RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL PROVEÍDO DICTADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE REQUIERE AL QUEJOSO PARA QUE DESIGNE PERITOS PARA LA PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL BASADA EN EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 26/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: MARCELO GUERRERO RODRÍGUEZ.
III. COMPETENCIA.
8. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III,(2) de la Ley de Amparo, 41(3) y 42, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de Tribunales Colegiados provenientes de un Circuito que comprende la Región Centro-Sur señalado en el artículo 8(5) del Acuerdo antes citado, a saber, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito; cuya especialización corresponde a este Pleno Regional.
IV. LEGITIMACIÓN.
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quienes sustentaron uno de los criterios contendientes que dieron origen a la contradicción que aquí nos ocupa.
V. POSTURAS CONTENDIENTES.
10. Como cuestión previa, se estima conveniente precisar las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 88/2023.
11. Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos de tortura y otros similares, atribuidos a autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz.
12. El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, registró la demanda con el número de expediente **********, y la admitió(7) a trámite y, entre otras determinaciones, precisó que los actos reclamados por el quejoso consistieron en "tortura, vejaciones, tortura psicológica y penas privativas de libertad", los cuales atribuyó a las autoridades responsables denominadas director general y titular del Área de Seguridad y Custodia, ambos pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; señaló fecha para la audiencia constitucional; requirió los informes justificados de las autoridades responsables; y ordenó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Veracruz, designar un defensor público al quejoso para que lo asesorara y representara en el juicio de amparo.
13. Durante la tramitación del juicio, el citado instituto designó al quejoso una defensora pública para que lo representara, quien ofreció la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, con el objeto de determinar si el peticionario de amparo fue objeto de tortura o de diversos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
14. El Juez de Distrito reservó proveer sobre la prueba ofrecida hasta tanto se tuvieran por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; posteriormente, en diverso acuerdo, se pronunció sobre dicha probanza, indicando que ésta se trataba de una "prueba ofertada a petición de parte", y que le correspondía la carga de agotar el procedimiento que para tal efecto dispone el numeral 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
15. En consecuencia, el juzgador requirió a la defensora pública federal del quejoso para que comunicara la designación de los peritos registrados, ya sea en la lista referida, o bien, de los adscritos al Área de Ciencias Forenses del Instituto Federal de Defensoría Pública, e informara los días de su ingreso al centro de reclusión y el material a ocupar, a fin de estar en aptitud de realizar las gestiones necesarias ante la autoridad penitenciaria.
16. Asimismo, apercibió a la citada defensora "... que de ser omisa con lo anterior o de no informar impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, además de que se declarará desierta la prueba por falta de interés de la oferente ..."
17. Medio de impugnación. Inconforme con esa determinación, la defensa del quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue registrado con el número 88/2023 y admitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
18. Decisión. En sesión plenaria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado declaró procedente el citado medio de defensa, con base en las consideraciones siguientes:
19. Precisó que el recurso es procedente de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, porque el acuerdo impugnado se dictó durante la tramitación del juicio de amparo indirecto y no admite expresamente el recurso de revisión.
20. También refirió que, si bien se trata de un proveído en el que se ordena la preparación de una prueba ofrecida en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito apercibió a la recurrente que en caso de ser omisa o de no informar el impedimento que tuviera para ello, le impondría una multa, así como declararía desierta la probanza por falta de interés.
21. Decisión que consideró puede causar un daño o perjuicio trascendente, grave y de imposible reparación a su representado quejoso en la sentencia definitiva, respecto de los actos de tortura y malos tratos alegados, amén de que la multa ya no sería materia de esa resolución, por lo que estimó que dicho auto excepcionalmente debe analizarse a través del recurso de queja.
22. Citó en apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE."(8)
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 37/2023.
23. Amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos de tortura y otros similares, atribuidos a autoridades penitenciarias de Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz.
24. El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, conoció de la demanda,(9) la que registró con el número de expediente **********, y la admitió a trámite; asimismo, entre otras determinaciones, precisó que los actos reclamados por el quejoso consistieron en "ser ‘gaseado’ por elementos de seguridad del centro federal en el área de patio al evitar la revisión, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, aproximadamente entre las diez y las once de la mañana"; los cuales atribuyó a las autoridades denominadas director general, titular del Área de Seguridad y Custodia, Comité Técnico Interdisciplinario y encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en aquella ciudad; señaló fecha para la audiencia constitucional; requirió los informes justificados de las autoridades responsables; y ordenó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Veracruz, designar un defensor público federal al quejoso para que lo asesorara y representara en el juicio de amparo.
25. Durante la tramitación del juicio de amparo, el citado instituto designó al quejoso un defensor público federal para que lo representara en ese juicio, quien ofreció la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, con el objeto de determinar si el peticionario de amparo fue objeto de tortura o de diversos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
26. El Juez de Distrito admitió la citada prueba, e indicó que ésta "carece de carácter oficioso", por lo que era al oferente a quien correspondía agotar el procedimiento establecido por el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el diverso que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
27. En consecuencia, el juzgador requirió al defensor público del quejoso para que comunicara la designación de los peritos registrados en la lista referida para que realizaran el dictamen ofrecido e informara los días de su ingreso al centro de reclusión y el material a ocupar, a fin de estar en aptitud de realizar las gestiones necesarias.
28. Asimismo, apercibió al defensor público "... que de ser omisa (sic) con lo anterior o de no informar impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo ..."
29. Medio de impugnación. En desacuerdo con esa determinación, la defensa del quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue registrado con el número 37/2023 y admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
30. Decisión. En sesión plenaria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en mención declaró improcedente el medio de impugnación referido, con base en las consideraciones siguientes:
31. Indicó que el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, establece que ese recurso constituye un medio de defensa que la ley concede a las partes para impugnar las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el diverso de revisión, conforme al artículo 81 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
32. Señaló que la parte del acuerdo recurrido cumple con el primer requisito al ser emitido durante la tramitación del juicio de amparo, y con el segundo, al ser inimpugnable a través del recurso de revisión, toda vez que dentro de los supuestos de procedencia de éste en amparo indirecto, no se encuentra el proveído que requiere al defensor público para que designe peritos para realizar pruebas periciales con base en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "Protocolo de Estambul".
33. Determinó que el acuerdo que se recurre no cumple con el tercer requisito, toda vez que no es de naturaleza trascendental y grave, al no causar al quejoso-recurrente un daño o perjuicio irreparable y citó la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA AUTOS O RESOLUCIONES QUE, POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE, CAUSEN UN AGRAVIO MATERIAL NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."(10)
34. Sostuvo que en dicho criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que para determinar si un proveído es de naturaleza trascendental y grave, es necesario que, según su contenido, dicho auto produzca efectos que provoquen consecuencias futuras, y que éstas, a su vez, generen efectos capaces de producir una afectación grave (entendiendo por tal, aquella de notorios perjuicios o altamente perjudiciales), desde luego, no reparables.
35. Con base en esa premisa, estimó que el acuerdo recurrido no es de naturaleza trascendental y grave, "puesto que se trata de una actuación que no lesiona ni extingue prerrogativa alguna del recurrente, debido a que el Juez de Distrito únicamente lo requirió a efecto de que designe peritos, lo cual le beneficia al representar menor tiempo para el desahogo (sic) la prueba que para tal efecto ofreció".
36. Por ende, determinó que "no es susceptible de generar daños o perjuicios al inconforme, y además, sus efectos pueden ser subsanados, lo cual dependerá del sentido de la resolución que se dicte en su caso".
37. Refirió que sobre el tópico en estudio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 1/85, resolvió "la interrogante relativa a si procede o no el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra del proveído que manda preparar y desahogar pruebas ofrecidas o anunciadas en el juicio constitucional", precepto cuya redacción es similar a lo previsto en la fracción I, inciso e), del numeral 97 de la vigente ley de la materia.
38. Con sustento en lo anterior, concluyó que, si en el caso concreto el acuerdo impugnado está relacionado con la preparación y desahogo de la prueba pericial ofrecida por el defensor público del quejoso con base en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "Protocolo de Estambul", no se causa un daño ni repercusión en la esfera personal y jurídica de éste; por ello, no se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en el precepto 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.
39. Citó como apoyo la jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE."(11)
VI. CUESTIÓN PREVIA.
40. Antes de abordar el análisis de la presente contradicción, es oportuno precisar que al rendir su informe, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, sostuvo que el criterio contendiente relativo a la queja 88/2023 seguía vigente, e hizo saber que dicho criterio fue reiterado en la resolución recaída a la diversa queja **********, de su índice.
41. Así, aun cuando la ejecutoria citada no forma parte formal del criterio denunciado, se tiene a la vista y de su análisis se advierte que, como lo sostuvo el citado Tribunal Colegiado es coincidente sustancialmente con el criterio que aquí contiende.
42. Lo anterior es así, porque en lo que interesa, el órgano colegiado resolvió que el auto que requiere a un defensor público, a fin de que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul "puede causar un daño o perjuicio trascendente, grave y de imposible reparación a su representado en la sentencia definitiva, respecto de los actos de tortura y malos tratos alegados, amén de que la multa ya no sería materia de esa resolución; de ahí que dicho auto excepcionalmente debe analizarse a través del presente medio de impugnación".
43. Por tanto, se tiene que el criterio aquí contendiente emitido por el citado Primer Tribunal Colegiado ha sido reiterado en la resolución emitida en la queja **********, por ende, como lo sostuvo, sigue vigente.
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.
44. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.
45. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro: 164120, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
46. Cierto, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
47. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse.
48. Por ende, no podría arribarse a un criterio único ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, si las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
49. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
50. En el caso, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, tal y como enseguida se demostrará: 51. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para determinar si procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que requiere al quejoso para que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul.
52. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, sí existió propiamente un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.
53. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la queja 88/2023 determinó que es procedente el recurso de queja contra el proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que requiere al quejoso para que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, pues consideró que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; mientras que el Segundo Tribunal en la misma materia y Circuito, al resolver el recurso de queja 37/2023, consideró que ese medio de impugnación era improcedente contra ese proveído.
54. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, sostuvo toralmente que esa determinación "... podría causar un daño o perjuicio trascendente, grave y de imposible reparación a su representado en la sentencia definitiva, respecto de los actos de tortura y malos tratos alegados ...", y apoyó su consideración en la jurisprudencia P./J. 74/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE."(12)
55. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito sostuvo que no procede el recurso de queja contra el proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que requiere al quejoso para que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, "debido a que el Juez de Distrito únicamente lo requirió a efecto de que designe peritos, lo cual le beneficia al representar menor tiempo para el desahogo de la prueba que para tal efecto ofreció. Por ende, no es susceptible de generar daños o perjuicios al inconforme, y además, sus efectos pueden ser subsanados, lo cual dependerá del sentido de la resolución que se dicte en su caso".
56. Citó en apoyo la misma jurisprudencia que invocó el otro Tribunal Colegiado contendiente, esto es, el criterio obligatorio P./J. 74/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referido con antelación.
57. Ahora bien, hecha la relatoría anterior, se aprecia la existencia de un punto de toque respecto a un tema, específicamente, si procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que requiere al quejoso para que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul.
58. En efecto, del resumen de las ejecutorias contendientes en la presente contradicción, se advierten puntos coincidentes entre los Tribunales Colegiados, los que, una vez identificados, resaltan el punto adverso a dilucidar.
59. Lo anterior, porque apoyados en la jurisprudencia P./J. 74/2001 antes referida, emitieron razonamientos discrepantes en torno a un mismo problema jurídico, pues uno de ellos consideró que el proveído señalado podría causar un daño o perjuicio trascendente, grave y de imposible reparación al recurrente por verse involucrados actos de tortura, mientras que el otro estimó que esa determinación no era susceptible de generar daños o perjuicios al inconforme de naturaleza trascendental y grave, por no tratarse de una actuación que lesione o extinga prerrogativa alguna del impugnante.
60. Criterios de los cuales se aprecia la existencia de un punto de toque respecto a un tema, específicamente, con relación a establecer si procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que requiere al quejoso para que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, destacándose que aun cuando el citado requerimiento fue realizado directamente al defensor público del peticionario de amparo, finalmente dicha determinación repercute en este último, motivo por el cual, el tema a dilucidar debe comprender el caso en que el requerimiento se formule al quejoso en el juicio constitucional.
61. Sin que sea obstáculo que en las determinaciones analizadas por los Tribunales Colegiados contendientes no exista identidad respecto de los apercibimientos decretados por el Juez de Distrito para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, pues en uno de ellos se apercibió con multa y deserción de la probanza, mientras que en el otro solamente con la imposición de una multa.
62. Lo anterior se afirma, debido a que de las consideraciones sostenidas y de la invocación de la jurisprudencia P./J. 74/2001, en la que ambos sustentaron sus determinaciones, se puede establecer que el punto de divergencia en el análisis de procedencia que hacen los Tribunales Colegiados, recae sobre el requerimiento en sí mismo, es decir, si éste por sí solo afecta o no al recurrente de una manera grave y trascendental, siendo, en todo caso, una cuestión accesoria cualquier pronunciamiento que esté relacionado con alguno de los apercibimientos decretados.
63. Lo anterior se robustece si se considera que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al informar que su criterio se encontraba vigente, señaló que posteriormente lo reiteró, al resolver el recurso de queja **********, de su índice, de cuya lectura se advierte que el auto impugnado en ese medio de defensa sí guarda identidad con el emitido por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Séptimo Circuito, en el recurso de queja 37/2023, pues en ambos proveídos el requerimiento efectuado por el Juez de Distrito sólo apercibió con la imposición de una multa y no con declarar la deserción de la prueba.
64. Por tanto, para efectos del análisis de la contradicción de criterios denunciada, debe considerarse que la existencia del punto de toque entre los criterios contendientes yace en determinar si procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado en un juicio de amparo indirecto que requiere al quejoso para que designe peritos para la preparación y desahogo de la prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, desvinculándose por ello cualquier aspecto relacionado con los apercibimientos decretados en caso de incumplimiento.
65. Resulta ilustrativo el criterio P. XLVII/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 67, julio de 2009, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 166996, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades prod
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31747-7af5f438/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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