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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE SI SE HACE VALER OPORTUNAMENTE, AUN CUANDO CON POSTERIORIDAD A SU INTERPOSICIÓN O ANTES DE FENECER EL PLAZO PARA ELLO, SE DECLARA FIRME LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2012. · Registro digital (IUS): 24242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 716.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 10 DE OCTUBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos. Lo anterior, con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO. Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, toda vez que se formuló por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de reclamación ********** de su índice.

TERCERO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es menester tener presentes las consideraciones que sustentan los criterios que se denuncian como opositores los que, cabe advertir, parten de los mismos supuestos fácticos, a saber:

• La parte quejosa promovió, en tiempo y forma, el recurso de queja previsto en la fracción VII del artículo 95 de la Ley de Amparo, en contra de la resolución dictada en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 del citado ordenamiento legal.(2)

Esto es, la queja se interpuso ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció o debió conocer del recurso de revisión dentro de los cinco días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada, en términos de lo dispuesto en los artículos 97, fracción II y 99, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.(3)

• De las constancias que remitió el Juez de Distrito al rendir su informe en relación con la queja, se desprende que con posterioridad a la interposición del recurso declaró firme la resolución impugnada.

No obstante, el presidente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo admitió el recurso de queja que se registró con el número **********. En cambio, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito desechó el recurso de queja, determinación que se impugnó por la recurrente a través del recurso de reclamación que se registró con el número **********.

I. Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito. Al resolver el recurso de queja **********, el Tribunal Colegiado destacó que el citado medio de impugnación es procedente en virtud de que se interpuso en tiempo y forma, sin que obste la existencia del auto por el que el Juez de Distrito declaró firme la resolución impugnada, ya que tal determinación se emitió con posterioridad a la interposición del recurso de queja, máxime que estimar lo contrario implicaría "limitar el acceso a la justicia a un tecnicismo que no corresponde advertir al recurrente", en tanto el recurso se interpone directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito y no por conducto del Juez de Distrito.

En adición a lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que en el caso específico no cobra aplicación la jurisprudencia que se lee bajo el rubro: "REVISIÓN. RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA.". Precisó que es así, ya que la naturaleza del recurso de revisión es distinta a la del recurso de queja, dado que en el primero se analizan las cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad de los actos reclamados; en tanto en el segundo se decide sobre una cuestión incidental que se verifica después de concluido el juicio, además de que su tramitación es diversa, ya que la revisión se interpone por conducto del juzgado que dictó la resolución impugnada, mientras que la queja se interpone directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda.

Las consideraciones que anteceden dieron origen a la tesis aislada X.A.T. 23 K, que a la letra se lee:

"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EL ANÁLISIS DE FONDO DE DICHO RECURSO CUANDO CON POSTERIORIDAD A SU PRESENTACIÓN OPORTUNA SE DICTA AUTO QUE DECLARA EJECUTORIADA LA SENTENCIA EN EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Procede analizar el fondo del recurso de queja previsto en la fracción VII del artículo 95 de la Ley de Amparo, presentado oportunamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando con posterioridad a su interposición se dicta auto que declara ejecutoriada la sentencia en el incidente de daños y perjuicios, toda vez que la queja en el juicio de amparo, regulada por los artículos 95 a 102 de la ley de la materia, tiene una naturaleza distinta a la del recurso de revisión, ya que es una institución sui géneris, por cuanto ve a la variedad de supuestos que por esta vía pueden plantearse para corregir actos de los juzgadores de amparo y de las autoridades responsables, y el recurso de revisión, que es presentado ante el propio Juez de Distrito, se ocupa de estudiar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, su concesión o negativa, con base en la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, además de que la queja, en la hipótesis inicialmente descrita, deriva de la resolución dictada en el incidente de daños y perjuicios, que tiene una regulación especial, ya que se tramita después de concluido el juicio en lo principal, el cual por su naturaleza propia, va dirigido a reparaciones económicas."(4)

II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Al resolver el recurso de reclamación ********** declaró infundados los agravios formulados por la recurrente al considerar, esencialmente, que el recurso de queja es improcedente puesto que aun cuando se interpuso oportunamente, la existencia del auto que declara firme la resolución impugnada impide analizar su legalidad, con independencia de que tal declaratoria se haya emitido con posterioridad a la presentación del recurso y de que se encuentre o no ajustada a derecho.

Precisó que la anterior determinación no deja en estado de indefensión al recurrente, ya que éste estuvo en aptitud de impugnar el auto que declaró firme la resolución impugnada a través del recurso de queja que prevé el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 45/2006, que se lee bajo el rubro: "QUEJA, PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", la que a su consideración resulta aplicable al caso concreto en virtud de que el auto que declara firme la resolución incidental de reclamación de daños y perjuicios participa de la misma naturaleza que el acuerdo que declara ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de amparo. Además, destacó que, al resolver la contradicción de tesis **********, de la que derivó la jurisprudencia en comento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que el auto que declara ejecutoriada la sentencia dictada en primera instancia, genera que ésta adquiera la calidad de cosa juzgada aun cuando no haya fenecido el plazo para la interposición del recurso de revisión.

En consecuencia, señaló que no comparte el criterio del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que se contiene en la tesis aislada X.A.T. 23 K, transcrita en párrafos precedentes.

CUARTO. Existencia de la contradicción. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la denuncia de contradicción de tesis es procedente cuando los criterios relativos se sustentan por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de cualquier naturaleza que sean de su competencia, aun cuando no constituyan jurisprudencia.(5)

En tal sentido, debe estimarse que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que al resolver los asuntos de su legal competencia, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se pronunciaron sobre una misma situación jurídica arribando a conclusiones disímiles. Es así, ya que el primero sostiene que el recurso de queja previsto en la fracción VII del artículo 95 de la Ley de Amparo, es procedente cuando se promueve en tiempo y forma, aunque con posterioridad a su interposición, el Juez de Distrito declare firme la resolución dictada en el incidente de reclamación de daños y perjuicios; mientras que el segundo considera que la declaratoria del a quo en tal sentido genera que la resolución incidental adquiera la calidad de cosa juzgada y, por ende, el recurso de queja intentado en su contra debe declararse improcedente, aun cuando se haya interpuesto oportunamente.

De lo anterior deriva que el punto de contradicción que debe dilucidar esta Primera Sala, consiste en determinar si es procedente el recurso de queja previsto en la fracción VII del artículo 95 de la Ley de Amparo, que se hace valer en tiempo y forma, cuando con posterioridad a su interposición, el Juez de Distrito declara firme la resolución dictada en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 del citado ordenamiento legal.

QUINTO. Consideraciones y fundamentos. De la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se advierte que para arribar a la conclusión de que el auto que declara firme la resolución impugnada a través del recurso de queja genera la improcedencia de éste aunque se haya interpuesto oportunamente, el referido órgano colegiado se apoya en lo determinado por esta Primera Sala al resolver la diversa contradicción de tesis **********, en su sesión celebrada el catorce de junio de dos mil seis, en el sentido de que en términos de lo previsto en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el auto que declara ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de amparo cuando no ha fenecido el plazo para impugnarla, afecta el derecho de las partes para hacerlo, dado que la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada al determinarse su ejecutoriedad y, por ende, obstaculiza la procedencia del recurso de revisión.

Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema a partir de los principios que en materia de derechos humanos se prevén en el artículo 1o. de la Constitución General de la República, vigente a partir del once de junio de dos mil once, conduce a esta Primera Sala a abandonar el criterio antes precisado. Ello en razón de que en términos del citado precepto constitucional:

1. Las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia, lo que implica precisar su sentido y alcance a partir del principio pro persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se trata de establecer limitaciones legítimas para su ejercicio o para su suspensión extraordinaria, de lo que se sigue que dicho principio permite que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, se opte por la que protege en términos más amplios. Así se desprende de la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), sustentada por esta Primera Sala, que se lee bajo el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."(6)

2. En el ámbito de sus respectivas competencias, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica tratar a todas las personas por igual y considerar que el ejercicio de un derecho necesariamente implica que se respeten y protejan los derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier retroceso de los medios establecidos para su ejercicio, tutela, reparación y efectividad, de acuerdo con el criterio sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en la tesis 1a. XVIII/2012 (9a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA."(7)

En tal virtud, debe tenerse presente que el acceso a la justicia es el derecho fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos, cuyo ejercicio se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del siguiente tenor:

"Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En relación con el alcance del derecho de acceso a la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que:

• Para garantizar una pronta impartición de justicia, es menester que en las leyes se establezcan plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a las partes y a los mismos procedimientos; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y, c) objetivos, que se delimiten en la ley a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender o reducir los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procesales. Así, se desprende de la tesis 1a. LXX/2005, de esta Primera Sala, que se lee bajo el rubro: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA."(8)

• La reserva de ley que prevé el artículo 17 constitucional responde a la exigencia de ejercer los derechos de acción y defensa en un plazo determinado, de manera que de no ser respetado podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, en aras de tutelar la garantía de seguridad jurídica. Y la prevención relativa a que los órganos jurisdiccionales estarán expeditos para impartir justicia, implica que el poder público, en cualquiera de sus manifestaciones -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, no debe supeditar el acceso a la justicia a requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. El criterio relativo se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de esta Sala que lleva por rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."(9)

En relación con lo anterior, destaca que el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el principio de efectividad de los medios de defensa previstos en la Constitución o en la ley, para garantizar esos derechos.(10)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo al citado principio "no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios", lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación "que configure un cuadro de negación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial."(11)

De lo hasta aquí expuesto se colige, que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, motivo por el cual deben abstenerse de condicionar su procedencia a requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer plazos en la ley para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, los cuales deben ser generales, razonables y objetivos, entendiéndose por esto último, que los plazos se deben delimitar en la ley para impedir que las partes o la autoridad los extiendan o restrinjan a su arbitrio.

Los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevén:

"Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

"I. Las que no admitan ningún recurso;

"II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y

"III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante."

"Artículo 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. ..."

De los numerales transcritos se desprende que causan ejecutoria las sentencias -y resoluciones- que admitiendo algún recurso no son recurridas y que, para ello, se requiere declaración judicial, la que deberá realizarse por el tribunal que la emitió, a petición de parte y previa certificación de tal circunstancia, lo que de suyo implica corroborar que ya feneció el plazo para impugnar la sentencia y que no se interpuso el recurso respectivo, máxime cuando ello se debe realizar directamente ante el tribunal revisor.

Por tanto, si la autoridad judicial, de manera oficiosa, declara ejecutoriada una sentencia con posterioridad a la interposición oportuna del recurso hecho valer en su contra o antes de que feneciera el plazo para ello, es claro que tal declaratoria no da lugar a estimar que esa sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada y, en consecuencia, desechar el recurso intentado, puesto que las sentencias -y resoluciones- causan ejecutoria cuando se actualiza el supuesto previsto en la ley, en el caso específico, cuando no se impugnan dentro del plazo legal respectivo, no así por la declaración emitida en tal sentido.

Incluso, conviene advertir que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia determinó que la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un proceso judicial que ha concluido en todas sus etapas, de modo tal que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, dotando a las partes en litigio de certeza jurídica sobre la definitividad del fallo y su ejecución, siempre que en el juicio o procedimiento respectivo se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, en aras de salvaguardar las garantías de seguridad jurídica y acceso a la justicia que consagran los artículos 14 y 17 constitucionales. El criterio relativo se contiene en la jurisprudencia P./J. 85/2008, que se lee bajo el rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(12)

Las consideraciones que anteceden permiten concluir que para garantizar el acceso efectivo a la justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito deben respetar el plazo legal previsto en la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja de que se trate, por lo que si éste se hace valer oportunamente, no debe declararse su improcedencia por la sola circunstancia de que con posterioridad a su interposición o antes de que fenezca el plazo para ello, el Juez de Distrito declare firme o ejecutoriada la resolución reclamada, a más de que ello no da lugar a estimar que adquirió la calidad de cosa juzgada, dado que las sentencias y resoluciones causan ejecutoria cuando se actualizan los supuestos previstos en la ley, en el caso específico, cuando no se impugnan dentro del plazo legal respectivo, mas no así en virtud de la emisión de una declaración en tal sentido.

Estimar lo contrario implicaría sostener que el particular debe recurrir el auto que declara firme la resolución que impugnó en tiempo y forma para evitar la improcedencia del recurso de queja, lo que evidentemente se traduce en una carga procesal excesiva y carente de razonabilidad respecto de la exigencia constitucional de establecer un plazo objetivo y razonable para la interposición del recurso.

SEXTO.-Decisión. El criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es el siguiente:

-Acorde con los principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, el de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley, por lo cual deben abstenerse de condicionar su procedencia a requisitos o formalismos técnicos excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo perseguido con la exigencia constitucional de establecer plazos para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, los cuales deben ser generales, razonables y objetivos, entendiéndose por esto último, que deben delimitarse en la ley para impedir que las partes o la autoridad los extiendan o restrinjan a su arbitrio. Por tanto, los tribunales colegiados de circuito deben respetar el plazo previsto para interponer el recurso de queja, establecido en el artículo 95 de la ley de la materia, por lo que si éste se hace valer oportunamente, no debe declararse improcedente por el hecho de que con posterioridad a su interposición o antes de que fenezca el plazo para ello, el juez de distrito declare oficiosamente firme la resolución reclamada, pues tal circunstancia no da lugar a estimar que dicha determinación adquirió la calidad de cosa juzgada, toda vez que las sentencias y resoluciones causan ejecutoria cuando se actualizan los supuestos previstos en la ley, específicamente cuando no se impugnan dentro del plazo legal, mas no así por la emisión de una declaración en tal sentido; estimar lo contrario implicaría sostener que el particular debe recurrir el auto que declara firme la resolución que impugnó en tiempo y forma para evitar la improcedencia del citado recurso, lo que se traduce en una carga procesal excesiva y carente de razonabilidad respecto de la exigencia constitucional de establecer un plazo objetivo y razonable para la interposición del recurso.

Por lo antes expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del considerando cuarto de esta resolución.

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los términos de la tesis redactada en el considerando sexto del presente fallo.

TERCERO.-Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que se refiere a la competencia, y por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo en cuanto al fondo del asunto.

En términos de lo previsto en las fracciones II y III del artículo 3 y la fracción IV del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

______________________

1. Consultable en la página 9 del Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época.

2. "Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario."

"Artículo 129. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. ..."

3. "Artículo 97. Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes: ... II. En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida."

"Artículo 99. ... En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio."

4. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1422.

5. Son aplicables al caso, las siguientes tesis:

1a./J. 129/2004, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.". Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, página 93.

2a. CCXVII/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA DIRIMA, RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.". Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 42.

6. Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659.

7. Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 257.

8. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, página 438.

9. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 124.

10. "Artículo 25. Protección judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

11. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, de seis de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

12. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24242-29a93c57/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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