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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2017. · Registro digital (IUS): 27740
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-04-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Pág. 772.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 14 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, sin que se estime necesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, siendo este tribunal el que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.

TERCERO.-Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son las siguientes:

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 82/2017, estableció sustancialmente, lo siguiente:

• En principio, determinó que el recurso de queja interpuesto por la autoridad recurrente, conforme al artículo 97, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo es improcedente y, por ende, debe desecharse.

Lo anterior, toda vez que tratándose del recurso de queja "es necesario verificar cuál de las partes en el juicio de amparo puede resentir alguna lesión jurídica con el acto específico que pretende impugnarse" pues de lo contrario, es decir, "si quien interpone ese medio de defensa no sufre afectación en su esfera de derechos, habrá de desecharse por falta de legitimación".

• En efecto, si bien de una primera lectura del precepto 97, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo cabría aseverar que cualquier parte en el juicio se encuentra legitimada para promover ese medio de impugnación, precisamente porque de manera expresa no contempla excepción alguna para ello; lo cierto es que "su procedencia no es irrestricta, pues esa definición, por una parte, debe hacerse en función del perjuicio que pueda generar (el reconocimiento o rechazo de un tercero interesado) a quien pretenda su interposición" y, por otra, con base en una interpretación sistemática de los preceptos de la Ley de Amparo que contemplan los recursos en la instancia constitucional.

Así es, por cuanto ve al primero de los extremos, es dable aseverar que cuando el inciso d) de la fracción I del artículo 97 antes transcrito indica que la queja procede contra la resolución en la que se reconozca o niegue el carácter de tercero interesado, debe entenderse que "para el primer supuesto (cuando se reconozca), el legitimado para inconformarse al respecto es el sujeto en favor de quien se otorga esa calidad, mientras que en el segundo (cuando se rechace), lo será la parte quejosa".

• Ello, en virtud de que el impetrante de amparo es la parte que tiene un interés contrario al del tercero interesado, pues éste, por ejemplo, pudo haber gestionado el acto reclamado, tiene un interés jurídico en que ese acto subsista o simplemente ese interés es contrario al del quejoso "de ahí que si es a éste a quien interesa que su pretensión constitucional sea analizada de manera integral y pronta, la omisión procesal relacionada con la intervención en juicio de quien sí tiene ese carácter, representa un retardo en la impartición de justicia que reclama".

Por su parte, será el tercero interesado convocado al juicio de amparo "quien a través de la queja podrá recurrir ese llamado, pues esa intervención le genera cargas procesales que, de resultar que no tiene esa calidad, ya no podrían retrotraerse, en virtud de que se le vinculó a actuar dentro del proceso de amparo".

• De ahí que si en el caso es la autoridad responsable quien acude a la queja en contra de un auto a través del cual el Juzgado de Distrito declara que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, formulada en el sentido de llamar a juicio a quien, desde su perspectiva, recae el carácter de tercero interesado "es innegable que tal determinación no le depara perjuicio alguno; en atención a ello, resulta innecesario hacer referencia a los agravios vertidos por la parte recurrente".

Por ende, dado que es el quejoso o, en su caso, el tercero interesado, quien pudiera ser afectado con el auto relacionado con dicho emplazamiento al juicio de amparo "es innegable que la autoridad responsable no cuenta con legitimación alguna para interponer el recurso de queja en ese supuesto", pues con ello no se afecta la intervención que tiene en juicio, relacionada con la forma en que debe integrarse la litis constitucional, con su derecho a demostrar que el acto que se le reclama es constitucional o con el planteamiento de causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento.

• Conforme a lo anteriormente expuesto y dado que en el caso es la autoridad responsable quien ocurre a quejarse en contra del rechazo en el reconocimiento de terceros interesados, su medio de impugnación debe desecharse al no depararle afectación alguna la resolución recurrida.

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 67/2016, dictó sentencia el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en la que estableció, sustancialmente, lo siguiente:

• En principio, precisó que de acuerdo al inciso d), fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo, una de las hipótesis de procedencia del recurso de queja es cuando se combate la resolución que niega el reconocimiento de terceros interesados.

Al respecto, consideró que tal precepto no establece "ninguna excepción para la interposición del recurso de queja", esto es, "no limita su interposición a alguna parte del juicio en específico o prevé una condicionante", sino que "basta con que se dicte una resolución que reconozca o niegue el carácter de tercero interesado de alguna persona física o moral, pública o privada, para que proceda el aludido medio de impugnación".

• De ahí que se considera procedente el recurso de queja que en la especie fue interpuesto por la autoridad responsable, bajo el principio jurídico que dispone que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo, además, privilegiando el derecho de acceso a la jurisdicción que prevé el artículo 17 constitucional.

Ahora, si bien podría considerarse "que dicha resolución no le causa a la citada autoridad (la responsable) un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva", en tanto que no limita en manera alguna su derecho tanto a plantear causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, como a demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional; conforme lo prevé la tesis VI.1o.A.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, intitulada: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NO RECONOCE A UN TERCERO PERJUDICADO CON TAL CARÁCTER, CUANDO LA PARTE RECURRENTE ES LA AUTORIDAD RESPONSABLE."

• Lo cierto es que, se pudiera compartir el criterio así sustentado, "deviene ya inaplicable, en razón de que fue realizado bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada", la cual no preveía la hipótesis que contiene el inciso d) de la fracción I del artículo 97 de la normatividad en vigor "la cual es específica y expresa al señalar la procedencia del recurso de queja contra la resolución que reconozca o niegue el carácter de tercero interesado de alguna persona física o moral, pública o privada", atento el principio de especialidad que rige en la especie.

Con base en lo anteriormente expuesto, es que se considera que el recurso de queja de que se trata resulta procedente.

• Precisado lo anterior, dicho órgano jurisdiccional entró al fondo del asunto y determinó que los agravios expuestos por la autoridad recurrente eran inoperantes, por lo que declaró infundado el recurso de queja.

El anterior criterio dio origen a la tesis VII.2o.T.25 K (10a.), que es del tenor siguiente:

"QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NO RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONERLA [INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO]. El precepto citado establece que en el amparo indirecto procede el recurso de queja contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado, sin señalar limitante, excepción o condición especial para su interposición, sino que basta con que se dicte una determinación como la apuntada para que proceda el aludido medio de impugnación, siguiendo el principio jurídico que dispone que ‘donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo’, y privilegiando el derecho de acceso a la jurisdicción inmerso en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que este recurso pueda interponerse por la autoridad responsable contra la determinación del Juez de Distrito que niega reconocer la calidad de tercero interesado a alguien, sin que el hecho de que en el inciso e) del propio numeral se prevea que el recurso de queja también procede contra las resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; lo que, en principio, llevaría a estimar que la resolución del juzgador de no llamar como tercero interesada a determinada persona, física o moral, de derecho público o privado, no causa a la autoridad responsable un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, porque no limita su derecho a plantear causales de improcedencia y/o motivos de sobreseimiento, como a demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, pues el daño o perjuicio que dicha resolución podría causar, lo resentiría aquel a quien se le desconozca ese carácter, el que quedaría imposibilitado para alegar y probar en su defensa dentro del juicio de amparo, o bien, el propio quejoso, quien tiene interés en que se llame a terceros al procedimiento; sin embargo, esta última hipótesis es inaplicable, atento al principio de especialidad, en razón de que el inciso d) es específico y expreso, al prever la procedencia de dicho medio de impugnación contra la resolución que reconozca o niegue el carácter de tercero interesado, sin hacer distinción acerca de quién está legitimado para interponer el recurso."(1)

III. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 60/2008, dictó sentencia el veintiséis de septiembre de dos mil ocho, en la que sostuvo lo siguiente:

• En principio, atendiendo al contenido del precepto 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, sostuvo que si en la especie se impugna el auto dictado por el juzgador en el que no se reconoce el carácter de terceras perjudicadas a determinadas autoridades, señaladas con esa calidad por la responsable ahora inconforme, entonces "aun cuando se satisface el requisito concerniente a que tal resolución sea de naturaleza trascendental y grave; sin embargo, no se causa al secretario responsable un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva", en tanto que la determinación relativa no limita de manera alguna su derecho tanto a plantear causas de improcedencia y/o motivos de sobreseimiento, como a demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional.

De ahí que "el auto recurrido no le irroga agravio alguno a la ahora inconforme, por lo que en consecuencia, dicha responsable carece de legitimación para interponer el presente recurso de queja".

• Al respecto, precisó que los conceptos atinentes a la "naturaleza trascendental y grave" del auto recurrido, el "daño o perjuicio" causado a la parte recurrente, al igual que el calificativo "irreparable en la sentencia definitiva", no fueron definidos por el legislador, en virtud de que es tarea del juzgador determinar si se actualizan o no, con base en la ponderación de las características del caso concreto.

En ese contexto, si bien la especie, no se soslaya que el acuerdo que niega el reconocimiento de un tercero perjudicado sí es de naturaleza trascendental y grave, lo cierto es que se estima que el daño o perjuicio que dicha resolución podría causar "no lo resiente la autoridad responsable ahora recurrente, sino en todo caso aquel a quien se le desconozca el carácter de tercero perjudicado", pues evidentemente éste quedaría imposibilitado para alegar y probar su defensa dentro del juicio de garantías "o bien, el propio quejoso, interesado en que se llame a los terceros perjudicados al procedimiento constitucional, a fin de no retardar innecesariamente la resolución del asunto".

• Bajo este contexto "no es la autoridad responsable, ahora inconforme, la parte del juicio de garantías que pudiera resentir un daño o perjuicio, producido por el auto del a quo que no le reconoce a otras autoridades la calidad de terceras perjudicadas", pues con independencia de la facultad del juzgador de amparo para examinar de oficio el emplazamiento a todas las partes, lo cierto es que una resolución de esa naturaleza que, como se ha dicho, sí se considera trascendental y grave, "pudiera afectar en todo caso al quejoso o a las autoridades a quienes no se les reconoce como terceras perjudicadas, mas no a la autoridad responsable que las propone con tal carácter".

• En las relatadas condiciones, debe desecharse por improcedente el presente recurso de queja.

Los anteriores razonamientos dieron origen a la tesis VI.1o.A.45 K, que es del tenor siguiente:

"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NO RECONOCE A UN TERCERO PERJUDICADO CON TAL CARÁCTER, CUANDO LA PARTE RECURRENTE ES LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-La referida porción normativa establece como requisitos para la procedencia del recurso de queja que: a) se interponga contra una resolución emitida por el Juez de Distrito o por el Superior del Tribunal a quien se impute la violación, en los casos del artículo 37 del citado ordenamiento; b) dictada durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión; c) no admita expresamente el recurso de revisión, en términos del artículo 83 de la ley invocada; d) por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) si es pronunciada después de fallado el juicio en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado), o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al requisito mencionado en el inciso d) precedente, consistente en la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, cabe apuntar que éste se subdivide, a su vez, en tres aspectos: d1) la naturaleza trascendental y grave del acto recurrido; d2) el daño o perjuicio que éste pueda causar a alguna de las partes; y, d3) la imposibilidad de reparar ese daño o perjuicio al momento de pronunciar el fallo definitivo en primera instancia. Los conceptos atinentes a la ‘naturaleza trascendental y grave’ del auto recurrido, el ‘daño o perjuicio’ causado a la parte recurrente, al igual que el calificativo ‘irreparable en la sentencia definitiva’, no fueron definidos por el legislador, en virtud de que es tarea del juzgador determinar si se actualizan o no, con base en la ponderación de las características del caso concreto. Ahora bien, aun cuando el acuerdo que niega el reconocimiento de un tercero perjudicado (con independencia de que sea autoridad o particular), es de naturaleza trascendental y grave; sin embargo, se estima que el daño o perjuicio que dicha resolución podría causar, no lo resiente la autoridad responsable, recurrente en queja, sino en todo caso aquel a quien se le desconozca el carácter de tercero perjudicado, pues evidentemente éste quedaría imposibilitado para alegar y probar en su defensa dentro del juicio de garantías, o bien, el propio quejoso, interesado en que se llame a los terceros perjudicados al procedimiento constitucional, a fin de no retardar innecesariamente la resolución del asunto. En esa medida, para establecer cuál es el daño o perjuicio que con el acto recurrido en queja, pudiera resentir la parte que interpone el recurso, es indispensable atender a la posición que guarde frente a la resolución del Juez de Distrito y a las demás partes del juicio de garantías. Así, la autoridad responsable y el tercero perjudicado, como contraparte del quejoso, persiguen finalidades similares porque una y otro quieren, por lo general, que el juicio se sobresea o que se niegue el amparo; sin embargo, ello no implica, por sí solo, que una determinación del Juez de Distrito, relacionada con el tercero perjudicado, afecte a la autoridad responsable y viceversa, por lo que es labor del órgano que conozca de la queja interpuesta con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, determinar, conforme a las características particulares del asunto, si el auto recurrido que en la especie previamente se ha estimado de naturaleza trascendental y grave, causa o no un daño o perjuicio a la parte recurrente, el cual no es susceptible de ser reparado al momento de la sentencia definitiva. Bajo este contexto, no es la autoridad responsable, inconforme en queja, la parte del juicio de garantías que pudiera resentir un daño o perjuicio, producido por el auto del a quo que no le reconoce a otras autoridades la calidad de terceras perjudicadas, pues con independencia de la facultad del juzgador de amparo para examinar de oficio el emplazamiento a todas las partes, lo cierto es que una resolución de esa naturaleza que sí se considera trascendental y grave, pudiera afectar en todo caso al quejoso o a las autoridades a quienes no se les reconoce como terceras perjudicadas, mas no a la autoridad responsable en virtud de que esta determinación no restringe en forma alguna el derecho de dicha recurrente para hacer valer causas de improcedencia y/o motivos de sobreseimiento, ni su facultad de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, aunado a que tampoco implica variación alguna de la litis constitucional."(2)

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica. Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.

A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:

I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(3)

II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.

III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.(4)

A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener que es inexistente la contradicción denunciada entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el expediente de queja 60/2008, y los criterios contenidos en los restantes fallos que fueron denunciados como posiblemente discrepantes.

Es así, pues la queja 60/2008 fue resuelta bajo el amparo de la abrogada ley de la materia, cuyo precepto 95, fracción VI, establecía que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que dicten "los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley".

En tanto que, en los restantes criterios que se denuncian como discrepantes, los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron la procedencia del recurso de queja atendiendo al precepto 97, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, el cual simplemente prevé que dicho medio de defensa es procedente contra las resoluciones "que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado".

En ese sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el expediente de queja 60/2008, no sólo analizó la procedencia del recurso de queja con base en un ordenamiento legal de distinta vigencia al utilizado por los restantes órganos colegiados para resolver los criterios que se estiman discrepantes, sino que, como se ha expuesto, el texto normativo del precepto 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, no es coincidente, ni resulta asimilable al diverso plasmado en el artículo 97, fracción I, inciso d), de la ley de la materia vigente.

De ahí que, si la normativa abrogada empleada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, no mantiene contenido jurídico coincidente o similar con el diverso invocado por el resto de los órganos jurisdiccionales contendientes, lo conducente es declarar inexistente la contradicción de criterios denunciada.

Ilustra lo anterior, a contrario sensu, la tesis 2a. LXXIX/2015 (10a.) de la Segunda Sala, intitulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE POR EL HECHO DE QUE EN LAS SENTENCIAS CONTENDIENTES SE HUBIEREN APLICADO, RESPECTIVAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y LA VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRECEPTOS SEAN IGUALES O COINCIDENTES."(5)

Precisado lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, sí existe, en cambio, la contradicción de tesis entre lo determinado en el recurso de queja 82/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y lo resuelto en el recurso de queja 67/2016 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, por las razones que se exponen a continuación:

Como se ha reseñado, al resolver el recurso de queja 82/2017, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito estimó que la autoridad que es señalada como responsable carece de legitimación para interponer el recurso de queja contra la determinación del Juez de Distrito que declara que "no ha lugar a acordar de conformidad su petición, formulada en el sentido de llamar a juicio a quien, desde su perspectiva, recae el carácter de tercero interesado".

Lo anterior, pues a su consideración "tal determinación no le depara perjuicio alguno", en virtud de que, cuando el inciso d) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo indica que la queja procede contra la resolución en la que se reconozca o niegue el carácter de tercero interesado, debe entenderse que para "el primer supuesto (cuando se reconozca), el legitimado para inconformarse al respecto es el sujeto en favor de quien se otorga esa calidad", mientras que "en el segundo (cuando se rechace), lo será la parte quejosa".

Ello es así, en virtud de que el impetrante de amparo es la parte que tiene un interés contrario al del tercero interesado, pues éste, por ejemplo, pudo haber gestionado el acto reclamado, tiene un interés jurídico en que ese acto subsista o simplemente ese interés es contrario al del quejoso; de ahí que si es a éste a quien interesa que su pretensión constitucional sea analizada de manera integral y pronta "la omisión procesal relacionada con la intervención en juicio de quien sí tiene ese carácter, representa un retardo en la impartición de justicia que reclama y, por ende, a través del recurso de queja puede dilucidarse ese llamamiento a juicio".

Por su parte, "será el tercero interesado convocado al juicio de amparo quien a través de la queja podrá recurrir ese llamado, pues esa intervención le genera cargas procesales" que, de resultar que no tiene esa calidad, ya no podrían retrotraerse, en virtud de que se le vinculó a actuar dentro del proceso de amparo.

Y al respecto precisó que aunque el citado artículo 97 o alguno otro relacionado con el recurso de queja "no indiquen expresamente cuál de las partes puede interponerlo, no por ello, puede concluirse que ello es indistinto, pues debe atenderse a la lesión jurídica que esa parte resiente".

En suma, cuando es la autoridad responsable quien ocurre a quejarse en contra del rechazo en el reconocimiento de terceros interesados "es innegable que esa decisión no le genera perjuicio alguno y, por ende, su medio de impugnación debe desecharse".

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 67/2016 consideró que sí resulta procedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso d), cuando es interpuesto por la autoridad que tiene el carácter de responsable, esto es, cuando se combate "la resolución que niega el reconocimiento de terceros interesados".

Lo anterior, ya que el precepto en cita no establece "ninguna excepción para la interposición del ... recurso de queja", esto es, no limita su interposición a alguna parte del juicio en específico o prevé una condicionante, sino que "basta con que se dicte una resolución que reconozca o niegue el carácter de tercero interesado de alguna persona física o moral, pública o privada, para que proceda el aludido medio de impugnación".

Esto es, resulta innecesario determinar si a la autoridad responsable le depara o no algún perjuicio la determinación en la cual el juzgador no le reconoce a cierta persona el carácter de tercero interesado, pues la hipótesis contenida en el inciso d) de la fracción I del artículo 97 de la ley de la materia, es "específica y expresa al señalar la procedencia del recurso de queja contra la resolución que reconozca o niegue el carácter de tercero interesado de alguna persona física o moral, pública o privada".

En suma, es procedente el recurso de queja contra tales determinaciones, a pesar de que sea interpuesto por la autoridad señalada como responsable, pues el precepto 97 en comento no establece la necesidad de condicionar la procedencia de tal medio de defensa a la existencia de perjuicios que deriven de la resolución recurrida. Ello, bajo el principio jurídico que dispone que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo, además, privilegiando el derecho de acceso a la jurisdicción que prevé el artículo 17 constitucional.

En ese contexto, se colige que la referida contradicción de criterios denunciada es existente, pues com

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27740-4fa811f9/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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