Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE SI LA DENUNCIA SE PRESENTÓ DESPUÉS DE HABERSE EMITIDO LA JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE EL PUNTO JURÍDICO A DEBATE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 404/2011. · Registro digital (IUS): 23586
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1167.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 404/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el numeral 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el apoderado legal de las quejosas en los juicios de amparo directo ********** y **********, radicados, respectivamente, en los Tribunales Colegiados Segundo y Primero del Vigésimo Circuito. El carácter del promovente se desprende de las copias certificadas que remiten los referidos Tribunales Colegiados y se confirma en el proveído de cinco de octubre de dos mil once de la presidencia de esta Segunda Sala (foja 251).

TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis del Pleno de este Alto Tribunal que dice lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

(Jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXXII, agosto de 2010)

En el anterior orden de ideas, para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes al resolver los amparos en revisión mencionados en los resultandos que anteceden.

CUARTO. En primer lugar, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo ********** en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil diez, en la parte que interesa determinó:

"En otro orden, en los restantes conceptos de violación, la impetrante afirma que el laudo impugnado es violatorio de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en esencia, por lo siguiente: a) Que la responsable consideró procedente la excepción de prescripción opuesta por la patronal, sin que tomara en consideración que su planteamiento lo hizo en forma deficiente, pues omitió precisar los elementos necesarios que le permitieran analizarlas como son las fechas a partir de cuándo corre dicha prescripción y cuándo concluye, ya que sólo se concretó a mencionar que la quejosa tuvo conocimiento de su situación laboral a partir del cinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y a la presentación de su demanda (dieciocho de septiembre de dos mil ocho) habían transcurrido veintitrés años, once meses y catorce días, lo que no es suficiente, pues debió precisar el tiempo transcurrido desde que aconteció el despido y el de la presentación de su reclamo, la data en que empezó a correr el plazo, y en la que se consumó, dado que al ser una excepción de estricto derecho no es dable suplir la deficiencia de la empleadora, al tenor de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’. b) Que la responsable inadvirtió que el normativo 96 de la ley burocrática local de mil novecientos cincuenta y siete, que señaló la patronal como fundamento de la excepción de prescripción, no guarda ninguna relación con la acción de reinstalación que intentó, como se advierte de los numerales 48, 93, 95, 96 y el propio 96 (sic) de ese ordenamiento; por tanto, al concluir que el plazo para hacer valer sus derechos era de un año, introdujo una hipótesis normativa novedosa, ya que la empleadora no indicó el término genérico a que se refiere el precepto 94 invocado y, por ende, le suplió la deficiencia de sus planteamientos cuando no le está permitido, ya que su reclamo no se fundó en una acción derivada del nombramiento sino de las previstas en el artículo 123 apartado B, de la Ley Fundamental (reinstalación); lo que hace que su determinación sea incongruente, al no ajustarse a lo aducido por las partes. Los resumidos planteamientos son infundados. En efecto, contrario a lo argüido por la quejosa en el planteamiento reseñado en el inciso a), de manera acertada la responsable determinó que prescribió la acción de la actora para reclamar dichas prestaciones. Esto, en atención a la excepción de prescripción que opuso la demandada, que fue en los siguientes términos (que la propia impetrante transcribe en sus conceptos de violación): ‘... I. La de prescripción, enderezada en contra de las prestaciones reclamadas por la actora, marcadas con los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), mismas que resultan improcedentes e infundadas, de conformidad con lo ordenado por el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas (vigente en la época en que sucedieron los hechos), que establece: «Artículo 96.» (lo transcribe); lo anterior, como se acredita con la confesión expresa del accionante y la documental consistente en su escrito de demanda, en el hecho marcado con el número «5» «quinto», en el que se refiere: ... «5» «quinto». Pero resulta que el día viernes 05 de octubre del año de mil novecientos ochenta y cuatro, mi representada se presentó normalmente a su centro de trabajo, jardín de niños «Hermilo Marín Hernández», siendo en ese momento cuando llegó al referido centro educativo la profesora **********, quien era la supervisora de la zona escolar 006, a la que pertenece mi poderdante, refiriéndole «que ya no podía seguir laborando en el jardín de niños porque había abandonado su empleo», a lo que la reclamante sorprendida le respondió que eso no era cierto y que en ningún momento se le había citado para que le levantaran acta administrativa procediendo la supervisora a pedirle le entregara las llaves del jardín que tenía bajo su encomienda la actora, no teniendo más opción la reclamante que retirarse de su centro de trabajo ... (sic); hecho que se adminicula con el hecho marcado con el número «6» «sexto», se tiene que ésta tuvo conocimiento de su situación laboral a partir del día 05 de octubre de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro; es decir, si tomamos como fecha en que inicia su derecho y acción para reclamar reinstalación, reconocimiento de antigüedad, así como el pago de diversas prestaciones económicas a partir del día en que se ostenta conocedora de su situación laboral, el día 05 de octubre de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, a la fecha de presentación de su escrito de demanda el día 18 dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, según consta el sello de recibido de este H. Tribunal del Trabajo burocrático local, tenemos que entre ambas fechas han transcurrido 23 veintitrés años, 11 once meses y 13 catorce (sic) días; aproximadamente, término que excede al previsto por el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil del Estado, vigente en la época en que sucedieron los hechos; por lo anterior pedimos a esta H. Segunda Sala de este Tribunal del Trabajo burocrático del Poder Judicial del Estado, se sirva decretar procedente la excepción de prescripción que hacemos valer, en contra de las prestaciones que se combaten, y en el momento procesal oportuno, se absuelva a la patronal de ellas, toda vez que la fecha a partir de la cual se realiza el cómputo de ellas, toda vez que la fecha a partir de la cual se realiza el cómputo del término prescrito debe ser aquella expresada en los hechos en que se fundó la acción ejercitada, es decir, la fecha en que se llevó a cabo el supuesto despido injustificado, que como lo precisa la demandante en los hechos de referencia fue a partir del día 05 de octubre de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, esto es así, porque la excepción de prescripción se opone directamente contra la acción intentada por la actora, por ello, se tiene que la fecha en que aduce el promovente haber sido despedida a partir del día 05 de octubre de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro a la fecha de presentación de su escrito de demanda el día 18 dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, según consta el sello de recibido de este H. Tribunal del Trabajo burocrático local, tenemos que entre ambas fechas han transcurrido 23 veintitrés años, 11 once meses y 13 catorce (sic) días; aproximadamente, por lo tanto en el presente caso opera la excepción de prescripción; ...’. Como puede advertirse de la anterior transcripción, la patronal sí expresó los elementos necesarios para que la responsable analizara la excepción de prescripción que hizo valer, pues argumentó que la trabajadora presentó su demanda laboral el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, y que sus prestaciones datan del cinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, en que la obrera afirmó que fue despedida; por tanto, esa data era la que debía contarse para el inicio de su derecho y acción para reclamar la reinstalación y demás prestaciones económicas y, por ende, había transcurrido en exceso el término de un año a que alude el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas vigente hasta el uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, aplicable al caso concreto. Luego, teniendo en cuenta dicha excepción y los datos que aportó la patronal para que prosperara la misma, como la fecha en que comenzó el derecho para deducir las prestaciones reclamadas y la de presentación de la demanda laboral que lo hizo con la finalidad de destacar que transcurrió en exceso el plazo de un año que la ley de la materia aplicable al caso concreto marca para exigir su pago, resulta correcta la determinación de la responsable, pues aun cuando la empleadora no precisó el tiempo transcurrido desde la fecha del despido alegado y en la que feneció el año que tenía para hacerlas valer, no significa que omitiera señalar los elementos, mínimos, ya que ante el notorio exceso del lapso que tenía la obrera para hacer valer sus derechos, bastó con que se indicara cuándo iniciaba (cinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro) y la de la presentación de la demanda (dieciocho de septiembre de dos mil ocho), para considerar que había transcurrido en exceso el plazo de un año referido por el numeral 96 del ordenamiento en consulta; por tanto, la conclusión de la responsable no resulta violatoria de garantías. Tampoco asiste razón a la impetrante en los motivos de inconformidad resumidos en el inciso b), pues basta la lectura de los normativos 93 a 96 de la ley en consulta, para advertir que el último que fue el que invocó la patronal como fundamento de su excepción y con base en el cual resolvió su procedencia la responsable, sí resulta aplicable al reclamo de la reinstalación intentada por la actora, pues de la transcripción hecha en párrafos precedentes de tales numerales, se advierte que del 93 al 95 no prevén la prescripción de esa acción; empero, el diverso 96 establece que todos los demás derechos que nazcan de esa ley o del nombramiento, es decir, los que no se encuentran previstos en los primeros artículos, prescribirán en un año, por tanto, la autoridad del conocimiento no introdujo ningún aspecto novedoso, pues fue precisamente con base en la excepción hecha valer por la empleadora, sin que obste el hecho de que esta última no haya hecho valer el plazo genérico que prevé el normativo 94 de quince días, pues en todo caso le benefició, ya que se le aplicó el de un año, que es mayor al otro, de ahí que no haya suplido los planteamientos de la demandada, ni tampoco pronunció un laudo incongruente. Por otra parte, tal normativo 96 en consulta, sí guarda relación con la acción de reinstalación, pues si bien la quejosa deduce que no hizo valer ninguna acción relacionada con nombramiento, lo cierto es que no debe considerarse esa excepción al documento en que se contenga la descripción del puesto otorgado, sino precisamente de la designada en determinada categoría que se hubiere dado a la actora, en el caso, de educadora frente a grupo; por tanto, la acción ejercida sí tiene que ver con el nombramiento que se le dio con ese carácter."

QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo ********** en sesión de once de agosto de dos mil once, en lo que interesa, estableció:

"SÉPTIMO. Los conceptos de violación transcritos en el considerando que antecede son fundados y suficientes para conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, atento a las consideraciones que en esta ejecutoria se expresan. Cabe destacar que en el presente asunto opera el principio de suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el impetrante de garantías tiene carácter de parte trabajadora en el juicio del cual emana el acto reclamado. Por tanto, el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, opera aun ante la ausencia de motivos de disenso, tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 39/95, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’. Por otro lado, no debe perderse de vista que el referido beneficio ha sido definido por la propia Segunda Sala como la facultad de examinar cuestiones no propuestas en conceptos de violación, en el entendido de que podrían resultar favorables al quejoso, aunque finalmente llegue a presentarse resultado adverso. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: ‘Núm. registro: 170008. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, marzo de 2008. Tesis 2a./J. 26/2008. Página: 242. ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente.’. Según se advierte del análisis de las constancias que integran el expediente laboral **********, que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, la trabajadora aquí quejosa, demandó de la Secretaría de Educación del Estado, como prestación principal la siguiente: ‘A) La reinstalación de la suscrita ********** a mi plaza de docente frente a grupo con categoría de maestra «A» N.U.T., con adscripción a la fuente de trabajo denominada escuela primaria «Jaime Nunó», ubicada en el poblado de Cuyo Álvaro Obregón, Municipio de Catazaja, Chiapas, y perteneciente a la zona escolar 018, con cabecera oficial en Palenque, Chiapas; en las mismas condiciones en la que venía desempeñándolo hasta antes del despido del que fui objeto por parte de la demandada, tal y como lo estatuye el artículo 42, fracción III, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas (artículo 48 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas de 1957), toda vez que este fue mi último centro de trabajo al que estuve bajo el mando y subordinación de la demandada.’. La actora basó su demanda entre otros hechos en el siguiente: ‘Sexto. Pero resulta que el día martes tres de marzo de mil novecientos ochenta y siete, precisamente al encontrarme realizando mis actividades académicas como de costumbre, como a eso de las 10:45 de la mañana, llegó a mi aula escolar el profesor **********, quien era mi jefe inmediato en el centro de trabajo y quien me refirió «profesora **********, he venido a comunicarle de forma verbal que por instrucciones de la Dirección de Educación Primaria usted ha causado baja del (sic) este plantel educativo y le suplico que se retire de sus funciones a partir de este momento», a lo que sorprendida le respondí que eso era injusto ya que jamás había dado motivos para que se me despidiera de esa manera y sin justa causa, y tampoco en ese momento se me comunicó por escrito del o los motivos de mi rescisión laboral, ya que el artículo 47 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas de 1957, así lo estipulaba, sin embargo, pese a lo anterior, no me quedó más remedio que retirarme de mi centro de trabajo a pesar de que mi separación fue arbitraria a todas luces y ajena a mi voluntad.’. Al contestar la demanda de Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, opuso la excepción de prescripción en contra de la prestación principal, en los términos siguientes: ‘I. La de prescripción, enderezada en contra de la prestación reclamada por la actora, marcada con los incisos A) (sic), misma que resulta improcedente e infundada de conformidad con lo ordenado por el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas de 1957 (vigente en la época en que sucedieron los hechos), que establece: «Artículo 96. Todos los demás derechos que nazcan de esta ley o del nombramiento otorgado a los servidores públicos prescribirán en un año.»; lo anterior, como se acredita con la confesión expresa del accionante y la documental consistente en su escrito de demanda, en el hecho marcado con el número «6» «sexto», en el que refiere «... Sexto. Pero resulta que el día martes 03 tres de marzo del año mil novecientos ochenta y siete, precisamente al encontrarme realizando mis actividades académicas como de costumbre, como a eso de las 10:45 de la mañana, llegó a mi aula escolar el profesor **********, quien era mi jefe inmediato en el centro de trabajo y quien me refirió <profesora **********, he venido a comunicarle de forma verbal que por instrucciones de la dirección de educación primaria usted ha causado baja de este plantel educativo y le suplico que se retire de sus funciones a partir de este momento>, a lo que sorprendida le respondí que eso era injusto ya que jamás había dado motivos para que me despidiera de esa manera y sin justa causa y tampoco en ese momento se me comunicó por escrito del o los motivos de mi rescisión laboral, ya que el artículo 47 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas de 1957, así lo estipulaba, sin embargo, pese a lo anterior, no me quedó más remedio que retirarme de mi centro de trabajo a pesar de que mi separación fue arbitraria a todas luces y ajena a mi voluntad ...’ (sic); se tiene que ésta tuvo conocimiento de su situación laboral a partir del día 03 de marzo de 1987 mil novecientos ochenta y siete; es decir, si tomamos como fecha en que inicia su derecho y acción para reclamar reinstalación, a partir del día siguiente al en que se ostenta conocedora de su situación laboral, es decir el día 04 de marzo de 1987 mil novecientos ochenta y siete; por lo que a la fecha de presentación de su escrito de demanda 13 de agosto del año 2009 dos mil nueve; según consta el sello de recibido de este H. Tribunal del Trabajo Burocrático Local, tenemos que entre ambas fechas han transcurrido 22 veintidós años, 05 cinco meses y 09 nueve días; aproximadamente, término que excede al previsto por el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil del Estado, vigente en la época en que sucedieron los hechos; por lo anterior, pedimos a esta H. Segunda Sala de este Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, se sirva decretar procedente la excepción de prescripción que hacemos valer, en contra de la prestación que se combate, y en el momento procesal oportuno, se absuelva a la patronal de ella, toda vez que el cómputo del término prescriptivo debe ser tomado a partir del día siguiente de la fecha en que el trabajador expresa en sus hechos en que se fundó la acción ejercitada que ocurrió su supuesto despido; que como lo precisa la demandante en su demanda fue a partir del día 03 de marzo de 1987 mil novecientos ochenta y siete; por lo tanto, si tomamos como fecha en que inicia su derecho y acción para reclamar reinstalación, es a partir del día siguiente en que se ostenta conocedora de su situación laboral, es decir el día 04 de marzo de 1987 mil novecientos ochenta y siete; a la fecha de presentación de su escrito de demanda el día 13 de agosto del año 2009 dos mil nueve; según consta el sello de recibido de este H. Tribunal del Trabajo Burocrático Local, tenemos que entre ambas fechas han transcurrido 22 veintidós años, 05 cinco meses y 09 nueve días; aproximadamente, por lo tanto en el presente caso opera la excepción de prescripción; siendo aplicable al caso la tesis de jurisprudencia con (sic) número tesis I.6o.T. J/59, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23586-8601947c/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.