Corpus
Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PLAZO PARA CUMPLIR CON EL LAUDO QUE AUTORIZA SU CESE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2012. · Registro digital (IUS): 24367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Pág. 1532.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.

CONSIDERANDO:

7. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, corresponde a la materia de trabajo, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

8. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del citado año, en el que se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

9. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el asunto a que este toca se refiere.

10. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente denuncia de contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para decidir los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

11. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciado como divergente.

12. TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones de las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.

13. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 842/2012, en sesión de veinte de septiembre de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. ... Como ya se anunció, los conceptos de violación son infundados. Para evidenciar tal aserto, se considera oportuno transcribir el contenido del artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dispone: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). Conforme al citado precepto, es la acción de los titulares de las dependencias del gobierno para solicitar autorización del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dejar sin efectos el nombramiento o designación de los trabajadores por causa justificada y sin responsabilidad para dichos titulares, en términos del artículo 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que se encuentra sujeta al término de cuatro meses. El citado término corre a partir del momento en que el titular conoce las causas que ameriten el cese del trabajador para realizar los trámites pertinentes dentro de ese plazo y presentar la demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en que solicita la autorización respectiva, pudiendo presentarla hasta el último día de ese plazo. Lo anterior, da margen a estimar que los cuatro meses aludidos constituyen un plazo exclusivamente dirigido al empleador para que ejercite la facultad de cesar a un trabajador, en la inteligencia de que conforme al numeral 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la solicitud de autorización de cese se justifica por el hecho de que aquél no puede hacerlo motu proprio, sino que requiere de la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que no le reditúe responsabilidad. En esos términos, antagónicamente a lo que aduce la secretaría quejosa no se extiende el alcance del artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la fecha en que causó estado la resolución de autorización de cese, porque además de no preverlo de esta forma la ley, tiene una connotación que se vincula a la acción que da origen a esa resolución. Sin embargo, el diverso numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento legal establece: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). Dicho precepto se aplica a las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aun cuando se trate de un laudo declarativo derivado de ejercitar la acción conforme al citado numeral 46 de la ley burocrática. Ello, porque al hablar de ‘resoluciones’ no hace distinción entre laudos de condena o declarativos, como pretende la inconforme en los conceptos de violación que en forma conjunta se estudian. En ese sentido, no procede una exclusión que el legislador no especificó, ni puede apartarse de la regla especial contemplada en el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta, para inferir que el cómputo de cuatro meses comienza a partir de que se emite la resolución a que alude el artículo 46 de la ley burocrática, pues al existir laudo que autoriza el cese de un trabajador, por similitud el término prescriptivo que debe tomarse en cuenta es el de dos años establecido en el artículo 114, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de ahí que fue acertada la determinación de la Sala sobre el despido y la consecuente condena a la reinstalación y prestaciones accesorias a la acción principal, razón por la que los conceptos de violación devienen infundados. En esa tesitura, al ser infundados los conceptos de violación, sin que se trate de un asunto en el que deba suplirse la deficiencia de la queja, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."

14. La transcrita ejecutoria dio origen a la tesis aislada I.3o.T.10 L (10a.), cuyo rubro, texto y datos de identificación, a continuación se reproducen:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EXISTE UN LAUDO QUE AUTORIZA EL CESE DE UN TRABAJADOR, POR SIMILITUD EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA ES EL DE DOS AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Cuando existe un laudo que autoriza el cese de un trabajador, por similitud el término prescriptivo que debe tomarse en cuenta es el de dos años establecido en el artículo 114, fracción III y no el de cuatro meses que establece el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aun cuando se trate de un laudo declarativo derivado de ejercitar la acción conforme al citado numeral 46 de la ley burocrática, porque al hablar de ‘resoluciones’ no hace distinción entre laudos de condena o declarativos, por lo que no procede una exclusión que el legislador no especificó, ni puede apartarse de la regla especial contemplada en el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta, para inferir que el cómputo de cuatro meses comienza a partir de que se emite la resolución a que alude el artículo 46 de la ley burocrática." (Tesis I.3o.T.10 L (10a.), visible en la página 2843 del Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. Registro IUS: 2002093)

15. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1220/1995, en sesión de dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Los conceptos de violación que se hacen valer en la demanda de amparo son fundados. Argumenta el impetrante del amparo, que la Sala responsable violó en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al desestimar la excepción de prescripción que opuso, contravino lo dispuesto por el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que el titular demandado tenía cuatro meses para hacer efectivo el cese del trabajador ordenado en el laudo dictado en el expediente **********, mismo que causó estado el siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, por lo que al notificar el cese hasta el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, transcurrió en exceso el término de cuatro meses previsto en dicho numeral; agrega que por ello no es aplicable el término de dos años señalado en el artículo 114, fracción III, del mismo ordenamiento, ya que existiendo contradicción en los términos que señalan ambos artículos, debió estarse a lo más favorable al actor, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, siendo ese el término señalado en el multicitado artículo 113, fracción II, inciso c), de la ley burocrática. Del análisis de las constancias de autos, se advierte que el actor reconoce en los puntos dos y tres del capítulo de hechos de su demanda laboral, que fue cesado por el titular demandado con base en la autorización contenida en el laudo de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, dictado en diverso expediente laboral **********, razón por la que opuso excepción de prescripción en los siguientes términos: ‘3. En vista de lo anterior, desde este momento en mi beneficio y favor solicito la declaración por parte de este H. Tribunal, en el sentido de acuerdo al laudo dictado el 10 de julio de 1992, y en relación con el artículo 113, fracción II, inciso c), de la ley de la materia, el demandado tenía 4 meses para cesarme de mi puesto de base o el que llegara a tener, es decir, del 12 de julio al 12 de noviembre de 1992, y al cesarme hasta el 14 de septiembre de 1994, se excedió por más de 2 años de su acción y derecho para cesar, por lo que se deberá declarar que prescribió su derecho para dar por terminados los efectos de mi nombramiento en el que se me destituyó.’. Asimismo, de la lectura del laudo de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, dictado en el expediente **********, ofrecido como prueba por la demandada, se advierte que en sus puntos resolutivos segundo y tercero, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje autoriza a la **********, a dar por terminados, sin responsabilidad para el Estado, los efectos del nombramiento de **********, en el puesto de **********, adscrito a la **********, o del que llegara a tener al momento en que dicha resolución quedara firme; también ordenó la notificación personal a las partes y el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. El artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone: (se transcribe). En tanto que el diverso 114, fracción III, de la propia ley establece: (se transcribe). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la facultad de los funcionarios para cesar a sus trabajadores prescribe en el término de cuatro meses, el que se contará desde el momento en que sean conocidas las causas del hecho que amerite ser sancionado por los funcionarios facultados por la ley para ese efecto, empero, cabe precisar que dicho término se interrumpe cuando el titular de la dependencia de la administración pública al que pertenece el empleado que se pretende cesar, demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la autorización correspondiente porque, como lo establece el artículo 116 del ordenamiento legal antes invocado, esa interrupción opera por la sola presentación de la demanda ante el tribunal; de tal suerte que se inicia nuevamente el término de prescripción a partir del momento en que la resolución pronunciada causa estado. Ahora bien, como quedó precisado al principio de este considerando, son fundados los conceptos de violación, pues en el caso el término prescriptivo no debe computarse conforme a la regla prevista en el artículo 114, fracción III, de la citada ley, toda vez que, como se advierte de las constancias de autos, el laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el diverso expediente laboral **********, en que se autorizó al titular demandado para cesar al trabajador, no trae aparejada ejecución, pues únicamente tiene por efecto cumplir con el previo requisito que para sancionar a los empleados del Gobierno Federal, se encuentra establecido en el artículo 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el caso de que se incurra en las acciones y omisiones que la propia disposición señala, entre las que se encuentra, el faltar a laborar por más de tres días sin justificación, que fue la causa del cese del actor. Es tan cierto que el laudo relativo a la autorización carece de ejecución, que la responsable en el resolutivo tercero del fallo y por acuerdo de siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, ordenó el archivo del expediente, precisamente porque dicho laudo no trae aparejada ejecución; determinaciones que se estiman correctas, si atendemos a que la naturaleza del pronunciamiento de la autorización es meramente declarativa, y así no es una resolución que sea ejecutable por dicho tribunal, es que el titular de la dependencia de la administración pública, en este caso de la **********, cumple con ese requisito previo contenido en la disposición legal apuntada, que establece el procedimiento para poder cesar a los empleados de la Federación. Por ende, como al producirse el cese, previa la autorización no se está ejecutando laudo alguno, el término de prescripción debe computarse conforme a los cuatro meses previstos por el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y no así el contemplado en el diverso numeral 114, fracción III, de la propia ley, ya que éste cobra aplicación en el supuesto que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tenga que cumplir con sus laudos. En esa virtud, es evidente que en la especie la Sala del conocimiento debió declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por el trabajador, ya que en la fecha en que fue cesado (catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro), habían transcurrido más de cuatro meses, desde el siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, en que quedó firme el laudo en que se autorizó al titular demandado para cesar al trabajador, atendiendo a que en ese momento se inició nuevamente el cómputo del término prescriptivo, interrumpido, al interponerse la demanda mediante la cual se solicitó la autorización del cese; al no considerarlo así la responsable, violó lo dispuesto por el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Si como consecuencia de lo anteriormente señalado, el laudo impugnado resulta violatorio de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala responsable lo deje insubsistente y emita otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare procedente la excepción de prescripción opuesta por el trabajador, y resuelva lo que en derecho proceda."

16. De la ejecutoria antes transcrita derivó la tesis aislada I.4o.T.31 L, cuyo rubro, texto y datos de identificación, a continuación se reproducen:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, CUANDO SU CESE SE AUTORIZA POR LAUDO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El laudo que dicta el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo de una demanda de autorización para cesar a un trabajador, no trae aparejada ejecución, pues únicamente tiene por efecto, cumplir con el previo requisito para sancionar a los empleados del Gobierno Federal en base a lo establecido por el artículo 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora bien, tomando en cuenta que dicho laudo carece de ejecución, y que es una resolución meramente declarativa, la prescripción de las facultades del titular de la dependencia, aplicable en la especie, es la contenida en el artículo 113, fracción II inciso c) y no la contemplada en el numeral 114, fracción III, del ordenamiento legal en mención." (Tesis I.4o.T.31 L, visible en la página 969 del Tomo III, junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. Registro IUS: 202279)

17. El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 4073/2005, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil cinco, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. ... Ahora bien, respecto al tema que aquí se trata, cabe precisar que el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). De esta disposición legal se desprende que la facultad de los titulares de las dependencias del gobierno para solicitar autorización del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dejar sin efectos el nombramiento o designación de los trabajadores por causa justificada y sin responsabilidad para los titulares, en términos del artículo 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentra sujeta al término de cuatro meses a que se refiere la fracción II, inciso c), el cual comienza a correr a partir del momento en que el titular conoce las causas de la conducta que amerite el cese del trabajador, por lo que para que su facultad para cesar no prescriba, dentro de ese término el titular de la dependencia a que pertenece el empleado debe realizar los trámites pertinentes para cesar al trabajador, tales como instrumentar el acta administrativa de investigación y presentar la demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en que solicite la autorización respectiva, para que éste decida en un laudo si se demostró o no la causal rescisoria, toda vez que el fin primordial de la solicitud de autorización del cese del trabajador, es cumplir con el requisito previsto en el numeral 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, después de instrumentar las investigaciones correspondientes a fin de comprobar la falta, para poder dejar sin efectos el nombramiento o designación del empleado sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, ocurrir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y solicitar la autorización del cese, ya que el titular no puede cesar por sí y ante sí, lo cual implica que la autorización que debe mediar por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se convierte en un requisito de procedibilidad, por lo que satisfecho tiene libre arbitrio para cesarlo y esto debe ejercitarlo en el término de cuatro meses que la ley le concede para cesar al trabajador, pues una vez autorizado se cumple el supuesto que la ley señala en el artículo 113, fracción II, inciso c). Esto acorde a la tesis jurisprudencial 46/97, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 377 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).’ (se transcribe). Por lo anterior, si tratándose de trabajadores al servicio del Estado es necesaria la autorización para cesar por las causales que establece la fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a la jurisprudencia transcrita en el párrafo precedente, el patrón Estado debe acudir a solicitar la misma, lo que en relación a la prescripción del derecho para cesar establecida en el artículo 113, fracción II, inciso c), deberá hacerse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la causa; del juicio podrá resultar procedente esa autorización, lo que constituye una resolución meramente declarativa que por sus efectos actualiza la hipótesis jurídica del conocimiento, por parte del patrón Estado, de las causas que motivan el cese y, consecuentemente, la notificación del laudo que lo autoriza a llevar a cabo el mismo, es el punto de partida para que en el término de cuatro meses que señala el artículo 113, fracción II, inciso c), lo realice. En ese tenor, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, al considerar que en el caso, resultó procedente la prescripción que opuso la actora, conforme al artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, respecto de que el demandado contaba con el término de cuatro meses para cesarla, contados a partir de la fecha en que le fue notificado que causó ejecutoria el laudo de veinte de agosto de dos mil dos, dictado dentro del expediente laboral **********, en donde se resolvió autorizar al **********, a dejar sin efectos el nombramiento de la trabajadora, evento que ocurrió el veintiséis de noviembre de dos mil dos, ya que en esa fecha se le notificó que el laudo de mérito causó ejecutoria, hechos sobre los que el demandado no suscitó controversia, por lo que en tal virtud, si el treinta de junio de dos mil tres notificó a la actora el oficio de veintiséis de junio del mismo año, en que se hizo de su conocimiento que a partir del uno de julio de dos mil tres, se dieron por terminados los efectos de su nombramiento, de acuerdo con el laudo de veinte de agosto de dos mil dos, el cual causó ejecutoria el veintiséis de noviembre de dos mil dos, hechos sobre los que el instituto demandado tampoco suscitó controversia, era evidente que la notificación del cese de su nombramiento, se encontraba fuera del término de cuatro meses establecido en el numeral 113, fracción II, inciso c), porque el término feneció el veintisiete de marzo de dos mil tres, y el demandado notificó el treinta de junio de dos mil tres, tratándose en la especie de un laudo eminentemente declarativo que no contenía condena a ejecutar, por lo que el precepto aplicable era el aludido artículo 113, fracción II, inciso c). Lo anterior fue correcto, en razón de que, como se dijo en párrafos precedentes, la facultad de los titulares de las dependencias del gobierno para solicitar autorización del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dejar sin efectos el nombramiento o designación de los trabajadores por causa justificada y sin responsabilidad para los titulares, en términos del artículo 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentra sujeta al término de cuatro meses a que refiere el artículo 113, fracción II, inciso c), el cual comienza a correr a partir del momento en que el titular conoce las causas de la conducta que amerite el cese del trabajador, por lo que para que su facultad para cesar no prescriba, dentro de ese término el titular de la dependencia a que pertenece el empleado debe realizar los trámites pertinentes para cesar al trabajador, tales como instrumentar el acta administrativa de investigación y presentar la demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en que solicite la autorización respectiva, para que éste decida en un laudo si se demostró o no la causal rescisoria, toda vez que el fin primordial de la solicitud de autorización del cese del trabajador, es cumplir con el requisito previsto en el numeral 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, después de instrumentar las investigaciones correspondientes a fin de comprobar la falta, para poder dejar sin efectos el nombramiento o designación del empleado sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, ocurrir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y solicitar la autorización del cese, ya que el titular no puede cesar por sí y ante sí, lo cual implica que la autorización que debe mediar por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se convierte en un requisito de procedibilidad, por lo que satisfecho tiene libre arbitrio para cesarlo y esto debe ejercitarlo en el término de cuatro meses que la ley le concede para cesar al trabajador, pues una vez autorizado se cumple jurídicamente el supuesto que la ley señala en el artículo 113, fracción II, inciso c), por ello, al resultar procedente la autorización para cesar, la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en ese caso, tiene únicamente el carácter de ser declarativa de un derecho del titular para cesar al trabajador sin responsabilidad, que no conlleva ejecución, porque por sus efectos sólo actualiza la hipótesis jurídica del conocimiento por parte del Estado patrón de las causas que motivaron el cese, por lo que la notificación del laudo que lo autoriza a llevarlo a cabo, es el punto de partida para que en el término de cuatro meses lo realice, conforme al artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dado lo expuesto, no asiste razón al inconforme al señalar que la Sala violó lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que no tomó en cuenta que el ahora quejoso contaba con el término de dos años para ejecutar el laudo de veinte de agosto de dos mil dos, contados a partir de que quedó firme dicho laudo, esto es, el veintiséis de noviembre de dos mil dos, por lo que al haberse ejecutado el treinta de mil (sic) tres, es decir, siete meses, catorce días, posteriores al veintiséis de agosto de dos mil dos, ello fue conforme a derecho, porque la notificación del cese del nombramiento fue con motivo de un laudo y no de ningún otro acto, as

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24367-94128d48/trabajadores-al-servicio-del-estado-plazo-para-cumplir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.