RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE AGOSTO DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada por criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en donde no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno, para conocer de ella.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues fue formulada por **********, en su calidad de representante legal de la empresa **********, quien fue parte en el juicio de amparo que dio origen al recurso de queja QA. 54/2008, del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del que derivó uno de los criterios sometidos a contradicción.
TERCERO. Posturas contendientes que consideran procedente el recurso de queja. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
1. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
Al resolver el recurso de queja 54/2008, interpuesto por la autoridad responsable en un juicio de amparo, en contra de un proveído que negó tener por rendido su informe justificado, y en lo que interesa señaló:
"El presente recurso de queja resulta procedente, en tanto se interpone contra el auto dictado por un Juez Federal durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que dispone que procede el recurso de queja contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva.
"En efecto, el recurso de queja se ha identificado como el medio de impugnación que constituye una segunda instancia analítica de la legalidad de las resoluciones que dicten los órganos de control constitucional durante la sustanciación del juicio de garantías o después de fallado el juicio en primera instancia, cuya procedencia se condiciona a que no proceda expresamente el diverso recurso de revisión, porque de ser así, aunque causen un daño o perjuicio a alguna de las partes de modo irreparable deberá interponerse necesariamente aquél.
"En esa tesitura, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la rendición del informe justificado no constituye una formalidad esencial del procedimiento, pues no es un elemento preponderante que integre la litis constitucional, lo cierto es que su rendición incide en la relación jurídico procesal del juicio de garantías, en la medida en que a través de aquél la autoridad responsable manifiesta la certeza o inexistencia del acto reclamado, plantea las causas de inejercitabilidad del juicio de garantías que a su consideración se actualizan, expresa los argumentos tendientes a defender la constitucionalidad del acto que se le atribuye y, además, ofrece las pruebas conducentes.
"Bajo esa óptica, del contenido del informe justificado que rinda la autoridad responsable se puede desprender la existencia de los actos reclamados y su justificación pero, además, es posible que se revelen nuevos actos o diversas autoridades, lo que traería como consecuencia que el quejoso pudiera ampliar su demanda respecto de aquéllos, y entonces, modificar la litis constitucional originalmente planteada; de ahí que el hecho de que no se tenga por rendido el informe justificado que rinde la autoridad responsable, es una determinación que podría reportarle a las partes un perjuicio no reparable ni con el dictado de la sentencia definitiva, en la medida en que incide en la determinación de la existencia de los actos reclamados y de las cargas probatorias, puesto que de su contenido es posible que se desprendan elementos de convicción que obligan a probar a alguna de las partes o a ampliar la demanda de garantías, por lo que es susceptible de generar daños o perjuicios que el Juez de Distrito ya no podría reparar en la sentencia definitiva, pues no le está permitido dejar sin efectos la audiencia constitucional para reparar violaciones procesales u otorgar a alguna de las partes la oportunidad de probar o defenderse, esto es, el juzgador al advertir en el momento procesal de sentenciar, la irregularidad cometida en el sentido de no darle cauce legal a un informe justificado debidamente rendido, no podría volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación en comento.
"En otras palabras, una vez celebrada la audiencia constitucional y superada la etapa en la que se reciben las pruebas y alegatos de las partes, al dictarse la sentencia, aun cuando el juzgador de garantías advirtiera una irregularidad en el procedimiento en cuanto a la posible existencia de diversos actos de autoridad o de elementos probatorios respecto de los cuales aquéllas estuvieran interesadas, sin que se les hubiera dado la oportunidad procesal para defenderse, el Juez no podría dejar sin efectos la citada audiencia ni regularizar el procedimiento a efecto de que las cosas volvieran al estado en que se encontraban antes de la violación u omisión cometida; de ahí que la idónea rendición del informe justificado, que según se ha sostenido, incide significativamente en la relación jurídico procesal del juicio de amparo, es una determinación que por su naturaleza trascendental y grave puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva y, por tanto, es cuestionable a través del presente recurso de queja.
"Sirve de apoyo a las reflexiones anteriores, en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIII, página 5759, que es del tenor siguiente: ‘INFORME JUSTIFICADO, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA NEGATIVA DE AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PARA RENDIRLO. (se transcribe).’."
Las consideraciones anteriores dieron lugar a la siguiente tesis:
"QUEJA. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE EN EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR NO RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO DE UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, ese medio de impugnación procede contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva. Ahora bien, tocante a la rendición del informe justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no constituye una formalidad esencial del procedimiento, pues no es un elemento preponderante que integre la litis constitucional; sin embargo, es innegable que incide sensiblemente en la relación jurídico procesal entre las partes que intervienen en el juicio de amparo, en la medida en que a través de ese informe la autoridad responsable se pronuncia sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado, puede plantear causas de inejercitabilidad de la acción de garantías que a su consideración se actualicen, expresar los argumentos tendientes a defender la constitucionalidad del acto que se le atribuye y, además, ofrecer las pruebas conducentes. Por tanto, del contenido del informe justificado que rinda la autoridad responsable se puede desprender la existencia de los actos reclamados y su justificación, pero además, es posible que se revelen nuevos actos o diversas autoridades, lo que traería como consecuencia que el quejoso pudiera ampliar su demanda respecto de aquéllos y, entonces, modificarse la litis constitucional originalmente planteada; de ahí que el hecho de que no se tenga por rendido el informe justificado que emite la autoridad responsable, es una resolución que podría reportar a las partes un perjuicio no reparable ni con el dictado de la sentencia definitiva, en la medida en que incide en la determinación de la existencia de los actos reclamados y de las cargas probatorias, puesto que de su contenido es posible que se desprendan elementos de convicción que obliguen a probar a alguna de las partes o a ampliar la demanda de garantías, por lo que es susceptible de generar daños o perjuicios que el Juez de Distrito ya no podría reparar en la sentencia definitiva, en tanto no le está permitido dejar sin efectos la audiencia constitucional para regularizar violaciones procesales u otorgar a alguna de las partes la oportunidad de probar o defenderse, esto es, al advertir en el momento de sentenciar, la irregularidad cometida en el sentido de no darle cauce legal a un informe justificado debidamente rendido, no podría volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación en comento."(1)
2. Criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito:
Al resolver el recurso de queja 265/2009, interpuesto por la parte quejosa en un juicio de amparo, en contra de un proveído que tuvo por rendido el informe justificado presentado por la autoridad responsable, y si bien no emitió un pronunciamiento en relación con su procedencia, implícitamente lo consideró así, ya que se estimó competente, entró a su estudio y lo declaró fundado:
"En mérito de lo expuesto, tomando en cuenta que las autoridades mencionadas en el contexto de esta ejecutoria, no demostraron su personalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se impone declarar fundado el recurso de queja a que este toca se refiere."
3. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
Al resolver el recurso de queja 42/2008, interpuesto por la autoridad responsable en un juicio de amparo, en contra de un proveído que negó tener por rendido su informe justificado, y si bien no emitió un pronunciamiento en relación a su procedencia, implícitamente lo consideró así, ya que se estimó competente, calificó su oportunidad, entró a su estudio y lo declaró fundado:
"Así, siendo fundado el agravio propuesto, se impone declarar fundado este recurso, por lo que el Juez del conocimiento deberá dejar insubsistente su acuerdo recurrido, y proveer nuevamente sobre el informe justificado que presentó la recurrente, teniéndolo por rendido en su carácter de autoridad sustituta del administrador local de Recaudación del Sur del Distrito Federal."
4. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito:
Al resolver el recurso de queja 24/2004, interpuesto por la autoridad responsable en un juicio de amparo, en contra de un proveído que negó tener por rendido su informe justificado, y si bien no emitió un pronunciamiento en relación con su procedencia, implícitamente lo consideró así, ya que se estimó competente, calificó su oportunidad, entró a su estudio y lo declaró fundado:
"Sentado lo anterior, debe declararse fundada la queja y, en consecuencia, de ello revocarse el acuerdo que se revisa y ordenar al Juez de Distrito que admita el informe justificado rendido por el administrador local jurídico de Veracruz, por suplencia de la autoridad responsable jefe del Servicio de Administración Tributaria, sin perjuicio de lo que se determine en relación a si se deben tener por ciertos o no los actos reclamados ..."
CUARTO. Posturas contendientes que consideran improcedente el recurso de queja. Continuando con la exposición de los criterios de los Tribunales Colegiados:
5. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
Al resolver el recurso de queja 42/2008, interpuesto por una autoridad, en contra de un proveído que negó tener por rendido su informe justificado por no haber sido señalada como autoridad responsable en el juicio de garantías y, en lo que interesa señaló:
"CUARTO. En el caso resulta innecesario transcribir los agravios que se hacen valer, pues no se analizarán, en razón de que el presente recurso de queja es improcedente como a continuación se pondrá de manifiesto:
"El recurso que se hace valer se interpone con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, disposición que establece lo siguiente:
"‘(se transcribe).’
"Del citado precepto, se advierte que el recurso de queja es procedente cuando se satisfagan los siguientes requisitos:
"a) Que se interponga en contra de una resolución dictada por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo; b) Que dicha resolución sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) Que la resolución emitida no admita expresamente el recurso de revisión; d) Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Que si dicha resolución es dictada después de fallado el juicio, en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la falta de alguno de estos requisitos, el recurso de queja en comento, es improcedente.
"Es decir, de la transcripción anterior, se advierte que en la hipótesis referida, en la cual funda su recurso el recurrente, éste únicamente es procedente en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
"Lo anterior es así, toda vez que en el acuerdo recurrido en el presente asunto que ya se transcribió, el a quo determinó que no ha lugar a tener por rendido el informe justificado exhibido por el administrador local de Servicios al Contribuyente del Sur del Distrito Federal porque tal autoridad no fue señalada como responsable; sin embargo, en ese mismo auto requirió a la parte quejosa para que manifestara si es su deseo señalar como responsable a la referida autoridad.
"Así, desahogado el requerimiento respectivo, con fecha ocho de abril de dos mil ocho, el Juez Federal emitió el acuerdo siguiente:
"‘(se transcribe).’
"Conforme a lo anterior, es evidente que el proveído recurrido, si bien no admite el recurso de revisión, por no estar contemplado en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 83 de la Ley de Amparo, también lo es que no causa un perjuicio irreparable a la recurrente, toda vez que en el acuerdo antes transcrito solicitó a la administradora local de Servicios al Contribuyente del Sur del Distrito Federal, rinda su informe justificado de manera que el acuerdo recurrido, ningún perjuicio grave ni trascendente causa a la recurrente, pues no afecta de manera inmediata sus derechos, ya que esa cuestión puede ser subsanada antes de dictarse la sentencia definitiva, como ocurrió en el caso.
"En consecuencia, la presente queja resulta improcedente, pues se insiste en que la determinación que se combate no es de naturaleza trascendental ni grave, con la que se pudiera causar un perjuicio irreparable a la recurrente, presupuestos que son los necesarios para la procedencia del recurso de queja, conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo.
"En tales condiciones, procede desechar el recurso interpuesto."
6. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito:
Al resolver el recurso de queja 54/2009, interpuesto por la autoridad responsable, en contra de un proveído que negó tener por rendido su informe justificado, y en lo que interesa señaló:
"Por otro lado, el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: ‘(se transcribe).’
"De la transcripción que antecede, se desprende que en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se establecen como requisitos indispensables de procedencia del mencionado recurso de queja, en la hipótesis que se analiza, los siguientes:
"a) Que la resolución recurrida se haya emitido durante la tramitación del juicio de garantías, esto es, con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional; b) Que en contra de la propia resolución no proceda el recurso de revisión; y, c) Que por su naturaleza trascendental y grave, la propia resolución pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia que se emita en el juicio constitucional.
"Como se dijo, este cuerpo colegiado estima que en la especie el presente recurso de queja resulta improcedente.
"En efecto, si bien es cierto que el acuerdo recurrido de fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, se emitió durante la tramitación del juicio de amparo y, además, en su contra no procede el recurso de revisión; sin embargo, no se satisface el aludido tercer requisito de procedencia, dado que el proveído de que se trata no es de naturaleza trascendental y grave, ni causa a la autoridad ahora recurrente, un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva que en su momento se dicte en el juicio constitucional del cual deriva el presente recurso. Sobre este último aspecto, es preciso destacar que debe considerarse que un auto es de naturaleza trascendental y grave cuando por su contenido produce efectos que implican consecuencias y que dichas consecuencias por sus efectos sean notoriamente perjudiciales o causen notorios perjuicios al agraviado que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva.
"Y en la especie el director general adjunto de procedimientos constitucionales rindió informe justificado en suplencia por ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y no por alguna otra cuestión que le impida a dicho titular rendir informe justificado en ausencia del secretario responsable o a éste por sí mismo pues, incluso, el a quo nuevamente lo requirió para ello; por lo que en el caso el acuerdo en la parte que se recurre no es de naturaleza trascendental y grave, ni causa a la autoridad ahora recurrente, un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, máxime si se toma en cuenta que lo que se reclama al secretario de Gobernación es el refrendo y firma del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, específicamente la adición del artículo 145-A de dicho código, esto es, que tratándose de leyes no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque su publicación en dicho órgano oficial de difusión tiene como fin dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo; aunado a que la falta de informe justificado, no implica considerar por ese solo hecho que la ley reclamada sea inconstitucional.
"...
"En las relatadas circunstancias, si el auto recurrido no causa a la autoridad recurrente un perjuicio de imposible reparación en la sentencia definitiva y, por ende, que pueda considerarse de naturaleza trascendental y grave, lo procedente es desechar por improcedente el presente recurso de queja."
7. Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
Al resolver el recurso de queja 26/2010, interpuesto por una autoridad responsable, en contra de un proveído que tuvo por rendido su informe justificado, y en lo que interesa señaló:
"Debe desecharse el recurso de queja por improcedente.
"El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo prevé que el recurso de queja procede en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva.
"Lo anterior implica que no cualquier proveído dictado durante la tramitación del juicio de garantías, desfavorable a una de las partes, es recurrible mediante el recurso de queja, sino sólo los que resulten realmente relevantes dentro del procedimiento en forma tal que incidan en la oportunidad de defensa de las partes, pudiendo ocasionarles un daño o perjuicio que pueda trascender a la decisión que se tome en la sentencia y que, además, no puedan ser reparadas al dictarla.
"En la especie, se impugna el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diez, dictado por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que tuvo por rendido el informe justificado del presidente de la República, ordenó dar vista con su contenido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, tuvo como delegados de la autoridad a las personas que designó y acordó lo referente a la pericial contable que ofreció, aspecto este último que no es impugnado en este recurso de queja.
"Por lo anterior, debe considerarse que el auto recurrido no tiene una naturaleza trascendental ni grave que implique un perjuicio no reparable en la sentencia o en revisión puesto que, con dicho acuerdo, no se tuvo por precluido el plazo para rendir el informe máxime que, al dictar la sentencia, el Juez podrá valorar el alcance del oficio presentado por la autoridad ahora recurrente sin que exista ninguna disposición legal que impida a las autoridades responsables enviar un nuevo oficio si lo consideran conveniente, de tal manera que la circunstancia de que el oficio presentado se haya considerado como informe justificado constituye una cuestión meramente procedimental que no causa a la autoridad recurrente ningún perjuicio irreparable ni tiene naturaleza trascendental ni grave.
"Tampoco obsta que la recurrente invoque que no se respetó el plazo que le había sido concedido para rendir informe, puesto que tal circunstancia no determina, por sí sola, que el acuerdo impugnado tenga naturaleza trascendental ni grave, ni mucho menos, que provoque un perjuicio irreparable y, en todo caso, sería impugnable mediante el recurso de revisión que se interpusiera, en su caso, contra la sentencia definitiva si trascendiera al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Finalmente, no obsta la circunstancia de que el medio de impugnación que ahora se resuelve se haya admitido mediante auto de presidencia, dado que dichas determinaciones no causan estado ni obligan al tribunal funcionando en Pleno, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 29/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 188, cuyo contenido es como sigue: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO.’ (se transcribe)."
8. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
Al resolver el recurso de queja 147/2010, interpuesto por la parte quejosa en un juicio de amparo, en contra de un proveído que tuvo por rendido el informe justificado presentado por la autoridad responsable, y en lo que interesa señaló:
"Es improcedente el recurso de queja hecho valer, en atención a las siguientes consideraciones:
"El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo establece: (se transcribe).
"El numeral transcrito establece dos supuestos de procedencia del recurso de queja, a saber:
"a) Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a los que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza transcendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En este supuesto, se prevé la procedencia del recurso contra resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión. Al respecto, se exige que se cumplan con los siguientes requisitos concurrentes: 1. Que tales resoluciones no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo; y 2. Que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. b) Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a los que se refiere el artículo 37 de esta ley, que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley.
"En la especie, el acuerdo recurrido se dictó durante la tramitación del juicio de amparo, de modo que se impone examinar si, en el caso, operan los extremos que exige el primer supuesto de procedencia contemplado en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo.
"Pues bien, el análisis del acuerdo recurrido pone de relieve que no se satisfacen los extremos previstos en el numeral referido.
"Y lo anterior es así, toda vez que la determinación del juzgador federal, de que era procedente tener por rendido el informe justificado del titular jefe de la oficina para cobros y el notificador ejecutor, todos dependientes de la Subdelegación 6 Piedad Narvarte, Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social; constituye una resolución que si bien no admite expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no se trata de un acto trascendental y grave, que puede causar daño o perjuicio no reparable en la resolución que decida sobre el juicio de garantías.
"Ello es así, porque la violación de la que se duele el inconforme, podría quedar reparada por el Juez de Distrito, con el dictado de una resolución que le resulte favorable a sus intereses, como sería la concesión del amparo a la parte quejosa.
"En efecto, la circunstancia de que se haya determinado que era procedente tener por rendido el informe justificado, constituye una violación que puede quedar reparada por el propio Juez de Distrito, de dictarse una resolución que declarara la inconstitucionalidad de los actos que se combatieron en la vía del amparo.
"Y lo anterior es así, pues la finalidad del informe con justificación, es que las autoridades responsables, admitan o nieguen la autoría del acto que en la demanda de amparo se les atribuye; así como la remisión de las constancias respectivas, para demostrar su existencia; con base en eso, el juzgador constitucional deberá pronunciarse acerca de la constitucionalidad de los actos, con fundamento en los conceptos de violación planteados.
"Por lo tanto, si se considera que para efectos del juicio de amparo, una violación trascendental, es aquella que no podrá ser reparada, incluso de obtenerse una sentencia que satisfaga la pretensión del quejoso (es decir, que conceda la protección constitucional), en el presente caso, no se surte tal circunstancia.
"Lo anterior se estima de ese modo, porque el hecho de que se haya admitido el informe justificado de la autoridad -según dice el quejoso- en forma extemporánea, no puede trascender al resultado del fallo ni violentar la equidad procesal de las partes, ya que tal circunstancia se desvanecerá al momento de dictarse la sentencia, en caso de que ésta favorezca al gobernado.
"Además, que la recepción del informe con justificación no le deja sin defensa o le priva de derechos que puede hacer valer dentro del procedimiento y, en cambio, le ofrece la oportunidad de controvertir y desvirtuar lo dicho por la autorida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23324-117fe8df/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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