AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 311/2013. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE FEBRERO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos.
Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, tal como se desprende de la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, órgano emisor de uno de los criterios en contienda.
TERCERO. Posturas contendientes.
1. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (amparo en revisión 47/2013)
a. Antecedentes:
El acto reclamado consistió en la resolución de veintiséis de junio de dos mil doce, emitida por la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el sentenciado, el Ministerio Público y la parte ofendida, contra la sentencia de primer grado pronunciada por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en la cual se estimó penalmente responsable al ahora disconforme de los delitos de daño en propiedad y lesiones culposas, por lo cual se le condenó a la pena privativa de libertad de un año, tres meses y dos días de prisión.
Al emitir la resolución reclamada, la Sala responsable advirtió la existencia de discrepancias en los dictámenes en materia de tránsito desahogados en el proceso de origen, por lo cual ordenó reponer el procedimiento para que se fijara fecha y hora para la celebración de una junta de peritos, en la que se discutieran los puntos de diferencia y, en caso de subsistir, se designara perito tercero en discordia, acorde a lo establecido en el ordinal 222 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas.
El sentenciado promovió demanda de amparo indirecto en contra de la resolución anterior, y el Juez de Distrito, a quien correspondió conocer del asunto, resolvió no amparar ni proteger al quejoso. Inconforme, el sentenciado promovió recurso de revisión, en la cual se ordenó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo.
En la sentencia recaída al recurso de revisión, se formularon las consideraciones:
b. Ejecutoria:
"CUARTO. ... Resolución (acto reclamado) que este Tribunal Colegiado considera afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados por las garantías individuales, cuyas consecuencias no serían reparables aun si el solicitante del amparo obtiene sentencia definitiva favorable.
"Ello es así, en virtud que de las constancias del juicio penal de origen se advierte que el aquí inconforme se encuentra bajo los efectos de la libertad provisional bajo caución, beneficio que le fue concedido por acuerdo de ocho de febrero de dos mil nueve, dictado por la representación social (fojas 40 vuelta a 41 ídem), virtud a lo cual quedó sujeto a las obligaciones previstas por el artículo 406 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, que son las siguientes:
"I. Presentarse ante su Juez, tribunal o agente del Ministerio Público, en su caso, cuantas veces sea citado o requerido por ello;
"II. Comunicar a la autoridad que conozca del expediente los cambios de domicilio que tuviere;
"III. Presentarse ante el juzgado, tribunal o agente del Ministerio Público que conozca del negocio el día que se le señale; y,
"IV. No ausentarse del lugar de residencia sin permiso de la citada autoridad, el cual no se podrá conceder por tiempo mayor de un mes.
"Obligaciones que en caso de incumplimiento traen consigo la revocación de la libertad caucional, en términos de lo establecido por el numeral 406 del propio ordenamiento.
"Por tanto, es inconcuso que en el caso las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y la reposición ordenada son de imposible reparación, en virtud de que producen como efecto retrasar el dictado de la sentencia de alzada y resolver el fondo el asunto, lo cual implica que el quejoso continúe sometido al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley para evitar la revocación de su libertad caucional, hasta que se pronuncie nuevo fallo, una vez repuesto el procedimiento.
"En esa tesitura, si bien es verdad que cuando se otorgó al hoy quejoso el mencionado beneficio, aceptó el cumplimiento de tales requisitos, lo cierto es que la prolongación de dicho cumplimiento en virtud de la reposición ordenada, entraña una ejecución de imposible reparación, pues restringe de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo del peticionario del amparo consistente en la libertad de tránsito, tutelada por el artículo 11 de la Constitución Federal, dado que limita su derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
"Esto, porque las obligaciones de presentarse ante el Juez, tribunal o agente del Ministerio Público cuantas veces sea citado o requerido, comunicar a la autoridad los cambios de domicilio que tuviere, presentarse ante dichas autoridades el día que se le señale, y no ausentarse del lugar de residencia sin permiso de la autoridad -que no podrá concederse por tiempo mayor de un mes-, inherentes al beneficio en comento, podrían resultar innecesarias, de haberse dictado ya la sentencia de segunda instancia en lugar de ordenar la reposición del procedimiento, lo que posibilita su análisis en la vía constitucional indirecta.
"Conclusión que se corrobora, en virtud de que las consecuencias derivadas de la reposición de procedimiento se consumarán de manera irreparable, ya que resulta ostensible que la afectación que conlleva el cumplimiento de las obligaciones legales aludidas y la consecuente restricción a la libertad de tránsito del quejoso, no podrá analizarse en la resolución definitiva o resarcirse en otro momento; por ende, se reitera, contra la resolución que se combate procede el juicio de amparo indirecto."
Del criterio antes transcrito, surgió la siguiente tesis aislada:
"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI ORIGINA QUE EL INCULPADO QUE SE ENCUENTRA EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PROLONGUE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON MOTIVO DE DICHO BENEFICIO HASTA EL DICTADO DE UN NUEVO FALLO, RESTRINGIENDO SU LIBERTAD DE TRÁNSITO, ELLO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Por regla general, la reposición del procedimiento no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013), proceda el juicio de amparo, en virtud de que no vulnera derechos sustantivos ni actualiza una violación exorbitante o superior, dado que, en principio, sólo produce el reinicio del procedimiento; sin embargo, si de los alcances de la reposición se advierte que generan lesión a un derecho sustantivo, entonces, como excepción, se estará frente a una violación que ameritará analizarse en la vía de amparo indirecto. Acorde con lo anterior, si el inculpado se encuentra en libertad provisional bajo caución y se resuelve un recurso de apelación que ordena reponer el procedimiento, dejando insubsistente la sentencia de primer grado, y si dicha determinación origina que aquél prolongue el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con motivo de ese beneficio hasta el dictado de un nuevo fallo, ello constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, ya que de conformidad con el artículo 406 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, el procesado debe cumplir determinadas obligaciones para la subsistencia de su libertad caucional, entre otras, no ausentarse del lugar de residencia sin permiso de la autoridad que conozca del expediente, compromiso que en caso de incumplimiento trae consigo su revocación. Por tanto, si bien es cierto que, al otorgarse ese derecho, el inculpado acepta el cumplimiento de tales requisitos, también lo es que su prolongación hasta que se dicte nuevo fallo en virtud de la reposición ordenada, entraña una ejecución irreparable, pues restringe de manera cierta e inmediata su libertad de tránsito contenida en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar su derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes."
2. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (amparo en revisión 233/2010)
a. Antecedentes:
El sentenciado promovió amparo contra la sentencia dictada por el tribunal de alzada, en la que ordenó reponer el procedimiento en la causa penal instruida en su contra, a efecto de que el Juez practique las diligencias necesarias para el desahogo de la pericial en materia de otorrinolaringología ofrecida por la defensa, agotando las medidas de apremio que la ley le confiere, y entonces sí, una vez agotados y para el caso de no haber obtenido el desahogo de la misma, válidamente podrá afirmar que se encuentra jurídica y materialmente impedido para su desahogo y, hecho lo anterior, se deberá continuar con el procedimiento.
El Juez de Distrito desechó de plano la citada demanda de garantías, bajo el argumento de que del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, actualmente abrogada, se advierte que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio.
El Juez de Distrito afirmó que, en cambio, los actos en juicio, de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente, y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable.
Ahora bien, en el caso, del estudio íntegro de la demanda, se advirtió que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud de que la parte promovente se duele de la sentencia dictada por la Sala de apelación, en el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de la causa, en el cual se ordenó la reposición del procedimiento para que el citado Juez practicara las diligencias necesarias para el desahogo de la pericial en materia de otorrinolaringología ofrecida por la defensa.
En razón de lo anterior, sostuvo el Juez de amparo que se advierte que el acto reclamado no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tenga sobre las personas o las cosas ejecución que sea de imposible reparación, razón por la cual no es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto.
Según lo afirma el Juez de Distrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter, los siguientes: a) Aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y, b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias se tornan de ejecución irreparable, esto es, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la situación procesal que esté en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia.
Sin embargo, a consideración del Juez, el acto reclamado por el quejoso no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, de ser así, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha sentencia, impugnando las determinaciones de que se duele, como violaciones procesales, en términos de los artículos 160, fracción VI y 161 de la Ley de Amparo.
El Juez de Distrito afirmó que lo único que se va a dilucidar es un aspecto técnico, relativo a la legal integración de la prueba pericial, en la cual, en ejercicio del supremo derecho de defensa, podrá interrogar a los peritos, con la finalidad de que prevalezca la opinión del experto nombrado por la defensa, a grado tal que permita obtener sentencia que le favorezca, lo anterior, es una idea breve del alcance que con la reposición del procedimiento, el procesado pueda lograr; por lo que, en la especie, es inconcuso que no es procedente el juicio de amparo indirecto, pues las consecuencias que derivan de esa reposición no violan en forma inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso, protegido por las garantías individuales. Por ende, desechó la demanda de amparo.
Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión.
b. Ejecutoria:
"Dichos motivos de disenso se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
"A. El auto recurrido viola lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, 104, 107 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que la sentencia reclamada sí constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, por lo siguiente:
"Este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión 56/2010, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al ahora recurrente.
"En cumplimiento de dicha ejecutoria, el Juez Trigésimo Octavo de lo Penal del Distrito Federal dictó sentencia en la causa 183/2009, y ello evitó que el solicitante de garantías ingresara a prisión a consecuencia de un acto violatorio de garantías.(2)
"La Sala responsable evade el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, no obstante que, conforme a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables están constreñidas a realizar determinadas acciones, por ende, el tribunal de apelación en cita no tenía libertad de decisión; la reposición del procedimiento anulando, el cierre de instrucción, afecta el principio jurídico de cosa juzgada, generándose inseguridad jurídica.
"Dicha resolución lo coloca en un estado de indefensión que lo pone en peligro de ingresar a prisión, a pesar de la citada concesión del amparo.
"B. Conforme lo dispuesto en el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la reposición del procedimiento no debe decretarse de oficio.
"C. En perjuicio del quejoso, se dará oportunidad al representante social de ampliar el ejercicio de la acción penal; asimismo, se le otorgará la oportunidad de corregir su acusación y ‘perfeccionar’ sus conclusiones, mismas que nunca se hicieron consistir en razonamientos lógicos y jurídicos, encaminados a combatir de manera directa o inmediata los fundamentos del ‘fallo de primera instancia’.
"D. Para interpretar lo dispuesto en los artículos 414 y 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el tribunal de alzada responsable omitió estudiar la legalidad de la resolución emitida por el Juez Trigésimo Octavo de lo Penal del Distrito Federal, en la causa 183/2009.
"Cita en su apoyo la tesis aislada, de rubro: ‘PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. DETERMINACIÓN DE LA PREEMINENCIA EN EL ESTUDIO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO Y CUÁL DE ELLOS DE RESULTAR FUNDADO, SE TRADUCE EN UN MAYOR BENEFICIO JURÍDICO PARA EL QUEJOSO.’
"SÉPTIMO. Son infundados en parte e inoperantes en otra, los agravios que hace valer el solicitante del amparo.
"Es infundado el marcado con la letra A, en el que se alega que la sentencia reclamada sí constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, porque, se aduce, este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión 56/2010, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al ahora recurrente, y en cumplimiento de dicha ejecutoria, el Juez Trigésimo Octavo de lo Penal del Distrito Federal dictó sentencia en la causa 183/2009, lo cual evitó que el solicitante de garantías ingresara a prisión; además, la Sala responsable evade el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, no obstante que no tenía libertad de decisión y la ‘reposición del procedimiento’ anulando el cierre de instrucción, afecta el principio jurídico de cosa juzgada.
"Previo a exponer las razones para concluir que no asiste razón al peticionario de amparo, es pertinente referir algunos antecedentes que se desprenden del citado recurso de revisión resuelto en este órgano colegiado.
"El dieciocho de septiembre de dos mil ocho (en cumplimiento a diversa ejecutoria pronunciada por este órgano colegiado), el Juez Trigésimo Segundo de Paz Penal del Distrito Federal, dictó auto de formal prisión contra el aquí peticionario de amparo, en la causa ... por estimarlo probable responsable del ilícito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 130, fracción II (al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión, si las lesiones tardan en sanar más de quince días y menos de sesenta) y 138, fracción I, inciso a) (cometidas con ventaja: cuando el agente es superior al ofendido en fuerza física y éste no se halla armado), con relación al 134 (cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente se incrementará en dos terceras partes) del código sustantivo en cita.
"El veinticuatro de noviembre de dicha anualidad, se recibió en el mencionado órgano jurisdiccional, el oficio suscrito por peritos médicos forenses oficiales, en el que concluyeron que las lesiones que sufrió la ofendida, dejaron como consecuencia disminución del normal funcionamiento del órgano nasal y mediante diverso escrito presentado el diecisiete de diciembre, fue ratificado por los dos profesionistas que lo firmaron, entre otros.
"Por su parte, el defensor particular del solicitante de garantías, objetó el contenido de tal pericial y ofreció algunas probanzas en su apoyo.
"El diez de junio del año inmediato anterior, se celebró la audiencia de ley en la causa aludida y el juzgador mencionado declaró cerrada la instrucción; luego de ello, el agente del Ministerio Público adscrito formuló conclusiones acusatorias contra el peticionario de garantías, como penalmente responsable del ilícito de lesiones calificadas, previsto en los artículos 130, fracción V (al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán: de tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan el normal funcionamiento de un órgano) y 138, fracción I, inciso a) (ventaja: cuando el agente es superior al ofendido en fuerza física y éste no se halla armado), con relación al 134 del Código Penal para el Distrito Federal.
"En dicho pliego acusatorio y al ratificar el mismo, el citado representante social indicó que para ese delito se preveía una pena que excede la establecida en el precepto 10 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad (cuatro años) y, por tanto, señaló, el Juez de Paz penal en mención, no era competente para emitir sentencia en la causa, por lo que debía declinar la competencia a favor del Juez de lo Penal correspondiente, para que se pronunciara al respecto.
"En atención a lo anterior, el juzgador de paz aludido declaró que carecía de competencia legal para resolver y fallar dicho expediente, debiendo hacerlo un Juez Penal, en estricto cumplimiento al principio de jurisdiccionalidad, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que por su conducto se hicieran llegar al Juez de lo Penal respectivo.
"El asunto fue turnado al Juez Trigésimo Octavo de lo Penal de esta ciudad, registrándose como causa ... mediante acuerdo de dieciséis de junio, dicho juzgador dio vista al agente del Ministerio Público de su adscripción, éste al desahogarla, manifestó que ese juzgador era competente para seguir conociendo de la causa, y en virtud de que el delito era grave, le solicitó girara orden de aprehensión contra el peticionario de amparo.
"El veintidós de junio del año próximo pasado, el aludido Juez de lo penal aceptó la competencia planteada, revocó la libertad provisional del solicitante de garantías y ordenó su aprehensión, pues estimó se actualiza lo dispuesto en el artículo 568, fracción V, del código procesal en cita.
"Contra esta última determinación y el acuerdo pronunciado en la audiencia celebrada el diez de junio del año próximo pasado, se promovió juicio de amparo indirecto 1285/2009-V, del que conoció la propia Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien mediante sentencia engrosada el quince de enero del año en curso, sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado citado en segundo término y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por cuanto hace al primero.
"Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso el recurso de revisión 56/2010, resuelto por este Tribunal Colegiado, en sesión celebrada el veinticinco de marzo, modificando la sentencia sujeta a revisión, por una parte, se sobreseyó en el juicio respecto al acto reclamado al citado Juez de Paz y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto al acto reclamado al Juez de lo penal (dicha concesión se hizo extensiva al acto de ejecución).
"Ahora bien, para establecer si procede el amparo indirecto contra la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, debe estudiarse y determinarse, si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primer grado y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación.
"...
"En la sentencia de segunda instancia aquí reclamada, se ordenó la reposición del procedimiento a partir del diez de junio del año inmediato anterior, en que se declaró cerrada la instrucción dentro de la causa 44/2009, instruida en el Juzgado Trigésimo Segundo de Paz Penal del Distrito Federal, quedando insubsistente todo lo actuado desde esa fecha, incluyendo el citado proveído, así como la sentencia apelada, a efecto de que el Juez instructor lleve a cabo las diligencias necesarias para lograr el desahogo de la pericial en materia de medicina con especialidad en otorrinolaringología, ofrecida por el defensor particular del ahora promovente del amparo, agotando los medios de apremio que la ley le confiere, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, y entonces sí, una vez agotados, y para el caso de no haber obtenido el desahogo de la misma, válidamente podrá afirmar que se encuentra jurídica y materialmente impedido para su desahogo; y hecho lo anterior, se deberá continuar con el procedimiento.
"En el caso, como se indica en la sentencia recurrida, el efecto de la resolución combatida no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun si el solicitante del amparo obtiene sentencia definitiva favorable, sino sólo produce efectos intraprocesales, porque tal determinación tiene como finalidad que se agoten los medios al alcance del juzgador a fin de que se desahogue la pericial antes señalada, ofrecida por la defensa y, luego de ello, se continúe con el procedimiento hasta la emisión de la sentencia respectiva.
"En esas condiciones, retomando el análisis del agravio del peticionario de garantías, no es verdad que se vulnere en su perjuicio el principio de cosa juzgada, en tanto existe la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 56/2010, pues como puede advertirse de lo anteriormente reseñado, la materia de concesión del amparo fue única y exclusivamente el proveído de veintidós de junio del año próximo pasado, en el que se revocó su libertad provisional y se ordenó su aprehensión, en el que ninguna intervención tuvo el tribunal de apelación responsable, por tanto, no le derivó obligación en el cumplimiento de la ejecutoria en cita y, en consecuencia, no puede sostenerse que evadió su acatamiento, como equivocadamente aduce el peticionario de amparo.
"Asimismo, carece de sustento lo que aduce el solicitante de garantías, en el sentido de que el acto reclamado lo coloca en estado de indefensión que lo pone en peligro de ingresar a prisión, pues, como ya se indicó, son otras las consecuencias de dicha resolución, en todo caso, dado el sentido de la misma, es el auto de plazo constitucional el que actualmente rige su situación jurídica."
CUARTO. Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25287-08e35caf/amparo-indirecto-procede-contra-la-resolucion-de-segunda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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