de la acción planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de clave P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Tomo VIII, del mes de diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe). Pues bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo del que deriva el presente recurso, se desprende que el quejoso y aquí recurrente ********** reclamó del Pleno, del presidente, secretario general y jefe de la Unidad Departamental de Recursos Humanos, todos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el dictamen formulado en la séptima sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil diez, en la que se ordenó su cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial, al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Colotlán, Jalisco, con efectos a partir del día dieciocho del mismo mes de febrero, así como todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse, o que se hayan ocasionado con motivo de la resolución antes citada; especialmente la ejecución de la misma. Así es, en su demanda de garantías el quejoso señaló: ‘III. Autoridades responsables. A. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; como autoridad ordenadora y ejecutora. B. Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como autoridad ordenadora y ejecutora. C. Secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como autoridad ejecutora. D. Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como autoridad ejecutora. IV. Actos reclamados: A. Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo: A.1. La determinación formulada al parecer en la séptima sesión ordinaria, celebrada el día 17 diecisiete de febrero de 2010 dos mil diez, ordenando mi cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial, al Juzgado Mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco, con efectos a partir del día 18 de febrero de 2010. A.2. Todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse, o que ya se hayan ocasionado, con motivo de la resolución antes reclamada; y, especialmente, la ejecución de la misma, la comunicación de ella se hizo a la jefatura de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, notificándole mi cambio de adscripción. Así como todos los acuerdos, comunicaciones y oficios que hubiere girado a cualquier otra autoridad distinta a las señaladas en esta demanda de amparo que hubiera girado, con el objeto de hacerles saber la determinación que antes quedó reclamada. A.3. Todos y cada uno de los actos de ejecución, realizados por la demás autoridades como responsables en esta misma demanda de garantías. B. Del presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo: B.1. La ejecución de la determinación formulada al parecer en la séptima sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el día 17 diecisiete de febrero de 2010, ordenando mi cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial, al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Colotlán, Jalisco, con efectos a partir del día 18 dieciocho de febrero de 2010. B.2. Todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse o que ya se hayan ocasionado, con motivo de los actos reclamados a esta autoridad y al resto de las responsables; y especialmente, la ejecución de los mismos, la comunicación que de ellos se hizo a la jefatura de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, notificándoles mi cambio de adscripción. Así como todos los acuerdos, comunicaciones y oficios que hubiere girado a cualquier otra autoridad, distinta a las señaladas en esta demanda de amparo, que hubiere girado con el objeto de hacerles saber la determinación que antes quedó reclamada. C. Del secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Como autoridad ejecutora, reclamo: C.1. Todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse, o que ya se hayan ocasionado, con motivo de la resolución antes reclamada; y, especialmente, la ejecución de la misma, la comunicación que de ella se haga a la jefatura de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura y a mí, notificando mi cambio de adscripción. Así como todos los acuerdos, comunicaciones y oficios que hubiere girado a cualquier autoridad, distinta a las señaladas en esta demanda de amparo, con el objeto de hacerles saber la determinación que antes quedó reclamada. D. Del jefe de la unidad departamental de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como autoridad ejecutora, reclamó: D.1. El acatamiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en la determinación que hoy reclamo, ordenando mi cambio de adscripción. D.2. Todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse, o que ya se hayan ocasionado, con motivo de la resolución antes reclamada; y especialmente, la ejecución de la misma a través de los actos administrativos que a la misma corresponden. ... VI. Preceptos constitucionales violados: artículos 1o., 14, 16 y 116, fracción III, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. Como se puede apreciar, el quejoso aquí inconforme destacó, como actos reclamados, el dictamen formulado en la séptima sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil diez, en la que se ordenó su cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial, al Juzgado Mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco, con efectos a partir del día dieciocho del mismo mes de febrero, así como todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse de dicha resolución, especialmente la ejecución de la misma; advirtiendo este tribunal que no medió un procedimiento administrativo previo a dicha resolución y que el quejoso desempeña un cargo de confianza, según se desprende de los diversos nombramientos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23551-cafdbf6d/revision-en-amparo-indirecto-la-competencia-por-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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